El consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, ha asegurado que el grupo llevará a cabo «todos los cambios que sean necesarios» en Venezuela, aunque ha señalado que la intención es mantener la actividad «sin incrementar» la exposición al país, que ya a finales de 2019 se ha visto recortada hasta los 239 millones de euros.

En una conferencia con analistas para presentar los resultados del ejercicio 2019, Imaz señaló respecto a la actual situación en Venezuela, sobre la que existe además un estrechamiento en la vigilancia por parte de Estados Unidos a las empresas que realizan actividades en el país, que «el principal objetivo» pasa por garantizar la seguridad de los trabajadores de la compañía allí.

No obstante, afirmó que la intención de Repsol es mantener la actividad en Venezuela, aunque, eso sí, cumpliendo «con las leyes y los reglamentos» en los distintos países en los que el grupo está presente y haciendo «los cambios que sean necesarios».

Asimismo, indicó que el objetivo es que en este 2020 Venezuela «sea neutral» en ‘free cash flow‘ para el grupo, después del esfuerzo en recortar la exposición llevado a cabo en los últimos años.

Imaz cifró la producción del grupo procedente de Venezuela en unos 50.000 barriles diarios, de los cuales unos 20.000 provienen de Petroquiriquire y los restantes 30.000 de gas de Cardón.

Además, el consejero delegado de Repsol anunció la presentación de la nueva estrategia del grupo a 2025, tras el compromiso presentado el pasado mes de diciembre de ser una compañía cero emisiones neta en 2050, para el próximo 5 de mayo.

INCREMENTO DE LA GENERACIÓN DE CAJA HASTA LOS 6.700 MILLONES

No obstante, Repsol adelantó algunas de sus previsiones para este año, en el que prevé un incremento de su flujo de caja operativo del 15%, hasta los 6.700 millones de euros, frente a los 5.837 millones de euros alcanzados en 2019.

De esta manera, la compañía aumentará la solidez en su generación de caja, clave para proseguir en sus compromisos de descarbonización a 2050 y mantener su política de retribución, que para 2020 incluye proponer a la Junta General de Accionistas una mejora adicional a través de la amortización del 5% de su capital social.

A este respecto, Imaz, reafirmó el compromiso del grupo con su propuesta de un dividendo de un euro en 2020, con un incremento del 5%, así como esa mejora adicional a través de la amortización de títulos.

MAYOR INVERSIÓN EN ‘DOWNSTREAM’ QUE EN ‘UPSTREAM’

Por otra parte, el grupo prevé unas inversiones de 3.800 millones de euros para este año, de los cuales la cifra destinada al ‘Downstream’ -1.900 millones de euros- superará al ‘Upstream’, con 1.800 millones de euros.

Imaz enmarcó este mayor peso del ‘capex’ en el ‘Downstream’ en el cambio de rumbo de la compañía hacia la descarbonización a través del cumplimiento de los acuerdos de París.

En lo que respecta al Ebitda a coste de reposición (CCS) estima que se sitúe en los 7.800 millones de euros, con un incremento del 8% frente a 2019.

La deuda neta, tras cerrar en 2019 en los 4.220 millones de euros tras repuntar en 781 millones de euros, el grupo prevé que se recorte en 2020 en un 16%, hasta los 3.500 millones de euros.

Repsol ha registrado unas dotaciones netas por importe de 6.111 millones de euros, resultado del test de deterioro realizado por el grupo con los nuevos escenarios de precios y entorno geopolítico para alcanzar su meta de ser una compañía cero emisiones netas en el horizonte de 2050.

Según consta en el informe anual de las cuentas de 2019 del grupo, está cifra se sitúa en los 4.867 millones de euros después de impuestos y fundamentalmente corresponden a los saneamientos extraordinarios por importe de 4.849 millones de euros para ese reto de la descarbonización.

Para este test de deterioro, el grupo señala que ha tenido en cuenta que durante el año 2019 se han consolidado dinámicas de medio y largo plazo en los mercados de gas y de petróleo que «han llevado a revisar las expectativas de precios del crudo y especialmente del gas».

Además, destaca la generalización de las políticas y compromisos públicos orientados a la descarbonización de la economía y, por tanto, «a la restricción de uso de combustibles fósiles y al desarrollo de nuevas tecnologías alternativas, que impulsan la transición energética y supondrán una reducción de la demanda de productos de hidrocarburos a medio y largo plazo.

De ahí, esta estrategia de adaptación a la transición energética del grupo, que ha iniciado asumiendo los compromisos de descarbonización alineados con los objetivos de cambio climático del Acuerdo de París y de Sostenibilidad de la ONU.

DETERIORO DE 5.694 MILLONES EN ‘UPSTREAM’

El grueso de estos deterioros llevados a cabo por el grupo dirigido por Josu Jon Imaz se cargan en sus activos de ‘Upstream’ (Exploración y Producción), con una cifra neta de 5.694 millones de euros.

De ellos, 3.572 millones de euros se refieren a activos en Norteamérica de gas, como consecuencia de los menores precios previstos para esta materia prima y la revisión de los planes de negocio para dar respuesta al nuevo entorno.

En los activos en ‘Upstream’ en Latinoamérica el deterioro asciende a 414 millones de euros, principalmente en Trinidad y Tobago, también por los menores precios del gas, y en Colombia, por el retraso del operador en los planes de desarrollo.

Mientras, en Europa, África y Brasil estas dotaciones asciende a 209 millones, principalmente en España, por expectativas de reducción de la actividad, y en Argelia, por menores precios del gas.

Además, otros 786 millones de euros de estas dotaciones netas en Exploración y Producción afectan, principalmente, a activos en Vietnam, Argelia y Papúa Nueva Guinea, donde los nuevos escenarios de precios no permiten concluir favorablemente sobre la viabilidad comercial de determinados bonos y sondeos capitalizados, algunos de los cuales están además sujetos a incertidumbres geopolíticas.

Asimismo, el grupo ha ajustado 793 millones de fondo de comercio asociado a la combinación de negocios de Talisman y ha minorado activos por impuestos diferidos asignados al área de ‘Upstream’ por otros 470 millones de euros.

MÍNIMOS DETERIOROS EN ‘DOWNSTREAM’.

En lo que se refiere a activos de ‘Downstream’ (Refino, Química, Marketing, Lubricantes, GLP, Trading y Gas y Repsol Electricidad y Gas) se ha registrado una reversión antes de impuestos de 229 millones de euros por el negocio de Gas & Trading en Norteamérica (principalmente la planta de regasificación de Canaport y los gasoductos para el transporte de gas en Norteamérica), debido a la evolución prevista de los márgenes de comercialización del gas. Asimismo, se han minorado los activos por impuesto diferido en 104 millones de euros.

En el resto del segmento ‘Downstream’, Repsol estima que, con los nuevos escenarios en el contexto de descarbonización y transición energética previsto de reducción de la demanda de productos petrolíferos y carburantes y el aumento en los costes de las emisiones de CO2, no habrá impacto debido a la calidad de sus activos y la capacidad de adaptación de los modelos de negocio a la nueva orientación estratégica.

De esta manera, el grupo confía en la calidad de sus refinerías, cuyas inversiones de los últimos años le han permitido situarlas al frente del sector a nivel mundial, para abordar y resistir en este negocio el exigente escenario hacia transición energética.

SENDAS DE PRECIOS DEL CRUDO Y DEL GAS.

En este nuevo contexto, la petrolera ha dibujado un escenario para su test de deterioro de precios futuros del crudo y del gas. En concreto, traza un precio del Brent que parte desde los 65 dólares por barril en este año 2020 para ir creciendo progresivamente hasta los 74 dólares en 2025, los 81 dólares en 2030 y alcanzar los 87 dólares a partir de 2035.

En el caso del Texas americano, la curva de precios a futuro utilizada por Repsol va de los 59 dólares por barril este año, hasta los 84 dólares en 2035, con una ligera caída de unos tres dólares sobre este precio en los años siguientes.

Sin embargo, este test de deterioro de la compañía también recoge para sus previsiones una fuerte penalización en los precios del CO2 a futuro, en línea con la registrada ya en el último año. En este caso estima un precio de 28 dólares por tonelada para este año con una tendencia al alza que llevará hasta los 40 dólares en 2025 y tocará los 50 dólares en 2030 y los 60 dólares en 2035, alcanzando los 70 dólares en 2040.

Repsol destaca que esta nueva senda de precios del crudo y gas se encuentra alineada con los escenarios de Desarrollo Sostenible de la Agencia Internacional de la Energía (AIE).

CaixaBank ha firmado el primer contrato de ‘factoring’ sostenible de España con Siemens Gamesa, una operación que se caracteriza por incluir criterios de sostenibilidad en la política de precios de este método de financiación a corto plazo, en línea con el compromiso ambiental de ambas compañías, ha informado la entidad financiera en un comunicado este jueves.

Así, Siemens Gamesa podrá mejorar las condiciones del ‘factoring’ que paga a CaixaBank en función de su calificación en sostenibilidad, y esta evaluación, que realiza cada año una consultora externa, tiene en cuenta el comportamiento de la compañía en el ámbito medioambiental, social y de gobernanza.

El ‘factoring’ es un método de financiación a corto plazo que permite a las empresas adelantar los cobros de sus facturas al ceder los derechos de cobro a una entidad financiera, y normalmente también incluye servicios de valor añadido como la cobertura de insolvencia de las facturas cedidas y la mejora de los ratios financieros del balance.

Además de la firma del contrato de ‘factoring’ sostenible, Siemens Gamesa y CaixaBank han convertido en «verde» su línea de avales por un importe de 1.000 millones de euros.

Siemens Gamesa utiliza esta línea para desarrollar su actividad global de fabricación y venta de aerogeneradores, contribuyendo a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas, concretamente a los de ‘Energía asequible y no contaminante’ y ‘Acción por el clima’.

La directora de Finanzas y Control de Telefónica, Laura Abasolo, ha destacado la atención que ha recibido la decisión de la compañía de escindir sus actividades en Hispanoamérica, excepto Brasil, en una filial independiente con todas las opciones abiertas y ha indicado que la compañía mantiene actualmente «múltiples conversaciones» sobre potenciales operaciones en la región.

En la conferencia de analistas de los resultados financieros de 2019, Abasolo ha señalado que en la operadora de telecomunicaciones siguen enfocados en mejorar el comportamiento operativo de su negocio en esta región, pero al mismo tiempo están analizando «todas las alternativas inorgánicas».

En este sentido, la directora de Finanzas y Control de Telefónica ha informado de que la compañía ha avanzado en la escisión operativa de sus actividades en la región en una unidad independiente desde que se anunciara este medida en el plan de acción presentado a finales de noviembre y está preparándose para una «potencial escisión financiera».

«Este proceso, como pueden imaginar, está generando mucha atención de terceras partes», ha remarcado Abasolo, quien ha indicado que están manteniendo de forma paralela «múltiples conversaciones con potenciales sinergias de consolidación» dentro de un mercado concreto.

En este contexto, ha señalado que, obviamente, desde el pasado mes de noviembre han «priorizado» estas opciones y están trabajando «activamente» en algunas de estas alternativas, sobre las que se tomará una decisión basándose en la creación de valor, así como en la ejecución, la certidumbre y el calendario.

Telefónica estableció en diciembre la nueva estructura de su filial Telefónica Hispanoamérica, una unidad de nueva creación que engloba los negocio del grupo en Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, México, Perú, Uruguay y Venezuela y que tiene como objetivo garantizar en la región «la mejor propuesta de valor a los clientes de forma sostenible».

La nueva unidad de Telefónica Hispam está encabezada por Alfonso Gómez como consejero delegado, quien reporta a Abasolo, y su creación fue una de las cinco medidas anunciadas por el presidente de la compañía, José María Álvarez-Pallete, el pasado 27 de noviembre.

Repsol ha proseguido a lo largo de 2019 recortando su exposición patrimonial en Venezuela, situándola a cierre de año en apenas ya 239 millones de euros, lo que supone una reducción de casi el 50% con respecto a los 456 millones de euros a que ascendía a finales de 2018.

Según consta en el informe anual de la petrolera, esta exposición al país latinoamericano incluye fundamentalmente la financiación otorgada a sus empresas filiales venezolanas y esta reducción se explica por la existencia a cierre de 2019 de deudas comerciales, así como por la actualización del riesgo de crédito por la pérdida esperada correspondiente a deudas de la estatal PDVSA con entidades del grupo.

De esta manera, el grupo presidido por Antonio Brufau ha mantenido a lo largo del año pasado su estrategia de prudencia con Venezuela. De hecho, desde la exposición de 1.480 millones de euros con que contaba a cierre de 2017, el grupo ha llevado a cabo en los dos últimos ejercicios unos saneamientos de más de 1.240 millones de euros a este respecto.

En 2019 prosiguió la situación de inestabilidad política, recesión económica e inflación en el país, que prorrogó el Estado de Emergencia Económica. Asimismo, la producción petrolera se ha reducido significativamente en los últimos años y la divisa venezolana ha sufrido una importante devaluación frente al euro, aunque sin impacto significativo en los estados financieros de Repsol, dado que la moneda funcional de sus filiales en el país es el dólar americano, con excepción del caso de Quiriquire Gas.

PRESIÓN DE EEUU

Además, la presión de la Administración de Estados Unidos sobre las empresas con negocios, directa o indirectamente, con el Gobierno de Maduro se ha estrechado en los últimos tiempos y se han ampliado las sanciones contra Venezuela por el Ejecutivo de Donald Trump.

De hecho, a principios de esta semana el Gobierno de Estados Unidos decidió sancionar a la petrolera rusa Rosneft por operar en Venezuela y también ha advertido que vigilaría las actividades de otras empresas con el país latinoamericano, entre ellas Repsol.

En su informe, Repsol señala que ha adoptado las medidas necesarias para continuar su actividad en Venezuela, incluyendo la recepción periódica de crudo en pago de deudas, «con pleno respeto a la normativa internacional de sanciones» y destaca que está haciendo un seguimiento «constante» de su evolución y, por tanto, de los eventuales efectos que pudieran tener.

Repsol también indica que ha realizado una evaluación de la recuperabilidad de sus inversiones, así como del riesgo de crédito sobre las cuentas a cobrar a PDVSA, por lo que ha reconocido provisiones por el perfil de crédito de la estatal venezolana y por el deterioro del entorno de los negocios en Venezuela, afectando al valor de los instrumentos de financiación y cuentas a cobrar a PDVSA (-97 millones de euros), así como al valor de las inversiones contabilizadas por el método de la participación (-83 millones de euros).

El Tribunal Supremo ha condenado a Banco Santander –como sucesor universal de Banesto– a devolver 32.728 euros más los intereses legales a un matrimonio al que la entidad colocó un ‘swap’ o contrato sobre operaciones de permuta financiera justo en el momento en que les confirmó la concesión de un préstamo hipotecario.

En marzo de 2015 se falló en primera instancia a favor de los clientes, defendidos por Unive Abogados, decretando la nulidad del ‘swap’ y la restitución de más de 30.000 euros. Sin embargo, Banco Santander recurrió la decisión y la Audiencia Provincial le dio la razón a la entidad al apreciar que habían transcurrido cuatro años desde que la acción pudo ejercitarse y, por tanto, ésta había extinguido.

El asunto se elevó al Alto Tribunal, instancia que ahora ha confirmado la primera sentencia acogiendo íntegramente la argumentación de la demanda, que determinaba como acreditado que los clientes no recibieron ningún tipo de información previa a la contratación y que no fue hasta la concesión de su hipoteca cuando el director de la oficina recomendó la suscripción del ‘swap’ sin mediar la información suficiente y adecuada.

«La sentencia de primera instancia se manifiesta con toda claridad respecto de la falta de información sobre el producto financiero objeto de contratación y sobre el inadecuado perfil de los demandantes para asumirlo», recoge el fallo.

Además, el director de la oficina bancaria corroboró en su declaración la falta de información de los demandantes, reconociendo así que sabía que sus clientes no tenían formación.

De este modo, el Supremo ha concluido que los clientes merecían «una explicación detallada y adecuada a su nivel de estudios y conocimientos». Él es ganadero y ella, aunque licenciada en derecho, ejerce las labores de auxiliar administrativa en una residencia de ancianos. Además, ninguno de los dos ha realizado inversiones ni contratado productos complejos al margen de esta hipoteca.