Telefónica ve cómo el lote de ciberseguridad del megacontrato CORA, valorado en 63 millones de euros sin impuestos, queda en suspenso por la pérdida sobrevenida de la cobertura presupuestaria. La Mesa de Contratación de los servicios consolidados de telecomunicaciones de la Administración General del Estado (AGE) ha acordado anular la exclusión de la operadora presidida por Marc Murtra y, acto seguido, dejar constancia de que los fondos necesarios han desaparecido, lo que paraliza de facto la adjudicación definitiva.
La cronología del lote de ciberseguridad del contrato CORA
El contrato CORA, en su tercera edición, centraliza las comunicaciones de más de 85 organismos públicos con una dotación total de 340 millones de euros para 3,7 años. En julio de 2025, el lote 3 —ciberseguridad e interconexión de datos— recayó en una UTE formada por Orange, TRC y Mnemo. Telefónica recurrió al Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC) alegando que Mnemo carecía del preceptivo plan de igualdad. El tribunal le dio la razón en septiembre de 2025 y anuló la adjudicación.
En la fase de formalización, la mesa de contratación exigió a Telefónica acreditar el cumplimiento del requisito en toda su cadena de subcontratación. La operadora defendió que la ley permite ajustar dicha estructura, pero en noviembre de 2025 la mesa la excluyó al considerar que su proveedor Govertis no cumplía, y declaró desierto el lote. Telefónica recurrió de nuevo, y el TACRC, en una resolución fechada hace unas semanas, estimó el recurso, anuló la exclusión y ordenó retrotraer las actuaciones al momento anterior a la exclusión. En la práctica, la resolución nº 781/2026 del TACRC dejaba a Telefónica como la única oferta válida sobre la mesa.
Mientras tanto, la operadora ha seguido prestando el servicio desde diciembre de 2025 mediante una prórroga forzosa. En paralelo, la Administración lanzó una licitación negociada sin publicidad, exclusiva con Telefónica, por nueve meses prorrogables. La compañía presentó su oferta en marzo de 2026 y su entrada en vigor estaba prevista para el 1 de junio de 2026, justo el día en que la mesa ha comunicado la suspensión.
El giro inesperado llega en el acta de la mesa del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública. En ella se deja “expresa constancia” de la pérdida sobrevenida de la cobertura presupuestaria del expediente, provocada por la anulación de los documentos contables de Retención de Crédito (RC) por parte de los organismos cofinanciadores: Imserso, Ingesa y DGRCC. Sin esos RC, el lote no puede tramitarse y queda en suspenso.
El TACRC devolvió a Telefónica la condición de único licitador válido, pero el presupuesto se evaporó durante el proceso.
Un suspenso administrativo que impacta en los ingresos de Telefónica
El lote 3, de ciberseguridad e interconexión de datos, supone unos ingresos esperados de 63 millones de euros para Telefónica, una cifra modesta frente a los más de 40.000 millones de facturación anual del grupo, pero relevante en el segmento de empresas y administraciones públicas. Fuentes del sector consultadas por este medio señalan que la pérdida de este contrato –aunque sea temporal– podría restar unos tres puntos básicos al crecimiento orgánico de la división en España durante el presente ejercicio.
Como se puede consultar en los últimos Hechos Relevantes remitidos a la CNMV, Telefónica no ha comunicado todavía ningún impacto contable derivado de esta suspensión. Sin embargo, la compañía ya viene arrastrando una presión en el margen operativo de su negocio doméstico, y cualquier contrato público de larga duración se convierte en un estabilizador de ingresos muy valioso para los analistas.
Análisis: ¿bloqueo puntual o síntoma de un problema mayor en la contratación pública?
Desde una lectura estrictamente administrativa, la pérdida sobrevenida de cobertura presupuestaria es un mecanismo previsto en la Ley de Contratos del Sector Público: si los organismos cofinanciadores anulan sus retenciones de crédito, el expediente queda sin respaldo y debe suspenderse. No obstante, sorprende que tres organismos –Imserso, Ingesa y la DGRCC– retiren sus RC precisamente en el momento en que el TACRC respalda por segunda vez a Telefónica.
A mi juicio, la secuencia alimenta más de una lectura. La primera, la más técnica, apunta a un desajuste presupuestario en los citados entes, que podrían haber redirigido esos fondos a otras partidas durante los largos meses de litigio. La segunda, más especulativa, sugiere que la Administración aprovecha la rendija presupuestaria para esquivar una adjudicación que, aunque ajustada a derecho, llegaba envuelta en una ejecución compleja. En cualquier caso, Telefónica ha recibido un trato administrativo errático: fue excluida por un defecto subsanable, el tribunal le dio la razón, luego se la volvió a excluir y, cuando por fin se reconoce su oferta válida, no hay dinero.
El precedente no es baladí. En el lote 2 del mismo CORA, adjudicado a MasOrange sin apenas incidencias, el servicio funciona con normalidad. La diferencia de trato entre ambos operadores en un mismo megacontrato añade ruido a la relación de Telefónica con la Administración, justo cuando la ‘teleco’ está inmersa en la renegociación de otros contratos públicos vinculados a la digitalización de la AGE.
El inversor debe vigilar dos fechas. La primera, la próxima presentación de resultados semestrales de Telefónica, prevista para finales de julio, donde el mercado espera alguna actualización sobre el guidance de la división de empresas. La segunda, la posible reapertura del expediente si los organismos cofinanciadores reponen los créditos retenidos, algo que, de acuerdo con fuentes cercanas al Ministerio, no se descarta antes de septiembre.
La pregunta de fondo es si este episodio es un accidente administrativo o el reflejo de unas finanzas públicas que aprietan el gasto discrecional en plena normalización de las reglas fiscales. Con una prima de riesgo que ronda los 68 puntos básicos y un Tesoro que no tiene problemas para colocar deuda, la respuesta más probable es que se trate de un problema de coordinación presupuestaria, no de una restricción de liquidez. Pero para Telefónica, el daño reputacional y la interrupción de un contrato de tres años ya están hechos.
Veredicto Merca2
Cotización al cierre o apertura: La acción de Telefónica retrocede un 1,2% en los primeros compases de la sesión hasta los 3,86 euros, lastrada por la incertidumbre sobre este contrato y pese a que el mercado descuenta en buena medida la recuperación del servicio por la vía de la prórroga forzosa.
Clave técnica: La cotización se mantiene dentro del rango lateral entre 3,80 y 4,00 euros que arrastra desde hace dos meses. La pérdida de este contrato reforzaría la resistencia en los 3,80 euros como suelo y podría retrasar cualquier intento de ruptura al alza hacia los 4,10.
Apunte macro: La prima de riesgo española se sitúa en 68 puntos básicos, sin impacto directo de esta noticia. En el sector, MasOrange, adjudicatario del lote 2 del CORA, cotiza plano en el Mercado Continuo, lo que sugiere que el mercado no extrapola el problema al conjunto de las telecos españolas.
