El mercado inmobiliario logístico en España alcanzó los 1.800 millones de euros en 2019, más de un 44% de incremento respecto al año anterior, representando el 24% del total de inversión en terciario, según un informe elaborado por Knight Frank.

Así, Madrid y Barcelona fueron los mercados más interesantes para los inversores, constatando además que, durante el último trimestre del año, la capital española fue la ciudad que atrajo mayor volumen de inversión, alcanzado los 845 millones de euros, un 50% más del registrado en Barcelona.

A pesar de ello, ciudades como Sevilla, Valencia, Zaragoza o Bilbao también han visto un incremento «debido a la búsqueda, por parte de los inversores, de una mayor rentabilidad que la que ofrecen Madrid y Barcelona», según el director de área logística de Knight Frank, Alejandro Vega-Penichet. Con esto, el volumen invertido en estas transacciones nacionales pasó, en un año, de 32 a 525 millones de euros, lo que representó un aumento del 63,5% respecto al año anterior.

A causa del continuo interés que generan los activos logísticos, tanto en Madrid como en Barcelona, en el último informe las ‘yields prime’ se comprimieron, ofreciendo a cierre de ejercicio una rentabilidad del 4,75%, lo que demuestra, a juicio de Vega-Penichet, que los fundamentales del mercado logístico español son «suficientemente potentes» para apoyar los niveles de precio actuales.

En lo referente al mercado de usuarios, el pasado año la absorción logística en Madrid registró 560.000 metros cuadrados de superficie contratada, en contraste con los 600.000 metros cuadrados a la que se acercó el ‘take up’ de Barcelona. Según la consultora, estos datos constatan la existencia de un mercado «saneado».

INCREMENTO DE LA DEMANDA

Una de las tendencias más claras que están empezando a manifestarse dentro del sector, igual que sucede en Reino Unido o Estados Unidos, es la del incremento en la demanda de operadores para naves frigoríficas, impulsado por los hipermercados y las empresas farmacéuticas.

En este sentido, Knight Frank destaca que más del 30% de la absorción logística en Madrid durante el año pasado venía representada por hipermercados, frente al 3,5% en 2018, por la transición de los hipermercados respecto a sus cadenas de suministro.

Durante 2019, las primeras y terceras coronas del mercado logístico madrileño registraron más del 80% de la contratación de superficie «por la influencia del ‘e-commerce’ en el sector», según Vega-Penichet.

A finales de 2019, las rentas ‘prime’ permanecieron estables, situándose en 5,5 euros el metro cuadrado al mes en la capital, y en 7 euros en la Ciudad Condal, mientras que la tasa de disponibilidad se situó en el 6% y el 3,5%, respectivamente.

AUGE DEL ‘E-COMMERCE’

El informe sectorial refleja que el ‘e-commerce’ en España sigue en pleno auge. Según los últimos datos disponibles, en los dos primeros trimestres de 2019, la facturación ‘online’ alcanzó casi los 23.000 millones de euros, y se prevé que la cifra alcance los 45.000 para todo el año, lo que supondría un incremento superior al 10%.

Para 2020, la consultora anticipa un aumento de la facturación del 20% en España, aunque la cifra se mantendrá por debajo de la que reflejan otros países de nuestro entorno, donde el fenómeno del comercio electrónico llega a triplicar los datos de nuestro país.

Europa necesitaría aumentar sus ambiciones en capacidad eólica e instalar más de 30 gigavatios (GW) al año de esta tecnología, tanto ‘onshore’ (terrestre) como ‘offshore’ (marina), para cumplir con las ambiciones del ‘Green Deal’ de la Unión Europea, según la patronal WindEurope. En concreto, el Viejo Continente instaló 15,4 GW de nueva capacidad eólica en 2019, de los cuales tres cuartas partes fueron en terrestre (11,8 GW) y otros 3,6 GW de eólica marina.

Con ello, se alcanza los 205 GW de energía eólica instalados en Europa, que permiten cubrir el 15% de todo el consumo de electricidad el año pasado. No obstante, la patronal del sector eólico considera que la neutralidad climática y el ‘Green Deal’ requieren que Europa instale «más del doble» de capacidad de esta tecnología cada año de lo que se implantó en 2019. «Y el crecimiento debe proceder tanto de energía eólico marina como terrestre», indicó el consejero delegado de WindEurope, Giles Dickson.

Para ello, indicó que será necesario «un nuevo enfoque» para planificar y una inversión continua en redes eléctricas. «Los planes nacionales de Energía y Clima son cruciales aquí. La UE necesita asegurarse de que sean ambiciosos y rigurosamente implementados», dijo. Por países, Reino Unido, con 2,4 GW -tanto en aerogeneradores terrestres como marinos- instaló la mayor capacidad en 2019, seguido de España -2,3 GW terrestres-, Alemania (2,2 GW), Suecia (1,6 GW) y Francia (1,3 GW).

Sin embargo, WindEurope destacó que Alemania, que durante muchos años ha sido el motor de la industria eólica en Europa, se estancó en 2019, con solo 1,1 GW terrestres, su cifra más baja desde 2000.

ESPAÑA, SUS MEJORES NÚMEROS DESDE 2009

Esas bajas cifras de instalación en Alemania fueron parcialmente compensadas por otros países como España, que alcanzó sus mejores números desde 2009.

En toda Europa se anunciaron nuevas inversiones por valor de 19.000 millones de euros en parques eólicos, con una capacidad de 11,8 GW y se adjudicaron 15 GW de nueva capacidad en subastas y licitaciones gubernamentales.

La ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, ha avisado este lunes en Bruselas de que el Gobierno considera «injusta» e «insuficiente» la última propuesta de acuerdo trasladada a los socios de la UE para cerrar el presupuesto común de los próximos siete años en la cumbre de este jueves y que plantea de salida un recorte del 14% para la Política Agraria Común (PAC) que España pide, al menos, mantener con el apoyo actual.

«No es para nosotros, en su forma actual, una base suficiente para llegar a un acuerdo», ha expresado la ministra en declaraciones a la prensa a su llegada a una reunión de ministros de Exteriores de la UE, tras recalcar que el reparto que plantea el documento trasladado el pasado viernes a las capitales es «por ahora insuficiente para lograr un consenso».

El borrador, preparado por el presidente del Consejo europeo, Charles Michel, propone un marco financiero plurianual (MFF, por sus siglas en inglés) para el periodo 2021-2027 del 1.074% de la Renta Nacional Bruta (RNB) del bloque, frente al 1,114% que pide la Comisión Europea o el 1,16% que representa el del periodo que acaba este año para los Veintisiete.

Este presupuesto incluye un recorte del 14% para la PAC y del 12% en los fondos de Cohesión, aunque permitiría una mayor flexibilidad a los Estados miembros en su gestión, con el argumento de que es necesario dotar de mayores recursos otras políticas ahora prioritarias en la agenda de la UE como la lucha contra el cambio climático y la transición digital.

No reconoce el papel de la agricultura como elemento de cohesión y como elemento fundamental para la transición ecológica», se ha quejado González Laya a su llegada a Bruselas, en donde también se celebra este lunes una reunión de Asuntos Generales de la UE para preparar la cumbre extraordinaria de jefes de Estado y de Gobierno de la UE de este jueves convocada para negociar el presupuesto.

La jefa de la diplomacia española también ha considerado la oferta de Michel «insuficiente en su ambición» y ha advertido de que si el bloque aspira a ganar peso geopolítico debería también reflejar tal ambición en el presupuesto.

«Es injusta en su reparto, pensamos que no acaba de resolver los problemas de divergencia dentro de la Unión Europea que han ocurrido desde la crisis de 2008», ha argumentado, si bien ha añadido que España asiste a las negociaciones con espíritu «constructivo» y confía en lograr un acuerdo.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acudirá por tanto a la cumbre del jueves «con la mejor de las disposiciones» aunque la propuesta no es suficiente por ahora para contar con el respaldo de España.

Por ello, ha añadido la ministra, España buscará que se llegue a un consenso «lo antes posible» aunque no ha aclarado si cree que se logrará en esta primera cita o exigirá contactos más a largo plazo. «Nos importa que se atienda a las necesidades más que a la prisa o a las fechas para llegar a un acuerdo», ha remachado.

DOS FRENTES

La propuesta de Michel mantiene –aunque suavizado– el propósito de recortar el presupuesto europeo a costa de los fondos agrarios y estructurales que ya se planteó el pasado diciembre en otra propuesta que fue rechazada por casi todos los Estados miembro, aunque por razones distintas.

España y otra quincena de países del sur y del este han creado un frente común para defender los fondos de cohesión y de la PAC y reclamar que si no se aumentan al menos que se mantenga su ambición en el gasto agrícola y se asegure un apoyo «fuerte» para los fondos estructurales.

Los llamados ‘amigos de la cohesión’ tendrían de su lado al Parlamento Europeo, que pide un presupuesto del 1,3% que garantice la fortaleza de estas políticas tradicionales.

Este propósito, sin embargo, choca de plano con la de otros países como Países Bajos, Suecia, Dinamarca o Austria que rechazan de plano cualquier mejora y exigen que el presupuesto sea rebajada, marcando como techo el 1% de la RNB.

Michel se ha reunido en las últimas semanas con casi todos los líderes de la UE para escuchar sus líneas rojas y tratar de hallar un «equilibrio» entre unos y otros, apuntan fuentes europeas, que recuerdan que con la salida de Reino Unido el bloque deja de contar con unos 10.000 millones de euros al año y, sin embargo, necesitará más recursos para nuevas prioridades como la acción climática, la digitalización y la migración y la seguridad.

La brecha salarial de género en las administraciones públicas (AAPP) alcanza el 14% debido a que la mayor parte de las retribuciones variables (gratificaciones extraordinarias, guardias, disponibilidad, trabajo en fin de semana o festivos, horas extraordinarias o/y horarios especiales) son percibidas mayoritariamente por los hombres, según un informe de la Federación de Empleados Públicos de UGT (FeSP-UGT).

Basándose en datos del Boletín Estadístico Anual del personal al servicio de las Administraciones Públicas (BESAP) que realiza el Registro Central de Personal, las AAPP emplean a 2.578.388 efectivos, de los que 1.127.366 (el 43%) son hombres y 1.451.022 (el 56,27%) mujeres.

En detalle, la Administración Pública Estatal cuenta con 507.830 efectivos, de los que el 68,73% son hombres y el 31,26% mujeres; mientras que las comunidades autónomas emplean a 1.339.111 personas, de los cuales el 30,36% son hombres y el 69,63% mujeres. Por su parte, en la Administración Local hay 575.405 efectivos, que se reparten casi por igual entre hombres y mujeres.

El informe revela además que en las Universidades hay 156.042 efectivos, de los que el 47,61% son mujeres. La FeSP-UGT denuncia que, aunque el acceso a la Función Pública se realiza atendiendo a los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, «el ámbito del empleo público no es ajeno a los estereotipos y roles de género».

Dentro del sector sanitario, las mujeres son mayoría en ámbitos como la Enfermería, los Cuidados Auxiliares de Enfermería, Análisis Clínicos, Radiodiagnóstico y Anatomía Patológica o especialidades médicas como pediatría, tocología o logopedia.

En el sector de la Justicia, las mujeres se encuentran mayoritariamente en tareas administrativas y de auxilio judicial, en la carrera judicial y fiscal y en el ejercicio de la abogacía.

En el sector de la atención social, la presencia de la mujer es mayoritaria en el desempeño de profesiones como Cuidadoras, Trabajadora Social, Educadoras Sociales y de Familia, Psicólogas o Técnica en Atención a Personas en Situación de Dependencia.

Asimismo, en todas las Administraciones la presencia femenina es mayoritaria en las tareas de gestión administrativa y atención a la ciudadanía.

En el sector educativo las mujeres representan cerca de 90% del profesorado en las etapas educativas iniciales, como educación infantil y primaria, y su presencia disminuye paulatinamente desde el tramo de la educación secundaria hasta la Universidad.

El informe también pone el acento en que, dentro de las Administraciones Públicas, las contrataciones temporales y a tiempo parcial recaen sobre todo en las mujeres. «La falta de seguridad laboral, el empleo intermitente, la renuncia involuntaria al progreso profesional y la reducción en los ingresos sitúa a muchas empleadas públicas una situación de precariedad», denuncia el sindicato.