Las exportaciones agroalimentarias españolas crecieron un 4,1% en 2019, hasta alcanzar su máximo histórico de 52.530 millones de euros, según los datos del ‘Observatorio del sector agroalimentario’, realizado por Cajamar.

Estos datos sitúan a España como el cuarto país de la UE-28 en exportaciones agroalimentarias en 2019, con el peso más elevado de Europa en las ventas exteriores de bienes, con el 17,6% del total.

De esta forma, los principales países de destino de las exportaciones nacionales pertenecen a la UE. Así, entre los seis primeros mercados suman el 57,8% del valor total con Francia (15,6%), Alemania (11,4%), Italia (9,6%), Portugal (8,9%), Reino Unido (7,8%) y Países Bajos (4,5%).

Sin embargo, las exportaciones españolas siguen diversificándose, elevándose en los países asiáticos que ya representan el 6% del total, con China y Japón como principales destinos, así como Estados Unidos, que representa el 3,9%. Precisamente el pasado año, China superó a Estados Unidos en volumen de exportaciones de los productos agroalimentarios españoles.

Las principales partidas de exportación son las frutas y frutos comestibles, con el 17,5%; carne y despojos comestibles, con el 13,9%; legumbres y hortalizas, con el 13,1%; bebidas de todo tipo excluidos los zumos, con el 8,8%; grasas, aceite animal o vegetal, con el 8,1%; conservas de verdura o fruta y zumos, que suponen el 6%; y pescados, crustáceos y moluscos, que representan el 6%.

De esta forma, la industria agroalimentaria acumula dos décadas consecutivas de superávit comercial, que en 2019 asciende a 14.477 millones de euros, frente a los 12.193 millones de 2018, lo que supone un incremento histórico del 18,7%.

Por otro lado, el informe muestra que el número de empresas exportadoras creció un 1,5% el pasado año, hasta las 17.715, una cifra que ha crecido un 28,8% desde 2008. Sin embargo, el peso que tienen las empresas del sector agroalimentario español en el total de la economía se ha visto reducido en este periodo, pues en 2008 era del 13,6%, mientras que en 2019 es del 8,5%.

De esta forma, el sector agroalimentario en España ha contribuido a la economía nacional con 60.844 millones de euros en 2019, lo que representa el 5,4% del valor añadido bruto (VAB).

Una cifra que asciende hasta los 102.983 millones de euros incluyendo a la distribución de productos agroalimentarios, por lo que el porcentaje se eleva hasta el 9,1% del VAB, una décima menos que en 2018.

Además, el sector ha generado durante el pasado año un total de 2,3 millones de empleos, el 11,8% del total nacional, lo que supone un ligero incremento del 0,8% respecto a 2018.

El sector agroalimentario español es un 64% más productivo y un 50% más competitivo que el del conjunto de la UE-28, y un 34% más productivo y un 30% más competitivo si el análisis incluye a la distribución. Además, destaca la productividad del sector primario español en relación con la UE, a la que duplica, siendo un 112% superior.

Respecto a la inversión, en 201 se invirtió 317 millones de euros en I+D, lo que supone un 15,3% más que el año anterior. Estos 317 millones representan el 4,1% de la inversión total empresarial en I+D en el conjunto de España.

MIRANDA DESTACA EL «POTENTE» SECTOR AGROALIMENTARIO NACIONAL

Por su parte, el secretario general de Agricultura y Alimentación del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Fernando Miranda, ha calificado de «vigoroso» y «potente» al sector agroalimentario nacional.

Miranda, además, ha destacado la gran respuesta del sector en la crisis del coronavirus. «Hemos sufrido una gran crisis sanitaria, pero no agroalimentaria. El sector ha puesto de manifiesto que sabe hacer sus deberes», ha dicho.

Respecto al acuerdo sobre el marco financiero alcanzado por la Unión Europea esta semana, ha asegurado que España y el sector agroalimentario tendrán que hacer su propio plan, con una visión «conjunta, global e integral», pensando más allá de la Política Agrícola Común (PAC) y teniendo en cuenta la posición geográfica privilegiada actual, dentro de la UE, «para consolidar al sector en materia de liderazgo, vanguardia, calidad y sostenibilidad».

Por su parte, el presidente de Cajamar, Eduardo Baamonde, ha destacado que el sector agroalimentario en su conjunto «se ha profesionalizado mucho, lo que ha permitido la mejora de su eficiencia y competitividad», aunque ha advertido de que «queda mucho camino por recorrer en todo lo relativo a la rentabilidad».

En este sentido, Baamonde apuesta por «estrategias a largo plazo que permitan aportar valor a las materias primas a través de la diferenciación de productos y procesos», y por la toma de decisiones «con una visión ambiciosa y centrada en el valor y el posicionamiento de la empresa».

El plan de Formación Profesional presentado este miércoles por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cuenta con un presupuesto total de 1.497,6 millones de euros, con el que se quiere acreditar en cuatro años las competencias profesionales del 40% de la población activa que carece de título o certificación, lo que equivale a 3,4 millones de personas, así como flexibilizar, digitalizar y ampliar la Formación Profesional en España.

«Es una auténtica revolución de la FP en nuestro país», ha asegurado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la presentación de este Plan de Modernización de la Formación Profesional, añadiendo que «lo justo es trabajar por la dignificación de la FP» en España.

Además, Sánchez ha subrayado que «la FP tiene que ser bilingüe» y por tanto, «habrá títulos bilingües» empezando por el inglés aunque quieren que se expanda a otros idiomas como «el francés, el alemán y ¿por qué no? el portugués». «Son idiomas que merecen que tengamos también en consideración», ha indicado.

El documento lleva por título ‘Plan para la Formación Profesional, el crecimiento económico y social y la empleabilidad’ y contempla una inversión inicial en 2020 de 316,4 millones de euros.

El objetivo del plan es resolver dos problemas estructurales importantes: «El elevado número de personas que carecen de acreditación formal de sus competencias profesionales» y «el desequilibrio en los niveles de cualificación en relación con las necesidades del mercado laboral».

En cuanto al primero, el Ministerio de Educación y Formación Profesional señala que los casi 23 millones de españoles que conforman la población activa del país, un 48,02% tienen un nivel de formación que no les capacita profesionalmente, «a pesar de ser con toda seguridad muy buenos profesionales en su ámbito».

Esta situación, según precisa, además de «una injusticia del sistema», pone a estos ciudadanos «en inferioridad de condiciones con respecto a otros que sí pueden acreditar sus competencias profesionales».

Sobre el segundo problema, los desequilibrios entre en los niveles de cualificación y las necesidades del mercado laboral, el Ministerio apunta que es necesario «disminuir drásticamente» el número de ciudadanos con un bajo nivel de cualificación, y aumentar el de quienes tienen un nivel medio ya que para 2025 se prevé que casi la mitad de las oportunidades de empleo (el 49%) estarán reservadas para personas con un nivel medio de cualificación.

Así se desprende de las previsiones para España del Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional (CEDEFOP), según las cuales, el 37% de los puestos de trabajo corresponderán a personas con un alto nivel de cualificación y un 14%, a personas con un bajo nivel de cualificación.

Para el presidente del Gobierno, «ha habido una injusticia» que ha «lastrado» la FP y es su consideración social «como una vía de segunda categoría destinada a jóvenes no capaces de continuar su formación académica.

«DINAMISMO» DE LA FP DURANTE LA CRISIS DEL COVID

Además, el Plan destaca que el «dinamismo» de la Formación Profesional se ha puesto de manifiesto en las múltiples actuaciones surgidas durante esta crisis del Covid-19, desde el diseño de uno de los primeros modelos de pantallas de protección certificadas, cuyos planos y matriz fueron puestos a disposición de todas las administraciones educativas para su fabricación en todos los centros de Formación Profesional del país con equipamiento para ello, hasta dos modelos de mascarilla quirúrgica tipo IIR.

«Agradecer a esos jóvenes, trabajadores y profesores su solidaridad e iniciativa. Lo justo es que trabajemos por la dignificación de la FP», ha enfatizado Sánchez.

Sin embargo, el documento precisa que España presenta una «baja proporción» de jóvenes matriculados en enseñanzas de Formación Profesional (12%) en comparación con otros países de la OCDE (25% de media) o de la Unión Europea (29%), a pesar de que el desempleo juvenil tiene una baja incidencia entre quienes tienen un grado de FP (7,35% frente al 35%).

Por todo ello, el Ministerio de Educación asegura que ha trabajado para la puesta en marcha de un nuevo sistema «único» de Formación Profesional, «eficaz y eficiente», que convierta la FP en «una palanca para el crecimiento» mediante tres pasos: el reconocimiento y acreditación de las competencias profesionales; la mejora de la accesibilidad a la FP y la incorporación de la digitalización, la innovación y el emprendimiento.

Además, quiere servir también como apoyo a las personas expulsadas del mercado laboral durante esta crisis del Covid-19 mediante planes flexibles y adaptados a las circunstancias excepcionales.

En cuanto al reconocimiento y acreditación de las competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral, el Gobierno se ha marcado un presupuesto total de 852,5 millones de euros (de los cuales 127,9 se gastarán en 2020). El objetivo es acreditar las competencias del 40% de la población activa menor de 55 años, que equivale a 3,4 millones de personas, en un escenario de cuatro años.

Además, se destinarán 134,5 millones de euros (33,6 millones este mismo año) a la flexibilización y accesibilidad de la FP, con la implantación por ejemplo de una oferta modular en empresas o de Aulas Mentor.

FORMACIÓN GIGITAL A 50.000 DOCENTES

El Plan también apuesta por la digitalización, en la que invertirá 5 millones de euros (la mitad este año) para impartir formación a los 50.562 docentes de Formación Profesional de centros públicos, en un módulo formativo de 30 horas. Asimismo, dentro de este apartado, el Ministerio quiere diseñar nuevas titulaciones como: Fabricación 3D, implementación de infraestructuras 5G, big data o vehículos eléctricos, entre otras.

En cuanto a la innovación, se plantea la creación de hubs tecnológicos y clúster de innovación en torno a centros de Formación Profesional y empresas, crear una red de ‘Centros de excelencia en innovación’ de FP en los sectores definidos como prioritarios o la Plataforma FPCONECTA, con un presupuesto total de 61 millones de euros, de los cuales 16 millones se invertirán en 2020.

Igualmente, el Gobierno prevé crear una ‘aula de emprendimiento’ en 1.850 centros de FP durante los próximos cuatro años por 21 millones de euros; y renovar el catálogo formativo con la definición de sectores estratégicos (Máquinas-herramienta automatizadas y robótica; equipos aeronáuticos; vehículos basados en energía, biofarmacia, hostelería y turismo o servicios de atención a personas, entre otros) por 800.000 euros.

El Plan también contempla la redimensión de la oferta de FP, con 200.000 nuevas plazas y la conversión de aulas en espacios de tecnología aplicada, dotando a la red de centros de Formación Profesional de 100 aulas inteligentes en los centros.

La equiparación de los impuestos entre el diésel y la gasolina supondría un aumento de la recaudación del Estado de 2.393 millones de euros anuales, según estima la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIRef), que afirma que esta diferencia impositiva sí ha alcanzado su objetivo de fomentar el gasóleo en las últimas décadas.

En su primer estudio de la segunda fase del ‘Spending Review’ comprometido con la UE, la AIReF ya tiene en cuenta para esta estimación de recaudación extra que la equiparación entre ambos carburantes desencadenaría una caída de la demanda del diésel del 5,7%, ya que su precio se elevaría un 7,72% respecto al actual.

El tipo especial para los dos es actualmente de 72 euros por cada 1.000 litros, pero difieren en el tipo general, que para el gasóleo es de 307 euros por cada 1.000 litros y, la gasolina, de 400,69 euros por esa misma cantidad, lo que supone una diferencia de cerca de cinco euros por un depósito medio de 50 litros.

La principal razón de este diferencial de tipos fue de política económica y de transporte, ya que trataba de proteger el sector del transporte por carretera a nivel comunitario, que se consideraba como estratégico y que era el principal usuario del gasóleo, estableciendo la propia directiva comunitaria un precio mínimo menor para este carburante.

Desde un punto de vista ambiental, las emisiones de dióxido de carbono (CO2) del diésel son inferiores a las provocadas por la gasolina. Sin embargo, en términos de dióxido de nitrógeno (NO2), un gas con potente efecto invernadero y que provoca relevantes perjuicios para la salud, investigaciones posteriores concluyeron que estas emisiones eran superiores.

DESINCENTIVO AL DIÉSEL

A raíz de las intenciones manifestadas por parte de los legisladores de desincentivar el uso del diésel por contradecir los objetivos climáticos, pero sin que esto afecte al bolsillo de los consumidores, su uso ha caído en los últimos años a favor de la gasolina, lo que ha provocado un menor uso de este incentivo fiscal y un ahorro de 300 millones de euros para las arcas del Estado.

En concreto, entre 2010 y 2018, el número de vehículos privados registrados con motor diésel descendió más de 30 puntos porcentuales, al pasar de representar hace 10 años el 70% del total al apenas 40% en 2018.

Sin embargo, el objetivo primordial de esta diferencia impositiva sigue siendo plenamente válido para el sector del transporte por carretera, ya que el combustible representa entre un 25% y un 30% de sus costes, así como que concentra hasta el 46% del Valor Añadido Bruto del conjunto del transporte, siendo también el principal consumidor de energía.

LOS PRECIOS MÁS BAJOS, EN ESPAÑA

Según el estudio, España es el tercer país de la Eurozona con el impuesto más bajo al diésel y el cuarto con el tipo más bajo a la gasolina, solo por debajo de Chipre, Lituania y Luxemburgo. En contraposición, Italia grava con más de 600 euros los 1.000 litros de diésel, más del doble que en España, y con más de 700 euros los de gasolina.

El estudio de la AIRef también concluye que el coste fiscal de la diferencia de tributación entre el diésel y la gasolina se concentra en los últimos deciles de renta, de forma que el 30% de hogares con mayor renta supone un 47% de los hogares beneficiarios y un 50% del coste total.

Por el contrario, el 30% de hogares con menor renta bruta suponen tan solo un 15% de los beneficiarios y un 12% del coste total. Por ello, considera que la equiparación plena entre ambos carburantes tendría un efecto neutral desde el punto de vista de la desigualdad.

En definitiva, el estudio cree que es necesario actualizar la fiscalidad de estos combustibles con arreglo a los nuevos estándares y objetivos de política medioambiental, como por ejemplo fijar un precio a las emisiones de cada kilogramo de CO2 y NO2, especialmente al descubrirse la naturaleza más contaminante del diésel con respecto a la gasolina en términos de emisiones NO2.

Los hogares más expuestos a la actual recesión porovocada por la pandemia tendrían una menor vulnerabilidad financiera que las familias que se vieron más afectadas por la crisis financiera de 2008, según señala un estudio publicado por Banco de España.

«El grado de diversificación de los ingresos de los hogares más expuestos a la recesión actual y la menor proporción de la renta destinada al pago de deudas sugieren que estas familias tendrían en el presente una menor vulnerabilidad financiera que las más afectadas por la crisis financiera de 2008», destaca el informe.

El documento subraya las diferencias entre los sectores económicos más afectados por la recesión actual (sectores sociales; comercio, hostelería, educación y servicios personales) y aquellos que sufrieron el mayor impacto en la crisis financiera (sectores regulares: agricultura, manufacturas, construcción, servicios a empresas e intermediación financiera, y Administración Pública).

En este sentido, explica que la crisis actual provocada por la pandemia ha afectado en mayor medida al empleo en el comercio, la hostelería y las actividades artísticas y recreativas, en los que, según la Encuesta Financiera de las Familias del Banco de España (EFF), en 2017 se empleaban la mitad de las mujeres y la mitad de los jóvenes menores de 35 años, los grupos de la población con niveles relativamente más bajos de rentas del trabajo.

Sin embargo, la recesión de 2008 afectó en mayor medida a sectores distintos de aquellos que se han visto más afectados durante la crisis actual, advierten los autores, quienes recuerdan que entre enero de 2009 y enero de 2010 los sectores de construcción y de manufacturas experimentaron pérdidas de empleo superiores al 8%, mientras que en el mismo período, las pérdidas de puestos de trabajo en la hostelería y el comercio fueron inferiores al 4%.

Al comparar la situación patrimonial de los empleados de las industrias regulares en 2008 con la de los trabajadores de las industrias sociales en la actualidad se aprecia una posible mayor diversificación de rentas en estos últimos, es decir, que otros miembros del hogar contribuyan con fuentes de renta que compensen las pérdidas de empleo, señala el documento.

«Con frecuencia, estos trabajadores convivían con otras personas con mayores niveles de renta, lo que puede mitigar, parcialmente, la incidencia de las posibles pérdidas de empleo», destacan los autores del estudio.

Así, en lo que se refiere a la proporción de la renta del hogar aportada por los afectados, los autores destacan que, en comparación con los trabajadores más afectados por la recesión de 2008, en 2017 los empleados de las industrias sociales tenían una probabilidad menor en seis puntos porcentuales de ser los principales preceptores de renta del hogar, y una probabilidad tres puntos porcentuales menor de residir en hogares que dedicaban más del 40% de su renta a pagos de deuda, mientras que un porcentaje similar residía en hogares con activos financieros limitados.

Por lo que se refiere a los activos de los hogares, el porcentaje de empleados de los sectores más afectados por la pandemia (comercio y hostelería) que residían en hogares con niveles reducidos de activos financieros era similar en 2017 al de trabajadores de las manufacturas y la construcción en 2008.

Por otro lado, por lo que respecta a los pasivos de los hogares, y como parte de los procesos generales observados desde 2009 de desendeudamiento de los hogares españoles y de reducción de los tipos de interés, la situación era algo más favorable en 2017 que la observada en 2008.

En 2008, el 11% de los empleados de las industrias regulares vivían en un hogar que dedicaba al menos el 40% de la renta a los pagos de deuda bancaria. En cambio, en 2017 la proporción de trabajadores de las industrias sociales que residían en hogares con pagos elevados de deuda era del 8%.

La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha instado al PP a que trabaje con el Gobierno para ayudar al relanzamiento del sector turístico y les ha pedido que dejen de confrontar con el Ejecutivo.

Durante su intervención este miércoles en el Congreso de los Diputados, Maroto ha reclamado al PP «unión» en un espacio de diálogo para crear «un país de oportunidades» tras el acuerdo sobre el fondo de recuperación que dio luz verde ayer la Unión Europea.

«Si realmente quieren ayudar al sector turístico trabajen con el Gobierno y dejen la confrontación», ha apuntado Maroto en respuesta al diputado del Grupo Popular, José Alberto Herrero, quien ha señalado que los «despropósitos» del Gobierno sobre el turismo, como la cuarentena o las declaraciones de Garzón sobre el sector, van a hacer perder al sector entre 60.000 y 80.0000 millones de euros «por las imprevisiones y errores».

«La desconfianza de sus declaraciones y la confrontación hacen que el sector turístico se recupere tarde y mal», ha respondido la ministra.

Después de que el diputado popular destacara que en Francia las ayudas del Gobierno para incentivar el turismo llegan a los 18.000 millones de euros y que Exceltur pide que se destinen 35.000 millones o el 25% del plan de reconstrucción al sector, Maroto ha defendido el plan de impulso aprobado por el Gobierno, dotado de más de 4.200 millones de euros, y el plan de choque contra la Covid-19, del que el sector turístico ha sido el más beneficiado.

El número de usuarios que cambió de operador de telefonía móvil alcanzó en marzo los 399.107, lo que supone un 35,7% menos que los 621.139 registrados en el mismo mes de año anterior y su nivel más bajo desde abril de 2017, debido al impacto de la crisis del Covid-19, según recoge el informe mensual de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

El Gobierno decidió suspender desde el 18 de marzo todas las operaciones de portabilidad de servicios de telecomunicaciones, tanto en telefonía móvil como fija, mientras durara el estado de alarma para frenar la expansión del Covid-19, con el objetivo de minimizar los desplazamientos de los usuarios y profesionales del sector, lo que ha provocado este descenso de los datos.

Por compañías, el grupo MásMóvil, los operadores móviles virtuales (OMV) y Vodafone registraron saldos netos de portabilidad positivos, con 32.412, 19.361 y 6.929 líneas, respectivamente. Por el contrario, Movistar y Orange presentaron saldo negativo, ya que exportaron 18.542 y 40.160 números más de los que recibieron de otros operadores, respectivamente.

En el caso de la telefonía fija, la transferencia de clientes entre operadoras en marzo alcanzó los 148.266 números fijos, lo que supone un 16,6% menos que en el mismo mes del año anterior. Además, el dato del tercer mes de 2020 es el más bajo desde junio de 2019.

Por otro lado, la CNMC apunta que, en conjunto, el sector de la telefonía móvil cerró el tercer mes del año con un parque de líneas de casi 54,5 millones, lo que supone un 2,1% más en comparación con marzo de 2019, pero 130.000 líneas menos en comparación con febrero, frente a las 31.500 que ganó en el mismo periodo del pasado año.

Por su parte, las líneas ‘máquina a máquina’ (M2M) alcanzaron los 6,97 millones en mayo, lo que representa un incremento del 15,2% respecto al mismo mes del año anterior.

Por compañías, los tres principales operadores representaron el 77,4% del total. En concreto, Telefónica cerró marzo con una cuota de mercado del 30,01%, Orange del 24,67% y Vodafone del 22,68%, mientras que MásMóvil alcanzó una cuota del 13,89% y los OMV del 8,74%.

El parque de líneas móviles que ofrecen servicios de voz con banda ancha móvil cerró el tercer mes del año en torno a los 45,98 millones de líneas, lo que representa el 84,3% del total de líneas móviles.

BANDA ANCHA FIJA

Por otra parte, la CNMC informa de que en el mes de marzo el parque de banda ancha fija aumentó en unas 20.000 líneas, hasta un total de 15,28 millones, lo que supone un 2,4% más que los 14,93 millones registrados en el mismo mes de 2019.

En concreto, el total de líneas de fibra óptica hasta el hogar (FTTH) rozó los 10,5 millones en marzo, tras sumar 86.000 líneas en comparación con el mes anterior, mientras que las líneas DSL se redujeron en unas 63.000. Actualmente, el 44,4% del total de líneas FTTH corresponde a Movistar, con un parque de 4,2 millones de líneas.

En términos interanuales, las líneas FTTH sumaron 1,5 millones de nuevas altas en el tercer mes de 2020, mientras que la tecnología DSL perdió un millón de líneas.

Por operadoras, el 84,8% del total de líneas se concentró en los tres principales operadores. En marzo, MásMóvil, los OMV y Vodafone lograron incrementar sus líneas de banda ancha fija, al sumar 34.800, 11.200 y 900, respectivamente. Por el contrario, Movistar perdió 10.200 líneas y Orange 16.700.

En cuanto a la banda ancha fija mayorista, el servicio de acceso indirecto NEBA (FTTH y cobre) perdió 2.500 unidades en mayo y acumula 954.000 líneas, de las cuales 882.000 son de fibra. Por otra parte, mayo terminó con más de un millón de líneas de NEBA local, mientras que el total de bucles desagregados fue de 1,4 millones.

Por otro lado, el informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia indica que el número de líneas de telefonía fija se redujo en unas 28.000 en el tercer mes del año, hasta situarse en algo más de 19,1 millones de líneas.