Las búsquedas de vivienda con balcón, terraza y jardín en el portal inmobiliario Fotocasa se han disparado un 40% desde el pasado 18 de marzo, cuatro días después de que se decretase el estado de alarma.

Así se desprende del último análisis del portal inmobiliario Fotocasa, que apunta que este confinamiento cambiará las prioridades de los españoles y otorgará a la vivienda una importancia que hasta ahora quizá nunca había tenido.

El análisis refleja un aumento del 40% en el uso de filtros de balcón/terraza y jardín en el último mes y explica que el filtro de viviendas con jardín siempre se ha utilizado más que elfiltro de viviendas con terraza o balcón.

Esta tendencia no ha cambiado y aunque ambos filtros se utilizan un 40% más que antes del confinamiento, en general el filtro de jardín se está usando un 128% más que el filtro de balcón/terraza.

El interés por poder tener jardín en la futura casa que se busca indica, según Fotocasa, que muchos españoles están dispuestos a dejar grandes ciudades para irse a vivir a las afueras o zonas menos pobladas en las que se pueden encontrar estas viviendas con jardín.

El portal inmobiliario señala que muchos españoles se darán cuenta estos días de que la vivienda en la que residen no se adapta a sus necesidades, por lo que las personas que están buscando una nueva vivienda seguramente introduzcan nuevos parámetros en comparación con los utilizados hace dos meses, como puede ser el tener una gran zona exterior como terraza o jardín.

Desde la declaración del estado de alarma gran parte de los españoles están asomándose a las 20 horas a sus terrazas, balcones y ventanas a aplaudir al personal sanitario por su esfuerzo ante la crisis del Covid-19.

El Indicador de Confianza Empresarial Armonizado (ICEA), cuya publicación corresponde al Instituto Nacional de Estadística (INE), se desplomó un 26,9% en el segundo trimestre de este año en relación al trimestre anterior, hasta situarse en los niveles más bajos de la serie, iniciada en 2013.

El INE precisa que la recogida de información para elaborar este indicador se ha producido después de la declaración del estado de alarma, concretamente entre el 16 de marzo y el 3 de abril.

Con este retroceso de la confianza se encadenan tres trimestres en negativo después de que en el último trimestre de 2019 y el primero de 2020 este indicador cayera un 2,9% y un 0,4%, respectivamente.

La caída de la confianza empresarial registrada en el segundo trimestre se debe tanto al fuerte empeoramiento del indicador de expectativas como al descenso registrado por el indicador de situación.

En concreto, el balance de expectativas (diferencia entre las opiniones de los empresarios optimistas y los pesimistas) se situó en -72 puntos, frente al descenso de 5,9 puntos registrado en el trimestre anterior.

Esto se debe a que el porcentaje de establecimientos empresariales que piensan que la marcha de su negocio será desfavorable entre abril y junio de este año se ha situado en el 75,1%, cifra muy superior a la del trimestre anterior (21,1%).

Al mismo tiempo, el porcentaje de empresarios que opinan que su negocio marchará de manera normal se ha reducido hasta el 21,8% desde el 63,7% anterior, mientras que los empresarios que se muestran optimistas sobre la evolución de su negocio ha bajado desde el 15,2% al 3,1%.

EMPEORA LA PERCEPCIÓN SOBRE LA SITUACIÓN ACTUAL

Por su parte, el balance de situación (diferencia entre respuestas favorables y desfavorables respecto al trimestre finalizado) disminuyó más de 38 puntos respecto al trimestre anterior, pasando de +1,9 puntos en el primer trimestre a -36,3 puntos en el segundo.

Este empeoramiento de la percepción sobre la situación actual es resultado de que hay más establecimientos empresariales que piensan que su negocio evolucionó de manera desfavorable en los tres últimos meses que los que opinan que marchó de manera favorable.

Así, en cuanto al trimestre ya finalizado (primer trimestre de 2020), el ICEA muestra que el 10,2% de los establecimientos empresariales tienen una opinión favorable sobre cómo funcionó su negocio en esos tres meses, frente al 46,5% de establecimientos que han apreciado una evolución desfavorable en este periodo y al 43,3% que hablan de normalidad.

Estos porcentajes fueron del 20,8%, del 18,9% y del 60,3%, respectivamente, en el trimestre anterior.

El ICEA, que tiene una periodicidad trimestral y es comparable a nivel europeo, se elabora a partir de una muestra representativa de establecimientos empresariales.

Durante el segundo trimestre, la confianza empresarial bajó en todos los sectores económicos, en todas las empresas y en todas las comunidades autónomas.

HOSTELERÍA Y TRANSPORTE, DONDE MÁS CAE LA CONFIANZA

Así, de acuerdo con los datos de Estadística, de los cinco sectores económicos analizados, los que más recortaron la confianza en el segundo trimestre fueron transporte y hostelería (-32,4%) y construcción (-29,3%). Les siguen los otros servicios (-27%), el comercio (-25,4%) y la industria (-23,3%).

En cuanto al tamaño de los establecimientos, la confianza empeoró un 28,7% en las empresas de menos de 10 asalariados; un 28,1% en las de 10 a 49 asalariados; un 26,7% en las de 200 a 999 trabajadores; un 25,1% en las de 50 a 199 asalariados, y un 22% en las de más de 1.000 trabajadores.

Por comunidades, la confianza empresarial bajó en todas ellas, especialmente en Cataluña (-30,2%), Baleares (-30,1%) y Canarias (-29,9%). Los menores descensos se dieron en Murcia (-22,8%) y Castilla y León (-23,9%).

Para la elaboración de este indicador se toma como referencia metodológica la OCDE, el Ifo alemán y, sobre todo, el Tankan japonés, que elabora el Banco Central del país nipón.

CCOO ha instado este jueves al Gobierno a que se reconozca, a todos los efectos, como accidente laboral todas las bajas del personal del transporte y sector sanitario y sociosanitario, así como de funerarios, que se contagien de coronavirus en el desarrollo de su actividad profesional.

Según argumenta el sindicato, los contagios de Covid-19 de estos sectores se tramitan actualmente como contingencia común, con un código de enfermedad especial, para que la Seguridad Social lo traslade a la mutua a fin de que, a efectos económicos, conste como contingencia profesional, sin que compute como accidente de trabajo en las estadísticas.

«No se ha establecido ningún procedimiento especial para notificar los casos de Covid-19 contraído con motivo del trabajo, por lo que la única vía para lograr el reconocimiento es la reclamación de determinación de contingencia ante el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)», denuncia el sindicato.

Por ello, la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO (FSS-CCOO) insta al Gobierno a que facilite el reconocimiento a todos los efectos de estas bajas como accidentes laborales y así evitar que los trabajadores se vean obligados a recurrir a los tribunales de lo Social para conseguir el cambio de contingencia y recargo de prestaciones.

A día de hoy, según cálculos del sindicato, hay más de 28.000 profesionales sanitarios y sociosanitarios contagiados, por lo que urge establecer un procedimiento especial en estos sectores para determinar de oficio la contingencia profesional y evitar así un bloqueo en procesos judiciales.

Asimismo, para CCOO, es necesario este mismo reconocimiento para los casos en los que se ha producido el fallecimiento del trabajador a fin de reconocer las prestaciones correspondientes a los familiares supervivientes.

El sindicato sostiene además que debería cambiarse la clasificación de este virus, actualmente considerado agente biológico del grupo 2, para que sea clasificado como agente biológico del grupo 4 (aquel que causando una enfermedad grave en el hombre supone un serio peligro para los trabajadores, con muchas probabilidades de que se propague a la colectividad y sin que exista generalmente una profilaxis o un tratamiento eficaz).

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el vicepresidente segundo de Derechos Sociales, Pablo Iglesias, han pactado poner en marcha ya en el mes de mayo el Ingreso Mínimo Vital en el que está trabajando el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social de José Luis Escrivá, con la colaboración del departamento del líder de Unidas Podemos.

Fuentes de la vicepresidencia segunda han explicado a Europa Press que Iglesias y Sánchez hablaron este martes por la tarde de la medida y los tiempos, y llegaron al acuerdo de que esta ayuda empiece a funcionar desde el mes de mayo, como pedía el vicepresidente. Además, han informado de que Iglesias y Escrivá se encargarán de presentar los detalles de la medida este jueves.

Unidas Podemos lleva semanas presionando para que se apruebe cuanto antes esta prestación, al menos una modalidad «puente», hasta que estuviera listo el ingreso mínimo vital definitivo. Sin embargo, hasta ahora se había topado con las reticencias de algunos sectores del Gobierno, que preferían madurar más la iniciativa y prepararla para los próximos «meses», tal y como señaló este mismo martes la ministra de Hacienda y Portavoz, María Jesús Montero. Finalmente, Iglesias y Sánchez han acordado que empiece a funcionar en mayo.

El Ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migración ha avanzado este miércoles, durante su comparecencia ante la Comisión del ramo en el Congreso, que la medida valorará la situación de los hogares, no la del individuo, y que un 10% de los beneficiarios serían familias monoparentales, es decir, entre 90.000 y 100.000.

No obstante, Escrivá ha reconocido que aún no cuenta con toda la información que le requieren porque sus funcionarios está diseñando este «reto» en «tiempo récord». Lo que sí ha indicado es que se está trabajando para que se pueda poner en marcha «en semanas» –finalmente será en mayo– y que llegue «a quien tiene que llegar».

En este sentido, ha apuntado que la renta mínima tendrá un «itinerario de inclusión» que pondrá especial atención en la situación de las familias y no del individuo, porque su objetivo es «llegar a los umbrales de protección» según la estructura de cada hogar, incluidos los monoparentales.

Escrivá ha explicado, además, que será «complementaria» a las ayudas similares que ya existen en las comunidades autónomas y ayudarán a acabar con la «pobreza extrema» que viven muchas familias del país. De hecho, ha indicado que el porcentaje de España en este sentido, es «de los más altos de Europa.

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha acordado prorrogar un mes la prohibición de constituir o incrementar las posiciones cortas netas sobre acciones admitidas a cotización en la Bolsa española, decisión en línea con la adoptada para sus respectivos mercados por los supervisores bursátiles de Francia, Bélgica, Austria y Grecia, que extenderán sus actuales vetos a las apuestas bajistas hasta el próximo 18 de mayo.

La CNMV española, la AMF de Francia, la FMA de Austria, la FSMA de Bélgica y la HCMC de Grecia notificaron sus respectivas decisiones de renovar la prohibición de las posiciones cortas a la Autoridad Europea de los Mercados de Valores (ESMA), que ayer emitía una opinión favorable al respecto al considerar las medidas «proporcionadas y justificadas en su duración».

«Habiendo tenido en cuenta la situación adversa relacionada con el Covid-19, la idoneidad, la proporcionalidad y la duración justificada, ESMA considera la renovación propuesta de la medida de emergencia como necesaria«, opina el regulador europeo en cada uno de los cinco casos presentados.

De este modo, la CNMV extiende dicha prohibición durante un mes más, desde el 18 de abril hasta el 18 de mayo, ambas fechas incluidas. Este veto, podrá ser prorrogado por períodos renovables no superiores a tres meses si se mantienen las circunstancias, de conformidad con el artículo 24 del Reglamento (UE) Nº 236/2012, o bien levantarse en cualquier momento sin agotar el plazo, si se considerase necesario.

En el caso de la Bolsa de Viena, la renovación será efectivas desde este jueves, mientras que en las bolsas de París y Bruselas entrará en vigor desde el viernes, mientras que la renovación de la prohibición será efectiva en la Bolsa de Atenas desde el próximo 25 de abril. En el caso de los cinco mercados, está previsto que la prórroga del veto a las posiciones cortas expire el 18 de mayo de 2020.

Al margen de estos cinco países, la Comisión Nacional de la Sociedad de la Bolsa de Italia (Consob) estableció el pasado 18 de marzo una prohibición similar para las acciones negociadas en la Bolsa de Milán, que estará en vigor hasta el próximo 18 de junio. Reino Unido y Alemania, que acogen los dos mayores mercados bursátiles del Viejo Continente, por el contrario, no han impuesto restricciones a este tipo de inversiones durante las turbulencias financieras provocadas por la pandemia.

Desde la entrada en vigor de esta prohibición hace un mes, el Ibex 35 acumula una subida del 12%, en línea con el Cac 40 (+12,2%), mientras que el Bel 20 sube un 15,2% y el FtseMib de Milán un 9,2%. Por su parte, el Dax de Fráncfort gana en el último mes más de un 17% y el londinense Ftse 100 casi un 9%.

La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) ha reclamado este jueves que se liberen parte de los casi 12.000 millones de euros que tienen los ayuntamientos en remanentes para inyectar liquidez entre pymes y autónomos.

Estos remanentes, explica la plataforma, no se pueden utilizar actualmente porque están retenidos por la Ley de Estabilidad Presupuestaria, por lo que ha pedido que se modifique de manera urgentemente esta ley para que se pueda liberar este dinero.

«Es toda una paradoja: los ayuntamientos tienen la obligación legal de pagar sus facturas pero aunque quieran hacerlo no pueden disponer de estos recursos para ayudar a las pymes y autónomos en un momento tan crítico. Es como tener respiradores para salvar vidas y tenerlos en el almacén, cuando es una cuestión de vida o muerte. Ahora más que nunca necesitan esos fondos», ha argumentado el presidente de la PMcM, Antoni Cañete.

La plataforma obtiene esta cifra de 12.000 millones de euros de un informe publicado por el Ministerio de Hacienda en noviembre del año pasado sobre haciendas locales. Estos 12.000 millones de euros serían parte de los 28.341 millones de euros que, según el Banco de España, han sido depositados en entidades financieras por parte de los ayuntamientos.

Además de pedir la liberación de los remanentes, la PMcM ha hecho un llamamiento a los ayuntamientos para que prioricen también acciones de salvaguarda del tejido empresarial local, especialmente autónomos y pymes, los más afectados.

Las entidades financieras recibirán más de 500.000 solicitudes para la moratoria del pago de hipotecas contemplada en el real decreto por el estado de alarma con motivo de la pandemia del coronavirus durante el periodo que se alargue esta crisis, aunque solo un 15% de éstas cumplirá los requisitos.

Según la consultora y empresa de servicios Tessi Iberia, los «exigentes» criterios establecidos para la aceptación de estas moratorias explican la baja admisión de solicitudes, aunque recuerda que las entidades ya han puesto en marcha otro tipo de moratorias hipotecarias para las que se exigen menos requisitos.

Actualmente, existen en España cinco millones de hipotecas vivas por un importe de 500.000 millones de euros, aunque algunas entidades financieras han extendido las moratorias incluso a los préstamos personales o de consumo.

Por ello, Tessi Iberia ha lanzado una ‘Guía rápida’ que recoge datos fundamentales para gestionar la moratoria de hipotecas entre particulares, empresas, autónomos y las propias entidades financieras.

Además, ha puesto en marcha un plan de contingencia que permitirá a las entidades financieras gestionar este incremento del ritmo de trabajo como consecuencia de la regulación de la moratoria en el pago de las cuotas.

El plan está orientado a verificar los criterios de vulnerabilidad del solicitante que considera «imprescindibles» para tener derecho a la ayuda, al mismo tiempo que revisa la información que aporta el demandante, realiza los informes para el Banco de España y prepara la documentación para su firma ante notario e inscripción en el registro de la Propiedad.

REQUISITOS DE ACCESO

Tessi Iberia recuerda que son las personas que se encuentren en situación de vulnerabilidad económica o quien tenga una deuda hipotecaria contraída para inmueble las que pueden acogerse a esta medida.

Las solicitudes aceptadas tendrán una suspensión del pago de las cuotas hipotecarias durante tres meses; una ampliación de la fecha de vencimiento en tres meses; no devengarán intereses ni se reclamará mora alguna; y no se podrá modificar ninguna otra condición.

Algunos de los requisitos que se deban cumplir pasan porque el solicitante esté en situación de desempleo, sea un empresario o autónomo cuya disminución de ingresos sea superior al 40%, que los ingresos de la unidad familiar no superen tres veces el IPREM o que la cuota hipotecaria más los suministros básicos sea igual o superior al 35% de los ingresos netos del conjunto de la unidad familiar.

Desde que comenzara la pandemia provocada por el coronavirus, el mundo se ha parado. Todo comenzó en el mes de diciembre de 2019 en China pero, más pronto que tarde, ha ido llegando a todos los países del mundo. Tanta ha sido la gravedad, que miles de trabajadores se encuentran ahora en sus casas, teletrabajando, o bien habiendo dejado de hacerlo. En esta situación, si hay una palabra que hemos escuchado es la de ERTE. Pero, ¿en qué se diferencia del ya más conocido ERE?

España se encuentra en la actualidad en Estado de Alarma. Este hecho sin precedentes no había sucedido nunca en la historia de la democracia, al menos no de tal magnitud. El Real Decreto Ley aprobado por el Gobierno para poder hacerlo, ha provocado el cierre de innumerables empresas. Algunos trabajadores pueden seguir teletrabajando. Otros, en cambio, deben permanecer en casa a la espera de conocer su futuro cuando la crisis vaya disminuyendo.

Los más afectados, sin duda, han sido los trabajadores que lo hacen como dependientes en diversos comercios, aquellos dedicados al sector de viajes, hostelería y restauración, fábricas que trabajan al recibir material de países extranjeros, etc. Ante este panorama, no hay duda de que una de las dudas más frecuentes que nos ha venido a todos a la cabeza es la de conocer en qué se diferencian realmente un ERE de un ERTE y cómo nos puede afectar.

Diferencias principales entre un ERE y un ERTE

A raíz de la crisis por el COVID-19, las empresas han lanzado un ERTE (Expediente de Regulación Temporal de Empleo), conocido por las personas del sector pero un gran desconocido, hasta ahora, para el resto de la sociedad. Mejor conocemos, sin duda, el ERE (Expediente de Regulación de Empleo), por haberlo escuchado un sinfín de veces durante la crisis del 2008.

El ERE y el ERTE son dos instrumentos que, en realidad, se parecen bastante. Es decir, podemos afirmar que son muy similares. No obstante, cuentan con consecuencias muy diferentes entre sí. Y ahí radica su diferencia. Ambas fórmulas vienen contempladas en el Real Decreto Ley 3/2012. La función es que las empresas puedan responder por sí mismas ante diversas situaciones técnicas, económicas, organizativas o de producción según el momento que estén atravesando.

Para decirlo de algún modo, son un tipo de regulación de empleo de carácter colectivo, pues afectan a un gran número de los trabajadores de una empresa. No obstante, sí que existen diferencias en cuanto a la aplicación de las mismas para que sean efectivas. También, sobre todo, en las consecuencias que ambas producen y que soportarán los trabajadores de la empresa que las decida presentar.

¿Qué es un ERE?

El ERE, como decíamos, se define como un Expediente de Regulación de Empleo. Se encuentra regulado en el artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores y es una palabra que escuchamos demasiado del año 2008 al 2012 cuando España atravesaba una de sus peores crisis económicas (al igual que el resto de la Unión Europea). Es una fórmula de despido firme aplicada por la organización cuando esta cesa al completo su actividad.

Para que sea efectiva, la empresa tienen que cerrar de forma real y definitiva. Sin embargo, a veces puede suceder que, aunque la empresa no llega a cerrar del todo, sí busca reducir su plantilla de trabajadores. En este caso, estos tienen derecho, cuando cumplan una serie de condiciones, a recibir la prestación por desempleo en su totalidad. Es decir, el 100% de la cantidad que les corresponda.

Para resumir qué es un ERE, podemos decir que este cuenta con una duración indefinida. Una vez producido, el trabajador no contempla volver a su puesto de trabajo. Los despidos, pues, son efectivos y firmes desde el primer momento. Eso sí, los empleados siempre pueden recibir la prestación por desempleo tras cumplir una serie de condiciones.

¿Qué es un ERTE?

El ERTE es la palabra que más estamos escuchando desde que se desatara la crisis por el coronavirus. Aunque nos era menos familiar, todos prácticamente podemos decir que ya la hemos escuchado alguna vez. Y quién sabe si no sufrido. Se trata de un Expediente de Regulación Temporal de Empleo. Ya en su propio nombre podemos conocer la principal diferencia entre este con el ERE: uno es temporal y el otro no.

Está recogido en el artículo 47 del Estatuto de los Trabajadores. Sus consecuencias, al contrario que en el caso anterior, tendrán una determinada duración. Es decir, en ningún caso serán indefinidas. No estamos hablando de un despido en sí, sino de un cese de forma temporal de la actividad de la empresa que podría afectar a toda o a una parte tan solo de la plantilla. Puede ser efectivo, además, en forma de una reducción de la jornada de forma temporal o en una suspensión completa del contrato. Esta última es la que más estamos viendo en la situación actual.

Un ERTE, por tanto, no tiene en cuenta el despido de los trabajadores. Siempre se basa en una suspensión de forma temporal. Podría aplicarse a toda o a una parte tan solo de la plantilla. Cuando sucede, el trabajador puede acogerse a percibir el pago que corresponda. Tampoco existe una duración máxima que se establezca por ley. Eso sí, la empresa debe demostrar las causas por las que se ha acogido al mismo.