La cadena agroalimentaria española se sitúa entre los dos o tres mejores sistemas agroalimentarios del mundo y ha sido un referente mundial de solidez durante la crisis sanitaria del Covid-19, según un informe de la consultora LLYC, la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB) y Mercasa.

«No existen precedentes en la historia moderna en que la cadena agroalimentaria se haya tensionado de tal manera, desde el campo hasta el supermercado y en todos sus frentes, desde el laboral, al manufacturero y logístico. Sin embargo, el sistema respondió en su conjunto; la población en España no experimentó desabastecimiento de productos de primera necesidad», ha subrayado Joan Navarro, socio y vicepresidente Asuntos Públicos de LLYC.

El autor del informe, Fernando Moraleda, senior advisor de LLYC, ha explicado que este buen comportamiento de la cadena agroalimentaria española se explica por razones estructurales y coyunturales.

«La cadena alimentaria española tiene los mejores antecedentes. Se constituye sobre la base de un amplio y heterogéneo sector agrario, una poderosa (y muy diversa en tamaño y capacidad productiva) industria alimentaria y una distribución muy modernizada en todos sus formatos; y todo ello, bajo una eficiente logística en los mercados mayoristas de alimentación fresca sustentada en la actuación pública de la empresa Mercasa y buena parte de los mayores ayuntamientos españoles. Podría decirse que la cadena alimentaria forma parte de la imagen internacional de la España Global», ha resaltado.

SECTOR PRIMARIO

Según explica el informe, el sector primario se constituye como el elemento estratégico de suministro de materias primas. España es una referencia mundial en variedad y calidad de productos agroalimentarios y se sitúa como el país más diversificado de la Unión Europea y el segundo más importante del mundo, de acuerdo al Índice de Herfindalh.

Además, el sector primario, ha sido ejemplar durante la pandemia, ya que el campo no ha dejado de trabajar durante estos meses. Según el análisis, la recogida de fruta ha exigido una muy notable coordinación entre instituciones y sector productor para garantizar dicho trabajo.

Una conclusión de este periodo, apunta el informe, es la necesidad ineludible de mano de obra inmigrante, regularizada y con todas las garantías laborales y sociales para el desarrollo de estos trabajos.

LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA

En cuanto, al sector secundario, la industria agroalimentaria de alimentación y bebidas es la primera del país, con una producción de 116.000 millones de euros, el sector representa el 3% del PIB nacional y emplea de manera directa a casi 500.000 personas. Ambos sectores representan el segundo sector exportador de la economía nacional.

Su implantación territorial cumple, también, un papel fundamental en la fijación de la población y el desarrollo local, pues las más de 31.000 empresas que la componen, en su mayoría son pymes que se localizan preferentemente en localidades de menos de 50.000 habitantes.

«Si por separado, ambos sectores constituyen por sí mismos un elemento esencial de la cadena, su unión representa el segundo sector exportador de la economía nacional, por detrás de material de transporte, con una cuota en los mercados internacionales del 3,3%, cupo que casi dobla al que nuestro país tiene en el conjunto de bienes», asegura Moraleda.

LA RED DE MERCAS

El siguiente eslabón fundamental de la cadena alimentaria es la distribución comercial. Para ello cuenta con una «significativa» participación de las actividades minoristas de alimentación en el conjunto de la estructura distributiva.

Este sector está configurado por 110.078 establecimientos que representan el 21,3% del total de la distribución, calculándose que existen en España 2,4 locales comerciales especializados en comercio de alimentación y bebida por cada 1000 habitantes.

El último componente de la cadena es la Red de Mercas, gestionada por la empresa estatal Mercasa y los ayuntamientos que permite alimentar a 30 millones de personas cada día y presta servicio a 3.000 empresas mayoristas de alimentos frescos, que realizan una media de más de 100.000 transacciones comerciales diarias. Es una organización que ocupa el primer puesto mundial en cuanto a la variedad de consumo de productos de pesca y frutas y hortalizas.

Como ejemplo, según el informe, durante el periodo álgido de las restricciones a la movilidad, el conjunto de canales de distribución tuvo crecimientos interanuales que pasaron del 84,4% de la semana 13 al 236,7% de la semana 16.

«De principio a fin, podemos concluir que la cadena agroalimentaria española dispone de una resiliencia que le ha permitido hacer frente a la crisis inédita provocada por la Covid-19. Sus distintos eslabones, que ya poseen fortalezas propias, cuando se interrelacionan entre sí de forma flexible y ordenada proporcionan a la cadena española un valor añadido difícil de parangonar», resume el autor.

El informe también dedica un capítulo a analizar la actitud de los consumidores durante la pandemia. En una primera fase, promovida más por la incertidumbre y el miedo, produjo un primer momento de acopio de alimentos buscando su almacenamiento doméstico.

La semana del 9 al 14 de marzo, previa al confinamiento y con el cierre de colegios, tuvo picos de demanda de hasta el 70% creando una verdadera conmoción social.

Con el inicio del confinamiento arroces, legumbres, conservas y pastas fueron las que más crecieron junto a los productos para bebé, limpieza y droguería que tuvieron incrementos superiores al 40%. Sin embargo, los alimentos frescos crecían solo entre el 10% y el 15%.

La segunda fase, con una mayor adaptación social al confinamiento y posterior desescalada, estuvo más representada por el cambio hacia el modelo tradicional de cesta de la compra español con prevalencia de productos frescos y perecederos.

Los mayores de 65 años, uno de los colectivos más vulnerables, redujeron drásticamente sus compras tras el decreto del Estado de Alarma. El gasto de esta franja de edad cayó en un 18% respecto al promedio semanal, lo que supone 11,2 millones menos de visitas en el conjunto de España.

El crecimiento del gasto en el consumo se produjo preferentemente en los alimentos frescos, cuya comercialización exige una notable estructura logística y en la que el papel de la Red de Mercas ha respondido de manera «extraordinariamente eficaz», según el informe.

Las sociedades concesionarias de las autopistas de peaje barajan llevar al Gobierno a los tribunales por tratar de recortar la eventual compensación que les corresponda por el impacto ocasionado por la crisis al cambiar «por sorpresa» y por Real Decreto Ley el sistema para determinar estas compensaciones.

Así lo indicó la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), para quien esta modificación constituye una «vulneración de derechos y principios constitucionales, como son los de seguridad jurídica, igualdad de trato y no confiscación de bienes y derechos».

El Ejecutivo introdujo «por sorpresa» y por Real Decreto Ley un cambio en el sistema de compensación a las vías de pago

Se trata de un cambio de las reglas del juego a mitad de partido y de reinventar lo ya inventado para beneficiar a una de las partes», indicó a Europa Press el presidente de la CNC, Juan Francisco Lazcano, quien asegura que la modificación arroja una «merma importante», en las posibles compensaciones.

Aboca a las empresas injustamente perjudicadas a acudir a los tribunales para la defensa de sus derechos», aseguró. El Gobierno introdujo en el Real Decreto Ley de medidas de apoyo al sector los transportes aprobado el pasado 7 de julio un artículo que fija las condiciones por las que las autopistas de peaje pueden reclamar compensaciones por la crisis.

En virtud de este artículo, el Gobierno acota los requisitos para que las autopistas puedan reclamar por la situación generada por la pandemia o las medidas articuladas para luchar contra la misma. Así, descarta que se puedan pedir «por daños por fuerza mayor o sobre el restablecimiento del equilibrio económico que, en su caso, pudieran ser aplicables a sus contratos».

TRES MESES DE PLAZO ADICIONAL

De esta forma, las empresas no pueden reclamar en caso de que, a pesar de los desplomes de tráfico de más del 80% registrados por el confinamiento y la crisis, hayan contabilizado un margen de explotación positivo.

Como margen de explotación entiende la diferencia entre ingresos y gastos sin incluir amortizaciones ni provisiones, y sin considerar ingresos y gastos de inversión o financiación, moratorias ocondonaciones pactadas por el concesionario o salarios de los trabajadores incluidos en ERTEs.

En caso de que este margen sea negativo, se le compensará para que ese margen sea cero o para cubrir la diferencia con el del mismo periodo del año anterior. Además, dicha compensación se realizará mediante un aumento del plazo de concesión de la vía que, en ningún caso, «podrá exceder la duración del estado de alarma», esto es, unos tres meses.

Abertis, Itínere y Cintra (Ferrovial), junto con fondos internacionales, son actualmente los principales concesionarios de autopistas del país, toda vez que el Estado controla nueve vías que quebraron en la anterior crisis. No obstante, la medida también afecta a tramos de autovía en peajes en sombra y áreas de servicio. Todos ellos tienen de plazo hasta noviembre para solicitar compensación.

«MAL PRECEDENTE»

La patronal considera que esta medida supone «suprimir con efectos retroactivos los derechos legales y que por contrato tienen las empresa concesionarias».

«No hay orden jurídico que lo sustente», según Lazcano, quien indicó que serán las empresas las que determinen si finalmente acuden a los tribunales en defensa de sus derechos.

Además, el sector considera que se trata de «un mal precedente» justo cuando el Gobierno está dispuesto a recuperar la inversión privada y los contratos de concesión para construir infraestructuras como un instrumento para la recuperación de la economía. «El sector privado no tendrá ninguna confianza en el sistema», advierte el presidente de la CNC.

Los propietarios de centros comerciales ya han alcanzado, de media, acuerdos con el 63% de los arrendatarios con los que mantienen contratos de alquiler desde que finalizara el estado de alarma el pasado 21 de junio por el coronavirus.

En las últimas semanas los propietarios han negociado tanto con grandes operadores como con multitud de pequeñas y medianas empresas para buscar soluciones que faciliten la adaptación de los negocios a la ‘nueva normalidad’ y confían en que esta tendencia de consecución de acuerdos siga creciendo en las próximas semanas.

Así lo han puesto de manifiesto en un comunicado Merlin Properties, Unibail Rodamco Westfield, Klepierre, Lar España Real Estate, Carmila, Castellana Properties, Eurofund, La Sociedad General Inmobiliaria de España, Neinver y Nuveen real estate, Harbert Management Corporation y Sonae Sierra.

En este sentido, señalan que cualquier otra solución desequilibrada podría debilitar a toda la cadena de valor del comercio y, en el caso de los propietarios de centros y parques comerciales, podría incluso generar la quiebra si se produjese una situación de impago generalizada, con las consecuencias que ello tendría sobre el sector financiero, el empleo -más de 700.000 puestos de trabajo directos e indirectos- y la propia economía.

COMPROMISO

Desde el inicio de la pandemia los propietarios de centros comerciales han mostrado su compromiso con la actividad comercial yendo más allá de lo dispuesto en las normativas de urgencia aprobadas por el Gobierno y tratando de contribuir a la salvación del tejido empresarial y de los puestos de trabajo existentes en el sector.

De esta forma, además de contener al máximo los gastos corrientes para el óptimo mantenimiento de las instalaciones, han implementado una serie de medidas para aliviar la tesorería de los inquilinos desde el momento de la declaración del estado de alarma y han activado paquetes de inversión para mejorar la seguridad de los activos.

Los promotores, propietarios y concesionarios de los centros y parques comerciales contribuyen, directa e indirectamente, a la generación de empleo estable y de riqueza en España, ya que suman más de 740.000 puestos de trabajo (repartidos a partes iguales entre directos e indirectos) y cuentan con casi 15.000 millones de euros en activos en España, ejerciendo como polo de atracción de inversión.

El déficit comercial alcanzó los 9.055 millones de euros hasta el mes de mayo, lo que supone un descenso del 31,3% respecto al mismo periodo del año anterior, según los datos publicados este viernes por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

Esta caída es consecuencia del descenso registrado tanto de la exportaciones, que caen un 17,2% en los primeros cinco meses del año como consecuencia del impacto del Covid-19 en la economía, hasta los 101.462 millones; como de las importaciones que, con 110.517 millones, se reducen un 18,5% en el mismo periodo.

Según ha indicado la secretaria de Estado de Comercio, Xiana Méndez, en un contexto «difícil» para el comercio exterior, las exportaciones «tocaron fondo en abril» y empezaron a recuperarse en mayo, «y lo están haciendo con mayor dinamismo que las importaciones, lo que ha permitido obtener un superávit comercial en el mes de mayo».

La recuperación de las ventas al exterior en mayo permite registrar el primer superávit comercial en un mes desde julio de 2016

La tasa de cobertura (cociente entre exportaciones e importaciones) se situó en el 91,8%, por encima del 90,3% en enero-mayo del año anterior.

El saldo no energético arrojó un déficit de 1.861 millones de euros, inferior al déficit de 2.973 millones de euros en el acumulado hasta mayo de 2019, y el déficit energético se redujo un 29,5%, hasta los 7.194 millones de euros (déficit de 10.206 millones en 2019).

Comercio destaca que el descenso de las exportaciones españolas entre enero y mayo es menor que el de Francia (-22,1%), pero mayor que el de la UE-27 (-13,4%), la zona euro (-13,9%), Alemania (-14,1%), Reino Unido (-15,6%) e Italia (-16,0%). También decrecieron las ventas de EEUU (-15,0%), China (-7,7%) y Japón (-13,1%).

Las únicas contribuciones positivas a las exportaciones de enero a mayo de 2020 provinieron del sector de alimentación, bebidas y tabaco (contribución de 0,9 puntos) y otras mercancías (contribución de 0,3 puntos).

En cambio, las principales contribuciones negativas provinieron de los sectores del automóvil (contribución de -5,4 puntos), bienes de equipo (-4,5 puntos), manufacturas de consumo (-2,7 puntos) y productos energéticos (-2,4 puntos).

CAEN LAS VENTAS A TODOS LOS DESTINOS

Las exportaciones dirigidas a la Unión Europea (59,8% del total) disminuyeron un 16,7% en los cinco primeros meses del año, mientras que las ventas a la zona euro (52,2% del total) descendieron un 16,8% y las destinadas al resto de la Unión Europea (7,7% del total), se redujeron un 16,4%.

Por su parte, las ventas a terceros destinos (40,2% del total) cayeron un 17,8% en este periodo, con descensos de las exportaciones a Oceanía (-36,8%), América Latina (-25,5%), África (-24,7%), Oriente Medio (-15,5%), América del Norte (-13,6%) y Asia excluido Oriente Medio (-7,5%).

Las comunidades autónomas con mayores crecimientos en sus exportaciones fueron Extremadura (+16,8%) e Islas Baleares (+6,4%). En cambio, los mayores descensos se dieron en el País Vasco (-24,7%), Galicia (-24,5%) y Canarias (-22,9%).

En cuanto a las importaciones, no ha habido ningún sector con contribución positiva en los cinco primeros meses del año. Las mayores contribuciones negativas provinieron del sector automóvil (-4,9 puntos), productos energéticos (-4,4 puntos), bienes de equipo (-3,8 puntos) y manufacturas de consumo (-1,6 puntos).

EL PRIMER SUPERÁVIT 

Respecto a los datos del mes de mayo, las exportaciones españolas de mercancías descendieron un 34,4% sobre el mismo mes de 2019, hasta los 17.515 millones de euros, pero en tasa mensual subieron un 16,4%.

Las importaciones en mayo, por su parte, cayeron un 39,6% en términos interanuales, hasta los 17.390 millones de euros, aunque se incrementaron un 5% respecto a abril.

Como resultado, en mayo se registró un superávit de 124,4 millones de euros, el primer superávit comercial desde julio de 2016 y el tercero de la serie histórica desde 1995. La tasa de cobertura se situó en el 100,7%, lo que supone 8 puntos porcentuales más que en mayo de 2019.

Las propuestas de partida del Consejo Europeo supondrían una pérdida anual de 600 millones para la agricultura española, según la organización agraria COAG, que considera «inaceptables» los recortes del 9% en los fondos de la Política Agraria Común (PAC) planteados por la Comisión Europa y el presidente del Consejo, Charles Michel.

En este escenario, COAG ha reclamado reforzar la PAC para garantizar la seguridad alimentaria de los 500 millones de ciudadanos europeos. «La crisis sanitaria global ha evidenciado que Europa no puede permitirse una dependencia agrolimentaria de terceros países», ha subrayado el secretario general de COAG, Miguel Blanco.

ALIANZAS

En un escenario de «grave» crisis de rentabilidad de las explotaciones agrarias y mayores exigencias medioambientales, de lucha contra el cambio climático, y de bienestar animal dentro del Paquete Verde de la Unión Europea, y por tanto, «mayores costes» para los agricultores y ganaderos europeos, COAG ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que establezca alianzas con otros países de la Unión Europea para reorientar las propuestas de recortes.

«Sería realmente injusto y alarmante que la Unión Europea quisiera financiar la transición ecológica rebajando el apoyo a los hombres y mujeres del campo. Ante retos ambiciosos necesitamos presupuestos ambiciosos, Sánchez debe mantenerse firme ante una propuesta que evidencia la grave incoherencia e hipocresía de la UE en sus políticas», ha señalado el secretario general de COAG.

La cifra de negocios de la industria cayó un 33,1% el pasado mes de mayo respecto al mismo mes de 2019, moderando el desplome que registró en abril, cuando la paralización casi total del sector durante la primera mitad de mes como consecuencia de la crisis sanitaria llevó a un retroceso histórico de las ventas superior al 40%. Con la caída de mayo, la facturación de la industria encadena tres meses consecutivos de tasas interanuales negativas.

No obstante, con la recuperación progresiva de la actividad, el sector logró elevar sus ventas un 18,5% respecto al mes de abril (dato corregido de efectos estacionales y de calendario), en contraste con el fuerte retroceso del 28,5% del mes anterior, según datos difundidos este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Las actividades que más incrementaron sus ventas en el mes fueron la fabricación de vehículos, que las multiplicó por cuatro (+316,1%); la industria del cuero y calzado (+147%) y la fabricación de muebles, que casi las duplicó (+97%).

En sentido contrario, los mayores retrocesos se los anotaron la industria del tabaco (-10,8%), la fabricación de otro material de transporte (-8,9%) y la industria de la alimentación (-4,9%).

Por sectores, todos presentaron tasas mensuales positivas, destacando los bienes de consumo duradero, que elevaron sus ventas un 110,5% respecto a abril, y los bienes de equipo, que facturaron un 66% más. Por su parte, las ventas de energía avanzaron un 27,7% en mayo; las de los bienes intermedios crecieron un 14,4% y las de los bienes de consumo no duradero subieron un 2,5%.

LAS VENTAS DE ENERGÍA

De acuerdo con los datos del INE, la industria facturó un 33,1% menos en mayo, tasa 7,4 puntos superior a la de abril. Corregido el efecto calendario y la estacionalidad, la cifra de negocios de la industria también bajó un 29,3% interanual en el quinto mes del año, frente al retroceso del 40,8% de abril, que fue el mayor de la serie.

En términos interanuales, todas las actividades recortaron su facturación en relación a mayo de 2019 a excepción de la fabricación de bicicletas, que elevó su cifra de negocios un 23,3% gracias a que al comienzo de la desescalada se autorizó el ejercicio físico.

Por su parte, los mayores retrocesos interanuales en las ventas se dieron en coquerías y refino de petróleo (-64,3%), fabricación de artículos de joyería, bisutería y de instrumentos musicales (-62,2%), confección de prendas de vestir (-60,3%) y fabricación de automóviles (-50,7%).

Por sectores, todos ellos recortaron su facturación en mayo. Los mayores descensos de las ventas en tasa interanual se registraron en la energía (-64,3%) y los bienes de equipo (-40,7%), seguidos de los bienes de consumo duradero (-36,1%), de los bienes intermedios (-30,5%) y de los bienes de consumo no duradero (-19,7%).

LAS COMUNIDADES RECORTAN VENTAS

La cifra de negocios de la industria disminuyó respecto a mayo de 2019 en todas las comunidades autónomas.

Los mayores retrocesos se produjeron en Baleares (-42,1%), Galicia (-39,9%) y Aragón (-38,2%), mientras que los menores correspondieron a Extremadura (-14,7%) y, mucho más lejos, Canarias (-24,8%).

El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ha indicado este viernes que resulta «fundamental» aprobar «cuanto antes» un fondo de recuperación europeo como el propuesto por la Comisión Europea, con un «tamaño proporcional» a las necesidades de financiación generadas por la pandemia del coronavirus.

En un artículo publicado en Cinco Días y justo el día en el que se celebra la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la UE para debatir la aprobación de dicho fondo, el gobernador asegura que el contexto actual de «elevada incertidumbre» resulta necesario añadir un «impulso fiscal» en las primeras fases de la recuperación.

«En este caso, dadas las enormes interacciones económicas y financieras entre las diversas economías del área, la acción conjunta es la vía más eficaz para garantizar la eficacia de este impulso y que los efectos económicos de la pandemia sean superados en un plazo menor y a un coste más reducido por todos y cada uno de los países», defiende Hernández de Cos.

Además, afirma que para maximizar sus efectos sobre el crecimiento futuro, esta estrategia debería complementarse con una agenda de reformas «ambiciosa», que afronte los desafíos estructurales de las economías europeas.

EFECTOS BASTANTE PERSISTENTES

El gobernador, que destaca que la crisis económica provocada por la pandemia de Covid-19 va camino de producir «la mayor recesión global desde la Segunda Guerra Mundial», advierte de que las previsiones disponibles muestran que los efectos económicos de la pandemia podrían ser «bastante persistentes y afectar muy negativamente a la dinámica de la inflación».

Por ello, considera que esta «perturbación sin precedentes» exigía una respuesta de política económica «rápida y contundente», que facilitara la salida de la crisis sanitaria con el menor daño económico posible. Con este objetivo, añade, el Banco Central Europeo ha desplegado «una batería de medidas de emergencia».

Según Hernández de Cos, dichas medidas han proporcionado «un considerable margen de actuación a las autoridades nacionales», algo «particularmente importante», dado que la política fiscal cuenta con los instrumentos más adecuados para luchar contra esta crisis.

RESPUESTA FISCAL «MUY ENÉRGICA»

De hecho, afirma que, con carácter general, la respuesta de las políticas fiscales nacionales europeas ha sido también «muy enérgica», y que el conjunto de medidas adoptadas están resultando «determinantes» para evitar una recesión aún más pronunciada en el área del euro y un deterioro mayor en las perspectivas de inflación.

En las últimas semanas, resalta el gobernador, en paralelo a los procesos de desescalada de las medidas de contención del virus, se está produciendo una recuperación gradual de la actividad económica que, en todo caso, es todavía «incompleta, heterogénea y sujeta a un elevado grado de incertidumbre».

Por su parte, la inflación observada y las expectativas de inflación se mantienen en niveles muy reducidos y es de esperar, a su juicio, que en el medio plazo la debilidad de la demanda siga presionando su evolución a la baja.

ACOMODACIÓN MONETARIA DEL BCE

En este contexto, Hernández de Cos recuerda que el Consejo de Gobierno del BCE ha dejado claro que es necesario mantener «un elevado grado de acomodación monetaria» para apoyar la recuperación y salvaguardar el objetivo de estabilidad de precios.

«Además, estamos dispuesto a ajustar todos nuestros instrumentos si fuera necesario», indica el gobernador, que afirma que en la fase actual de la crisis resulta necesario que la política fiscal siga apoyando la recuperación, lo que aconseja mantener algunas de las medidas aprobadas, «de manera focalizada» y con un diseño que permita el funcionamiento de los mecanismos de flexibilidad disponibles para que las empresas realicen los posibles ajustes estructurales necesarios.

Al mismo tiempo, señala que deben ganar peso otras medidas, como las políticas activas de empleo o la revisión de los procesos de reestructuración e insolvencia de las empresas, que les permita continuar su actividad cuando aún son viables.

Por último, sobre el sector bancario, afirma que afronta esta crisis desde una situación «más saneada» que en la anterior, aunque alerta de que tendrá un impacto «significativo» sobre la calidad de la cartera crediticia, por lo que los supervisores deben seguir ejerciendo una «vigilancia estrecha» sobre los riesgos para la estabilidad financiera y tienen que estar dispuestos para dar una «respuesta contundente», a escala europea, en caso de que estos se materialicen.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha llegado este viernes al Consejo europeo con «ánimo» de llegar a un consenso con sus socios de la UE sobre un plan de recuperación post-Covid para el que España defenderá sus intereses nacionales, pero consciente de que están «obligados» a alcanzar un acuerdo en esta cita histórica.

«Estamos ante un Consejo muy importante, yo diría que histórico, para el conjunto de países europeos, porque inédita es también la situación que estamos atravesando«, ha expresado Sánchez en una declaración sin preguntas, a su llegada a la sede del Consejo europeo en Bruselas, en donde los jefes de Estado y de Gobierno de la UE se dan cita por primera vez desde el inicio de la pandemia.

Portugal espera un acuerdo «rápido» tras el esfuerzo del presidente del Consejo de «acomodar» las posiciones de todos

Así, el presidente del Gobierno ha considerado que los líderes están «obligados todos a llegar a un acuerdo», para dar una respuesta a los ciudadanos que «están sufriendo en primera mano» las consecuencias del coronavirus, no solo desde el punto de vista sanitario, sino también en el plano económico y social.

Las negociaciones cara a cara arrancan este viernes a primera hora y se da por hecho que se prolongarán toda la noche, al menos hasta el sábado, con el objetivo de pactar un fondo de recuperación que, ha dicho Sánchez, transforme las economías de los Estados miembro en «economías mucho más resilientes, verdes, digitales, inclusivas», en donde la cohesión territorial y social «sea una de sus principales objetivos».

Así las cosas, ha dicho Sánchez, España acude a la cumbre «con el ánimo de llegar a un acuerdo», pero también de defender intereses nacionales en cuestiones clave como la política agrícola o el modo en que se defina la gobernanza del fondo de recuperación, así como en «dónde están las políticas en las cuáles se tiene que centrar ese fondo».

En cualquier caso, ha concluido el presidente del Gobierno, se encuentra en Bruselas con «ánimo constructivo» y el objetivo de que entre todos puedan llegar a un acuerdo.

AMIGO PORTUGUÉS

De manera similar se ha expresado el también socialista António Costa, primer ministro portugués, quien en otra declaración a la llegada a la cumbre ha confiado en que los Veintisiete sean capaces de lograr «un acuerdo rápidio este fin de semana».

En opinión de Costa, la Comisión Europea presentó una «excelente propuesta» a partir de la cual el presidente de Consejo, Charles Michel, ha hecho un «gran esfuerzo para acomodar los puntos de vista de todos».

«Ahora nos corresponde a nosotros responder a las preguntas y necesidades de nuestros ciudadanos para una recuperación vede, inteligentes e inclusiva», ha concluido el portugués

El sector servicios registró un descenso de su facturación del 33,6% en mayo respecto al mismo mes de 2019, moderando así la caída que experimentó en abril por la crisis sanitaria y que fue la mayor de la serie histórica. No obstante, la desescalada en el comercio y el turismo propició en mayo un ascenso mensual de las ventas superior al 15%, según ha informado este viernes el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con el descenso interanual registrado en mayo, los servicios encadenan tres meses consecutivos de fuertes retrocesos como consecuencia de la pandemia y sus efectos sobre la economía.

Los datos del INE reflejan además que el empleo en el sector servicios retrocedió en el quinto mes del año un 6,9% en tasa interanual, su mayor descenso desde el inicio de la serie, en 2002. En este sentido, Estadística recuerda que en los datos de empleo hay que tener en cuenta que las personas acogidas a un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) siguen formando parte del personal de la empresa.

Desde el 4 de mayo, de acuerdo con el plan para la transición hacia una nueva normalidad, los locales comerciales que no tenían permitida la venta al público fueron reabriendo sus puertas y adaptando sus aforos.

El empleo del sector cae a su mayor ritmo anual en 18 años (-6,9%)

De esta forma, hoteles, establecimientos turísticos y actividades de restauración pudieron abrir al público con ciertas restricciones conforme los distintos territorios fueron alcanzando las diferentes fases de la desescalada.

Esta reactivación es la que motivó que la facturación del sector servicios repuntara en mayo un 15,5% respecto a abril (sin efectos estacionales y de calendario), en contraste con la fuerte caída mensual del 26% del cuarto mes del año.

Las ventas del comercio avanzaron un 21,9% en el mes, mientras que las de los otros servicios subieron un 3,2%. Dentro del comercio, destaca especialmente el fuerte crecimiento mensual de la facturación en la actividad de venta y reparación de vehículos y automóviles (+198,3%), seguido, de lejos, por el comercio minorista (+18,5%) y el mayorista (+16%).

En el ámbito de los otros servicios, el mayor avance mensual de las ventas se lo anota la hostelería, que con el inicio de la desescalada y la apertura de locales facturó en mayo un 128,8% más que en abril. Le sigue transporte y almacenamiento, con un repunte mensual de las ventas del 8,6%, mientras que el resto de actividades registran descensos: del 1,4% para las actividades administrativas, del 0,2% para información y comunicaciones y del 0,1% para las actividades profesionales, científicas y técnicas.

EL COMERCIO FACTURA MENOS

Pese a la mejora de la facturación en el mes, los datos interanuales siguen siendo negativos, aunque menos que en abril. Así, el sector servicios facturó un 33,6% menos que en mayo de 2019, siendo las actividades más afectadas las relacionadas con el turismo.

Corregidos los efectos estacionales y de calendario, la facturación del sector se desplomó un 32,3% interanual, amortiguando la caída histórica de abril, superior al 40%.

En mayo, las ventas del comercio descendieron un 29% respecto al mismo mes del año anterior, con caídas del 49,5% en la venta y reparación de vehículos; del 28,3% en el comercio mayorista, y del 22,4% en el comercio minorista.

Los otros servicios recortaron su facturación un 42% interanual en el quinto mes del año, destacando los retrocesos de la hostelería (-87,1%) y de las actividades administrativas y servicios auxiliares (-49%). Le siguen el transporte (-37,1%), las actividades profesionales, científicas y técnicas (-31,3%) e información y comunicaciones (-17,6%).

Entrando en algo más de detalle, los mayores descensos de las ventas se dieron en los servicios de alojamiento (-96% interanual); agencias de viaje (-93,8%); transporte aéreo (-83,3%); servicios de comida y bebida (-83%) y transporte por taxi (-80,2%).

Los datos del INE reflejan que el empleo en el sector servicios registró en mayo una caída interanual histórica del 6,9%, que fue mucho más acusada en la hostelería (-17,1%) y en las actividades administrativas y servicios auxiliares (-10,1%).

CAEN VENTAS Y EMPLEO EN LAS CCAA

En el quinto mes del año, la tasa anual de la cifra de negocios del sector servicios bajó en todas las comunidades autónomas, especialmente en aquellas con más dependencia del turismo.

Baleares (-57,3%), Canarias (-48,3%), Madrid (-37,6%) y Cataluña (-34,3%) lideraron las caídas anuales de la facturación, mientras que los menores descensos se dieron en Murcia (-11,5%) y Extremadura (-19,3%).

En cuanto al empleo en el sector, todas las comunidades recortaron la ocupación en mayo respecto al mismo mes de 2019. Los mayores retrocesos se los anotaron de nuevo las islas, con caídas del 20,3% en el caso de Baleares y del 8,9% en el de Canarias, y los menores correspondieron a Murcia (-2,9%), País Vasco (-4,9%) y Madrid (-5,7%).

Todos los cupos de las medidas de destilación de crisis, almacenamiento privado y cosecha en verde han quedado cubiertos para ayudar al sector vitivinícola en la crisis derivada del Covid-19, según ha informado el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación a las comunidades autónomas.

En total, el sector del vino recibirá 91,6 millones de euros para paliar los efectos del Covid-19, a través de las tres medidas que ayudarán a reequilibrar el mercado. Del total, 45,2 millones de euros tienen como destino el vino comercializado al amparo de denominaciones de origen protegidas y los otros 46,4 millones de euros van para el resto de vinos.

Las comunidades autónomas han enviado, hasta el 13 de julio, sus solicitudes de ayuda para acogerse a destilación de crisis, almacenamiento privado y cosecha en verde. La destilación de crisis, con 65,4 millones de euros, beneficiará a 17 destilerías y 415 bodegas, que destilarán 2 millones de hectolitros de vino.

El sistema establecido compensa además los gastos de transporte a la destilería para distancias superiores a 150 kilómetros para facilitar que las bodegas de todo el territorio nacional puedan acogerse a esta medida, ya que solo en algunas autonomías existen destilerías. Los fondos disponibles permitirán la destilación del 63,4% de los volúmenes presentados.

Asimismo, el almacenamiento privado, para un conjunto de 2,25 millones de hectolitros, beneficiará a 374 bodegas, mientras que en cosecha en verde 1.670 los viticultores han presentado solicitud y podrán llevarla a término en 4.300 hectáreas. En ambas medidas podrán atenderse algo menos de la mitad de los volúmenes y superficies por las que se solicitó la ayuda. Los pagos de las ayudas se harán efectivos antes del próximo 15 de octubre.

CON CARGO AL PASVE

Estas medidas serán financiadas con cargo al Programa de Apoyo al Sector Vinícola de España (PASVE), dotado anualmente con 210 millones de euros, que habitualmente se destinan a acciones de mejora de la competitividad del sector (promoción, reestructuración, inversiones), por lo que dispondrán en este ejercicio de 124 millones de euros.

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, volverá a demandar a la Comisión, en el Consejo de Ministros de Agricultura de la Unión Europea del 20 de julio, un presupuesto adicional para el 2021, con el objetivo de mantener el apoyo al sector mientras persista la difícil situación económica generada por la pandemia.

España es el único país comunitario que ha hecho uso de las tres medidas puestas a disposición de los Estados miembros para afrontar la crisis.