Las decisiones unilaterales y precipitadas tienen siempre costes elevados. Y este es el caso de un sector clave para la economía española como es el gasista, que sufre pérdidas de empleo y capitalización por las decisiones temerarias de la CNMC.
Pero ¿cuál es el problema? La realidad es que la crisis viene originada por el órgano regulador que defiende el buen funcionamiento de los mercados en interés de los consumidores y empresas. Y es que desde que antes del verano la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) presentara la propuesta sobre lo que deben ingresar las compañías por hacer llegar el gas y la electricidad para el período 2021-2026, las principales empresas del gas han perdido ya más de 6.500 millones en bolsa, siendo Enagás y Naturgy los valores más castigados.
Elecciones, decisiones y consecuencias
Es digno de análisis el papelón de la CNMC de Martin Quemada, al que ya hace algunos años bautizamos como “Superlopez” por sus atribuciones de “superregulador” y su notable incapacidad para sacar provecho a sus «superpoderes» llevandolas a buen puerto.
Las decisiones absurdas y arbitrarias de la CNMC, que internamente y en petit comité dentro del organismo suelen ser calificadas como “ideas felices”, están afectando a un sector estratégico de la economía española.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia es un organismo público con personalidad jurídica propia. Es además independiente del gobierno y, desde octubre de 2013 que entró en funcionamiento, está sometido al control parlamentario. Lamentablemente, la suya no es una historia de éxito.
Hoy, la mayoría de los miembros de la CNMC están en funciones y con el mandato caducado desde hace más de una semana, entre ellos, su presidente. Los consejeros Benigno Valdés (PP), Clotilde de la Higuera (PP), María Hernandez (PP), María Ortiz (Independiente), José María Martín Quemada (Independiente), Josep María Guinart (CIU), ya están cesados, y tan sólo Mariano Bacigalupo (PSOE), María Pilar Canedo (Ciudadanos), Bernardo Lorenzo (PSOE) y Xabier Ormaetxea (PNV) tienen mandato en vigor hasta 2022. Sin embargo, y de manera sorprendente, el estar «en funciones» no ha supuesto un problema para impulsar una resolución sobre la distribución del sector gasista que supondrá de facto un verdadero hachazo de más de 6.000 millones para el período 2021-2026.
La propuesta del regulador presentada hace unas semanas cambiaba sustancialmente el modelo global de incentivos y, sobre todo, eliminaba de manera sorpresiva e irracional la previsibilidad para las inversiones futuras. Los despidos, y el riesgo reputacional para el país y de pérdida de inversión es una dura realidad.
Y en la práctica, ¿qué supone esto?
Que al no saber cómo será el modelo más allá del período regulatorio las inversiones de los grandes fondos internacionales que buscan inversiones previsibles y seguras a largo plazo se ahuyentarán. Esto está afectando ya a las empresas energéticas, pero no sólo del gas, sino que el efecto produce ya un contagio a las eléctricas. Y además, llueve sobre mojado, porque muchos inversores institucionales lo consideran de facto como una continuación del recorte a las energías renovables, que ya ha costado cientos de millones de euros al país en arbitrajes. Mucho más importante que ese dinero es por desgracia la merma de la imagen de España como país con seguridad jurídica para los inversores.
Los despidos, el riesgo reputacional y de pérdida de inversión internacional es ya una dura realidad.
Más allá de las cifras, es importante destacar que la decisión de esta reducción de la retribución de las empresas y la falta de una transición dialogada viene tomada unilateralmente por los miembros ya en fase de salida de esta Comisión y, muy especialmente en la temeridad personalizada en la figura de su presidente, José María Marín Quemada.
Cero dialogo, cero ecología
Parece que la vieja tradición de diálogo entre las empresas del sector y el Gobierno no ha hecho mella en Marín Quemada, que recientemente subrayó públicamente “que no se plegará a las directrices del Ministerio de Transición Ecológica”. Estas declaraciones, que sorprendieron a las empresas, fueron recibidas también con estupefacción internamente, dado que estaban muy lejos de las recomendaciones del cuerpo técnico de la CNMC cada vez más distanciado y sorprendido por las actuaciones de unos consejeros nombrados por partidos políticos -a excepción de dos «teóricos» independientes-.
Asimismo, para sorpresa de la propia Comisión Europea el regulador español ha actuado en esta ocasión de forma contraria a cómo actúan el resto de reguladores en el viejo continente. Y es que la fórmula habitual es siempre iniciar una ronda previa de consultas, recabar información de los agentes del sector y, sólo después de considerar que se cuenta con toda la información necesaria, lanzar una propuesta que implique los cambios tan drásticos que supone siempre una nueva metodología. Pero en esta ocasión la CNMC no ha querido escuchar ni al Gobierno ni a las empresas energéticas. Se trata de una postura surrealista sin precedentes.
Varias empresas del sector han anunciado ya un parón en sus inversiones
Hay otros aspectos en los que este organismo choca frontalmente con las directrices impulsadas desde Europa, y son los factores ecológicos y medioambientales. Así, desde la Comisión Europea como es lógico se ha apostado claramente por el gas para sustituir a los combustibles más contaminantes y apoyar abiertamente a las energías renovables al tiempo que se garantiza la seguridad de suministro. Sin embargo, desde nuestro órgano regulador patrio se hace caso omiso a la política del gobierno en materia energética y medioambiental, que trabaja por un futuro descarbonizado en donde prime la calidad del aire, y en línea siempre con la Agenda 2030 de Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Recortes, pleitos y pérdidas
La incertidumbre generada por la CNMC ha tenido ya un efecto devastador. El primero en cuanto a las inversiones. Nedgia, Madrileña Red de Gas y Gas Extremadura, que se encuentran en el Top 5 de empresas de redes de gas, han anunciado ya un parón temporal en sus inversiones.
La inestabilidad e incertidumbre generada también pone en riesgo miles de puestos de trabajo, según han alertado los sindicatos CC.OO y SIE, al igual que la patronal de instaladores de gas (Conaif), con un total de 19.000 empresas asociadas y que generan un empleo de más de 100.000 personas en toda España.
El Sindicato Independiente de la Energía (SIE) advirtió ya antes del verano que esta propuesta de la CNMC de recortar la retribución a las empresas energéticas, de seguir adelante en los términos planteados, amenaza no sólo un alto número de puestos de trabajo sino un tipo de trabajo estable, de calidad y con alto nivel de formación, en un sector clave para la economía del país y motor de su desarrollo. El mismo sindicato destaca que este nuevo marco regulatorio supondrá recortes del 7% a la actividad de distribución de electricidad, del 8,2% a la de transporte de electricidad, del 17,8% a la distribución de gas y del 21,8% a la de transporte de gas y regasificación.
Por otro lado, hay que tener en cuenta que esta situación imposibilita también la apuesta por el desarrollo de nuevas tecnologías y, en consecuencia, la oportunidad de generar entre 15.000/20.000 nuevos empleos de calidad en el futuro.
Antonio Garamendi (CEOE): “Este recorte es una barbaridad. La previsibilidad y la regulación tienen que tener estabilidad”.
Así, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, calificaba hace unos días de “averia” lo que este nuevo modelo causaría en las empresas del sector y abogaba por la estabilidad y la previsibilidad en esta actividad económica clave para España. Por su parte, la Cámara de Comercio pedía también al regulador que se abriera un período de “diálogo constructivo” entre todas las partes. Y lo hacía porque esta situación ha vuelto a poner a España en el foco de pleitos internacionales, arrastrándola a tener esa imagen de ser un Estado con grave riesgo de inseguridad jurídica, lo que sin duda alejará a los fondos de inversión.
Algunas cifras y conclusiones
Además de la caída de las cotizaciones en la bolsa de algunas de las principales empresas energéticas con el perjuicio directo para sus accionistas e indirecto para sus empleados, es interesante destacar que el cambio retributivo promulgado por Marín Quemada va a suponer una pérdida del atractivo inversor de España. Más aún si se tiene en cuenta que esta actividad es la más barata de Europa. España retribuye con una media de 175 euros por punto de suministro frente a los 300 euros por punto de Francia y los 330 que se pagan en Alemania.
Sin querer equiparar estas economías, lo que parece claro, es que existe un riesgo alto de que la inversión en redes para acercar el suministro de gas a diferentes zonas de la España vaciada se vea amenazada.
Y finalmente. ¿dónde está el beneficio? ¿cuál es la bandera que se exhibe para semejantes medidas? Si se resiente el empleo, la imagen, el valor de la cotización en bolsa, el planeta y hasta el suministro… ¿quién sale beneficiado?
Pues según la opinión de la CNMC debería ser el consumidor. Desde 2017 denunciamos que la gran mayoría de las veces que la CNMC enarbola la bandera de la defensa del consumidor acaba haciendo trizas un sector, y lo hace además sin mejoras sustanciales para el consumidor final. De hecho el ridículo de la sobreregulación y las sanciones que luego revierten los tribunales es una sonrojante constante. El beneficio económico que deberíamos esperar, no es más que un canto de sirena: sólo incide en un tramo del 11 por ciento de la factura final del gas, apenas perceptible para el consumidor. Mientras que una simple rebaja del IVA al 10 por ciento (mismo tipo que se aplica al agua) provocaría una bajada inmediata del 11 por ciento en la factura.
España retribuye con una media de 175 euros por punto de suministro frente a los 300 euros por punto de Francia y los 330 que se pagan en Alemania.
Incluso sin discutir el nuevo modelo retributivo planteado por este organismo regulador, parece absurdo que un equipo ya en funciones que no llegará ni siquiera a ver en práctica el inicio de estas medidas se permita el lujo de tomar decisiones irresponsables y unilaterales sin tomar en cuenta a ningún agente del sector, de su propio gobierno ni de Europa.
Parece más que cuestionable incluso la imprevisión y la urgencia en un asunto tan estratégico. Hasta algunos sindicatos han cuestionado el doble objetivo de abaratar los precios de la energía sin garantizar una retribución suficiente a las empresas para abordar las inversiones necesarias.
