La presidenta del banco Santander, Ana Botín, declara este jueves como testigo ante el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama en relación a la causa en la que se investigan las presuntas irregularidades que llevaron a la resolución y posterior venta del Banco Popular a mediados de 2017.
Botín, que está citada presencialmente a partir de las 09.00 horas, comparecerá dos días después de que cuatro directores territoriales de la extinta entidad señalaran ante el juez –también en calidad de testigos– que les dijeron que la ampliación de capital de 2016 tenía por objetivo realizar una «mejora en los activos no productivos».
El juez de la Audiencia Nacional investiga dos fases de este proceso: las presuntas irregularidades contables en las que el Popular habría incurrido con la ampliación de capital y las filtraciones a prensa un año después que habrían provocado la resolución a mediados de 2017.
El Banco Santander, ya presidido por Ana Patricia Botín, fue la entidad que compró el Popular por un euro después de la resolución del banco, tras lo cual comenzaron a presentarse denuncias por presuntas irregularidades que han acabado en la Audiencia Nacional, si bien el juez instructor retiró la condición de investigado al entender que no tiene por qué asumir la responsabilidad penal en las que se hubiera incurrido.
OTROS TESTIGOS
El magistrado instructor inició una ronda de testificales el pasado 17 de septiembre con el presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Sebastián Albella, quien aseguró que no formó parte del equipo del despacho Linklaters que asesoró en 2016 a la entidad en la ampliación de capital de más de 2.000 millones de euros.
El 30 de septiembre fue el turno del vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos, por videoconferencia, quien afirmó que, a un mes de la resolución del Banco Popular, se reunió con cinco de los grandes bancos para sondear su posible interés en adquirirlo, si bien todos ellos descartaron presentar una oferta por dicha entidad.
De Guindos, ministro de Economía en el momento de la resolución del banco, explicó que se tomó la decisión de vender el Popular por un euro para evitar el rescate de los depositantes de la entidad con dinero público, lo que habría conllevado que habría conllevado una elevada emisión de deuda para garantizar su funcionamiento y los depósitos.
Estas testificales estaban previstas para antes del verano pero fueron suspendidas por la paralización de la actividad judicial a causa de la pandemia de coronavirus. La ronda concluirá el próximo 15 de octubre con la comparecencia del que fuera presidente de Banco Santander España Rodrigo Echenique.
