El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) ha alertado a sus fiscales de que Binance reducirá su cooperación en las investigaciones sobre criptomonedas. Según un memorando interno al que tuvo acceso The Information, el exchange dejará de ofrecer los congelamientos de cortesía desde el 8 de junio y pasará a exigir procesos formales como los tratados de asistencia legal mutua (MLAT) para cualquier bloqueo o incautación de fondos.
La noticia, adelantada por The Information y confirmada por varias fuentes del sector, ha provocado una respuesta inmediata de Binance. La plataforma niega cualquier cambio en su cooperación con las autoridades estadounidenses, aunque el propio memo del DOJ detalla que los investigadores deben esperar trámites mucho más pesados a partir de ahora.
Qué son los congelamientos de cortesía y por qué importa su eliminación
Hasta ahora, Binance podía bloquear temporalmente una cuenta sospechosa a petición de un fiscal o de una víctima, sin necesidad de una orden judicial internacional. Esos bloqueos, conocidos como congelamientos de cortesía, permitían actuar en horas o días mientras se recopilaba la documentación legal completa.
El memorando del DOJ señala que, desde el 8 de junio, el exchange solo atenderá las peticiones que lleguen a través de Tratados de Asistencia Legal Mutua (MLAT). Estos acuerdos obligan a coordinar las actuaciones entre los gobiernos de los países implicados. El proceso puede alargarse semanas o meses, tiempo suficiente para que los ciberdelincuentes muevan fondos a otras jurisdicciones o los blanqueen a través de protocolos descentralizados.
La exigencia de MLAT eleva el nivel de formalidad. No se trata de una negativa a colaborar, sino de un endurecimiento de las condiciones: Binance estaría aplicando el mismo estándar que exige a cualquier Estado extranjero, pero a costa de perder la agilidad que caracterizaba las investigaciones sobre criptoactivos.
Binance lo niega y asegura que mantendrá la cooperación
Binance ha calificado de incorrecta cualquier sugerencia de que está reduciendo su cooperación con las fuerzas de seguridad de Estados Unidos. “No ha habido ni habrá ningún cambio en nuestra cooperación», afirmó un portavoz a BeInCrypto, «al contrario, buscamos aumentarla”. El exchange insiste en que sigue respondiendo a través de su Sistema de Solicitudes para la Policía y cumpliendo con los requisitos legales.
El desmentido llega en un momento especialmente sensible. En 2023, Binance acordó pagar una multa histórica de 4.300 millones de dólares y se sometió a una supervisión independiente para reforzar sus controles de cumplimiento. Cualquier movimiento que se perciba como un retroceso en la transparencia podría avivar las dudas de los reguladores.
El escenario cambia cuando la colaboración voluntaria se sustituye por trámites diplomáticos: la agilidad que necesita el criptocrimen desaparece.
Lo que está en juego para las investigaciones de criptocrimen
La posibilidad de congelar activos de modo informal ha sido una herramienta clave para las autoridades. Les permitía congelar criptomonedas robadas casi en tiempo real, antes de que los delincuentes las movieran a blockchains de capa 2 o a direcciones sin posibilidad de trazado sencillo. Con el nuevo procedimiento, los fiscales tendrán que esperar a que un tribunal extranjero dé luz verde al congelamiento, lo que puede dar una ventaja crucial a los atacantes.
El episodio también expone una tensión más amplia: la que enfrenta a los exchanges centralizados con la cooperación internacional. Cada vez son más las jurisdicciones que exigen asistencia judicial formal para cualquier acción que afecte a los fondos de sus usuarios. Si otros grandes actores como Coinbase o Kraken imitan esta postura, el seguimiento financiero del criptocrimen se complicaría a escala global.
Por otro lado, la negativa de Binance a confirmar el cambio deja margen a la interpretación. Quizá el memo del DOJ refleja una expectativa corporativa que aún no se ha materializado, o tal vez los matices entre “congelamiento de cortesía” y “bloqueo vía MLAT” se han malinterpretado. Lo cierto es que la industria está observando: cualquier movimiento que dificulte la labor de los investigadores puede atraer más presión regulatoria y alimentar el discurso de quienes piden limitar las criptomonedas.
Mientras tanto, las víctimas de estafas y los responsables de seguridad financiera toman nota. La velocidad con la que un exchange bloquea fondos sospechosos marca a menudo la diferencia entre recuperar millones de dólares o perderlos para siempre.
