He seguido con atención la reunión que acaba de mantener el ministro de Exteriores de Venezuela, Yvan Gil Pinto, con representantes de Naciones Unidas y socios internacionales. La exigencia de Caracas de desbloquear todos sus activos congelados —el oro retenido en Londres y las cuentas bloqueadas por Washington— es el nuevo frente de presión humanitaria que Occidente ya no podrá ignorar. Los dos terremotos de magnitud 7,3 y 7,5 que sacudieron el país el mes pasado han causado 3.685 muertos, 17.000 heridos y miles de desaparecidos, según el balance oficial actualizado ayer.
La petición de Gil Pinto se produce en paralelo al llamamiento urgente lanzado por la ONU para recaudar 296 millones de dólares (259 millones de euros) y atender a 1,3 millones de personas en situación de extrema necesidad durante los próximos seis meses. La catástrofe ha dejado a miles de familias sin hogar, especialmente en La Guaira, donde los equipos de rescate ya han concluido la búsqueda de supervivientes y los allegados remueven los escombros en busca de los cuerpos.
Caracas reclama los activos bloqueados por las sanciones
En su intervención, Gil Pinto ha sido claro: “Exigimos a todos los países que mantienen fondos congelados de Venezuela que pongan en marcha un plan para liberarlos y destinarlos a la recuperación”. El ministro venezolano ha añadido que “hay cuentas del Estado venezolano en diversas partes del mundo congeladas por sanciones que consideramos ilegales”.
“Exigimos a todos los países que mantienen fondos congelados de Venezuela que pongan en marcha un plan para liberarlos y destinarlos a la recuperación. Hay cuentas del Estado venezolano en diversas partes del mundo congeladas por sanciones que consideramos ilegales.” — Yvan Gil Pinto, ministro de Exteriores de Venezuela, reunión con la ONU, 8 de julio de 2026
Concretamente, el oro retenido en el Banco de Inglaterra asciende a aproximadamente 1.800 millones de euros, mientras que el Tesoro estadounidense mantiene cuentas congeladas de empresas estatales como PDVSA. La Unión Europea, por su parte, sancionó en 2017 a varios altos cargos venezolanos con embargo de armas y congelación de activos individuales, aunque sus medidas no afectan a los fondos soberanos que ahora reclama Caracas. La presión internacional se ha incrementado porque los recursos congelados representan una parte sustancial de la liquidez que el país necesita para reconstruir infraestructuras críticas y atender a los damnificados sin depender exclusivamente de la ayuda exterior.
Estados Unidos ya había levantado temporalmente una serie de sanciones económicas durante cuatro meses para facilitar el envío de ayuda. Sin embargo, Caracas considera insuficiente ese alivio puntual y busca la liberación permanente de los recursos. El contexto político ha cambiado drásticamente desde que las fuerzas estadounidenses derrocaran a Nicolás Maduro en enero pasado y la Administración Trump respaldara a Delcy Rodríguez como presidenta interina.
La ONU cifra la brecha humanitaria en 549 millones de euros
El jefe de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas, Tom Fletcher, ha reconocido que los donantes ya han desembolsado 263 millones de euros, incluidos 100 millones anteriores a los sismos, pero el déficit para cubrir las necesidades más inmediatas sigue siendo enorme. “Tenemos un plan claro para seis meses: 259 millones de euros para llegar a 1,3 millones de personas con asistencia socioeconómica urgente”, ha explicado.
“Ya hemos recibido 263 millones de euros, pero nos queda un déficit de 549 millones para atender las necesidades urgentes de 1,3 millones de personas en los próximos seis meses. Tenemos un plan claro.” — Tom Fletcher, jefe de Asuntos Humanitarios de la ONU, 8 de julio de 2026
Fletcher ha subrayado que la respuesta de los donantes es positiva, pero la brecha financiera sigue siendo del 62% respecto al total requerido. La reconstrucción de viviendas, hospitales y carreteras llevará años y exigirá una inversión muy superior a la contemplada en este primer llamamiento. El llamamiento incluye fondos para alojamiento temporal, atención médica y saneamiento, pero la magnitud de la devastación hace que cada día sin acceso a los activos congelados suponga un incremento del sufrimiento humano. Mientras, en las zonas más golpeadas como La Guaira, las tareas de desescombro se alternan con el dolor de las familias que todavía buscan a los más de 3.600 desaparecidos.
Geopolítica y emergencia: el dilema de las sanciones
Lo que observo en esta crisis es la colisión entre dos lógicas que hasta ahora discurrían separadas: la política de sanciones contra regímenes autoritarios y la respuesta humanitaria ante una catástrofe natural. La Administración Trump ha optado por un alivio temporal inteligente, pero la exigencia de Caracas de liberar de forma permanente los fondos —en especial el oro londinense— evidencia que la desconfianza mutua no ha desaparecido. Si Occidente se resiste ahora, corre el riesgo de dañar su credibilidad en América Latina, justo cuando Pekín despliega su propia diplomacia humanitaria y Moscú busca ampliar su presencia en el Caribe. La próxima reunión bilateral entre Estados Unidos y Venezuela será clave para calibrar si Washington está dispuesto a aceptar un mecanismo de desembolso condicionado a la reconstrucción y a garantías democráticas.
🌍 El impacto en España y Europa
Aunque el impacto directo sobre el Euríbor y las hipotecas españolas es nulo, la crisis humanitaria venezolana tiene consecuencias tangibles para España y la Unión Europea. España, que acoge a la mayor diáspora venezolana en la UE, podría experimentar un repunte migratorio si la situación no se estabiliza. La UE mantiene congelados activos de altos funcionarios del antiguo régimen, pero no fondos soberanos; no obstante, la presión para revisar estas sanciones gana enteros a medida que la tragedia se agudiza. Para las empresas españolas con intereses históricos en el sector energético venezolano, un desbloqueo progresivo podría reabrir oportunidades de inversión, aunque la prioridad inmediata es la ayuda humanitaria y la estabilización del país.
