El proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2021 presentado este miércoles en el Congreso de los Diputados recoge un aumento de las retribuciones de los empleados públicos del 0,9% para garantizar el poder adquisitivo de los empleados públicos.

En concreto, con esta subida del 0,9%, los gastos de personal para 2021 ascienden a 18.599 millones de euros, lo que supone un aumento del 4,2% respecto al Presupuesto de 2020.

El capítulo comprende 16.456 millones para gasto del personal activo y el resto para las mutualidades. Los departamentos ministeriales con mayores dotaciones para financiar los gastos de personal son los de Justicia, Defensa, Interior y Educación y Formación Profesional, que en su conjunto representan un 76,9% del gasto de este capítulo

También se incluye que la regulación de la Oferta de Empleo Público se sujetará a una tasa de reposición de efectivos del 100% y se prevé una tasa adicional del 10% respecto a determinados ámbitos o sectores que requieren un refuerzo de efectivos.

Además, se mantiene la tasa de reposición del 115% en el caso de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, cuerpos de Policía Autonómica y Policías Locales.

Finalmente, el proyecto de Presupuestos establece que la contratación de personal temporal o el nombramiento de personal estatuario temporal y de funcionarios interinos se reserva para casos excepcionales y para cubrir necesidades «urgentes e inaplazables».

La oferta de empleo público contará con 28.055 plazas, cifra inferior a la oferta de 33.000 plazas del año pasado (la mayor de los últimos diez años), si bien ahí se incluían 5.000 plazas de estabilización.

La OPE de este año incluye 18.323 plazas para la Administración General del Estado (AGE), con 8.996 plazas de promoción interna, la mayor de la historia, y 9.227 plazas de nuevo ingreso.

Asimismo, el resto de plazas corresponde a 5.540 efectivos de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, 1.857 a fuerzas armadas, 1.452 a la Administración de Justicia, 549 a funcionarios de administración local de habilitación de carácter nacional, 256 a entes públicos, 47 a docentes, 26 a personal del instituto de gestión sanitaria y 5 al Consejo General del Poder Judicial.

Por sectores, el 11% de las plazas se destina a la reforma integral y modernización de Justicia, el 10,8% a modernización del sistema fiscal, el 10,2% a transformación digital, el 8,7% a fortalecimiento del sistema penitenciario, el 7% a cohesión social, el 5,1% a I+D+i, el 4,6% a sanidad y vigilancia de la salud y a infraestructuras y ecosistemas resilientes, el 2,3% a transición ecológica y el 1,2% a relaciones internacionales y comerciales.

Todas las convocatorias que se publiquen de la OPE 2020 eliminarán como causas de exclusión en el acceso al empleo público la celiaquía, psoriasis, diabetes y el VIH. Además, Función Pública se ha comprometido a revisar los catálogos de enfermedades en su totalidad.

Adif y Adif Alta Velocidad continuarán registrando pérdidas y elevando su deuda el próximo año, a pesar de la inyección de hasta 1.960 millones de euros en ambas sociedades procedentes de los fondos europeos.

Según consta en el proyecto de Presupuestos elaborado por el Gobierno, Adif registrará unas pérdidas de 164 millones de euros en 2021, mientras que el gestor de las líneas de Alta Velocidad acumulará unos ‘números rojos’ de 230 millones de euros.

En cualquier caso, estas cifras no distan mucho de las pérdidas que los gestores ferroviarios han tenido que asumir este año como consecuencia del hundimiento del tráfico de pasajeros a raíz del estallido de la crisis del coronavirus y las continuas restricciones a la movilidad.

Hasta junio, Adif acumulaba unas pérdidas de 106 millones de euros, triplicando las obtenidas un año atrás, y Adif AV de 219 millones, multiplicando por más de dos las registradas en los primeros nueve seis de 2019.

La principal fuente de ingresos de los gestores es el canon o peaje que cobran a Renfe, y próximamente a otros operadores, por circular por las líneas de tren y por utilizar las estaciones y el resto de dotaciones. Al descender el número de circulaciones y frecuencias, caen también los ingresos por estos peajes.

DEUDA DE 19.000 MILLONES

En el plano financiero, la deuda actual de 16.000 millones en la Alta Velocidad seguirá aumentando hasta alcanzar los 19.409 millones de euros a finales de 2021, según las proyecciones realizadas por el Gobierno a la hora de elaborar los nuevos Presupuestos.

La partida destinada al ferrocarril, sin incluir las inversiones de 839 millones para Renfe, asciende a 4.736,82 millones de euros, con varias actuaciones encaminadas a mejorar la red convencional, potenciar el transporte ferroviario de mercancías, completar la red ferroviaria de alta velocidad y mejorar la red de Cercanías.

Así, Adif AV recibirá financiación por 50 millones de euros en 2021 por las funciones de administrador de la red de alta velocidad y aportaciones patrimoniales por 466 millones de euros para contribuir a financiar sus inversiones, a lo que se une la procedente del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia europeo por 1.285 millones de euros, hasta sumar un total de inversiones de 2.877 millones de euros.

Por su parte, para poder desarrollar sus funciones como administrador, los PGE de 2021 aportarán a Adif 157 millones de euros para inversiones en la red convencional, 842 millones por aportaciones patrimoniales euros destinadas también a la financiación de inversiones y financiación del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia por 675 millones de euros, hasta un total de 1.8287 millones de euros.

UN 1,7% MÁS PARA RENFE

Por otro lado, Renfe Viajeros recibirá 13 millones de los fondos europeos, a los que se suman 973 millones como compensación a las obligaciones de servicio público y 233 millones para compensar las obligaciones de servicio público de cercanías y media distancia prestados en Cataluña en 2020.

Las transferencias corrientes a Renfe el año que viene ascenderán a 1.205 millones de euros, lo que supone un aumento del 1,7% respecto al presupuesto base contemplado en 2020.

Las cuentas realizadas por el Gobierno para Renfe Operadora contemplan unos ingresos de 2.250 millones de euros, unas pérdidas de 142 millones de euros y una deuda total de 6.731 millones de euros.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha avanzado que el debate final de la tramitación parlamentaria del proyecto de Presupuestos se producirá «en los primeros días de enero», por lo que para esa fecha espera tener aprobadas las nuevas cuentas públicas de forma definitiva.

Así lo ha señalado en la rueda de prensa de presentación del proyecto de PGE en el Congreso de los Diputados, donde ha detallado las líneas generales de las nuevas cuentas tras haber hecho previamente entrega de dicha ley a la presidenta de la Cámara Baja, Meritxel Batet.

Montero ha indicado que la Mesa del Congreso ha establecido para los primeros días de enero el debate final del proyecto de PGE, por lo que confía en que quede aprobado de forma definitiva en esas fechas.

De esta forma, se tendrán que prorrogar por tercera vez durante unos días los Presupuestos del Gobierno de Mariano Rajoy del año 2018, lo que supondría la novena prórroga presupuestaria de la democracia, ya que sucedió anteriormente con las cuentas de 1978, 1982, 1995, 2011, 2016 y 2017 y, por tercera ocasión, sucedería con los de 2018, algo que no había ocurrido anteriormente.

Montero, que ayer afirmó que ya se cuenta con apoyos «suficientes» para que los PGE salgan adelante, ha hecho un llamamiento al conjunto de formaciones políticas y ha rechazado los «vetos cruzados», por lo que, en referencia a las palabras del líder del PP, Pablo Casado, durante la moción de censura sobre el paco constitucional, ha pedido que se ponga la lupa en «qué» se apoya y no en «quién» apoya.

«Si los pactos constitucionales fueron posibles fue porque fuimos capaces de poner en el centro lo que queríamos hacer lo que necesitaba el país»; ha apostillado. Por ello, ha rechazado que parezca «penalizable» que un grupo hable con otro que está a las «antipodas ideológicas».

Las principales opciones plausibles al ‘sí’ de los Presupuestos pasarían por el apoyo de los grupos que apoyaron la investidura, como ERC, JxCAT, Bildu, PNV o Compromís, aunque también está abierta la opción de Ciudadanos.

TRAMITACIÓN: COMPARECENCIAS EN UNA SEMANA Y VOTACIÓN EL 11 DE NOVIEMBRE

Tras recibir este miércoles los PGE, la Mesa del Congreso se reúne para calificar el proyecto, que este viernes se publicará ya en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

Además, la Mesa abrirá un plazo hasta el día 30 de octubre a las 14 horas para solicitar las comparecencias de los altos cargos del Gobierno y organismos públicos, que explicarán las cuentas entre el 4 y el 6 de noviembre, según el borrador del calendario de sesiones plenarias.

El plazo para presentar enmiendas a la totalidad solicitando la devolución del proyecto finalizará a las 14 horas del viernes 6 de noviembre, y los días 11 y 12 de noviembre será su debate y votación. En ese debate Montero defenderá su proyecto ante el Pleno y las enmiendas a la totalidad se votarán en una tocada (una única votación), bastando más votos a favor que en contra.

Si superan ese examen, los primeros PGE del Gobierno de coalición pasarán a la fase de la discusión de su articulado y las enmiendas parciales, que deberán presentarse antes de las 14 horas del 16 de noviembre. La fecha establecida para el informe de la ponencia es hasta el 20 de noviembre y para el dictamen de la Comisión hasta el 27 de noviembre.

Tras su paso por ponencia y comisión, el proyecto volverá al Pleno del Congreso en la semana del 30 de noviembre al 3 de diciembre para la votación de cada una de las secciones de los Presupuestos (las cuentas de cada Ministerio). El derribo de una sola sección provoca la caída de todo el proyecto.

El último Pleno de 2020 en el Congreso está previsto para la semana del 15 al 17 de diciembre. Posteriormente se remitirían al Senado y después se devolverían al Congreso para aprobarlos definitivamente con o sin cambios.

La ministra ha adelantado que la Mesa ha fijado el debate final del proyecto de PGE «para los primeros días de enero», cuando quedarían aprobados definitivamente.

El Gobierno destinará un total de 24.661 millones de euros al pago de prestaciones por desempleo este año, lo que representa un incremento de 4.131 millones en comparación con el presupuesto de 2020, un 20,1% más, según consta en el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2021.

El Gobierno explica que la política de desempleo, la segunda de mayor volumen tras las pensiones, alcanzará los 25.012 millones de euros (+20,1%), de los que 24.661 millones se dedicarán al pago de prestaciones y los 351 millones restantes a gastos de funcionamiento.

Las dotaciones de la política de desempleo se incrementan un 20,1% respecto a 2020 para ofrecer una cobertura por desempleo «adecuada, que da respuesta a las necesidades de protección de los desempleados en un contexto de crisis provocada por la pandemia».

Así, se incrementan los recursos para financiar la protección de los nuevos beneficiarios que resultan del impacto en el mercado laboral de la crisis sanitaria motivada por la Covid, se incluyen dotaciones para la prórroga hasta el 31 de enero de 2021 de las medidas para los trabajadores en ERTE y se consolidan los recursos que posibilitan la financiación de los subsidios por desempleo desde los 52 años.

La subida en 4.131 millones del gasto en desempleo obedece principalmente a la evolución que se prevé de los colectivos objeto de protección. En este sentido, el Gobierno explica que, ya antes de marzo de 2020, se venía registrando una subida «importante» de la tasa de cobertura de las prestaciones por desempleo respecto a 2019. Así, en febrero de 2020 era del 65% y en febrero de 2019 era del 61%.

Esto, según el Ejecutivo, evidencia «la eficacia del sistema de protección por desempleo» y explica en parte la evolución creciente de las dotaciones de esta política para el próximo ejercicio, si bien es la actual situación económica originada por la crisis sanitaria lo que motiva principalmente un aumento del número de beneficiarios de las distintas prestaciones.

El Ejecutivo también recuerda que, desde marzo de 2002, la ejecución del presupuesto está reflejando la necesidad de incrementar sus dotaciones como consecuencia de la regulación de los ERTE a través de los distintos decretos.

El Gobierno estima que las prestaciones por desempleo contributivas supondrán un gasto de 16.085 millones de euros, con el que prevé dar cobertura a más de 1,07 millones de beneficiarios.

El Gobierno prevé invertir en Cataluña un total de 2.199,3 millones de euros y en Andalucía 2.146,16 millones de euros, convirtiéndolas así en las comunidades autónomas que más dinero recibirán por parte del Estado en 2021, según el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE). Por el contrario, a la Comunidad de Madrid le inyectará 1.250,28 millones de euros, lo que supone aproximadamente un 66% menos respecto a la inversión en Cataluña y Andalucía.

En estos 2.199,3 millones de euros que el Gobierno tiene previsto invertir en Cataluña para el 2021, están incluidos los 200 millones que el Ejecutivo tiene que abonar a la Generalitat catalana en cumplimiento de una sentencia del Tribunal Supremo.

Según este escrito de las cuentas públicas, presentadas este miércoles en el Congreso por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, la cuarta región en la que el Estado hará una mayor inversión será la Comunidad Valenciana (1.164,52 millones de euros), seguida de Castilla y León (847,43 millones).

Las siguientes comunidades autónomas que se encuentran en la lista son Galicia (832,24 millones); Murcia (625,55 millones); País Vasco (512,46 millones) y Aragón (504,28 millones).

LAS CCAA QUE MENOS RECIBEN

Por su parte, Castilla-La Mancha pierde peso en el conjunto nacional con 426,59 millones, un 3,5% de las inversiones, respecto a 2019 cuando percibió 637,34 millones de euros (8%). En esta misma línea, también disminuye la inversión en Cantabria a 233,08 millones, un 1,9% del total, cuando en el ejercicio anterior obtuvo 246,85 millones de euros.

También se encuentra en esta tónica Navarra, que recibirá una inversión de 88,02 millones, que representan un 0,7% del total; mientras en que 2019 recibió 108,51 millones. En esta clave descendente, también Extremadura verá mermada su inversión de 491,89 millones en 2019 a 415,12, que representa un 3,4% del total.

A diferencia de las anteriores, el Principado de Asturias obtendrá 378,9 millones, que suponen un 3,1% en el reparto, mejorando su posición en el ejercicio anterior cuando percibió una inversión de 378,9 millones.

También ganará peso Baleares, que recibirá 201,64 millones de euros, un 1,7% de la inversión prevista, frente a la estimación de 2019 que se situaba en 152 millones. La Rioja obtendrá 59,9 millones, un 0,5% de la inversión, y mejora sus ingresos previstos frente al año anterior, que obtuvo 38,48 millones.

Por último, las ciudades de Ceuta y Melilla recibirán 24,48 (0,2%) y 53,87 (0,4%) millones de euros.

El presupuesto para 2021 destinado a políticas de fomento del empleo alcanza los 7.405 millones de euros, un 29,5% más que en 2020, según el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para este año presentado este miércoles en el Congreso.

Con esta dotación, se priorizan e incrementan los recursos para impulsar la formación profesional para el empleo, las oportunidades de empleo, la orientación profesional y el fomento de la igualdad de oportunidades de empleo.

Se dotan créditos a financiar mediante el «Mecanismo de Recuperación y Resilencia» (MRR) de la Unión Europea por importe de 1.194 millones de euros. Estos fondos se destinarán al apoyo de reformas e inversiones «necesarias para una recuperación duradera, mejorar la resiliencia económica y social y apoyar la transición verde y digital en los Estados miembros».

El Ejecutivo explica que, si no se tienen en cuenta las actuaciones que se financian a través del «Mecanismo de Recuperación y Resilencia», el crecimiento de la política es del 8,6%.

Adicionalmente, en el presupuesto del Servicio Público del Empleo Estatal (SEPE) se incluyen transferencias a otras entidades del sector público estatal por importe de 206 millones de euros, con el objetivo de que estas desarrollen actuaciones de fomento del empleo.

2.771 MILLONES PARA FORMACIÓN PROFESIONAL

En concreto, en la parte de la política que no se financia mediante el mecanismo de recuperación y resilencia destacan dos bloques: las actuaciones de inserción e incentivación de la contratación, con una dotación de 3.331 millones de euros, y la formación profesional para el empleo, con 2.771 millones, un 21,3% más. Un total de 1.655 millones de euros se destinarán a bonificar la contratación de los trabajadores con mayores dificultades, en total unas 684.000 personas, según los cálculos del Gobierno.

En concreto, por colectivos, un total de 320.000 autónomos se beneficiarán de las bonificaciones para su colectivo. Por otro lado, destacan las 110.000 personas que se podrán beneficiar de las bonificaciones por maternidad y riesgo durante el embarazo y también las 110.000 personas por las bonificaciones en contratos de interinidad para sustituir trabajadoras en baja por maternidad.

De la cantidad destinada a la formación profesional para el empleo, 1.865 millones de euros se van a gestionar desde el Servicio Público de Empleo estatal y 906 millones de euros desde el Ministerio de Educación y Formación Profesional.

Estos 1.865 millones de euros destinados a la formación profesional para el empleo que se van a gestionar desde el SEPE se reparten en 339 millones de euros para la formación de parados; 1.084 millones para la formación de ocupados y 443 millones para oportunidades de empleo y formación.

De su lado, los 906 millones que gestionará el Ministerio de Educación y Formación Profesional, 506 millones de euros serán para la oferta formativa para desempleados, 205 millones para los ocupados y 20 millones para acciones de carácter extraordinario a través de la red pública de centros de formación y desempleados.

La dotación para oportunidades de empleo, con un total de 910 millones de euros para 2021, se ha incrementado un 34,6%. El Ejecutivo explica que con estos créditos se financian, entre otras medidas, las actuaciones para impulsar la contratación de personas con discapacidad, así como el programa de fomento del empleo agrario en las comunidades autónomas de Andalucía y Extremadura y en zonas rurales deprimidas, para el que se dotan 259 millones de euros.

Los Presupuestos también incluyen 526 millones para potenciar la orientación profesional, con un incremento del 64,6%. El objetivo es hacer la orientación profesional para el empleo «la puerta de entrada a los servicios públicos de empleo a través de un acompañamiento personalizado a lo largo de la vida laboral, para que todas las personas tengan las mismas oportunidades e información sobre el mercado de trabajo».

Para fomentar la igualdad de oportunidad y apoyar el incremento de la mujer al mercado de trabajo en plenas condiciones de dotan 20 millones. Por otro lado, para modernizar los servicios públicos de empleos se han dotado 85 millones para 2021.

PLAN DE CHOQUE PARA EL EMPLEO JOVEN

El próximo año se contempla el ámbito temporal previsto en el Plan de Choque de Empleo Joven 2019-2021, que tenía un coste estimado en los tres años de vigencia de 2.000 millones de euros, de los cuales 663 millones corresponden a las dotaciones previstas para 2021.

Por último, el programa ‘Desarrollo del trabajo autónomo, de la economía social y de la responsabilidad social de las empresas’ tiene una dotación de 16 millones de euros para 2021, con un incremento en sus transferencias corrientes de 6 millones respecto a 2020, destinados principalmente para el desarrollo y ejecución de la Estrategia Española de Economía Social 2021-2027.

Se contemplan 1.194 millones de euros para actuaciones de fomento del empleo a financiar a través del ‘Mecanismo de Recuperación y Resilencia’. Los mayores importes en los que se divide esta partida, son de 355 millones para el empleo joven, de 315 millones para nuevos proyectos y de 298 millones para transformación digital y productiva.

Las pensiones, las prestaciones por desempleo y el pago de los intereses de la deuda suponen el 48,2% del gasto contemplado en los Presupuestos Generales del Estado previstos para 2021, según consta en el proyecto remitido este lunes por el Ministerio de Hacienda al Congreso.

Estas tres partidas suman un total de 219.984 millones de euros, lo que equivale al 48,23% de los 456.073 millones de euros de gastos presupuestados.

Estas tres partidas son las más cuantiosas junto a las transferencias a las comunidades autónomas, que suman 70.288 millones de euros.

El mayor gasto del presupuesto será el de las pensiones, que concentrarán 163.297 millones de euros, un 3,2% más respecto al avance de liquidación del presente ejercicio, así como un 35,8% del gasto total.

El gasto en esta partida se ha visto incrementado en un 66,6% desde 2008, cuando ascendía a 98.011 millones de euros.

Además, los PGE para 2021 incorporan el incremento de las pensiones contributivas en un 0,9% y un incremento del 1,8% de las pensiones mínimas y no contributivas, lo que beneficiará a un total de 9,9 millones de pensionistas.

Por su parte, la partida de desempleo cuenta con una asignación de 25.012 millones de euros, un 20,1% más y supone el 5,5% del gasto total. Las prestaciones por paro concentran unos recursos superiores a los Presupuestos de 2008, cuando se dedicaron 15.777 millones a esta partida.

En cuanto a la deuda pública, la partida vinculada a su coste asciende a 31.675 millones, un 0,4% más. El coste de la deuda tiene un peso del 6,9% sobre el gasto total.

Pese a la contención, la cifra es el doble de la que suponían los intereses de la deuda en 2008 (15.265 millones), cuando la deuda pública no representaba más del 34,3% del PIB y ahora ronda el 111% de la riqueza nacional.

Por distribución de grandes áreas de gasto, el 53,7% de los Presupuestos corresponde a gasto social, el 33,5% a actuaciones de carácter general, el 7,5% a actuaciones de carácter económico y el 5,2% a servicios públicos básicos.

De entre las partidas destinadas al área de gasto social, se destaca el refuerzo de la protección de los más vulnerables, la potenciación de la cohesión y la inclusión, eliminar la brecha de género, el refuerzo y resiliencia del sistema nacional de salud, y el impulso del capital humano como palancas del empleo y generación de oportunidades.

En esta área destacan la política de servicios sociales y promoción social, el desempleo, educación, sanidad y el acceso a la vivienda y fomento de la edificación.

Por su parte, en el área de gasto de actuaciones de carácter económico el refuerzo se concentra en el impulso de la transición energética, ecológica y digital, así como la modernización del tejido industrial y de la pyme. Destacan los incrementos en I+D+i y digitalización, industria y energía, comercio, turismo y pymes, e infraestructuras y ecosistemas resilientes.

Los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2021 contemplan una dotación de 102 millones de euros para financiar ayudas a las actuaciones de apoyo a la movilidad energéticamente eficiente y sostenible y a la transición «justa» a una economía descarbonizada.

Según recoge el proyecto de Presupuestos Generales del Estado 2021 presentado este miércoles por el Gobierno, estas subvenciones estarán gestionadas por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDEA), dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Así, el Ejecutivo de Pedro Sánchez espera gastar hasta 64 millones de euros en ayudas a la movilidad eficiente y sostenible, mientras que unos 38 millones se destinarán a subvencionar la transición justa hacia una economía descarbonizada, tal como se especifica en el documento.

Todo ello después de que este año el Gobierno pusiese en marcha la segunda edición del Programa de Incentivos a la Movilidad Eficiente y Sostenible (Moves II), que cuenta con un presupuesto de hasta 100 millones de euros para fomentar la movilidad sostenible.

En la actualidad, el Ejecutivo subvenciona con hasta 5.500 euros la adquisición de un modelo ‘cero emisiones’, mientras que los fabricantes dan una ayuda adicional de 1.000 euros para incentivar su compra.

PLAN RENOVE

Por su parte, el nuevo proyecto de Presupuestos Generales también recoge los 250 millones de euros que el Gobierno destinará este año al Programa de Renovación de Vehículos 2020 (Plan Renove 2020), ya que está previsto que a lo largo de 2020 y 2021 se concedan ayudas vinculadas a este programa.

Sin embargo, fuentes del Ejecutivo han confirmado que el Plan Renove estará disponible hasta el próximo 31 de diciembre, como aparece en sus bases, aunque las subvenciones previsiblemente se ingresarán a algunos ciudadanos el año que viene, por lo que tiene que aparecer este apartado dentro del presupuesto estatal.

Además, los presupuestos también recogen el plan de impulso a la cadena de valor de la industria de la automoción, que dispone de 21 medidas de tipo económico, fiscal, normativo, logístico, de competitividad, de formación y cualificación profesional, de compra pública sostenible y de planificación estratégica que dan cobertura a toda la cadena de valor de la industria.

Con un presupuesto de 3.750 millones de euros, incluye acciones de impacto a corto plazo, que ya están implementándose este año 2020, así como medidas estratégicas a medio plazo, que se implementarán y ejecutarán a partir de 2021 y que podrán ser financiadas también con el apoyo de los fondos europeos para la recuperación.

Entre las actuaciones a realizar se encuentran la renovación del parque de vehículos, la realización de inversiones y reformas normativas para impulsar la competitividad del sector, la potenciación de la capacidad de innovar ante los nuevos retos, la inclusión de incentivos fiscales complementarios, así como la puesta en marcha de medidas en el ámbito de la formación y cualificación profesional.

En el actual proceso de transformación económica y social, este plan posibilitará la rápida recuperación de una industria clave para nuestra economía, ya que representa el 10% del Producto Interior Bruto (PIB) y emplea a 650.000 personas de manera directa y a 2 millones de trabajadores de forma indirecta. Además, el plan también va a contribuir a paliar los efectos adversos de la Covid-19 sobre la competitividad del sector de la automoción en España, concediendo el apoyo necesario para asegurar la continuidad y liderazgo de la industria mediante su adaptación a los retos identificados y la orientación a la sostenibilidad», asegura la memoria explicativa de los presupuestos.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha rechazado haber entablado contactos con Ciudadanos para excluir del proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2021 el aumento de la presión fiscal sobre el diésel pero ha señalado que, en todo caso, en el Gobierno estarán «encantados de poder hablar» de esta cuestión durante la tramitación parlamentaria de las cuentas.

Todo ello después de que desde la formación ‘naranja’ haya asegurado haber alcanzado un «compromiso» del Gobierno para no equiparar la fiscalidad del diésel con la gasolina, subida conocida como ‘impuesto al diésel’ para sentarse a negociar las cuentas y respaldar su tramitación en la primera de sus votaciones, la de totalidad.

«En relación con la negociación de los grupos políticos, yo, el Ministerio de Hacienda, el comité de negociación, no ha tenido ese contacto con Ciudadanos», ha asegurado la ministra.

ASEGURA QUE HABRÁ ACUERDO CON EL PNV

Respecto a otra de las formaciones que ha expresado su disconformidad con la medida, el PNV, la titular de Hacienda ha asegurado que el PNV «es socio preferente» y ha dado por hecho que habrá acuerdo para aprobar las cuentas.

«Llegaremos a un acuerdo con el PNV y lo haremos a lo largo de este proceso, y donde se incorporarán diferentes enmiendas que vayan planteando». Si ese apoyo de el PNV llegará aceptando la eliminación de ese aumento fiscal, ha apostillado la portavoz del Gobierno, «habrá que dejarlo al cauce de la negociación.

La vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico del Gobierno, Teresa Ribera, ha afirmado que los daños económicos y sociales de la pandemia perdurarán incluso con una vacuna para la población.

«Sabemos que los daños económicos y sociales todavía durarán tiempo, incluso más allá del momento que hayamos conseguido un tratamiento, una vacuna para la población», ha señalado Ribera en su intervención durante los VI Diálogos del Agua América Latina-España, donde también han participado el presidente ejecutivo del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), Luis Carranza, entre otros.

En este contexto, la vicepresidenta ha subrayado que en el proceso de recuperación y salida de la crisis será importante tener en cuenta los conceptos de equidad y sostenibilidad, ya que es una crisis en la que será fundamental recortar las brechas y fortalecer los servicios básicos de las personas.

Así, ha recordado que las iniciativas de la recuperación destacarán por un nuevo pacto verde y un compromiso entre generaciones, ya que se tendrá que desarrollar «una recuperación que debe integrar los problemas de la sociedad de hoy pero no olvidar que aquello que haga hoy debe estar orientado a facilitar la resolución la anticipación de los problemas de nuestros hijos y nuestros nietos».

Por otro lado, la ministra para la Transición Ecológica ha cifrado en 6.400 millones de euros y en unas 3.400 medidas la partida destinada a planificación hidráulica.

En este marco de inversión, ha indicado Ribera, el sector del agua será fundamental, a lo que se añade que la gestión de este recurso será probablemente distinta ante el avance del cambio climático.

Por ello, la apuesta de la vicepresidenta pasa por invertir en sistemas y redes flexibles de abastecimiento, que combinen fuentes de suministro naturales de agua, superficial o subterránea, con otros recursos como la depuración, la reutilización, en su caso la desalación.

La vicepresidenta ha explicado que el objetivo de la administración en esta materia es culminar la actualización de dicha planificación a finales de 2021, para que se generen unas nuevas inversiones en el futuro. Ribera ha indicado que desde el Ejecutivo se hace «especial énfasis» en desinfección y saneamiento del agua.

Por su parte, el presidente ejecutivo de CAF, Luis Carranza, ha puesto de relieve el duro impacto de la pandemia en América Latina y el Caribe, tanto en la salud como en la economía, y ha recordado que una de las principales recomendaciones durante la epidemia, la de lavarse las manos, se hace difícil para al menos 165 millones de personas en la región que no tiene acceso al agua segura.

El presupuesto consolidado de gastos ascenderá en 2021 a 550.484 millones de euros, lo que supone un incremento del 19,4% respecto a las cuentas de 2020, según el proyecto de ley de los Presupuestos Generales del Estado para 2021, que indica que si se excluyen los 26.634 millones correspondientes a los fondos europeos, el incremento se sitúa en el 13,6%.

Dentro del presupuesto de gastos, las operaciones no financieras ascenderán a 416.496 millones de euros, el 75,7% de todo el presupuesto consolidado, y un 17,5% más en comparación con el ejercicio anterior.

Las transferencias corrientes, por su parte, es el capítulo con mayor dotación, con un importe de 306.587 millones de euros, que representa el 55,7% de los gastos consolidados, un 12,8% más que un año antes. Si a este importe se le añaden las transferencias de capital, que ascenderán a 29.168 millones (+228%), el 61% del presupuesto consolidado se destina a partidas a otros agentes, públicos y privados, de la economía.

MÁS GASTO DE PERSONAL

Por su parte, los gastos de personal ascenderán a 25.018 millones de euros, un 4,5% más que un año antes, y los gastos corrientes de bienes y servicios suman 9.922 millones de euros, un 22,6% más. De su lado, los gastos financieros, que sumarán 31.740 millones de euros, caerán un 0,4% como consecuencia de los menores intereses de la deuda pública.

El fondo de contingencia y otros imprevistos contará con una dotación de 3.889 millones de euros, un 51,7% más, mientras que las inversiones reales, con un presupuesto de 10.172 millones, crecerán un 33,1%.

Dentro de las operaciones no financieras, los activos financieros sumarán 39.577 millones de euros, un 57,7% más; mientras que los pasivos financieros, con 94.411 millones, crecerán un 16%.

Por último, las operaciones financieras alcanzarán los 133.988 millones de euros, un 25,8% más que el importe presupuestado para 2020.

Ibercaja ha ampliado su oferta de productos de inversión sostenible, como parte de su campaña de planes de pensiones de 2020, en la que ofrece bonificaciones de hasta el 5% en traspasos y aportaciones bajo ciertas condiciones.

El banco suma el nuevo ‘Plan Ibercaja Confianza Sostenible’. De esta forma, amplía la oferta de esta gama a tres productos, en el marco de su compromiso con la inversión sostenible y como respuesta a una creciente demanda de una banca y finanzas más responsables por parte de sus clientes.

El nuevo plan, que invierte entre el 10% y el 30% del patrimonio en renta variable, complementa al ‘Plan Ibercaja Sostenible y Solidario’, que invierte entre un 50% y un 80% en renta variable con carácter global, y al ‘Plan Ibercaja Europa Sostenible’, que invierte entre un 75% y un 100% en renta variable, fundamentalmente de emisores europeos.

La gestión de estos planes se basa en criterios financieros y extra-financieros de inversión socialmente responsable (ISR), llamados criterios ASG (Ambientales, Sociales y de Gobierno Corporativo) o ESG, en sus siglas en inglés.

BONIFICACIÓN

El banco ofrece hasta un 5% de bonificación de lo aportado o traspasado desde otras entidades a sus planes de pensiones individuales.

Para las aportaciones y traspasos superiores a 30.000 euros en planes de pensiones de Ibercaja, el partícipe puede obtener un abono en cuenta del 4% de lo aportado con compromiso de permanencia de 7 años. Ese porcentaje se incrementa al 5% si además se realizan aportaciones mensuales de cien euros durante el periodo de permanencia.

Para importes superiores a 8.000 euros, los clientes se podrán beneficiar de un abono del 3% si el compromiso es de 5 años de permanencia; de un 1,5%, si es de 3 años; de un 0,75%, si es de 18 meses. Las aportaciones y traspasos de cantidades inferiores a 8.000 euros se incentivan con premios entre 30 y 60 euros.

Los clientes que quieran beneficiarse de la promoción deberán haber realizado las aportaciones durante 2020 y en el caso de los traspasos de otras entidades, tendrán que solicitarlos entre el 3 de noviembre de 2020 y el 22 de enero de 2021.

GESTIÓN ACTIVA

La entidad también apuesta en esta campaña por sus planes de Gestión Activa global, con los que sus partícipes se benefician de una gestión activa, profesional y diversificada. Esta gama de planes permite mover la inversión del cliente en función de su perfil de riesgo y del tiempo que le quede para llegar a su jubilación.

De los cuatro productos, el ‘Plan Ibercaja Gestión Equilibrada’ es la alternativa más conservadora, adecuada para clientes con un horizonte de inversión a medio plazo y con una inversión en renta variable entre un 0% y un 20%. Frente a este producto, destaca el ‘Ibercaja Gestión Audaz’, con una inversión en renta variable entre el 50 y el 100%, dirigido a aquellos clientes más jóvenes capaces de asumir más riesgos.

Ibercaja cuenta además con otras alternativas dentro de su gama de planes para que todos sus clientes, sea cual sea su perfil inversor y edad, puedan encontrar aquellos que más les encajen y participar de una gestión profesional y diversificada de sus ahorros para la jubilación.

‘VAMOS CON TU FUTURO’

En el marco de la estrategia de Ibercaja de reforzar su posición referente en el ahorro finalista y ahorro para la jubilación, Ibercaja ha desarrollado ‘Vamos con tu futuro’, una web en la que los usuarios pueden resolver sus dudas y obtener respuestas para tomar las mejores decisiones en relación con su ahorro, para planificar y organizar su futuro.

‘Vamos con tu futuro’ muestra contenidos personalizados en función del perfil del usuario y de su comportamiento frente al ahorro y ofrece un panel de expertos al que poder plantear dudas. Además, dispone de herramientas de ayuda, como simuladores, con los que poder llevar a cabo cálculos sobre el ahorro, un apartado de experiencias y casos de otros ahorradores similares, y una agenda de eventos y contenidos de Ibercaja.

La nueva web refuerza la propuesta de valor del banco y la especialización de la entidad en el ámbito del ahorro. Asimismo, ‘Vamos con tu futuro’ se ha configurado siguiendo los valores de Ibercaja, como son la cercanía, la profesionalidad, la solidez y excelencia, el compromiso y la capacidad de adaptación.