Rusia ya tiene su primera ley integral de criptoactivos. El presidente Vladimir Putin firmó el pasado martes la normativa que regula los exchanges y los derechos digitales en el país, pero con un caveat importante: seguirá prohibido usar Bitcoin como medio de pago dentro de sus fronteras.
La noticia, adelantada por la agencia Tass, pone orden en un sector que hasta ahora había vivido en un limbo legal. Solo las entidades registradas podrán operar como plataformas de intercambio, y los inversores minoristas tendrán limitada su exposición. La ley fija un tope de 300.000 rublos al año —unos 3.700 dólares, aproximadamente 3.100 euros al cambio actual, — para la compraventa de las criptodivisas más líquidas. Los inversores cualificados, en cambio, no tendrán restricciones.
El texto, que llevaba meses cocinándose entre el banco central y los legisladores, confirma un doble mensaje: Moscú quiere controlar la actividad cripto y aprovecharla para sortear sanciones en sus relaciones comerciales, pero sin ceder un ápice en la soberanía del rublo como única moneda de curso legal.
Qué dice la nueva ley rusa de criptoactivos
La normativa es clara en varios puntos. En primer lugar, crea un registro oficial para los exchanges. A partir de ahora, solo las empresas autorizadas y supervisadas podrán ofrecer servicios de compraventa y custodia de criptomonedas. Cualquier plataforma que opere sin licencia se expone a sanciones.
Respecto al inversor particular, el límite anual de 300.000 rublos para operar con criptoactivos líquidos deja fuera del mercado a los grandes jugadores no acreditados. Es una barrera elevada si se tiene en cuenta que el salario medio ruso ronda los 70.000 rublos mensuales. Dicho de otro modo, un trabajador medio necesitaría más de cuatro nóminas enteras para alcanzar ese umbral.
Donde sí hay manga ancha es en las operaciones transfronterizas y en la minería. La ley permite usar divisas digitales para liquidar contratos de comercio exterior entre residentes y no residentes, así como para los pagos vinculados a la actividad de los mineros. Es, de facto, una vía para que empresas rusas esquiven las restricciones occidentales utilizando cripto como puente hacia mercados como China, India o Turquía.
Por qué Rusia mantiene el veto a los pagos con Bitcoin
Puede resultar desconcertante si recordamos que el propio Putin ha hablado bien de Bitcoin. En diciembre de 2024, durante un foro de inversión, el presidente ruso se preguntó retóricamente: “Bitcoin, ¿quién puede prohibirlo? Nadie”. También destacó las ventajas competitivas del país para la minería gracias a su energía barata. Sin embargo, entre halagar la tecnología y permitir que compita con el rublo hay un abismo.
La prohibición de pagos con criptomonedas no es nueva: está en vigor desde 2022 y la nueva ley se limita a reafirmarla. El Kremlin teme que un sistema de pagos paralelo erosione la capacidad del banco central para controlar la política monetaria y, sobre todo, que los ciudadanos opten por Bitcoin en lugar del rublo en un contexto de inflación elevada y sanciones.
Rusia dice sí a las criptomonedas como activo, pero no como dinero. Esa dualidad define el nuevo marco.
¿A quién afecta realmente esta regulación?
Para el ciudadano ruso de a pie, el impacto es mixto. Quien ya operaba con criptomonedas en plataformas como Binance o Bybit —muchas de ellas sin presencia legal en el país— podría encontrarse con restricciones de acceso o exigencias de verificación más estrictas. Los que querían diversificar ahorros en Bitcoin tendrán ahora un techo explícito, aunque difícil de fiscalizar si se utilizan monederos sin custodia o exchanges no registrados.
Para los mineros, la ley da un espaldarazo al reconocer sus operaciones y facilitarles que cobren en cripto por su actividad exportadora. Rusia es ya el segundo mayor país en minería de Bitcoin, solo por detrás de Estados Unidos, y quiere mantener ese atractivo.
En clave global, el movimiento ruso refleja una tendencia: las grandes potencias abrazan la regulación de los criptoactivos, pero cada una con su propio manual. Mientras la Unión Europea despliega MiCA y Estados Unidos ha autorizado ETFs al contado, Rusia opta por un modelo híbrido: puertas abiertas al negocio institucional y a la minería, pero con un candado firme sobre la vida cotidiana del rublo.
La paradoja está servida: el mismo país que alaba a Bitcoin como herramienta para burlar sanciones, le prohíbe a sus propios ciudadanos comprar un café con satoshis.
