La posibilidad de incluir ether en los planes 401(k) de EEUU avanza. El Departamento de Trabajo remitió el 5 de noviembre a la Casa Blanca el paquete definitivo de una norma que facilitaría la entrada de cripto, fondos de private equity e inmuebles en los planes de jubilación de empresa. No es una aprobación automática ni obliga a nadie a contratar cripto. Pero cambia el terreno legal para los comités que llevan años mirando a los activos digitales sin atreverse a mover ficha.
El texto espera ahora en la Oficina de Información y Asuntos Regulatorios (OIRA), la última aduana antes de que una norma final vea la luz en el Registro Federal. Es un trámite, no un titular definitivo. Lo que confirma es que la regla está cerrada y lista para publicarse.
Llegó el paquete el 5 de noviembre bajo el título Fiduciary Duties In Selecting Designated Investment Alternatives (RIN 1210-AC38). Su autoría corresponde a la Administración de Seguridad de Beneficios de los Empleados (EBSA), la agencia del Departamento de Trabajo que vigila los planes de empresa. La ficha lo marca como norma final, lo clasifica como económicamente significativo y anota que no tiene plazo legal de cierre.
La propuesta original se presentó el 30 de marzo. En aquel borrador, los fiduciarios —quienes deciden dónde va el dinero del plan y responden legalmente de esa decisión— que siguieran un proceso documentado al añadir activos privados obtendrían un puerto seguro bajo la ley ERISA de 1974. El puerto seguro no es una autorización: es una reducción del riesgo de litigio para quien decida ofrecer cripto.
El texto enumera seis factores que el fiduciario debe evaluar: rendimiento, comisiones, liquidez, valoración, comparación con índices de referencia y complejidad. Cumplir esos seis puntos no obliga a ningún plan a ofrecer ether ni bitcoin. Solo baja la barrera de quien quiera hacerlo con un expediente ordenado. El mercado afectado no es menor: los 401(k) estadounidenses mueven alrededor de 12 billones de dólares y dan cobijo a más de 90 millones de ahorradores.
La norma no mete cripto en todos los planes: retira el miedo legal de los que ya querían hacerlo y solo necesitaban un mapa.
A quién afecta: del comité del plan al holder de ether
Para el ahorrador estadounidense, el cambio es de matiz pero relevante. Durante años, la letra pequeña empujaba a los comités a mirar la cripto con lupa y a dejarla fuera por prudencia. En mayo de 2025 el Departamento de Trabajo retiró la guía de 2022 que pedía ‘extrema cautela’ antes de meter cripto en un 401(k), al considerar que esa expresión no aparecía en la ERISA. La norma final remata ese giro: traslada la decisión al proceso, no al activo.
En el caso del holder de ether, la lectura es distinta y conviene no exagerarla. Que un plan pueda incluir cripto no significa que vaya a hacerlo mañana ni que vaya a comprar ETH al contado. Lo habitual será hacerlo a través de un sleeve de asignación de activos, una cesta diversificada que reparte el riesgo entre varios productos y en la que los activos digitales ocupan una porción pequeña. Ese envoltorio importa: reduce el impacto directo sobre el precio de ETH, pero normaliza la exposición institucional a largo plazo.
Análisis: por qué esta norma pesa más de lo que parece
La historia de esta regla es la historia de un péndulo. En marzo de 2022, el Departamento de Trabajo avisó a los fiduciarios de que extremaran las precauciones con la cripto; en mayo de 2025 dio marcha atrás; en agosto de 2025 la orden ejecutiva de Donald Trump, Democratizing Access to Alternative Assets for 401(k) Investors, ordenó revisar la guía de la ERISA y proponer puertos seguros ‘adecuadamente calibrados’. La propuesta de marzo de 2026 fue la consecuencia directa.
El subsecretario de Trabajo, Keith Sonderling, resumió el enfoque: ‘Se acabaron los días en que el departamento elegía ganadores y perdedores’. Es una cita recogida en la nota oficial. Detrás de esa neutralidad aparente hay una apuesta política: dejar que el mercado decida qué activos entran en los planes, en lugar de que lo decida la agencia.
No todos lo ven igual. Los senadores Bernie Sanders y Elizabeth Warren presionaron al Departamento para que abandonara la vía favorable a la cripto, y los grupos laborales han peleado el estándar de prudencia durante meses. Los republicanos de la Cámara han impulsado por su cuenta convertir en ley la orden de Trump. La norma final, por tanto, nace en un campo de batalla y no en un consenso.
Hay un riesgo que conviene poner sobre la mesa: el texto definitivo aún no es público. No sabemos si el puerto seguro de seis factores sobrevivió intacto a los comentarios, cómo se describe a los vehículos de activos digitales ni qué fecha de entrada en vigor eligió el departamento. Y el carácter económicamente significativo permite que un cambio de administración lo revise de nuevo.
Merece la pena mirar el precedente. Cuando la SEC aprobó los ETFs spot de ether en julio de 2024 —productos cotizados que replican el precio de ETH sin comprar la moneda—, el mercado creyó que la puerta institucional se abría de par en par; dos años después, el flujo real ha sido más lento de lo que prometían los titulares. Con los 401(k) puede pasar algo parecido: la norma no dispara compras, habilita un marco. Ahí está el detalle.
La pregunta que queda abierta es de calendario. La revisión de la OIRA es el último control interinstitucional; cuando devuelva el paquete, el Departamento de Trabajo lo publicará en el Registro Federal y empezará a contar el reloj de la fecha efectiva. La velocidad con la que la oficina despache un texto económicamente significativo será la primera señal de si la norma llega antes o después de que arranque el próximo ciclo electoral.
