El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha destacado que entre el 30 de abril y el 1 de junio el incremento de la afiliación acumulado ha superado las más de 200.000 personas, con lo que «se ha compensado una parte significativa de la caída que se produjo, sobre todo en marzo».

Así lo ha señalado durante una rueda de prensa para analizar la evolución del mercado de trabajo tras conocerse los datos de paro y afiliación a la Seguridad Social esta mañana, donde ha apuntado que mayo ha reflejado crecimientos positivos tras la «fuerte» caída de marzo -con la pérdida de 948.000 empleos entre el 12 y el 31 del tercer mes- y la «cierta estabilización con algunos vaivenes» registrada en abril.

El titular del Ministerio ha resaltado que en la situación actual es «más importante que nunca» analizar los datos de forma muy específica y con la máxima frecuencia, mientras que ha remarcado que las previsiones económicas son «menos útiles», porque están sometidas a mucha incertidumbre y a unos rangos de variación con posibilidad de errores.

En mayo, el número de afiliados medio fue de 18.556, lo que supone un crecimiento de un 1% intermensual. Este incremento, según Escrivá, anticipa que en junio se deberían tener datos buenos en la medida en que los distintos territorios que están en distintas fases de desescalada irán convergiendo según avance el mes de junio para tener un patrón similar.

«Los datos de afiliación muestran que, aunque hay que ser cautelosos, hay unos 200.000 afiliados más y eso tiene un patrón que en parte refleja el distinto punto en el que están los distintos territorios por la desescalada y esperamos en las próximas semanas haya una convergencia adicional a una mayor afiliación», ha explicado.

Respecto a los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), ha afirmado que estos han bajado en casi cerca de 500.000 trabajadores y que esta es una cifra «significativa», aunque ha resaltado que el grueso de trabajadores en ERTE sigue no activado y protegido.

El número total de trabajadores en ERTE ha comenzado a descender, el máximo fue de más de 3,3 millones de trabajadores el último día de abril y, entre el 1 de mayo y el 1 de junio, se ha producido una reducción de 475.000 personas, hasta situarse el nivel actual de personas bajo ERTE en los poco más de 2,9 millones.

En el quinto mes del año, ha aumentado el empleo en todas las modalidades de contrato, pero sobre todo en los temporales, que también fueron los que más cayeron en marzo y abril. Por edades, Escrivá ha afirmado que el 50% de la pérdida de afiliación se ha registrado en los más jóvenes, los que tienen menos de 35 años.

«Si miramos todo este episodio en su conjunto la destrucción de empleo se ha situado en los más jóvenes», ha apostillado.

Sobre la situación de los trabajadores autónomos, Escrivá ha afirmado que ha habido más de 1,5 millones de peticiones de autónomos, es decir, que el 45% de los trabajadores de este colectivo ha solicitado la prestación extraordinaria por cese de actividad. De estos, se ha concedido a un 96%.

El titular de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha apuntado que esta herramienta se va a extender hasta finales de este mes y que irá más allá de junio, al igual que los ERTE, tras hacer una reflexión con las organizaciones de autónomos de dónde es más necesaria. «Estamos trabajando en este sentido», ha añadido.

EL CRÉDITO A LA SEGURIDAD SOCIAL «NO SERÁ SUFICIENTE»

Por otro lado, preguntado sobre el crédito de 16.500 millones que recientemente se aprobó para hacer frente a los gastos de las prestaciones aprobadas para hacer frente al Covid y el pago de la pensión ordinaria y extraordinaria del mes de junio, el ministro ha remarcado que «probablemente no sea suficiente» para la situación que se va a abordar este año.

Sobre las pensiones, ha destacado que «a ver si es posible retomar el problema a medio plazo de las pensiones» en el marco del Pacto de Toledo.

Por último, respecto a la reforma laboral, ha insistido en que «ha quedado claro que hay un acuerdo de Gobierno en el que se recoge que algunos artículos de la reforma laboral que tienen que ver con aspectos importantes de la negociación colectiva tienen que reformarse y que, más allá de esto, lo que se debe hacer es una reflexión en profundidad con todos los agentes sociales para ver qué marco laboral se quiere, pero siempre con la visa puesta en la creación de empleo y la reducción de la tasa de paro. «Este tiene que ser el objetivo de cualquier marco laboral en España», ha apostillado.

La Sala de lo Social del Tribunal Supremo ha sentenciado que el permiso retribuido por matrimonio de 15 días al que tienen derecho todos los trabajadores debe comenzar el primer día laborable siguiente a la celebración de la boda y no el día en el que se produce, cuando se celebre en día no laborable para el trabajador.

Se trata de una sentencia que se pronuncia sobre un precepto concreto del convenio colectivo estatal de las Empresas de Trabajo Temporal, pero cuya interpretación resulta extrapolable al Estatuto de los Trabajadores, ya que su redacción es similar, según destaca UGT.

De esta forma, el fallo da la razón a la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo del sindicato y crea jurisprudencia, corrigiendo el criterio mantenido por la Audiencia Nacional, que diferenciaba entre permisos cortos y largos, otorgando un tratamiento diferente en cuanto a la fecha de su disfrute.

En concreto, la Audiencia Nacional consideraba que el permiso por matrimonio se debía computar siempre desde la fecha de celebración, aunque fuera en un día no laborable para el trabajador.

Esta última sentencia también desestima el recurso de casación de la asociación empresarial Asempleo, que mantenía que el resto de permisos retribuidos, como nacimiento, enfermedad o fallecimiento, debían computarse desde el momento del hecho causante –fuera o no día laborable para el trabajador–.

A su vez, el fallo del Alto Tribuanal unifica el criterio de inicio del cómputo para todos los permisos retribuidos incluidos en el Estatuto de los Trabajadores, como el matrimonio, fallecimiento, accidente o enfermedad graves, hospitalización o intervención quirúrgica.

«Desde FeSMC-UGT nos congratulamos de esta resolución judicial, que anticipa el fallo de dicho Tribunal en otros dos procedimientos pendientes de casación sobre este mismo asunto y que afectan a los convenios colectivos de Consultoría y de Empresas de Ingeniería, cuyas sentencias serán notificadas en los próximos días», declara el sindicato.

La presidenta de FCC, Esther Alcocer Koplowitz, considera que la crisis sanitaria provocada por la pandemia de coronavirus y sus consecuencias sociales y económicas «marcarán a toda una generación».

«La pandemia que sufrimos a escala global está dejando tras de sí un reguero de dolor difícilmente imaginable para una sociedad en la que ya creíamos estar a salvo de casi todo», lamentó.

«Junto a la pérdida de vidas, el obligado confinamiento y sus consecuencias sociales y económicas marcarán, sin duda, a toda una generación», añadió durante su intervención ante la junta general de accionistas de FCC.

Por ello, Esther Alcocer Koplowitz considera «crucial contar con líderes y equipos eficientes y comprometidos», especialmente «en estos momentos en los que se empieza a hacer frente a las consecuencias sociales y económicas de la pandemia histórica».

La presidenta del grupo de construcción y servicios apeló también a la «actitud y determinación» que la sociedad está mostrando ante la crisis para, «como sociedad y como empresa, pasar página a la horrible pandemia».

«Agradezco de todo corazón la actitud y determinación de todos los empleados de FCC a la hora de afrontar una situación tan crítica», manifestó. «Estoy convencida de que esa misma actitud es lo que hará que, como sociedad y como empresa, podamos pasar página», añadió.

RESILENCIA DE FCC

Asimismo, la presidenta de FCC destacó la resilencia del grupo afrontar la crisis, para «adaptarse a los cambios y convertir dificultades en oportunidades».

«Una resilencia que está en la raíz misma de la existencia de la compañía», aseguró la presidenta de FCC para recordar que este próximo mes de julio cumple 120 años de historia.

Así, aseveró que «FCC continuará siendo un proyecto duradero, estable, con espíritu común y visión a largo plazo». «FCC es una empresa por la que vale la pena apostar», garantizó.

Para ello, apeló a mantener el «compromiso, el esfuerzo y la pasión y determinación» que todos los profesionales de la compañía han mostrado en la más que centenaria historia del grupo.

«Una historia que, como dice mi madre, está llena de pequeños detalles y de grandes momentos», indicó en referencia a Esther Koplowitz, la actual segunda accionista del grupo e hija de su fundador.

CINCO AÑOS DE LA ‘ERA SLIM’

Respecto a los momentos de esa historia, se refirió a la entrada de la compañía y la toma de control de la misma por parte de Carlos Slim, cuando se cumplen cinco años de este desembarco, al que calificó como «un punto de inflexión».

«Gracias a su labor ejecutiva, FCC experimentó un cambio transcendental al reducir de manera muy significativa su deuda», subrayó Alcocer Koplowitz sobre el rescate del grupo en 2014, «como consecuencia de la crisis financiera», por parte del magnate mexicano, que inyectó en la empresa 1.709 millones de euros.

«Esta nueva situación nos ha permitido afrontar nuevos retos en unas condiciones financieras óptimas, incluida la recuperación de dividendo», según remarcó.

La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha instado a la Xunta de Galicia a que ejerza sus competencias en materia industrial en vez de «buscar culpables» ante un posible cierre de Alcoa en San Cibrao (Lugo) y le ha pedido lealtad institucional para mantener el empleo industrial en la región.

Así lo ha señalado la ministra en su intervención en el pleno del Senado de este martes, en el que ha hecho un llamamiento a todas las administraciones públicas, agentes sociales y fuerzas políticas para trabajar juntos y evitar los despidos anunciados por la multinacional norteamericana productora de aluminio.

En su respuesta al senador del PP José Manuel Barreiro, quien ha atacado al Ejecutivo por no aprobar un marco legislativo que dé estabilidad al precio de la energía –uno de los principales problemas que alega Alcoa–, la ministra le ha recordado que la última legislación respecto a este asunto fue aprobada por un Gobierno de su partido político.

Barreiro, sin embargo, ha insistido en que el Gobierno ha estado engañando a los trabajadores durante los dos últimos años, después de que, en octubre de 2018, prometiese la aprobación de un estatuto electrointensivo que intentase mitigar el problema del precio de la energía y que todavía siga sin haberse aprobado.

Maroto, por su parte, ha dicho que la «inestabilidad política y a unas cuentas elecciones» habrían imposibilitado la aprobación del estatuto, junto con la situación creada por la pandemia de Covid-19, aunque ha puesto en valor el paquete de medidas aprobado por el Gobierno de cara a la industria, como el refuerzo de las ayudas al CO2, el Plan Reindus o una inversión de 114 millones de euros en la región.

CRUCE DE ACUSACIONES

Por el contrario, el senador del PP le ha lanzado una pregunta: ¿Qué le hemos hecho los gallegos a este Gobierno?, culpando a la ministra de «no haber hecho nada» para solucionar este problema, que considera que es que el 40% del coste de la fábrica corresponde a un único elemento, el coste de la energía.

En su respuesta, ha sido Maroto la que ha acusado al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, de no hacer nada y de no interesarle la política industrial a su partido, que «se cargó el Ministerio de Industria», pero sí es algo sobre lo que la comunidad tiene competencias.

Por ello, le ha instado a que ejerza sus competencias industriales y a que no abandone la política industrial, ya que «tiene consecuencias» y que deje de buscar culpables y, en su lugar, busque soluciones, ya que afirma que la Xunta también conoce los problemas y la «difícil situación» de Alcoa, tras la caída de la demanda y del precio del aluminio.

La ministra ha vuelto a recordar que la compañía ha recibido ayudas por valor de más de 37 millones de euros en los dos últimos años, «con el esfuerzo de los españoles», y ha apelado a la «unidad de acción y a la lealtad institucional» de todas las administraciones para mantener el empleo.

El Banco Central Europeo (BCE) ha destinado 37.153 millones de euros a la adquisición de deuda soberana española a través de sus distintos programas de compra de activos desde el pasado mes de marzo, incluyendo 22.392 millones en compras de su nuevo programa de emergencia contra la pandemia (PEPP) y otros 14.761 millones mediante el programa de compras de deuda soberana PSPP, cuestionado por el Tribunal Constitucional de Alemania.

De este modo, entre marzo y mayo de 2020, las compras netas de deuda española por parte del BCE representan el 14,4% del total adquirido por la institución, que asciende a 258.481 millones de euros, frente a la clave de capital del 11,9% que corresponde a España en el Eurosistema.

Sin embargo, a pesar de esta desviación, el país más favorecido por las compras del BCE en relación a su clave de capital durante estos tres meses ha sido Italia, puesto que el banco central ha adquirido un total de 62.992 millones en bonos soberanos del país transalpino, incluyendo 37.365 millones a través del PEPP y otros 25.627 millones mediante el PSPP, más que de ningún otro de los Diecinueve.

De este modo, el volumen de deuda de Italia adquirido por el BCE entre marzo y mayo representa el 24,4% de sus compras netas a través de los distintos programas en vigor, cuando la clave de capital de Italia es del 17%.

Por contra, las compras de deuda alemana sumaron 56.044 millones en el mismo periodo, el 21,7%, frente a la clave de capital del 26% del país germano, incluyendo 46.749 millones a través del PEPP y otros 9.295 millones mediante el PSPP. Asimismo, Francia también registró un menor protagonismo en las compras del BCE respecto de su peso en la institución, con un 17,9% de las compras, frente al 20,4% de su clave de capital.

De este modo, el BCE adquirió 46.232 millones en bonos franceses, incluyendo 23.575 millones del programa de emergencia contra la pandemia y otros 22.657 millones a través del programa PSPP.

COMPRAS DE EMERGENCIA

Desde el lanzamiento del programa PEPP a finales del pasado mes de marzo, el BCE ha destinado 22.392 millones de euros a la adquisición de deuda soberana española. La institución ha empleado ya 234.665 millones de euros de los 750.000 de la dotación del programa, de los que 186.603 millones de euros han sido invertidos por el BCE en la compra de deuda pública de la zona euro, el 79,5%, de los que 13.935 millones corresponden a bonos emitidos por entidades supranacionales de la eurozona.

De este modo, la cantidad de deuda española adquirida por el BCE a través del PEPP representa el 13% de los 172.668 millones invertidos por el banco central en deuda soberana de la zona euro, un porcentaje algo por encima de la clave de capital del 11,9% de España en el BCE.

Entre el resto de países de la eurozona, el BCE adquirió desde finales de marzo 46.749 millones de euros en bonos alemanes, el 27% del monto dirigido a la compra deuda pública, en línea con el peso de Alemania en el BCE, mientras que el segundo país con mayor volumen de deuda adquirida por el BCE en términos absolutos fue Italia, con 37.365 millones, una cifra equivalente al 21,6% del total cuando la clave de capital del país transalpino en el BCE es del 17%.

En este sentido, entre las principales economías de la zona euro Francia fue el país que ha visto en estos dos meses más distorsionadas las compras del BCE respecto de su clave de capital, ya que el volumen de deuda pública adquirida fue de 23.575 millones, el 13,6%, cuando el peso del país galo es del 20,4%.

Por otro lado, el nuevo programa PEPP del BCE incluye como novedad que el banco central por primera vez ha incluido a la deuda de Grecia entre sus compras, que desde el pasado mes de marzo acumulan 4.690 millones en bonos griegos, el 2,7% del total, frente a un peso del país heleno del 2,5%.

Asimismo, el instituto emisor ha informado de que desde el comienzo del programa, el PEPP ha acumulado compras de activos del sector público por importe de 186.603 millones de euros, incluyendo 172.668 millones de euros en bonos soberanos de los Diecinueve, además de otros 35.384 millones en pagarés, así como 10.579 millones en bonos corporativos y un total de 2.099 millones en cédulas.

Durante la semana pasada, el BCE compró 22.807 millones de euros en activos como parte de su programa de PEPP, lo que supone un leve descenso con respecto a la semana anterior y su menor cifra en las últimas cuatro semanas, según ha informado el organismo este martes.

La cantidad adquirida por el instituto emisor descendió un 24% en comparación con el periodo precedente, cuando se situó en 30.072 millones de euros. El ritmo de compras promedio fue de 4.561 millones de euros al día, frente a los 6.014 millones de la semana precedente.

La cantidad invertida a través del programa PEPP desde que entrase en funcionamiento, el pasado 26 de marzo, alcanza ya los 234.665 millones de euros, después de que en los pocos días de marzo en que estuvo en vigor, el BCE emplease 15.444 millones de euros, mientras que en abril invirtió 103.366 millones.

En total, la autoridad monetaria ha gastado ya algo más del 31% del total de 750.000 millones de euros que se comprometió a comprar hasta final de año. A este ritmo, el BCE agotará su capacidad de compra antes de que termine el verano, por lo que varios analistas estiman que el Consejo de Gobierno de la institución podría decidir ampliar la cuantía del programa en alguna de sus próximas reuniones.

COMPRAS PSPP DE MAYO

Por otro lado, el BCE ha informado de que en mayo adquirió bonos españoles por importe de 5.078 millones de euros, cifra que representa un incremento del 18,7% respecto de los 4.276 millones comprados en marzo, y que supone el 20% de la inversión neta de 25.306 millones del banco central en deuda soberana de los países del euro a través de este programa en mayo, cuando la clave de capital española es del 11,9%.

Desde el lanzamiento del programa PSPP en marzo de 2015, el BCE acumula un total de 275.970 millones de euros en bonos españoles, solo por detrás de Alemania, con 540.496 millones; Francia, con 457.102 millones; y de Italia, con 396.233 millones de euros.

En mayo, el BCE corrigió de forma significativa sus compras de bonos italianos a través del programa PSPP, limitándolas a 2.853 millones, frente a los 10.919 millones de abril, lo que representa el 11,3% del total, por debajo del 17% de la clave de capital italiana, mientras que aumentó las adquisiciones de bonos de Alemania a 6.621 millones, el 26% del total, cuando en abril solo había adquirido 628 millones en términos netos.

En el caso de Francia, cuya clave de capital es del 20,4%, las compras de bonos en mayo mediante este programa alcanzaron los 5.459 millones de euros, un 34,4% menos que en abril, aunque el volumen de deuda adquirido supuso el 21,6% del total.

En conjunto, el BCE destinó en mayo 28.961 millones a la adquisición de activos del sector público a través del programa PSPP, de los que 3.655 millones correspondieron a la compra de deuda de entidades supranacionales. De este modo, desde el lanzamiento del programa en marzo de 2015 las compras netas de deuda pública del BCE suman 2,32 billones de euros.

Al margen de las compras de activos del sector público, la QE del BCE también incluye la adquisición de deuda corporativa, de la que el banco central adquirió en mayo 5.438 millones, hasta acumular en su balance 212.505 millones. Asimismo, la institución aumentó en mayo en 3.785 millones sus compras netas de cédulas, hasta 281.481 millones, mientras que las titulizaciones en su balance se situaron en 30.886 millones.

El Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) ha anunciado que no se cobrarán gastos de anulación, ni de gestión por los viajes cancelados a causa de la crisis del Covid-19, por lo que los usuarios recibirán en la cuenta bancaria facilitada al efecto o en la tarjeta de crédito o débito en la que realizaron el pago la cantidad íntegra abonada.

El Imserso ha publicado un nuevo documento este martes sobre el procedimiento que deben seguir las personas con viajes cancelados para solicitar la devolución de las cantidades abonadas que corrige lo indicado anteriormente por el organismo.

Según ha explicado Facua-Consumidores en Acción, originalmente, el texto recogía que «los usuarios recibirán […] la cantidad correspondiente, una vez deducidos los gastos de gestión, que ascienden al 6,2% del importe total del precio del viaje interrumpido».

Este martes, tras la petición que Facua dirigió el pasado 19 de mayo al vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, el Imserso ha modificado el texto. «No se cobrarán gastos de anulación, ni de gestión, por lo que los usuarios recibirán en la cuenta bancaria facilitada al efecto o en la tarjeta de crédito o débito en la que realizaron el pago, la cantidad íntegra abonada», recoge el nuevo documento.

Según la organización, la cuantía de las cantidades, que muchos usuarios han denunciado que les estaban reteniendo las agencias, supone varias decenas de millones de euros. La asociación por tanto, aconseja a los consumidores que reclamen la devolución inmediata de dichos importes.

DERECHO AL REEMBOLSO

En su escrito, Facua indicaba que la mayoría de los viajes ofertados por el Imserso se trata de viajes combinados, por lo que la deducción de los gastos de gestión podía resultar contraria a lo que disponen diferentes normativas relacionadas con esta matería.

Entre ellas, el artículo 36.4 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al Covid-19, indica que «en el supuesto de que se trate de contratos de viaje combinado, que hayan sido cancelados con motivo del Covid-19 […] el consumidor podrá solicitar el reembolso completo de cualquier pago realizado».

Facua también ha señalado que viene recibiendo quejas y reclamaciones de usuarios que indican que algunas agencias de viajes autorizadas para ofertar programas del Imserso están deduciendo de las devoluciones -además de los «gastos de gestión» que ahora están obligadas a devolver- hasta un 15% en concepto de «gastos de anulación», pese a que el documento del Instituto de Mayores y Servicios Sociales establece que «no se cobrarán gastos de anulación».

El Gobierno ha propuesto este martes a la jurista Cani Fernández, actual asesora en el Gabinete de Presidencia del Gobierno, como nueva presidenta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en sustitución de José María Marín Quemada, cuyo mandato venció el pasado mes de septiembre.

Así lo ha aprobado este martes el Consejo de Ministros, que también ha propuesto al Congreso de los Diputados el nombramiento de Ángel Torres como vicepresidente de la Comisión y a Pilar Sánchez, Carlos Aguilar y Josep María Salas como consejeros.

En rueda de prensa, la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha destacado que los candidatos propuestos cuentan con «amplias trayectorias profesionales», vinculadas a temas de competencia, regulación o sectoriales, y son «reconocidos expertos» en las áreas de actuación de la CNMC.

Los candidatos propuestos por este martes por el Consejo de Ministros tendrán ahora que someterse, antes de su nombramiento, a un examen en el Congreso de los Diputados, que debe pronunciarse sobre su idoneidad. Una vez superado este trámite, sus nombramientos se aprobarán por Real Decreto Ley.

Tras más de una veintena de años en el bufete Cuatrecasas -era la segunda socia más antigua de la firma-, Cani Fernández (Cartagena, Murcia, 1963) se incorporó el pasado mes de febrero como asesora en el Gabinete de Presidencia que dirige Iván Redondo.

La abogada era socia del área de Derecho de la Competencia del despacho Cuatrecasas. Graduada en Derecho por la Universidad de Zaragoza, tiene un máster en Derecho de la Unión Europea por la Université Libre de Bruxelles.

Antes de su dilatada etapa en Cuatrecasas, entre 1994 y 1997 la jurista fue letrada en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y ha sido profesora en la Universidad Carlos III de Madrid, Barcelona Graduate School of Economics (BGSE) y Toulouse School of Economics.