El Consejo de Ministros ha dado luz verde este lunes al real decreto que desbloquea uno de los grandes problemas industriales de España: la renovación del régimen retributivo de la cogeneración. La medida, que afecta a más de un centenar de grandes empresas electrointensivas y podría movilizar ingresos por encima de los 6.000 millones de euros, activa un nuevo sistema de subastas para reactivar más de 600 plantas que llevan años paradas.
La situación era insostenible. Desde hace años, más de la mitad de las instalaciones de cogeneración del país habían agotado su vida útil regulatoria y habían dejado de percibir la retribución que les permitía operar. Según los datos que maneja la patronal Acogen, alrededor de 600 plantas se encontraban apagadas, lo que suponía una pérdida de competitividad para sectores tan diversos como la química, la papelera, la alimentación o la cerámica.
La cogeneración es, en esencia, el sistema por el cual las grandes fábricas aprovechan el calor residual de sus procesos productivos para generar electricidad. Esa electricidad se vierte a la red a cambio de una retribución regulada, que en sus mejores años llegó a rondar los 1.000 millones de euros anuales. Con el paso del tiempo, muchas plantas fueron quedando fuera de ese esquema sin alternativas claras.
Dos subastas para 1.200 MW y un horizonte de 6.000 millones
El nuevo real decreto introduce un modelo de subastas competitivas similar al que ya se aplica en las renovables. El Gobierno plantea lanzar dos subastas, la primera este mismo año 2026 y otra en 2027, para adjudicar hasta 1.200 megavatios (MW) de potencia, repartidos en bloques de 600 MW cada una. Las empresas que quieran optar a los nuevos contratos deberán comprometerse a renovar sus centrales con equipos de alta eficiencia.
La gran novedad es que, por primera vez, las cogeneraciones podrán funcionar con gas natural, biomasa y estar preparadas para consumir al menos un 10% de hidrógeno renovable. Esta condición es una exigencia de Bruselas para evitar que las ayudas se consideren ayudas de Estado incompatibles y alinea el modelo con los objetivos de descarbonización de la Unión Europea.
La retribución anual para el conjunto de los 1.200 MW se estima entre los 414 millones y los 582 millones de euros, según las cifras que maneja el Ministerio para la Transición Ecológica. Al aplicar la nueva vida útil regulatoria —12 años para gas natural y 20 años para biomasa—, el volumen total de ingresos que las empresas podrían captar supera los 6.000 millones de euros, una cifra que devuelve la esperanza a un sector que llevaba años reclamando un marco estable.
El sistema de subastas funcionará a sobre cerrado y con un precio marginal descendente. Los aspirantes ofertarán un porcentaje de reducción sobre un valor estándar de rentabilidad para la inversión, fijado en el 7,09%. Quienes ofrezcan los mayores descuentos se llevarán la adjudicación.
La cogeneración ha sido durante años el patito feo del sistema eléctrico español; con este real decreto el Gobierno reconoce que sin calor industrial no hay reindustrialización posible.
Quién es quién en la ‘lluvia de millones’
La lista de empresas afectadas es un quién es quién de la industria española. Firmas como Azucarera, Atlantic Copper, BP, Repsol, Seat, Dow Chemical, Covestro, Solvay, Torraspapel, Unilever o Saica figuran entre las que podrán optar a la nueva retribución. El sector agrupa, según Acogen, a 108 productores de electricidad y a casi cuarenta empresas de servicios, con más de 200.000 empleos directos e indirectos.
Se trata de un negocio que, a pesar de haber llegado a representar más del 10% de la electricidad consumida en España en sus mejores años, siempre ha permanecido en la sombra. Ahora, con apenas un 4% de contribución, la reactivación que persigue el Gobierno puede devolverlo a cifras cercanas a su máximo histórico, siempre que las subastas resulten atractivas y las empresas se animen a invertir.
Análisis: un impulso necesario, pero con interrogantes para el consumidor
Esta es una decisión que se alinea con la nueva política industrial europea. Tras años de penalizar la cogeneración con gas por sus emisiones, Bruselas ha abierto la puerta a que estas plantas participen en la transición como tecnología puente, siempre que demuestren que pueden quemar hidrógeno. España, con una industria muy intensiva en consumo energético, se juega mucho.
El diseño de las subastas es inteligente. Al introducir competencia por el descuento, el Gobierno se asegura que el coste para el sistema eléctrico —que pagamos todos los consumidores— no se dispare. Sin embargo, la horquilla de hasta 582 millones de euros anuales no es menor. Si todas las plantas adjudicadas funcionan a pleno rendimiento, la factura de la luz de los hogares y las pymes asumirá ese sobrecoste. Es el precio de la reindustrialización.
Quienes critican la medida argumentan que se está primando, de nuevo, la quema de gas en un momento en que la descarbonización debería acelerarse. Los defensores replican que sin calor cualificado no se fabrican cerámicas, papel o productos químicos, y que las alternativas renovables, como el hidrógeno verde, aún no están maduras a escala comercial para ese tipo de procesos. Es un debate que volverá a aflorar en cuanto se conozcan los primeros adjudicatarios.
Mi impresión es que el real decreto era imprescindible. La paradoja es que la cogeneración, una tecnología que mejora la eficiencia energética global, había quedado fuera del paraguas verde europeo por sus emisiones directas. Ahora, con la exigencia de estar listas para el hidrógeno, se abre un camino de transición que puede ser positivo, siempre que el sobrecoste no erosione la competitividad de los consumidores no industriales. La clave estará en el resultado de las subastas y en si los precios finales se ajustan a la banda baja de las estimaciones.
Habrá que seguir de cerca la primera subasta de este año. Si las empresas muestran apetito inversor, el plan puede cumplir las expectativas. Si la incertidumbre regulatoria o los requisitos del hidrógeno frenan a los aspirantes, el éxito se quedará a medias. España necesita un «shock» de competitividad para su industria, y esta medida es un paso en la dirección correcta, aunque no exento de riesgos.
