La creación de empresas en España se desplomó un 18,7% en 2020, hasta las 76.189 sociedades constituidas, la menor cifra desde 2008, al tiempo que las empresas invirtieron un 9,7% menos de capital inicial, hasta niveles de 2009, con 4.912,5 millones de euros. Entre tanto, los concursos de acreedores cayeron un 13%, aunque subieron en diciembre.

Así se desprende del Radar empresarial de concursos de acreedores y creación de empresas elaborado por el Gabinete de Estudios Económicos de Axesor, con datos a cierre de diciembre de 2020, ejercicio que «se confirma como el peor año de la serie histórica para el emprendimiento», al ceder la constitución de empresas un 18,7%, el menor número desde 2008, y el capital inicial un 9,7%, el segundo registro más bajo.

Axesor explica que los efectos de la pandemia del Covid-19 están siendo «desastrosos» para la economía y un tejido empresarial muy marcado por su dependencia al sector servicios, especialmente turismo y hostelería, de forma que la crisis sanitaria ha dado al traste con el impulso emprendedor de los últimos años hasta llevarlo a registrar mínimos históricos, puesto que, incluso en 2009 en plena crisis económica se crearon 3.602 empresas más (79.791).

No obstante, subraya que empieza a apreciarse un «cambio de tendencia» en el ecosistema emprendedor hacia profesiones relacionadas directa o indirectamente con las nuevas tecnologías, como transporte y almacenamiento, y aquellas que requieren un mayor grado de cualificación, como las relacionadas con el sector sanitario, científico y técnico, lo que se consolidará en 2021.

CAÍDAS EN TODOS LOS SECTORES

Por sectores, todos registraron descensos con respecto al año 2019, si bien las cifras ponen de manifiesto un cambio con respecto a los intereses de los emprendedores, ya que el sector de la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca es el que menos cae, un 8%.

Le siguen las actividades relacionadas con el transporte y almacenamiento, impulsadas por el incremento del comercio electrónico (-8,6%) y las del sector financiero y asegurador (-11,4%).

En el lado contrario se sitúan las relacionadas con el ocio y el entretenimiento y las de suministro de energía eléctrica y gas, donde la creación de empresas se desploma un 34,65% y un 29,1%, respectivamente.

En términos absolutos y a pesar de las caídas, comercio (-13%), construcción (-22,9%) y actividades científicas y técnicas (-15,4%) son los sectores donde se han creado más nuevas empresas (16.298, 10.037 y 7.855).

MADRID, LA COMUNIDAD MÁS EMPRENDEDORA, PESE A CEDER UN 20%

Por comunidades autónomas, la Comunidad de Madrid se consolida como la más emprendedora, dado que en 2020 se constituyeron un total de 17.531 empresas, muy por encima de Cataluña, donde se crearon 14.410; seguida de Andalucía, con 12.936 nuevas sociedades. No obstante, la constitución cedió un 20% en Madrid, un 20,2% en Cataluña y un 16,5% en Andalucía respecto a 2019.

La caída generalizada del emprendimiento vino acompañada por un notable descenso de la inversión inicial para su constitución, que se situó en niveles de 2009 al situarse en 4.912,53 millones de euros, segundo registro más bajo del histórico.

En este apartado el sector del transporte y almacenamiento es el que registró un mayor avance, un 207,17%, superando los 212 millones de euros.

Por regiones, destacó la Comunidad de Madrid al acumular el 27,5% del volumen de inversión a nivel nacional (1.352 millones de euros) y subir un 32%, a diferencia de Cataluña, que cae un 23%, con un total acumulado de 887,7 millones de euros.

Por su parte, Extremadura y Canarias, con 56,09 y 252,25 millones de euros respectivamente, son las regiones con los mayores incrementos en términos relativos (+108% y +103,2%).

CATALUÑA, LA REGIÓN CON MÁS CONCURSOS DE ACREEDORES

El Radar de Axesor pone de manifiesto que si bien las medidas adoptadas por el Ejecutivo para frenar la sangría de disoluciones de empresas «han surtido cierto efecto, este ha sido menor del esperado». Así, el ejercicio de 2020 se salda con un descenso del 12,92% en número de concursos de acreedores, con 4.192 insolvencias, cifra superior a la del ejercicio 2018, cuando sumaron 4.108, la menor cifra histórica.

Según Axesor, pese a las medidas adoptadas por el Gobierno, en diciembre el número de concursos de acreedores creció un 4,35% interanual, con 456 disoluciones.

El análisis por sectores muestra que comercio, con 902 procedimientos, construcción, con 652, e industria manufacturera, con 592, son los que mayor número acumulan. Entre los tres acumulan más del 51% del total en 2020. Hostelería, por su parte, suma 431 nuevosconcursos de acreedores, siendo una de las cinco actividades que registra incrementos, del 25%, al tiempo que en educación subieron un 61%.

Respecto a las regiones, pese a la caída del 18,76% interanual, Cataluña cierra como la comunidad autónoma con la mayor cifra de procedimientos concursales registrados, 992. Le siguen Madrid, con 909, y un incremento del 0,66%; y Comunidad Valenciana, con 639, un 10,75% menos que en 2019. Además de la región madrileña, Cantabria (+15,4%) y Asturias (+3,2%) registran un aumento del número de concursos de acreedores.

En cualquier caso, desde el Gabinete de Estudios Económicos de Axesor señalan que el año pasado cerró con una situación «ficticia» debido a las medidas de contención adoptadas por el Ejecutivo con el objetivo de evitar la quiebra de empresas que se han visto dañadas o afectadas por la pandemia. De hecho, ve previsible que en 2021 haya un repunte de los concursos de acreedores a causa del levantamiento de las medidas a partir de primavera.

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha abogado este viernes por extender los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) como mínimo hasta junio y por que las empresas puedan ajustar plantilla devolviendo a la Seguridad Social las exoneraciones del ERTE pero no de todo el personal, sino sólo del trabajador que sea despedido.

«Nos guste o no va a tener que haber ajustes de plantilla. Esto ya no es marzo y las empresas tienen problemas de solvencia. Lo que no puede ser es que (si despiden) se las obligue a devolver todas las exenciones por haberse acogido a un ERTE cuando sería más lógico devolver la parte de esa persona que pudiera salir fuera, porque si no, en lugar de consolidar puestos de trabajo, vamos a destruir muchos más», ha defendido el líder de la CEOE.

Actualmente, las empresas acogidas a un ERTE están obligadas a mantener el empleo durante los seis meses posteriores al reinicio de su actividad. Si incumplen este compromiso deben devolver las exenciones a la Seguridad Social recibidas por todos los trabajadores del ERTE y no sólo por los que sean despedidos. Lo que plantea Garamendi es que sólo tengan que devolverse las ayudas del trabajador que sea despedido.

En su opinión, resulta «ilusorio» pensar que, sin actividad, las empresas puedan mantener a toda la plantilla. El dirigente empresarial ha indicado además que si se tuvieran en cuenta a los trabajadores en ERTE, habría casi cinco millones de personas en paro y que lo conveniente es «proteger al mundo de la empresa» porque son ellas las que tienen capacidad para generar puestos de trabajo.

Ante el inicio este viernes de la negociación para prorrogar los ERTE más allá del 31 de enero, Garamendi, en declaraciones a Onda Cero, ha señalado que lo primero de lo que hay que hablar es de plazos: los ERTE necesitan, en su opinión, un plazo «largo», que como mínimo debería llegar hasta el mes de junio.

El líder de la CEOE fundamenta estas demandas en los problemas de solvencia que presentan actualmente las empresas, frente a lo ocurrido en la primera ola de la pandemia, cuando los problemas eran de liquidez.

Garamendi ha puesto como ejemplo el sector turístico, que entre enero y noviembre ha recortado más de un 77% su facturación, pues sólo han llegado a España 16 millones de turistas, frente a los 80 millones que visitaban el país otros años.

«Se puede entender que hay una pandemia, pero por orden administrativa se han cerrado 300.000 locales de hostelería, hoteles, el ocio nocturno, el alquiler de coches (…) Por la misma razón que el Estado dice que cierren, el Estado está obligado a compensarles», ha afirmado.

Al mismo tiempo, ha subrayado que la CEOE va a volver a defender en esta nueva negociación sobre los ERTE que las exoneraciones de cuotas a la Seguridad Social se centren en los trabajadores que se quedan en el ERTE y no en los que salen de él. «Ahora mismo son mayores para los que salen del ERTE y pensamos que deben ser para los que están fuera del sistema», ha explicado.

TEST MASIVOS

Garamendi ha abogado además por echar mano del millar de centros de las mutuas de accidentes de trabajo que existen en España y que cuentan con 10.000 profesionales sanitarios para realizar test Covid y vacunar a la población. «Lo que tenemos que hacer es implementar de manera masiva los test y la vacunación; que sea gestión pública no significa que no se pueda trabajar desde lo privado», ha apuntado.

El presidente de la CEOE ha vuelto a reiterar su demanda de que las empresas puedan hacer test a sus trabajadores, una petición que, según ha explicado, el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, ha dicho que entiende pero que necesita el permiso del Ministerio de Sanidad.

No sé por qué no nos lo dan», ha señalado Garamendi, que ha puesto como ejemplo el centro que, junto a la Comunidad de Madrid, se ha instalado en Mercamadrid para la realización de test. «Estamos haciendo prácticamente 600 test diarios y estamos descubriendo, ocho, nueve, diez personas asintomáticas al día y normalmente por Mercamadrid pasan 19.000 personas. Esto es lo que hay que hacer», ha opinado.

Garamendi se ha mostrado contrario a un nuevo confinamiento generalizado en España y ha insistido en que el problema de los contagios no se encuentra ni en la hostelería ni en el mundo de la empresa, que «está controlando bastante bien el virus», sino en las fiestas ilegales y reuniones familiares.

Gobierno, sindicatos y empresarios se reunirán este viernes para iniciar una nueva negociación con el objetivo de prorrogar los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), a los que están acogidas, con datos a cierre de diciembre de 2020, más de 755.610 personas, cifra que está lejos de los 3,4 millones de trabajadores que llegaron a estar en un ERTE en el mes de abril.

La reunión tendrá lugar a las 10.00 horas y será de carácter técnico. Según ha señalado el Ministerio de Trabajo y Economía Social, durante el encuentro se abordarán los plazos de la prórroga y la mejora de la formación para los trabajadores que actualmente están en ERTE.

La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ya dijo que convocaría a los agentes sociales después de Reyes para abordar esta negociación y apostó por no agotar los plazos de negociación como ha sucedido en las prórrogas anteriores. De hecho, pidió que la negociación no fuese más allá del 15 de enero.

Asimismo, dijo que los ERTE son una herramienta que está «funcionando muy bien» y que se han dotado de una «enorme flexibilidad», aunque apuntó que es necesario que «haya más simplicidad».

Esta semana, el secretario de Estado de Trabajo y Economía Social, Joaquín Pérez Rey, ha afirmado que no se esperan «enormes cambios» en la negociación de la prórroga de los expedientes de regulación temporal de empleo. De hecho, dejó claro que los ERTE «se han venido trabajando y adaptando» y apuntó que las piezas clave «están ya muy consolidadas».

«Seguramente intentemos trabajar en una línea de simplicidad de la gestión de estos elementos de empleo y sus elementos centrales, pero el modelo no puede ser objeto de revisión, porque está constatado su buen funcionamiento en los meses que llevamos», apostilló.

Por su parte, el secretario de Estado de Seguridad Social y Pensiones, Israel Arroyo, señaló que el modelo de los ERTE es «exitoso» y que «lógicamente tendrá que ser objeto de cambios, pero que estos serán paramétricos o de matiz». «Es un modelo que ha ido tendiendo a la focalización y creo que en esta línea vamos a trabajar», añadió.

Gobierno, sindicatos y empresarios coinciden en que sigue necesitándose esta herramienta, sobre todo para sectores que no han podido recuperar su actividad plenamente, como el turístico, o que se están viendo sometidos a restricciones para frenar los contagios de Covid, como la hostelería o el comercio.

De hecho, el plan de rescate de apoyo a la hostelería, el comercio y el turismo, que aprobó el Gobierno hace unas semanas, amplió el número de sectores «ultraprotegidos» por los ERTE a varias actividades, entre ellas el comercio al por mayor de bebidas, los restaurantes y puestos de comidas, las actividades de los jardines botánicos, parques zoológicos y reservas naturales, los establecimientos de bebidas y las actividades de juegos de azar y apuestas (casinos, bingos, loterías y casas de apuestas).

La regulación actual de los ERTE estará vigente hasta el próximo 31 de enero y los empresarios llevan tiempo pidiendo extender la siguiente prórroga al menos hasta que finalice el estado de alarma decretado en España (9 de mayo).

Costó mucho firmar la prórroga hasta enero, sobre todo por las diferencias que existían entre la patronal y algunos miembros del Gobierno en torno a los sectores a proteger por los ERTE. Al final se consiguió un acuerdo casi en el tiempo de descuento, que se llevó en forma de decreto al Consejo de Ministros.

Dicho decreto, aprobado a finales de septiembre, extendía hasta el 31 de enero de manera automática los procedimientos por fuerza mayor para determinados sectores económicos, y creaba dos figuras, los ERTE de impedimento de actividad y los ERTE de limitación de actividad, a los que pueden acogerse todas las empresas, con exoneraciones bastante elevadas, que en algunos casos llegan hasta el 100%.

Los ERTE de fuerza mayor con prórroga automática se limitan a las empresas más afectadas por la pandemia cuya actividad se clasifique en alguno de los códigos de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE-09) previstos en la norma, con exoneraciones de cuotas de entre el 75% y el 85%. De estas exoneraciones también pueden beneficiarse aquellas empresas que, aunque no formen parte de dichos sectores, se encuentran en su cadena de valor o cuyo negocio depende en su mayoría de ellos.

En el caso de las nuevas modalidades de ERTE vigentes, a las que pueden acogerse empresas de cualquier sector, se distinguen dos tipos: los ERTE por impedimento de actividad como consecuencia de restricciones adoptadas por las autoridades (por ejemplo, las empresas de ocio nocturno), y los ERTE de limitación de actividad, destinados a las compañías que vean alterada su actividad cuando una autoridad local, autonómica o estatal limite, por ejemplo, los aforos y los horarios.

Los ERTE de limitación de actividad van acompañados de exenciones de cuotas de entre el 70% y el 100%, mientras que los ERTE de impedimento de la actividad contemplan exenciones de entre el 90% y el 100%.

Está por ver si en la nueva prórroga se mantendrá este esquema de ERTE y si se producirán más cambios en la lista de actividades CNAE, aunque a la vista de las actuaciones de las comunidades autónomas para frenar los contagios, seguirán necesitándose instrumentos para proteger a trabajadores y empresas afectados por limitaciones e impedimentos de su actividad.

8.033 TRABAJADORES MÁS EN ERTE

Según datos de la Seguridad Social, el número de trabajadores en ERTE cerró el mes de diciembre en 755.613 personas, lo que supone 8.033 trabajadores más que en noviembre.

Desde el momento más duro de la crisis, a finales de abril, el número de personas en ERTE se ha reducido en 2,8 millones, lo que supone que a cierre de 2020 los afectados por ERTE eran un 79% menos de los que había en abril.

El Departamento que dirige José Luis Escrivá ha destacado que esta cifra de 755.613 trabajadores en ERTE supone mantener la senda de «estabilización» iniciada en el mes de septiembre pese a las restricciones administrativas que se adoptaron para contener la segunda ola de la pandemia.

De media, según la serie por fecha de alta, en el mes de diciembre hubo 782.915 personas en ERTE, frente a las 865.677 de la serie revisada del mes anterior y las 676.905 del mes de octubre.

TAMBIÉN SE HABLARÁ DE SMI

Durante el encuentro de este viernes también se volverá a abordar la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) para este año, que en este momento se encuentra congelado en 950 euros mensuales a la espera de que haya acuerdo entre los agentes sociales para subirlo.

El pasado 29 de diciembre, en el último Consejo de Ministros del año 2020, el Gobierno decidió prorrogar para 2021, a petición del Ministerio de Trabajo y Economía Social, el real decreto de 2020 por el que se estableció un SMI de 950 euros mensuales por catorce pagas.

La intención era la de darle más margen a la negociación del diálogo social para acordar cuál debe ser la evolución del SMI este nuevo año, toda vez que se impuso el criterio de la vicepresidenta Nadia Calviño de esperar hasta la segunda mitad del año para ver si se consolida la recuperación económica.

Está por ver si los agentes sociales y el Gobierno acercarán posturas sobre un aumento del SMI este viernes, en el que será el primer encuentro del diálogo social del año.

La ministra dejó claro la semana pasada que le daba «un poco de tristeza» que se estuviese discutiendo por 30 céntimos al día, aunque la patronal siguió insistiendo en que no era el momento de subir salarios y sindicatos instaban a subir los sueldos como mínimo lo que lo han hecho los salarios de funcionarios y pensiones en 2021 (+0,9%).