El Grupo Parlamentario Popular (GPP) ha registrado una proposición no de ley en el Congreso por la que vuelve a reclamar al Gobierno la puesta en marcha de un plan urgente con medidas de apoyo al sector de la industria del mar como consecuencia de la crisis del Covid-19.

Concretamente, las medidas propuestas contemplan «agilizar y facilitar los trámites para la obtención de las ayudas contempladas en los recientes acuerdos europeos relativas al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca FEMP, especialmente en las gestiones que realiza el Ministerio de Hacienda con la autorización de las ayudas para la confinación».

También propone «habilitar mecanismos de ayuda y compensación de pérdidas de ingresos, de manera singularizada por segmentos de flota para aquellos que han seguido faenando con el objetivo de garantizar el abastecimiento a la población y sin haber obtenido prácticamente ingresos».

Otra de las medidas planteadas por el GPP en su iniciativa consiste en «suministrar urgentemente todas las medidas de protección a las tripulaciones tales como test, guantes y mascarillas, autorizando oficialmente a las empresas o a los responsables de las embarcaciones a su compra cuando el Gobierno no pueda hacérselas llegar.

Asimismo, el GPP ha presentado una batería de preguntas al Ejecutivo por las que reclama saber qué medidas concretas estudia para ayudar a paliar la crisis por el Covid-19 en la acuicultura, y si tiene previsto mecanismos de flexibilización para facilitar la movilidad de los trabajadores del mar, desde sus casas hasta los buques de pesca.

La proposición también exige al Gobierno «facilitar, en colaboración con las empresas pesqueras, todas las gestiones para poder realizar los relevos pertinentes de las tripulaciones que se encuentran en aguas lejanas, especialmente faenando en aguas de terceros países o en alta mar».

Además, reclama campañas institucionales desde el Gobierno resaltando la labor de los pescadores, a pesar de que, a los riesgos de siempre, ahora se añaden los de su salud, y resaltando también las propiedades nutricionales y de calidad de los productos pesqueros y acuícolas de España.

ELIMINAR REQUISITOS PARA RECIBIR SUBVENCIONES

El plan urgente de medidas de apoyo al sector propuesto prevé «introducir los mecanismos y modificaciones reglamentarias necesarios para que la acuicultura también pueda utilizar adecuadamente los fondos del FEMP, con medidas como la eliminación del compromiso de creación de empleo para el cobro de las subvenciones». Los populares consideran que estos requisitos son «muy difíciles» de cumplir mientras duren los efectos de esta pandemia.

El Partido Popular ya ha presentado tres proposiciones no de ley en marzo en el Congreso de los Diputados así como iniciativas ante la Comisión de Pesca y el Pleno del Parlamento Europeo. «El esfuerzo europeo no se está viendo acompañado en el caso de España, donde el Gobierno no atiende ninguna de las demandas del sector», ha señalado el PP.

La iniciativa, firmada por la portavoz popular Cayetana Álvarez de Toledo, la portavoz adjunta Marta González, el portavoz de Pesca del GPP, Joaquín García, y la portavoz adjunta de Pesca, Pilar Ramallo, pide una campaña de promoción e incentivación del consumo de productos del mar más allá de «la modesta campaña promovida por el Ministerio de Agricultura en Alimentos de España que por ahora está pasando desapercibida.

La organización agraria Asaja Extremadura ha valorado en torno a 2.500.000 kilos las pérdidas en la producción de cerezas en el Valle del Jerte causadas por las tormentas de este pasado sábado, y en este sentido ha reclamado tanto a la Junta como a Agroseguro «inmediatez» en la evaluación de los daños.

En una nota de prensa, Asaja Extremadura recuerda que reclamó a la Junta de Extremadura que se arbitraran las ayudas necesarias para los «numerosos» productores de cerezas que vieron cómo sus explotaciones quedaron «muy dañadas» tras graves tormentas acompañadas de granizo.

Unos daños a los que se suman los causados este sábado por la «tormenta perfecta» que se ha producido este pasado sábado, que ha provocado el «desastre» en las localidades de Navaconcejo, Cabezuela del Valle y en parte de Jerte.

Por ello, urge que por un lado la Junta de Extremadura ponga «rápidamente» en funcionamiento una línea de ayudas para el restablecimiento de las infraestructuras básicas que han sido dañadas, fundamentalmente en Navaconcejo, y que son «fundamentales» para poder continuar la recolección en las zonas que no han sido afectadas.

Por otro lado, los técnicos de Agroseguro deben de continuar con el seguimiento de los daños. En este caso, hay parcelas que «lo han perdido todo», por lo que se debe comenzar a pagar las indemnizaciones correspondientes.

El Tesoro Público ha acelerado en las últimas semanas sus emisiones con motivo del Covid-19 y ha emitido deuda por 55.551,5 millones de euros desde la declaración del estado de alarma el pasado 14 de marzo, con lo que alcanza una ejecución del 59,6% del programa de emisión de deuda pública previsto para este año.

En concreto, con los 55.551,5 millones de euros emitidos desde la declaración del estado de alarma ha alcanzado una emisión total de 117.177 millones de euros en lo que va de año, lo que supone el 59,6% de la emisión bruta de 196.504 millones de euros prevista por el Tesoro para todo el ejercicio, según datos facilitados a Europa Press por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.

El organismo dependiente del Ministerio que encabeza Nadia Calviño está acelerando la emisión prevista para 2020 con la finalidad de llegar al verano con una grado «muy alto» de cumplimiento del programa actual para hacer frente al impacto de la crisis del Covid-19, según han indicado fuentes del departamento económico.

El pasado miércoles el Tesoro realizó una nueva emisión sindicada a 10 años por importe de 15.000 millones de euros, el mayor emitido en una referencia en la historia del mercado de capitales, y registró una demanda superior a 96.500 millones de euros, la más alta recibida por cualquier emisor público o privado para una sola referencia.

En sus últimas emisiones el Tesoro ha registrado sobredemanda, pero ha acusado la incertidumbre derivada de la crisis sanitaria del Covid-19 y las previsiones de déficit y deuda, al registrar un notable aumento de los costes de financiación, a pesar de las medidas de apoyo anunciadas por el Banco Central Europeo y el Eurogrupo.

Tras la emisión del pasado miércoles, el calendario del Tesoro marca un nuevo encuentro con los inversores el martes 5 de mayo, para ofrecer letras a 6 y 12 meses y, si no hay una emisión extraordinaria antes, será el primero después del Consejo Europeo celebrado el pasado jueves por videoconferencia en el que los líderes de la UE respaldaron la creación de un fondo de recuperación ligado al presupuesto plurianual de la Unión Europea, cuyo proyecto se ha comprometido a presentar en las próximas semanas la Comisión Europea y que podría movilizar en torno a 1,5 billones de euros.

COSTE Y VIDA DE LA DEUDA

Junto a la mayor emisión realizada, el coste de la deuda del Estado en circulación marca su mínimo histórico, al situarse en el 2,04%, según los últimos datos registrados tras la emisión del bono sindicado a 10 años del pasado miércoles, al tiempo que el coste de la deuda en emisión se sitúa en el 0,32% a la misma fecha.

El año pasado el Tesoro volvió a registrar otro ejercicio con reducción de los costes, ya que el coste medio del stock de deuda viva se redujo al 2,19% y el tipo de interés de la deuda en emisión disminuyó al 0,23%.

En cuanto a la vida media de la deuda en circulación, los datos reflejan que la vida media del stock se sitúa en 7,7 años, por lo que continúa en sus máximos niveles, tras cerrar 2019 en 7,55 años, frente a los 7,45 años de finales de 2018.

La estrategia de financiación para 2020 anunciada a principios de año, antes de la crisis del Covid-19, contempla una emisión neta de deuda pública de 32.500 millones de euros, lo que supone un 7,1% menos respecto a la estrategia del año pasado, pero un 62,8% más respecto a los 19.960 millones finalmente emitidos a cierre de 2019.

Asimismo, prevé una emisión bruta de deuda pública de 196.504 millones para este año, un 6,2% menos que la estrategia de 2019 y prevé obtener toda la financiación neta a través de la emisión de instrumentos a medio y largo plazo. Además, el organismo tiene previsto la emisión de su primer bono verde a 20 años en la segunda mitad del ejercicio.

Ciudadanos ha presentado en el Congreso una batería de medidas dirigidas a facilitar la recuperación de la actividad del turismo y hostelería una vez se supere la panemia del virus Covid-19, con la extensión de las ayudas ya en vigor, un plan de alivio fiscal, protocolos de seguridad, salud e higiene y la coordinación a nivel europeo para levantar restricciones de movimiento.

Todo ello en una veintena de medidas en forma de proposición no de ley, registrada por sus diputadas Mari Carmen Martínez y María Muñoz, y recogida por Europa Press, en la que reivindican que la reversión de todas las restricciones se realicen teniendo en cuenta criterios epidemiológicos, la suficiencia del sistema sanitario y una capacidad de seguimiento adecuada ante posibles rebrotes de la enfermedad.

Entre las medidas de alivio fiscal para el turismo, la formación naranja pide cancelar tasas turísticas de ámbito local y regional, aplazar sin intereses los pagos a la Seguridad Social, la liquidación y el pago del IVA, aplazar el 50% de las tarifas aeroportuarias de este año y suspender la creación de un impuesto que grave el transporte aéreo.

Asimismo, quieren eximir, tanto en la hostelería como en el turismo, las cuotas empresariales a la Seguridad Social hasta marzo de 2021, siempre que no se hayan alcanzado los niveles de empleo anteriores a la crisis, bonificar al 50% las de los trabajadores, y una tarifa plana de 60 euros al mes para los autónomos que se acogieran al cese de actividad.

FONDO EUROPEO DE EMERGENCIA PARA RECLAMACIONES

A nivel europeo, proponen adoptar un fondo comunitario de emergencia que cubra las reclamaciones de reembolso y proteja a los consumidores en caso de insolvencia del operador y que el próximo Presupuesto europeo contemple una línea específica para una estrategia turística.

Por otro lado, desde Cs reclaman una respuesta conjunta para evitar recortes en las libertades de movimiento, garantizando un desplazamiento seguro a los viajeros una vez se cumplen las condiciones para la apertura de fronteras, coordinar una apertura de fronteras con el resto del mundo, con la protección y control en puertos, aeropuertos y estaciones de tren y autobús, así como el establecimiento de instalaciones para realizar pruebas de detección del virus.

MEDIDAS DE SEGURIDAD EN ESTABLECIMIENTO Y TRANSPORTES

La formación naranja también incide en la necesidad de adoptar medidas de seguridad en establecimientos y servicios turísticos, con la renovación de protocolos, la formación del personal y dotar a toda infraestructura de transporte del equipamiento necesario para proteger a los pasajeros y empleados del sector.

En este sentido, pide evaluar todo proceso de la estancia de un pasajero por las instalaciones de transporte, con el fin de minimizar las posibilidades de contagio, y adoptando medidas de digitalización, higiene, salud, formación y suministro de equipos de protección a los trabajadores.

Por último, Cs llama a concentrar esfuerzos por atraer a turistas comunitarios e incentivar que las personas residentes en España viajen a destinos dentro del territorio, poniendo en valor «la variada oferta turística de España».

La agencia de calificación crediticia Standard & Poor’s (S&P) Global Ratings ha mantenido su perspectiva estable para Andalucía al decidir su comité de rating mantener la calificación crediticia otorgada a la deuda de la comunidad andaluza en ‘BBB+’, a la par que sitúa su recuperación tras la crisis del Covid-19 en 2022.

En su informe, recogido por la Consejería de Hacienda, Industria y Energía de la Junta de Andalucía, la agencia de calificación de riesgos apunta que la actuación presupuestaria de 2019 fue «ligeramente más débil que nuestras expectativas» pero fue «una de las mejores de España».

A su juicio, Andalucía ha demostrado un «firme compromiso con la estabilidad presupuestaria y las políticas de consolidación fiscal» y calcula que habría registrado superávit en términos de contabilidad nacional «si la administración del Estado hubiese transferido a Andalucía la recaudación del IVA de diciembre de 2017», petición que el Gobierno andaluz continúa haciendo, mientras que S&P ha subrayado que la trayectoria presupuestaria andaluza más débil debería llevar «una vez más» a un aumento de la deuda.

Igualmente, la agencia mantiene su calificación «convencida» de que «a pesar del impacto que el Covid-19 tendrá en las cuentas públicas de 2020, que obligará a afrontar importantes gastos sociales para ayudar a los más afectados por las consecuencias económicas de la pandemia», Andalucía se recuperará gradualmente durante 2021 y 2022, según ha estimado. La agencia ha destacado además que Andalucía es una de las CCAA con menor incidencia del virus sobre la población.

Standard and Poor’s ha reseñado que la comunidad andaluza contrate créditos extraordinarios a corto plazo para «contribuir a mantener su liquidez y los períodos medios de pago a proveedores, cuyos bajos valores se encuentran entre los mejores de España».

Actualmente, el riesgo crediticio de Andalucía está valorado por las tres principales agencias con una calificación de ‘BBB-‘ por Fitch Ratings, ‘Baa2’ por Moody’s y ‘BBB+’ por Standard & Poor’s. La calificación otorgada por Standard & Poor’s es, por tanto, la más alta de las tres.