Acciona y Axa han adquirido la participación del 33% que KKR tenía desde 2014 en Acciona Energía Internacional, la firma que engloba los parques eólicos que la compañía que preside José Manuel Entrecanales tiene fuera de España, según informó el grupo.

La operación se ha cerrado por 445 millones de euros, importe que supone valorar el 100% de Accióna Energía Internacional en unos 1.337 millones de euros.

En concreto, a través de esta filial, Acciona canaliza los 52 parques eólicos terrestres que tiene en distintos mercados internacionales, que suman un potencia de 2,3 gigavatios (GW). Estas instalaciones están en su mayoría ubicadas en Estados Unidos, México, Canadá, Australia, Italia, Portugal y Sudáfrica.

En virtud de la operación, Acciona ha tomado una participación adicional del 13,33% en su filial eólica internacional, por unos 178 millones de euros, con lo que ha elevado su posición en la firma hasta el 80%.

De su lado, Axa IM Real Assets, en lo que constituye su primera inversión en renovables, se ha quedado con el otro 20% por 267 millones de euros y se ha convertido en el nuevo socio en el negocio eólico internacional de Acciona.

La operación está previsto se cierre el próximo mes de diciembre. En tanto, Acciona buscará un socio interesado en un 5% del capital de esta firma, toda vez que su intención es quedarse con una participación del 75%.

Con esta transacción, Acciona cierra la salida de KKR y la búsqueda de nuevos aliados para su filial eólica internacional, mientras el grupo recientemente anunció su intención de reforzar su apuesta por el negocio de la ‘energía verde’.

El Corte Inglés mantendrá abiertos durante todos los días de Semana Santa sus establecimientos de alimentación y artículos de primera necesidad en Madrid y en la práctica totalidad en el resto de comunidades autónomas, con el fin de responder a la demanda social para este tipo de productos.

La medida se enmarca en el compromiso de la empresa para dar servicio a los ciudadanos en un momento de especial dificultad, según ha informado este viernes en una nota.

Además, El Corte Inglés pone en marcha en su web ofertas 3×2 en artículos de moda, accesorios, zapatos y deportes, que se pueden combinar y que se suman a los descuentos existentes.

Con la apertura de los supermercados, hipermercados y áreas de alimentación del grupo, la compañía pretende agilizar las compras de los clientes y evitar o minimizar las esperas, con el fin de que las personas puedan permanecer el menor tiempo posible fuera de sus hogares.

También se reforzará el servicio de ‘Click&Car’ que permite la compra online o por teléfono, y la recogida del pedido en el aparcamiento del centro comercial elegido por el cliente.

Este servicio da la posibilidad a los ciudadanos de no romper su aislamiento, ya que la recogida del pedido se realiza desde el propio vehículo del cliente.

La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, se reunirá este viernes con las principales organizaciones sindicales, CCOO y UGT, para tratar la vuelta a la actividad económica, pero la patronal no asistirá a esta reunión telemática.

Según han confirmado fuentes del Gobierno, la reunión había sido pedida también por los agentes sociales para tratar la vuelta al trabajo, pero no solo de las actividades que regresan el lunes, sino para ir analizando también la desescalada del conjunto de la economía.

A esta reunión también estaba convocadas las patronales CEOE y Cepyme, pero ayer ambas denunciaron, en un comunicado, que «en ningún momento» se les había hecho partícipes de la negociación de un nuevo ingreso mínimo vital puente, que anunció la Vicepresidencia de Asuntos Sociales, y que esta iniciativa no se había sometido a discusión en el diálogo social.

Por todo ello y ante este monumental enfado, ambas patronales indicaron que no asistirían a la reunión de este viernes. «En estas condiciones, se hace imposible participar mañana viernes, 10 de abril, en la reunión a la que han sido convocados por el Ministerio de Trabajo», rezaba el comunicado.

Asimismo, CEOE y Cepyme añadían que, «ante la manipulación interesada y la deslealtad al diálogo social y a los empresarios españoles», se sentían «presionados» para dar su apoyo a una propuesta de partido, «que nada tiene que ver con un acuerdo consensuado en lo que debería ser el cauce habitual con los interlocutores sociales, que formamos parte de la mesa de diálogo y que siempre hemos estado de acuerdo en no dejar a nadie atrás en esta crisis».

FIN DE LA DESHIBERNACIÓN DE LA ECONOMÍA

En este contexto, la reunión que mantendrá hoy Yolanda Díaz con los sindicatos abordará la deshibernación de la economía española, toda vez que las actividades no esenciales vuelven a la actividad este mismo lunes, una vez finalizado el permiso retribuido recuperable.

Con el fin de dicho permiso, una medida calificada por el Gobierno como «extraordinariamente efectiva» para reducir los niveles de movilidad a los de los fines de semana, concluye la «hibernación» de la economía y dejará de estar restringida la movilidad para el desplazamiento al lugar de trabajo para efectuar prestaciones laborales, profesionales o empresariales de actividades no esenciales.

De esta forma, la mayoría de los trabajadores de actividades no esenciales volverán a sus puestos de trabajo este lunes de Pascua, salvo en las comunidades en las que es festivo (Baleares, Cantabria, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Cataluña, La Rioja, Navarra y País Vasco).

A su vez, los trabajadores de servicios esenciales, como el personal sanitario, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, el Ejército, los servicios de transporte o los supermercados continuarán desarrollando su actividad con normalidad, como han hecho hasta ahora.

Así, a partir de este próximo lunes se vuelve a la situación de los primeros 15 días del estado de alarma, por lo que volverán a reincorporarse los trabajadores de actividades no esenciales, como la construcción, pero se mantienen los protocolos del carácter preferente del trabajo a distancia y el teletrabajo cuando se pueda desarrollar de esa forma, junto a las medidas de protección e higiene.

DIVERSAS REUNIONES CON AGENTES SOCIALES

El Ejecutivo y los agentes sociales se han reunido a lo largo de la semana para continuar trabajando en la denominada fase de desescalada de las medidas de confinamiento y estudiar cómo se puede ir retomando la actividad atendiendo a las particularidades de cada sector, una vez finalice la Semana Santa.

Durante estos encuentros, las organizaciones sindicales trasladaron al Ejecutivo la necesidad de ir preparando a empresas y sectores para que se cumpla con la seguridad y los distintos protocolos cuando se reactive la actividad. Así, dejaron claro que se debía seguir trabajando en estos protocolos de seguridad, que ya existen en algunos sectores, pero que faltan en otros tantos.

El líder de CCOO, Unai Sordo, instó al Gobierno en la reunión del lunes a que siguiese protegiendo a los colectivos de ciudadanos que siguen sin tener ningún tipo de protección económica, que han sido despedidos y que no tienen acceso a ninguna prestación por desempleo ni subsidio.

Por su parte, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, pidió al Gobierno que garantizasen las medidas y los equipos de protección a los trabajadores antes de que reinicien su actividad a partir del próximo lunes.

Por ello, propuso la puesta en marcha «inmediata» de las mesas de negociación con los agentes sociales a nivel sectorial para diseñar medidas y normas que se ajusten a los sectores y que estén en línea con las normas dictadas para combatir la pandemia. De hecho, pidió que se elaboren guías de seguridad y salud específicas para estos sectores que retomarán su actividad una vez pase la Semana Santa.

La presidenta de Banco Santander, Ana Botín, fue reelegida para un nuevo mandato al frente de la entidad con el 98,3% de los votos en la junta de accionistas del banco celebrada el pasado 3 de abril en Madrid, junto a un respaldo mayoritario en la reelección y nombramiento de consejeros.

Así figura en una documentación publicada por la entidad en su página web, que refleja una asistencia del 65% del capital del banco a la junta general ordinaria de accionistas y la reelección por unanimidad de Ana Patricia Botín, que fue designada por primera vez como presidenta de la entidad por el consejo de administración en septiembre de 2014, tras la muerte de su padre, Emilio Botín, a causa de un infarto de miocardio.

Asimismo, en la última junta de accionistas del Santander, se votó con un 99,74% las cuentas anuales y los informes de gestión de la entidad correspondientes al ejercicio de 2019, así como la gestión social, con un 99,68% de los votos.

En cuanto a los nombramientos en el consejo de administración de la entidad, obtuvieron por un respaldo unánime los nombramientos de los nuevos consejeros, Luis Isasi (99,38%) y Sergio Agapito Lires Rial (98,65%), junto a la ratificación del nombramiento y reelección de pamela Ann Walkden (99,63%) y la reelección de Rodrigo Echenique (96,38%), Esther Giménez-Salinas (99,40%) y Sol Daurella (99,21%).

También se reeligió en la junta, con un 99,73% de los votos, al auditor de cuentas externo para el ejercicio 2020, según se desprende de la documentación facilitada por la entidad.

Para la autorización al consejo de administración para que pueda aumentar el capital en una o varias veces y en cualquier momento, en el plazo de tres años, mediante aportaciones dinerarias y en una cuantía nominal máxima de 4.154.528.645,50 euros, el respaldo fue algo menor, del 93,07%.

Además, la política de remuneraciones de los consejeros obtuvo el 94,4% de los votos. Por el contrario, las propuestas de cese y remoción de consejeros y de acción social de responsabilidad obtuvieron un apoyo del 0,00%.

En la junta de accionistas del 3 de abril, celebrada en Madrid, la entidad aseguró que tomará todas las medidas necesarias para mitigar, dentro de lo posible, los impactos que la volatilidad y la previsible desaceleración del crecimiento mundial pudieran causar en su negocio y en la cuenta de resultados de 2020, para lo que revisará los objetivos del plan estratégico del año anterior.

Un día antes de la junta, el 2 de abril, el banco comunicó su decisión de cancelar el pago del dividendo complementario de 2019 de 0,13 euros por acción que preveía abonar en mayo y la política de dividendo para 2020, posponiendo cualquier decisión relativa a la retribución al accionista en el presente ejercicio por la crisis del coronavirus y en línea con las recientes recomendaciones del Banco Central Europeo (BCE).

Endesa ha donado 500.000 euros al programa ‘Cruz Roja Responde’ para ayudar a 25.000 familias españolas en situación de vulnerabilidad porla crisis sanitaria, social y económica actual derivada del coronavirus.

El programa de Cruz Roja, en su área de inclusión social, ofrece productos de primera necesidad y acompañamiento a quienes más lo necesitan, según explica la compañía en un comunicado.

Los empleados de Endesa que lo deseen también pueden sumarse, conmicrodonaciones, a este programa de Cruz Roja a través de un espacio digital habilitado para tal fin y que responde a la petición de la plantilla de disponer de fórmulas para colaborar, de manera personal, a la ayuda que está realizando de forma global la compañía.

Esta colaboración con Cruz Roja se enmarca dentro del Plan de Responsabilidad Pública lanzado por Endesa el pasado mes de marzo y cuyo propósito es ayudar, donde más se necesite, a atajar las graves consecuencias de la pandemia provocada por el Covid-19.

El plan, dotado con 25 millones de euros, tiene tres ejes deactuación: compra de material (equipos de protección para el personal sanitario o de servicio público e instrumental para asistencia de los pacientes hospitalizados); condiciones especiales de suministro a hoteles medicalizados y hospitales de campaña; y donaciones económicas a instituciones, organismos y centros sanitarios, que ayuden a cubrir necesidades básicas de especial gravedad que hayan sido previamente identificadas.

El plan ‘Cruz Roja Responde’ es un plan concreto de actuación y respuesta integral para los próximos dos meses y que pretende alcanzar a más de 1.350.000 personas con un presupuesto estimado de 11 millones de euros, al que podrá sumarse a todo aquel que quiera contribuir.

Facua ha pedido al Gobierno que prohíba suspender líneas móviles de prepago por no recargar el saldo, ya que considera que hay personas que en estos momentos «no están en condiciones de realizar recargas en sus móviles y corren el riesgo de acabar incomunicados por ello».

Así lo ha señalado Facua-Consumidores en un comunicado, donde ha afirmado que ha solicitado al Ministerio de Consumo y a la Vicepresidencia de Derechos Sociales que apruebe una norma para que, durante el estado de alarma, se prohíba a las compañías suspender las líneas que hayan agotado los plazos para recargar el saldo.

Facua ha hecho además un llamamiento a todas las compañías para que se abstengan de eliminar funcionalidades o anular numeraciones por esta situación, puesto que «mucha gente con dificultades necesita estar comunicada con familiares, amigos y servicios sanitarios».

La organización ha señalado que únicamente Movistar ha dado respuesta, comunicando que va a proceder a prorrogar medio año el periodo de validez de las numeraciones que agoten el plazo de recarga durante el estado de alarma. De este modo, se evitará que esas líneas no puedan recibir llamadas o acaben dadas de baja.

«Las condiciones contractuales establecidas por las compañías establecen que si un usuario de prepago no realiza una recarga en un determinado plazo, su línea pasa a tener bloqueadas las llamadas salientes, aunque tenga saldo, y posteriormente queda completamente desactivada», ha señalado Facua.

Por otro lado, ha afirmado que Vodafone, Orange, el grupo MásMóvil y los operadores móviles virtuales no han anunciado si paralizarán estas medidas durante el estado de alarma. Por ello, Facua considera necesario que sea el Gobierno el que lo imponga.

El consejo de administración del grupo automovilístico francés Renault ha decidido retirar la propuesta a la asamblea general de reparto de dividendo correspondiente al ejercicio 2019, a causa de la crisis del coronavirus y a su expansión por todo el mundo.

«En el contexto actual ligado a la pandemia del coronavirus en el mundo y por una cuestión de responsabilidad con todos y cada uno de los miembros que forman parte del grupo, que están haciendo esfuerzos o experimentando los efectos una crisis sin precedente, el consejo de administración ha decidido no proponer la distribución de dividendos a la asamblea general», aseguraron desde la empresa.

Además, el presidente de la compañía, Jean-Dominique Senard, y la consejera delegada interina, Clotilde Delbos, que será sustituida en julio por el italiano Luca de Meo (ex Seat), han acordado rebajarse el sueldo un 25% durante el segundo trimestre «como mínimo» ante esta situación.

Por su parte, el resto de miembros de este órgano de gobierno de Renault han optado también por aplicarse un recorte salarial del 25% para el ejercicio 2020, de forma que el ahorro generado por ello se destinará a un fondo de solidaridad creado en el marco del Contrato de Solidaridad y Futuro firmado el pasado 2 de abril.

LA JUNTA, EL 19 DE JUNIO

Por otro lado, en la última reunión del consejo de administración de la empresa también se decidió posponer hasta el próximo 19 de junio la celebración de la junta anual de accionistas de la empresa, que inicialmente esta previsto que tuviera lugar el 24 de abril.

La multinacional automovilística destacó que la asamblea general de propietarios de títulos participativos se llevará cabo el 12 de junio y apuntó que los detalles de la junta anual se darán a conocer «más adelante».

El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, ha desvelado que este jueves habló con el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, tras las críticas de esta organización y de Cepyme por no haber sido consultados sobre la creación de forma inmediata de una renta mínima. Según Iglesias, Garamendi comparte el interés de que «no se deje a nadie desasistido» ante las consecuencias de la crisis por el Covid-19.

«Le agradecía que en su comunicado dijera que el Estado no puede dejar desasistido a nadie. Ese ingreso mínimo puente es imprescindible lo antes posible», ha dicho Iglesias en una entrevista en TVE recogida por Europa Press.

El vicepresidente ha explicado que tiene «una relación personal buena» con Garamendi y que charló con él tras el comunicado emitido por las organizaciones empresariales.

Las patronales aseguraron que el Gobierno no había negociado con ellos la creación de un renta mínima vital puente para las personas sin recursos, que les dé un ingreso para afrontar las consecuencias económicas y sociales de la pandemia y que funcionen hasta la puesta en marcha dentro de unos meses de una renta de este tipo ya definitiva.

Iglesias ha dicho también que ha conversado con varios «grandes empresarios», a los que no ha identificado, sobre este mínimo vital y que le han reconocido que es «de justicia social pero también de eficiencia económica», porque permite mantener cierta capacidad de consumo necesaria para el funcionamiento de la economía. Ha asegurado que varios ministerios trabajan para ponerlo ya en marcha y que espera que esté listo «lo antes posible».

El vicepresidente ha insistido en que hay familias «en situación desesperada» porque se han quedado sin ingresos por no tener trabajo ni prestación tampoco por desempleo y que es necesario dotarles de algún recurso, lo mismo que el Consejo de Ministros va a aprobar hoy medidas de apoyo a pymes y autónomos.

«Alguien poco sospechoso de ser de izquierdas como el señor Guindos (ex ministro del Gobierno del PP) lo ha puesto sobre la mesa», ha argumentado a su favor.

La dirección del Grupo PSA y el comité de empresa de la factoría en Figueruelas (Zaragoza) han llegado a un preacuerdo sobre un segundo Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), que firmarán este viernes, telemáticamente y que entrará en vigor una vez concluya el primero, que se ha aplicado desde el decreto del estado de alarma debido al coronavirus.

Las condiciones de este segundo ERTE propuestas por la mayoría de los sindicatos –CC.OO., UGT y OSTA– son las mismas que las del ERTE anterior y añaden dos excepcionalidades, que atañen a los trabajadores a tiempo parcial, que ya había aceptado la dirección, y a última hora también se ha aceptado que no afecte a los nacidos en 1951.

De esta forma, de los 5.500 empleados de la planta zaragozana, incluido el equipo directivo, el ERTE no afectará a los que trabajan al 65, 67 y 75 por ciento, ni a los que cumplan o hayan cumplido en 2020 los 61 años.

La aplicación de este ERTE sería desde el fin del estado de alarma hasta la fecha tope del 31 de julio y se aplicaría a un máximo de 70 días por trabajador.

La presidenta del comité de empresa, Sara Martín, ha explicado que la exigencia de los trabajadores ha sido que este ERTE tuviera las mismas características económicas y sociales que el anterior. «Una premisa que se ha defendido desde que este pasado lunes se configurara en la fábrica la mesa negociadoras y ayer, por teleconferencia, se presentó la propuesta definitiva, que se ha aceptado por la dirección».

Sara Martín ha celebrado este principio de acuerdo, que se firmará este viernes, 10 de abril, de forma telemática, aspecto sobre el que ha asegurado desconocer como lo podrán plasmar.

CONDICIONES

Las condiciones económicas de este segundo ERTE replican las del primer ERTE, de modo que en el aspecto económico se respeta el 80 por ciento del complemento en los mismos términos y para los mismos conceptos y no afectará a las vacaciones, ni a la prima variable.

Al igual que en el ERTE actual, las promociones se llevarían a efecto en la fecha que corresponda, sin considerar el ERTE; en cuanto a las vacaciones, si fuera necesario, se buscarán las alternativas másconvenientes para la plantilla que satisfagan la demanda de producción.

Además, a partir de la semana próxima el comité de salud laboral, junto a la Inspección de Trabajo van a hacer una auditoría en la planta de las medidas de prevención que se están poniendo en marcha.

Entre esas medidas figura la instalación de cámaras termosensibles en las entradas para comprobar la temperatura de los trabajadores y el que supere los 37,5 grados centígrados no podrá acceder; además se les tiene que dotar de mascarilla y guantes como medidas de seguridad médica, ha reclamado Sara Martín.

SEGURIDAD

Otras medidas que ya se han aplicado en la factoría de Figueruelas es la clausura de fuentes de agua para evitar riesgos y todos los trabajadores tiene que beber en botella, ha contado.

Sara Martín ha reconocido que «de momento, no hay fecha de arranque, porque depende de las medidas del Gobierno central» y ha dejado claro que si hubiera dudas sobre las condiciones de seguridad de los trabajadores se volverán a analizar todas las medidas. Se trabaja para poder reanudar la producción en condiciones de vuelta a la normalidad, pero también depende de los componentes de los proveedores, ha apostillado.

En otro orden de cosas ha informado de que durante el confinamiento en la factoría zaragozana se han elaborado pantallas protectoras para los hospitales y se ha hecho una donación de ordenadores para escolares.