La secretaria de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, Ana de la Cueva, ha afirmado este viernes que el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital está finalizando el proceso de consultas y el proceso del dictamen del Consejo de Estado del anteproyecto de ley de implicación de los accionistas a largo plazo, por lo que espera que esté «pronto» aprobado en el Consejo de Ministros.
Así lo ha señalado durante la clausura del VIII Foro Anual del Consejero, organizado por KPMG, el IESE y El País, en colaboración con AON y Gobertia, en la que ha destacado la «gran relevancia» de la norma para las empresas y los consejos de administración de las sociedades.
De la Cueva ha explicado que antes de la pandemia se elevó al Consejo de Ministros la norma para analizar el proceso y la petición de informes al Consejo de Estado y el trámite de audiencia, que se está finalizando, por lo que espera tenerlo «pronto» aprobado en segunda vuelta en el Consejo de Ministros.
En concreto, el Consejo de Ministros aprobó el pasado martes un acuerdo por el que se solicita a la Comisión Permanente del Consejo de Estado la emisión de dictamen con carácter urgente, antes del día 13 de junio, sobre el anteproyecto de Ley por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital y otras normas financieras en lo que respecta al fomento de la implicación a largo plazo de los accionistas en las sociedades cotizadas.
Según ha explicado, la norma busca facilitar que las empresas tengan acceso «más fácil» a la financiación de los mercados, crecer de manera «más sostenible», crear empleo de mayor calidad y apotar mayor valor a la economía.
Así, ha indicado que se introducen mejoras en materia de gobierno corporativo de las sociedades cotizadas, se aumenta la competitividad española de capitales manteniendo la protección de los inversores y se adapta la publicación de información a la normativa europea.
Según fuentes del Ministerio de Asuntos Económicos, una de las medidas que se introduce es la posibilidad de que las cotizadas premien a sus accionistas a largo plazo con acciones de lealtad, de manera que los que mantengan su posición durante más de dos años obtendrían un voto más por acción. Esto no es obligatorio, sino que se trata de una opción que cada empresa debe decidir si aplicar con un respaldo de casi el 70% de su accionariado.
Para mejorar el gobierno corporativo de las cotizadas y promover la inversión a largo plazo, las cotizadas deberán facilitar la implicación de los accionistas en la política de remuneraciones de los miembros del consejo de administración.
SITUACIÓN ECONÓMICA «ENORMEMENTE COMPLEJA»
Por otra parte, De la Cueva ha admitido que la situación económica es «enormemente compleja», tras el vuelco producido por la pandemia que propició la puesta en marcha de medida de distanciamiento y confinamiento «eficaces» en términos sanitarios, pero que están provocando una «perturbación social y económica inédita».
No obstante, ha asegurado que aunque los indicadores adelantados reflejan que el impacto a corto plazo está siendo «sustancialmente mayor» que en la crisis de 2008, hay un «cambio de tendencia» con un inicio de la recuperación, que se refleja también en los datos de empleo y afiliación.
En este sentido, ha repasado algunas de las medidas implementadas para hacer frente al Covid, como los avales del ICO o los ERTE, sobre los que ha apuntado que se han acogido 550.000 empresas y más de 3 millones de trabajadores, aunque 380.000 ya han salido. Ha dicho que hay que avanzar en este mecanismo primando que los ajustes se hagan a través de las horas y no de los trabajadores.
En cuanto al plan de inversiones y reformas previsto por el Gobierno, ha explicado que estará «alineado» con el proyecto comunitario y se concentrará en seis líneas generales de acción en los dos próximos años, que pasan en primer lugar por un pacto por la reactivación para la transición ecológica y el desarrollo de la economía verde, a través de la Ley del Cambio Climático y eficiencia energética, la estrategia de Economía Circular, el plan de choque por la economía sostenible y un plan de rehabilitación de viviendas y eficiencia.
Asimismo, contempla un pacto por la industria, el emprendimiento y la conectividad, con medidas como un plan de conectividad digital, el despliegue del 5G, la Ley de ‘Startups’, planes de digitalización de pymes y la transformación en sectores agroalimentario, sanidad, transporte o turismo.
Igualmente, se incluye un pacto por el empleo y la formación profesional, con una apuesta por la FP dual, la capacitación digital de la población o la reorientación del nuevo Estatuto de los Trabajadores, junto a un pacto por la innovación y la ciencia, para aumentar la inversión pública y privada en este campo hasta al menos el 2% del PIB.
Por último, se impulsará un pacto por los servicios públicos, abordando los desequilibrios y la desigualdad, con medidas como el ingreso mínimo vital, y un pacto por el campo para transformar el sistema agroalimentario, con impulso a la economía rural y una estrategia para frenar la despoblación y abordar el reto demográfico.
