El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto-ley por el que se establece que las empresas tendrán la obligación de dar apoyo, a la hora de firmar un contrato, a los consumidores vulnerables como menores, mayores, personas con bajo nivel de digitalización o con discapacidad.
«Son episodios que nos pueden afectar a cada uno de nosotros a lo largo de la vida», ha explicado el ministro de Consumo, Alberto Garzón, este martes 19 de enero en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
A través de la modificación de la Ley General de Derechos de los Consumidores y Usuarios (LGDCU), el real decreto-ley desarrolla el concepto de consumidor vulnerable como aquel que, en sus relaciones de consumo, se encuentra en «una situación de desventaja, desprotección, indefensión o subordinación frente a empresas» y se ve expuesto a «abusos, fraudes, estafas y engaños».
Así, a partir de ahora, se crea un marco que permite a las administraciones públicas corregir estas situaciones de indefensión, «que se han visto agravadas en el último año por el aislamiento social y las restricciones a la movilidad a causa de la Covid-19», según precisa el Ministerio de Consumo en un comunicado.
Además, se incluye por primera vez en la ley de forma expresa la obligación, por parte de las empresas, de prestar los apoyos necesarios a los consumidores vulnerables para que puedan comprender correctamente el contenido de los contratos que firman.
El Real Decreto también establece que las campañas informativas o educativas divulgadas por las administraciones deberán prestar especial atención a sectores que cuenten con mayor proporción de consumidores vulnerables, como el financiero; y señala que las especificidades de los consumidores vulnerables tendrán que ser tenidas en cuenta por parte de las administraciones a la hora de establecer mecanismos para la resolución de controversias entre el consumidor vulnerable y las empresas.
Por otra parte, sienta las bases necesarias para desarrollos reglamentarios posteriores en aspectos como el etiquetado de productos, la información previa al contrato y la que debe incluirse en el mismo, la gestión de reclamaciones y la atención al cliente.
Entre los colectivos vulnerables que el Gobierno quiere proteger también se encuentran los más feminizados, los del ámbito rural o aquellos con bajo nivel educativo a la hora de firmar contratos complejos.
PERSONAS CON INTOLERANCIAS Y ALERGIAS
Asimismo, se contempla la mayor protección a personas con intolerancias o alergias alimentarias que precisan información adicional en las compras de alimentos o en espacios de restauración.
Hasta la fecha, tanto por su denominación como por los colectivos protegidos a que alude, la figura del consumidor vulnerable varía de una a otra comunidad. Con la nueva regulación estatal, se aprueba por primera vez un marco regulatorio común en la materia.
«Establecemos un marco para que las CCAA puedan ir más allá, definir exactamente a algunas de estas personas que se incorporarían a esta definición y garantizar que estas relaciones contractuales se producen de manera justa y transparente, sin abusos, ni fraudes ni estafas», ha subrayado.
La protección al consumidor vulnerable recogida en este real decreto-ley se suma a la que se ha aprobado en otros sectores como la vivienda o la energía, en el marco del escudo social ante la crisis provocada por la pandemia del Covid19.
Garzón ha precisado que la implantación de mecanismos de protección de personas consumidoras vulnerables es uno de los mandatos que vertebran la recientemente aprobada Nueva Agenda del Consumidor por parte de la Comisión Europea. Esta Agenda diseña las políticas de consumo europeas para el periodo 2020-2025 y está en la base de esta modificación legal impulsada por el Ministerio de Consumo.
Preguntado por si este Real Decreto cubrirá a los vecinos de la Cañada Real que llevan más de tres meses sin suministro eléctrico, Garzón ha precisado que en España «ya existe legislación sectorial específica para algunos ámbitos, como el energético» y ha insistido en que lo que ahora se pretende es «establecer un marco para que las administraciones públicas, por ejemplo, las CCAA, puedan ir más allá» a la hora de definir al consumidor vulnerable.
