La factura de la luz subirá este junio para millones de hogares españoles. A medianoche del 1 de junio, caducaron las rebajas fiscales sobre la electricidad y el gas natural que el Gobierno venía aplicando desde 2022. El IVA de la electricidad y del gas natural salta del 10% al 21% en un contexto de elevada inflación subyacente. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha reaccionado exigiendo un nuevo decreto ley que prorrogue esas medidas y amplíe la protección a los alquileres. Una demanda que introduce tensión política y que el mercado, de momento, encaja con moderadas caídas en las utility del IBEX 35.

El paquete de ayudas se remonta al Real Decreto-ley 6/2022, aprobado de urgencia en marzo de 2022 tras el estallido de la guerra en Ucrania y el consiguiente shock energético. En origen, el IVA aplicable a la electricidad y al gas natural se redujo incluso al 5%, y en sucesivas revisiones se fue elevando. La última etapa, vigente desde principios de 2025, fijaba un tipo reducido del 10%, que expiró el pasado domingo. La vuelta al 21% era un desenlace anunciado, pero llega en un momento en el que la inflación general se sitúa en el 3,2% y los salarios pactados en convenio apenas avanzan un 2,9%, según datos del INE. Es decir, el poder adquisitivo de los trabajadores sigue lastrado justo cuando sube el coste de la energía.

En la práctica, el fin de esta tarifa reducida supone un un encarecimiento inmediato del recibo para los hogares con tarifa regulada (el denominado PVPC). Aunque el consumo residencial medio no se dispara, cada punto porcentual de IVA añade presión sobre las familias. La vicepresidenta Díaz, desde el Congreso, ha calificado de “urgente” la aprobación de un nuevo decreto que recupere las rebajas y, de paso, extienda las medidas a los contratos de alquiler, una iniciativa que ya fue rechazada en la Cámara hace meses. La portavoz de Sumar, Lara Hernández, secundó el reclamo subrayando que la guerra de Oriente Próximo sigue teniendo “clarísimos efectos en los bolsillos de todas las familias españolas”.

La reacción de los mercados ha sido contenida pero inequívoca. Iberdrola cedía un 0,9% a media mañana, Endesa se dejaba un 1,5% y Naturgy un 0,6%. En el Mercado Continuo, valores vinculados a la comercialización de energía, como Audax Renovables, sufrían caídas superiores al 2%. El IBEX 35, por su parte, se movía plano con una ligera tendencia bajista del 0,2%. La lectura de los operadores es doble: por un lado, la vuelta al IVA general no reduce los ingresos de las compañías —el impuesto se repercute al consumidor final— pero sí añade incertidumbre regulatoria sobre futuras intervenciones del Gobierno en el sector energético.

Desde distintas mesas de análisis se recuerda que medidas fiscales como las rebajas del IVA han sido habituales en Europa, pero su caducidad abrupta y los pulsos políticos que genera incrementan la prima de riesgo regulatorio que el mercado asigna a las utilities españolas. Un economista de una firma internacional consultado por este diario señala que “más que el impacto inmediato en resultados, preocupa que el Gobierno se sienta legitimado para intervenir en los precios finales cuando la coyuntura política lo aconseje”. La estabilidad normativa es un factor determinante para las inversiones en renovables, un segmento en el que las grandes eléctricas españolas tienen comprometidos miles de millones.

El IVA de la electricidad salta al 21% este 1 de junio

El fin de la moratoria fiscal responde a un calendario preestablecido. El decreto ley que mantenía el IVA reducido no fue prorrogado, y al entrar en junio caducó automáticamente. La electricidad, el gas natural, las briquetas, pellets y la leña pasan a tributar al tipo general del 21%. Lo mismo ocurre con el impuesto especial de la electricidad, que recupera su gravamen habitual. Para un consumidor medio con un consumo mensual de 300 kWh en tarifa PVPC y una factura de unos 55 euros, el incremento del IVA podría suponer unos 6 euros adicionales al mes. Una cifra menor en términos absolutos, pero que se acumula al alza de la cesta de la compra.

No obstante, el regreso al 21% no es un shock por sí mismo. Las asociaciones de consumidores llevaban semanas alertando de que la medida no se renovaría. La sorpresa, si la hubo, fue la rapidez con la que Yolanda Díaz planteó un nuevo decreto. No es la primera vez que la ministra de Trabajo intenta forzar la agenda social del Gobierno; ya lo hizo con la subida del salario mínimo y con los ERTE durante la pandemia. Su petición, sin embargo, necesita el visto bueno del Ministerio de Hacienda y del de Transición Ecológica, y probablemente del presidente del Gobierno, que deberá evaluar el coste fiscal (la reducción del IVA deja de recaudar unos 1.200 millones de euros al año, según cálculos de la AIReF) en un momento en el que Bruselas reclama mayor consolidación presupuestaria.

El pulso político y la reacción de los mercados

La división en el seno del Gobierno es palpable. Mientras la vicepresidenta segunda exige una prórroga, fuentes socialistas deslizan que no hay un acuerdo cerrado y que se estudiará en los próximos días. El factor principal es el coste de las arcas públicas. Mantener el IVA al 10% para electricidad y gas supone renunciar a más de mil millones de euros de ingresos anuales. Sumar insiste en que la compensación debe venir de una mayor tributación de las empresas energéticas, recuperando el conocido como “impuestazo” a las eléctricas que decayó en 2025. De nuevo, la amenaza de una fiscalidad extraordinaria sobre el sector planea sobre las cotizadas.

En el mercado, analistas de renta variable señalan que Endesa e Iberdrola ya descuentan parcialmente ese riesgo en sus múltiplos. Endesa, con una exposición mayor al negocio regulado en España, es la más sensible. La acción de Endesa cotiza en el entorno de los 18 euros, lejos de los máximos de 2025, y con un PER que ronda las 11 veces, por debajo de la media histórica. Iberdrola, más diversificada internacionalmente, resiente menos la incertidumbre doméstica; su revalorización en lo que va de año supera los dos dígitos. Naturgy, con flujos de caja estables y un foco claro en la retribución al accionista, ve cómo el ruido político frena un mayor recorrido alcista.

La vuelta al IVA del 21% no castiga directamente las cuentas de las eléctricas, pero añade un riesgo regulatorio que los inversores internacionales odian.

La reacción de las empresas hasta ahora ha sido cautelosa. Ni Endesa ni Iberdrola han emitido comunicados oficiales. Portavoces del sector recuerdan que las medidas fiscales sobre la factura afectan al consumidor, no al margen operativo, y que la demanda de electricidad apenas varía con cambios moderados en el precio final. Sin embargo, reconocen en privado que el ruido político constante erosiona la percepción de seguridad jurídica, un intangible que pesa en las decisiones de inversión a largo plazo.

Análisis E-E-A-T: ¿Fiscalidad imprevisible o golpe pasajero a las utility?

Despojada del ruido mediático, la cuestión fiscal sobre la electricidad y el gas es un síntoma de algo más profundo. España arrastra un déficit de credibilidad regulatoria en el sector energético, agravado en los últimos años por intervenciones ad hoc. Primero fue el recorte de los cargos y peajes en 2014, luego el impuesto del 7% a la generación, después el recorte de la retribución a las renovables, y más recientemente el intento de gravar los beneficios extraordinarios. Cada episodio ha sido una cicatriz en la confianza inversora. Esta nueva disputa, aunque menor en cuantía, se inserta en esa misma dinámica. El mercado descuenta que la probabilidad de que Yolanda Díaz consiga su objetivo es baja —el Ejecutivo busca no agitar a las empresas antes de las elecciones generales de 2027— pero no nula.

A mi juicio, el riesgo real es otro. Si finalmente el Gobierno cede y prorroga el IVA reducido, lo hará bajo la presión de la izquierda del Ejecutivo, lo que podría abrir la puerta a otras cesiones más costosas para el sector, como la recuperación del impuesto a las eléctricas o la extensión de los topes al precio del gas. En ese escenario, utility como Endesa podrían ver recortes en sus valoraciones de entre el 5% y el 10% según simulaciones de casas de análisis. A corto plazo, la clave es si el decreto ve la luz antes del verano. Si la propuesta se diluye en negociaciones internas, las acciones recuperarán terreno.

Llama la atención que la prima de riesgo española, que en muchas ocasiones actúa como termómetro de la confianza institucional, no se haya inmutado en esta ocasión. En los 82 puntos básicos, lejos de los 65 que llegó a tocar en mayo, el bono español sigue bien anclado. Esto sugiere que los inversores internacionales, por ahora, entienden que la batalla de Díaz es más gesto político que un verdadero cambio de rumbo. No obstante, si la situación se enquista, la historia nos dice que las utility españolas son las primeras en sufrir las primas de riesgo país cuando el ruido político escala.

La otra lectura, más micro, es que el encarecimiento de la factura por el IVA puede reducir el consumo marginalmente, sobre todo en hogares vulnerables acogidos al bono social. Un retroceso de la demanda eléctrica del 0,5% —plausible si se mantienen los tipos altos— restaría apenas dos décimas al crecimiento del EBITDA de las comercializadoras. Suficiente para que las cifras no se vean alteradas, pero insuficiente para precipitar ventas. La verdadera espada de Damocles sigue siendo la futura regulación de la tarifa regulada PVPC, que el Gobierno quiere reformar para desvincularla parcialmente del mercado mayorista; un cambio que sí tendría implicaciones relevantes para los márgenes.

Veredicto Merca2

Cotización al cierre o apertura: Endesa se deja un 1,5% en la apertura del lunes, mientras Iberdrola cede el 0,9% y Naturgy el 0,6%. El IBEX 35, plano, resta solo un 0,2%. Movimientos que reflejan más cautela que pánico.

Clave técnica: Endesa lucha por mantener el soporte de los 18 euros, nivel que ha respetado en las últimas semanas. Una ruptura a la baja podría acelerar caídas hacia los 17,20 euros. Iberdrola, en cambio, sigue en tendencia alcista de largo plazo y la noticia apenas araña su cotización.

Apunte macro: La prima de riesgo española se sitúa en 82 puntos básicos, sin reflejar tensión adicional. La subasta del Tesoro de esta semana será un buen termómetro para medir si la disputa fiscal contamina la confianza en la deuda soberana.

El Tesoro Público ha iniciado el mes de junio con una subasta de letras en la que ha colocado 6.481,6 millones de euros, en el rango medio previsto, ofreciendo rentabilidades mixtas: sube ligeramente el tipo a seis meses pero lo recorta en el plazo de un año. La operación, celebrada este martes, ha despertado un gran interés entre los inversores, con una demanda que ha rozado los 12.300 millones de euros, más del doble del importe finalmente adjudicado.

Resultados detallados: el papel a seis meses se encarece, el de un año se abarata

En la referencia a seis meses, el Tesoro ha vendido 1.981,6 millones de euros, frente a una demanda de 4.622,4 millones. El tipo marginal se ha fijado en el 2,398%, apenas 0,9 puntos básicos por encima del 2,389% registrado en la subasta anterior del mismo papel. Aunque el encarecimiento es leve, rompe la tendencia de recortes sucesivos que veníamos observando desde el arranque del año.

En la referencia a doce meses, la adjudicación ha ascendido a 4.500 millones de euros, el máximo previsto, mientras la demanda superaba los 7.675 millones. Aquí la rentabilidad ha dado un respiro al emisor: ha descendido al 2,567%, lo que supone un alivio de 8,4 puntos básicos frente al 2,651% de la última colocación del mismo plazo. Es la primera vez desde marzo que el coste a un año se sitúa por debajo del 2,6%.

Con estos números, el ratio de cobertura conjunta se sitúa en 1,9 veces, un indicador de la fortaleza de la demanda que no se veía en una subasta de letras desde principios de 2025. El mensaje del mercado es claro: la deuda española sigue siendo un activo refugio en un contexto en el que los tipos de la eurozona apuntan a nuevos recortes.

Las peticiones no competitivas —típicamente de pequeños inversores— representaron casi un 15% del total, señal de que la deuda a corto plazo sigue atrayendo ahorro minorista pese a la bajada progresiva de remuneraciones.

El Tesoro vuelve a sacar partido del apetito inversor, pagando menos a un año mientras cede unas décimas en el tramo más corto, justo cuando las expectativas de recortes del BCE se consolidan.

Próxima subasta: bonos y obligaciones el jueves

El Tesoro no descansa. Este mismo jueves 4 de junio volverá a los mercados con una emisión de bonos y obligaciones del Estado, con un objetivo de colocación de entre 4.750 y 6.250 millones de euros. En concreto, subastará bonos a 3 años (cupón 2,35%), obligaciones con vida residual de 5 años y 2 meses (cupón 3,10%), obligaciones del Estado a 15 años (cupón 3,50%) y obligaciones indexadas a la inflación europea a 15 años (cupón 2,05%). Los tipos de interés marginales de referencia para estos activos se sitúan en el 2,680%, 2,917%, 3,851% y 1,502%, respectivamente.

Análisis: una curva de tipos que anticipa el giro del BCE

El comportamiento de las rentabilidades en esta subasta no es casual. La leve subida a seis meses y la caída más pronunciada a un año dibujan una curva que empieza a aplanarse, aunque sin llegar a invertirse. A cortísimo plazo, el Tesoro asume un coste ligeramente mayor, pero a un año vista ya se beneficia de un recorte de casi diez puntos básicos, un ahorro nada desdeñable cuando se emiten 4.500 millones de papel. Detrás está la expectativa de que el Banco Central Europeo ejecute al menos dos bajadas adicionales de tipos este año, situando la facilidad de depósito en torno al 2% a finales de 2026. Ese escenario reduce la factura de las emisiones a plazo medio y explica la fuerte demanda de los inversores, que quieren asegurar cupones antes de que sigan cayendo.

España llega a este punto en una posición de fortaleza relativa. Las necesidades de financiación neta para 2026 ascienden a 55.000 millones de euros, la misma cifra que en 2025, y la vida media de la deuda se mantiene en niveles récord de 7,93 años. Es decir, el Tesoro no se ve presionado por un calendario de vencimientos abultados y puede permitirse modular el coste según la ventana del mercado. La economía crece por encima de la media de la eurozona, el déficit público continúa su senda de reducción gradual y la prima de riesgo española se ha estabilizado en la banda de los 70 puntos básicos, lejos de los niveles que atenazaron al Tesoro durante la crisis del euro. Todo ello se traduce en una ratio de cobertura que roza las dos veces y en tipos marginales que, pese a los repuntes puntuales, están más de 100 puntos básicos por debajo de los máximos de 2023.

El riesgo, como casi siempre, viene de fuera. Si la Reserva Federal mantiene los tipos altos más tiempo del previsto y arrastra al BCE a un ritmo más cauto, las rentabilidades podrían dejar de caer e incluso repuntar, encareciendo las próximas subastas. No es un escenario base, pero sí un recordatorio de que la política monetaria europea no opera en el vacío. La cita del jueves con los bonos a 15 años será un test más exigente: vencimientos largos exigen convicción sobre la desinflación a largo plazo.

Veredicto Merca2

Cotización al cierre o apertura: El tipo marginal de la letra a un año cerró en el 2,567%, lo que supone una caída de 8,4 puntos básicos respecto a la subasta anterior de mayo.

Clave técnica: La ratio de cobertura de 1,9 veces es la más alta en una subasta de letras desde inicios de 2025. Refleja una demanda institucional robusta que anticipa un entorno de tipos a la baja.

Apunte macro: La prima de riesgo española se mantuvo anclada en torno a los 70 puntos básicos durante la sesión, sin cambios significativos. El próximo jueves, la emisión de deuda a largo plazo pondrá a prueba la confianza del mercado.