El rechazo vecinal a los centros de datos ha tumbado ya proyectos por 260.000 millones de dólares en Estados Unidos. En Zaragoza, el mismo pulso se libra con otro reglamento.
Cuarenta y tantas consultas locales después, el mensaje es difícil de esquivar: el 71% de los estadounidenses no quiere una instalación de este tipo cerca de casa, según Heatmap Pro, y el respaldo ha caído del 43% al 21% en poco más de un año. Aquí no se vota en las urnas. Se vota en el trámite de una licencia, en la junta de vecinos y en la factura de la luz.
Claves de la operación
- 260.000 millones de dólares en proyectos bloqueados. La oposición local ha frenado instalaciones por ese valor, según Heatmap, con el recibo de la luz y el agua como principales detonantes.
- Applied Digital levanta 280 MW en Dakota del Norte. Polaris Forge 2, 3.000 millones de dólares arrendados a Oracle, se aprobó en semanas y con un acuerdo de confidencialidad firmado por el alcalde.
- Zaragoza afronta el mismo dilema sin referéndum. Los hyperscalers que han elegido España se topan con un debate sobre consumo eléctrico, agua y empleo local que no se resuelve con una nota de prensa.
Cuarenta consultas después, el hormigón ya no se vota en silencio
Las midterms del martes 3 de noviembre dejaron dos lecturas. La primera, un giro hacia el Partido Demócrata. La segunda, un rechazo frontal a los centros de datos en al menos 40 referéndums locales celebrados esa misma jornada. Solo un municipio dijo lo contrario, y lo hizo por razones que poco tienen que ver con la energía.
El respaldo social se ha desmoronado en catorce meses. Gallup registró en mayo un 70% de rechazo a tener un centro de datos cerca, frente al 47% de finales de 2025. Heatmap Pro sitúa hoy el ‘no’ en el 71% y el apoyo en el 21%, veintidós puntos por debajo del nivel de septiembre de 2025.
Pesa más el bolsillo que la ideología. El miedo a la factura tiene base estadística: el 59% cree que el consumo de estas instalaciones encarecerá su recibo, según una encuesta de Fortune, y el Laboratorio Nacional Lawrence Berkeley calcula que los centros de datos se comieron el 4,4% de la electricidad del país en 2023, una cuota que podría llegar al 6,7% o al 12% en 2028.
El centro de datos no se discute por lo que promete, sino por lo que consume: agua, suelo y vatios que acaba pagando el vecino de al lado.
Con ese combustible, la maquinaria local ha logrado lo que ningún regulador federal consiguió: parar proyectos. Heatmap cifra en más de 260.000 millones de dólares las instalaciones canceladas o aparcadas por oposición vecinal.
La excepción de Harwood: 940 habitantes y un acuerdo de confidencialidad
La excepción tiene nombre. Harwood, un municipio de Dakota del Norte con 940 habitantes, votó 325 noes por 105 síes a una norma que habría dado más control a los vecinos sobre los macroproyectos. Allí se está construyendo Polaris Forge 2, un centro de datos de Applied Digital de 3.000 millones de dólares, arrendado a Oracle y con 280 MW de capacidad cuando esté operativo.
Lo que se votaba no era la instalación, sino el procedimiento: evaluaciones independientes y audiencias públicas para proyectos por encima de cierto tamaño. El alcalde, Blake Hankey, defendió que el texto era confuso y caro para una localidad tan pequeña.
Entre el anuncio y las obras pasaron 21 días, según los vecinos. La prensa local habla de unas cuatro semanas. Hankey firmó un acuerdo de confidencialidad con Applied Digital para evitar que el proyecto migrara a Fargo, que en agosto de 2025 intentó anexionarse 800 acres (324 hectáreas) donde estaba el solar y se retiró en diciembre.
La compañía sostiene que el proyecto no encarecerá las tarifas de otros usuarios y que su demanda de agua equivale a la de dos hogares. Es parte interesada. Los 280 MW se miden en red eléctrica, no en vecindario.
El agua, la luz y el empleo: el pulso que Zaragoza no libra en las urnas
En España no existen referéndums de este tipo. La contestación se canaliza por otras vías: alegaciones en la tramitación urbanística, reparos de la confederación hidrográfica, presión en los plenos, y, cada vez más, facturas. Los centros de datos en Zaragoza se han convertido en el ejemplo más citado de ese choque.
Aragón ha vendido suelo, clima y energía barata para atraer hyperscalers. La comunidad se ha consolidado como uno de los polos de inversión en infraestructura digital del sur de Europa, con proyectos anunciados por varias grandes tecnológicas en los últimos años. El reverso es un debate que aquí se resolverá en los juzgados y en los presupuestos municipales.
El consumo eléctrico es el punto ciego del expediente. Un centro de procesamiento de datos firma su contrato de suministro años antes de conectarse, y esa demanda se traslada al sistema en forma de inversión en red. Con la luz entre las más caras del continente, el argumento de que la instalación no encarece el recibo exige más pedagogía de la que la industria ha demostrado.
Hay un segundo frente. El empleo local es el otro punto débil del relato: un centro de datos grande emplea a decenas de personas de forma permanente, no a miles. Frente a la promesa de un polo tecnológico, el municipio ve camiones durante dos años y una verja después.
Lo que Aragón se juega si el péndulo se gira del todo
Zaragoza tiene un antecedente que sirve de espejo. La planta de Stellantis en Figueruelas transformó la provincia durante décadas y sostiene miles de empleos directos e indirectos. Nadie discute su agua ni su luz porque la huella laboral es visible en cada turno. El centro de datos promete lo contrario: invisibilidad operativa y visibilidad fiscal.
Iberdrola y Endesa son las primeras interesadas en esa demanda. También las primeras expuestas si la opinión pública convierte cada conexión en un conflicto. Las dos han hecho de las redes su principal argumento de inversión y saben que un proyecto rechazado en un pueblo pequeño puede retrasar un nudo entero durante años.
Observamos un patrón repetido a ambos lados del Atlántico: la industria ha ganado casi todos los expedientes técnicos y ha perdido casi todas las conversaciones locales. El error no es de relaciones públicas. Es de reparto: los impuestos se quedan en el municipio, el empleo cualificado se concentra en la capital y el coste energético se diluye en el recibo de todos.
Hay una lectura más incómoda. En esta redacción entendemos que al sector le falta explicar la contrapartida, no la tecnología. En Estados Unidos ese desencuentro ya ha costado 260.000 millones de dólares en proyectos. En España el plazo es más largo y la vía más lenta, pero el calendario existe: las elecciones municipales de mayo de 2027 convertirán cada licencia en material electoral.
Quien presente un Plan General con un centro de datos dentro tendrá que explicarlo puerta a puerta.
