El Gobierno ha mostrado su deseo de que «prime el acuerdo» entre los grandes tenedores y arrendadores de la hostelería y comercios con las herramientas puestas a su disposición a través del plan de choque para la recuperación del sector Horeca, aprobado este martes por el Consejo de Ministros, y no tener así que intervenir.

En una rueda de prensa telemática, la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, afirmó, respecto a si el Gobierno prepara algún tipo de compensación para estos grandes tenedores, que en este plan «prima que haya acuerdo» entre ambas partes.

«Para nosotros lo mejor es no intervenir, si hay acuerdo no se necesita ningún tipo de compensación, porque será un acuerdo negociado entre ambas partes», ha explicado.

El Ejecutivo incluye en su plan de ayuda al sector Horeca una medida con la que prevé conseguir una reducción de costes fijos para el sector del turismo, la hostelería y el comercio, por medio de la cual, en el caso de que el arrendador sea un gran tenedor -aquel que tiene 10 o más locales-, si las partes no llegan a un acuerdo, el arrendatario podrá optar entre una quita del 50% o un aplazamiento del pago hasta cuatro meses después de la finalización del estado de alarma.

De esta forma, el arrendador contará con siete días hábiles para decidir cuál de las dos medidas aplica, pero si transcurrido ese plazo no hubiera contestado, se aplicará inmediatamente la opción elegida por el arrendatario.

190.000 LOCALES, POTENCIALES BENEFICIARIOS.

La titular de Industria ha avanzado que el 12% de los locales comerciales se encuentra en manos de grandes tenedores en España. De esta forma, el número potencial de locales beneficiarios sería de 190.000, de los que 33.000 corresponderían a establecimientos relacionados con el turismo y 157.000 a locales comerciales.

«Este es un plan muy esperado y que calificaría de ambicioso por su importe de más de 4.200 millones, y también oportuno por el momento en el que llega. Se trata de plan eficaz, porque mañana mismo comerciantes, hosteleros y los sectores del turismo se van a beneficiar de este plan, que se suman a las medidas del inicio de la pandemia», ha señalado.

Maroto ha reiterado que este plan es un «flotador» para muchos hosteleros y comerciantes que necesitan para «poder levantar sus persianas».

«Este plan reduce significativamente los costes fijos, sobre todo los alquileres y también los salarios. Hemos puesto el énfasis en la reducción de impuestos y en las cargas derivadas de las cotizaciones sociales mientras se pueda normalizar la actividad de estos sectores en el marco del control de la pandemia», ha precisado la titular del ramo.

Respecto a la reducción de impuestos, Maroto ha destacado que se vuelve a aprobar la medida que permite pasar de estimación objetiva a estimación directa sin la obligación de permanecer en ella tres años. «La mayoría de estas empresas tributan por módulos, por lo que tienen más dificultades que los de estimación directa para justificar la falta de ingresos, por eso hemos adoptado esta medida», ha explicado.

Por otro lado, la ministra ha subrayado que esta batería de ayudas refuerza la protección de actividades como el comercio al por mayor de bebidas, restaurantes y puestos de comidas y establecimientos de bebidas, que pasarán a formar parte de las actividades CNAE protegidas en la última prórroga de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE).

«Hemos incorporado a bares y restaurantes, porque la evolución de la pandemia ha hecho que sean de los más afectados y queríamos destacarlos entre los sectores híper protegidos», ha explicado.

APELA A LAS CCAA A REFORZAR LAS AYUDAS PARA ESTOS SECTORES

Por otro lado, Maroto ha avanzado que este plan de ayudas al sector Horeca se va a consensuar con todas las comunidades autónomas, por lo que se ha convocado una conferencia sectorial para el próximo lunes 28 de diciembre, donde confía en que se puedan «reforzar estas ayudas y dar una respuesta conjunta a estos tres sectores».

Queríamos que este plan fuera eficaz e inmediato. Todas las administraciones tenemos que hacer un esfuerzo adicional para defender a estos sectores tan importantes, el conjunto en estos momentos hay ue hacer ese esfuerzo que todos trabajamos para defender a esos sectores tan importantes, los más vulnerables de la pandemia y los más estratégicos que son básicos para la recuperación de la economía«, ha incidido Maroto.

La gestora británica M&G Investments ha advertido este martes a los inversores españoles de su vehículo ‘M&G Global Themes Fund’, un subfondo de M&G Investment Funds, que se verán afectados ante la salida del Reino Unido de la Unión Europea, prevista para el 31 de diciembre.

Con el Brexit, estos perderán su condición de ‘Organismos de Inversión Colectiva en Valores Mobiliarios’ (OICVM), convirtiéndose en Fondos de Inversión Alternativos no comunitarios (‘FIA No UE’) el 1 de enero de 2021 y por lo tanto, no se podrán comercializar las clases de acciones en España a partir de esa fecha.

Según ha advertido la gestora a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) este martes, al adquirir la condición de ‘FIA No UE’, algunos inversores pueden sufrir consecuencias de carácter fiscal.

Así, las desinversiones desde las clases de acciones dejarán de beneficiarse del régimen de diferimiento fiscal previsto para los inversores sujetos al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) en España en el caso de reinversión en otro fondo, según el régimen de traspasos.

M&G Investment ha comunicado que no aplicará comisiones por los reembolsos o nuevas suscripciones asociados a estos cambios, que deberán enviarse antes de las 11.30 horas del 31 de diciembre.

La gestora ha ofrecido a los clientes del país la posibilidad de cambiar su inversión actual para seguir invirtiendo en un producto cualificado como OICVM con una estrategia similar y manteniendo los traspasos, la opción de usar el subfondo de sicav luxemburguesa ‘M&G (Lux) Global Themes Fund.

El producto interior bruto (PIB) real de Estados Unidos experimentó una contracción del 2,6% en el tercer trimestre del año en comparación con el mismo periodo de 2019, según la tercera estimación del dato publicada este martes por la Oficina de Análisis Económico del Gobierno (BEA, por sus siglas en inglés), que mejora en una décima la cifra pronosticada el mes pasado.

La Oficina ha explicado que las revisiones al alza de la inversión fija no residencial, de la inversión residencial y de las exportaciones se compensaron parcialmente por las revisiones a la baja del gasto del Gobierno, de la inversión en inventarios fijos y del gasto de consumo personal.

De esta forma, la economía estadounidense registró una gran mejoría entre julio y septiembre, después de que el PIB se contrajera un 9% en el segundo trimestre en comparación con el mismo periodo del año pasado.

El gasto de los hogares cayó un 2,9% en el trimestre, la misma cifra que la previsión anterior, frente al descenso del 10,2% del trimestre precedente. De su lado, la inversión de las empresas experimentó una contracción del 2,5%, frente al 2,7% estimado hace un mes. En el segundo trimestre, la caída fue del 17,5%.

De su lado, las exportaciones cayeron un 15,7%, una décima peor que la primera estimación, y las importaciones observaron un descenso del 9,4%, una décima menos que la estimación anterior.

En términos anualizados, es decir, extrapolando los datos del trimestre al conjunto del año (la forma preferida por la BEA para informar de los datos), el PIB del país experimentó un incremento del 33,1% en el trimestre, la misma cifra que la estimación anterior. En el segundo trimestre, la caída anualizada fue del 31,4%.

En el trimestre, los ingresos disponibles de los estadounidenses se contrajeron un 13,2%, tres décimas peor de lo estimado en noviembre, al tiempo que la tasa de ahorro alcanzó el 16%, diez puntos menos que en el trimestre anterior.

El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ha presentado este martes en el Congreso sus ‘recetas’ para reforzar la independencia del supervisor y de otros organismos reguladores y, en concreto, ha defendido elevar de los seis años actuales a ocho el mandato del cargo que él ocupa, extender la imposibilidad de renovación también a los consejeros del banco y dar un papel más relevante al Parlamento en su nombramiento.

Hernández de Cos ha sido el primer experto citado por la Comisión de Calidad Democrática del Congreso para recabar ideas sobre cómo reforzar la imparcialidad de los órganos y agencias independientes que funcionan en España, con intención de elaborar un informe de recomendaciones que se elevará al Pleno del Congreso.

El gobernador considera que el esquema jurídico y la experiencia del Banco de España como institución independiente financiera y organizativamente puede constituir un buen punto de referencia en el eventual rediseño de otros supervisores.

A su juicio, el Parlamento debería tener un papel más relevante en el nombramiento de los altos cargos del banco y otros reguladores. Actualmente, corresponde al presidente del Gobierno designar al gobernador previa comparecencia del titular de Economía ante la comisión correspondiente del Congreso para informar sobre la candidatura.

CONCURSOS PÚBLICOS

Hernández de Cos no ha apostado por cambiar la ley para que el gobernador sea elegido por el Congreso, pero sí ha remarcado que el aspirante al cargo (incluso también los candidatos a subgobernador y los consejeros) debería comparecer ante el Congreso, bien antes de su nombramiento para que se evalúe su cumple los requisitos legales, o justo después para su ratificación.

Según ha detallado, éste es un sistema similar al que aplica el Parlamento Europeo en los procesos de elección de los altos cargos de BCE. También ha apuntado que, por ejemplo, el Banco de Inglaterra selecciona al gobernador y los subgobernadores mediante concurso público.

Aunque se ha centrado en las mejoras para el supervisor, el gobernador es partidario de que se unifiquen los procedimientos para los nombramientos de los organismos independientes y, como premisa general, considera oportuno que todos ellos tengan mandatos superiores a los cuatro años, para desvincularlos de los ciclos electorales, así como que se «persevere» en la imposibilidad de renovación.

En este punto, se ha preguntado qué sentido tiene que el gobernador del Banco de España tenga un mandato de seis años no renovable mientras que el del presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) es de cuatro años y con la posibilidad de repetir.

En el caso concreto del supervisor, Hernández de Cos ha pedido elevar a ocho los años de mandato de sus altos cargos y extender a los consejeros la imposibilidad de renovar (ahora pueden optar a un segundo mandato) que ya rige para el gobernador y el subgobernador.

Desde su punto de vista, ampliar el mandato además de para acumular experiencia serviría para aumentar la capacidad de influencia en foros internacionales, mientras que, al prohibir las renovaciones, se rebajarían las eventuales tentaciones de los consejeros de aproximarse a quienes deciden acerca de su posible reelección.

TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS

El gobernador mantiene que la independencia de los organismos independientes debe venir acompañada de unos estándares muy elevados en materia de transparencia y rendición de cuentas ante el Parlamento, como elementos imprescindibles para otorgarles legitimidad.

Así, además de proponer, que el gobernador comparezca más ante el Congreso, apuesta por la elaboración de códigos éticos de obligado cumplimiento para los altos cargos de estos órganos que garanticen su independencia del sector público y privado y eviten posibles conflictos de interés.

Hernández de Cos también ha introducido el concepto de ‘buen gobierno‘ en el funcionamiento de estos organismos independientes de modo que tengan siempre presente no sólo los principios de eficacia, eficiencia, imparcialidad o diligencia, sino también la aplicación de procedimientos y de decisiones colegiadas que garanticen la búsqueda del interés público como principal línea de actuación institucional.

MAYOR AUTONOMÍA PARA LA AIReF

También ha comparecido ante la Comisión de Calidad Democrática la presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), Cristina Herrero quien se ha limitado a hacer propuestas para fortalecer la autonomía funcional de la institución, el acceso a la información y su función evaluadora de las políticas públicas.

Herrero ha destacado que la AIReF cuenta con una direcciónunipersonal a la que se le exige el apoyo de la mayoría absoluta del Congreso y que cuenta con financiación propia. Pero, a su juicio, hay aspectos de la gestión presupuestaria y de recursos humanos que cabe mejorar.

En concreto, Herrero considera que la AIReF debería tener mayor capacidad y flexibilidad en la distribución de sus recursos sin tener que pedir tantas autorizaciones del Ministerio de Hacienda.

Tras recordar que la institución no cuenta con capacidad autónoma de su política de personal, ha reclamado una mayor salvaguarda de su independencia institucional y autonomía funcional y que se mejore el acceso a la información, tanto en su contenido como en los plazos de acceso.

Además, ha aprovechado su comparecencia para volver a insistir en la conveniencia de reforzar las competencias de la AIReF en materia de evaluación de políticas públicas, por las claras sinergias entresupervisión fiscal y evaluación, incidiendo en que esta es una de las recomendaciones aprobadas el pasado mes de julio por laComisión de Reconstrucción del Congreso.

Para ello, según ha explicado, sería necesario modificar el Estatuto Orgánico de la AIReF dotándola de una estructura organizativa estable y de capacidad de iniciativa en la evaluación. Herrero ha recordado que están pendientes de que el Ministerio de Hacienda se pronuncie sobre esta cuestión.

La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha resaltado este martes que «nadie habla de congelar el salario mínimo interprofesional (SMI)».

Así lo ha señalado en la rueda de prensa tras el encuentro de la mesa del diálogo social en Palma con los agentes sociales y la presidenta de Baleares, Francina Armengol, tras ser preguntada por las declaraciones de la ministra portavoz, María Jesús Montero, tras el Consejo de Ministros.

Montero ha afirmado que dada la incertidumbre económica y de la pandemia, si no se está en condiciones de llegar a hacer previsiones de lo que ocurrirá en los próximos seis meses, se puede «reevaluar» la situación pasado ese tiempo, donde se estará ya en mejores condiciones de saber lo que pasará en el conjunto del año para tomar la decisión más correcta sobre el SMI.

Díaz ha dejado claro que se está trabajando en la mesa de diálogo social, «como ha dicho la ministra portavoz», y que será aquí donde se resuelva esta cuestión. «Me quedo con la idea de que ya no se habla de congelar el SMI», ha subrayado.

El Consejo de Ministros ha aprobado, dentro del plan de apoyo a la hostelería, la ampliación del número de sectores «ultraprotegidos» en el Real Decreto de defensa del empleo por el que se aprobó la prórroga de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) hasta el 31 de enero de 2021.

Según ha informado el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, han entrado a formar parte de la lista de actividades cubiertas el comercio al por mayor de bebidas, los restaurantes y puestos de comidas, las actividades de juegos de azar, las actividades de los jardines botánicos, parques zoológicos y reservas naturales y los establecimientos de bebidas.

El Real Decreto establecía que los ERTE de fuerza mayor con prórroga automática se limitarán a las empresas más afectadas por la pandemia cuya actividad se clasifique en alguno de los códigos de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE-09) previstos en la norma.

Además, se considera que se engloban en esta categoría de empresas aquellas que han recuperado del ERTE a menos del 65% de los trabajadores y que tienen en un CNAE concreto a más del 15% de personas reguladas del total de afiliados al Régimen General.

Las empresas recogidas estarán exoneradas de pagar parte de las cotizaciones sociales devengadas en diciembre de 2020 y enero de 2021 gracias a que «tendrán la mencionada consideran de sectores ultraprotegidos».

Así, tendrán una reducción del 85% en sus cotizaciones sociales de estos meses si las empresas tienen menos de 50 trabajadores y del 75% si tienen más de 50 empleados.

El Gobierno ha aprobado este martes la prórroga de la suspensión de los lanzamientos y desahucios, que estaba vigente hasta el 31 de enero, hasta la finalización del estado de alarma (9 de mayo de 2021), según ha informado el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Además, ahora se incorporan a esta medida de suspensión de lanzamientos y desahucios colectivos vulnerables o que han visto agravada su situación de vulnerabilidad con motivo de la pandemia. «Extendemos la protección a aquellas personas que antes de la pandemia se encontraban en situación de vulnerabilidad», ha dicho.

En el Real Decreto también se recoge que se suspenden los lanzamientos o desahucios de otro colectivo, que es el de los hogares afectados por procedimientos de lanzamiento de su vivienda habitual, que no se deriven de contratos de arrendamiento, siempre que haya personas dependientes, víctimas de violencia sobre la mujer o menores de edad a cargo.

Ábalos ha explicado que esto se debe haber producido antes de la entrada en vigor de este decreto y que, «en ningún caso», la ocupación constituya para nadie su residencia habitual, su segunda vivienda ni hayan sido cedidas a otras personas, y siempre y cuando las personas recogidas en este colectivo tengan acreditadas su situación de vulnerabilidad.

La nueva norma dice que la suspensión del procedimiento de paralización del desahucio o lanzamiento tampoco podrá dictarse nunca cuando existan indicios razonables de que la vivienda se está utilizando para la realización de actividades ilícitas, cuando se trate de inmuebles destinados a vivienda social y ya se hubiera asignado la vivienda a un solicitante o cuando la entrada en el inmueble se haya producido con posterioridad a la entrada en vigor de este Real Decreto.

«Están muy tasadas las circunstancias personales, pero también las situaciones de los propietarios, que en todo caso se referirán a grandes tenedores, que tengan más de diez viviendas», ha añadido Ábalos, que, además, ha insistido en que en los casos en los que se produzca una situación de suspensión del lanzamiento, deberá ser previo requerimiento de la persona arrendataria, que es «la que tiene que presentar esa solicitud de aplazamiento».

En este caso, el juzgado deberá dirigirse a los servicios sociales para que acrediten la situación de vulnerabilidad de estas personas. «A partir de ahí, en un plazo de 15 días, serán las comunidades autónomas las que, de acuerdo a su competencia, tienen que procurar una alternativa habitacional», ha dicho.

COMPENSACIONES SEGÚN EL ÍNDICE DE VIVIENDA

Para hacer frente a esta situación, se podrá bien utilizar el fondo de ayudas al alquiler para vivienda asequible, o en el caso de que no pudiese resolverse la situación por falta de alternativa habitacional, el propietario de la vivienda tendrá derecho a una compensación que se establece en función del índice de precios de referencia del mercado del alquiler, «siempre que fuera el propietario el que reclamara esta compensación, porque se hubiesen producido daños objetivos en el domicilio».

«Se trata de motivar una respuesta habitacional sin perjuicio a los propietarios», según Ábalos, que ha destacado que el Real Decreto aprobado este martes es «claramente extraordinario para un momento de excepcional dificultad» y ha señalado que pretende «preservar el derecho constitucional a la vivienda» y «proteger a las personas y familias más vulnerables, pero también los derechos de terceros, como son los arrendadores».

NO SE LEGITIMA LA OCUPACIÓN

Para el ministro, esta «es una norma que de una parte refuerza garantías judiciales y también compromete al resto de administraciones públicas competentes en materia de vivienda y es una normativa que no legitima ninguna ocupación de vivienda, pues distingue las distintas situaciones personales, las casuísticas que se pueden presentar, identifica que casos excepcionales merecen una protección singular, estima compensaciones a propietarios y privilegia la supervisión judicial e intermediación servicios sociales».

Durante su intervención, ha recordado que el Gobierno, con motivo del estado de alarma, aprobó prorrogar los contratos de arrendamiento que finalizaban en este periodo, pero también líneas de préstamos para hacer frente a los alquileres, para proteger al inquilino vulnerable y a los arrendadores que pudieran encontrarse en situación de vulnerabilidad.

También se aprobó un fondo de ayuda dentro del Plan Estatal de Vivienda para hacer frente a estas situaciones de búsqueda de alquileres alternativos y se suspendió temporalmente los desahucios y lanzamientos.

El Gobierno ha aprobado un proyecto de ley en el que eleva la gravedad de las infracciones en las que puede incurrir el servicio de arrendamiento de vehículos con conductor (VTC), con el objetivo de reforzar el cumplimiento de las condiciones que fijó para este sector en un real decreto anterior y garantizar la competencia leal con el taxi.

Así lo ha aprobado el Consejo de Ministros en su reunión de este martes, de modo que eleva, por ejemplo, la gravedad de la realización de los servicios VTC sin previa contratación en un ámbito territorial distinto al que le corresponda o el incumplimiento de la regla de la habitualidad, que fija en un 80% los servicios a prestar en la comunidad donde se encuentre domiciliada la autorización.

El proyecto también tipifica una nueva infracción en relación con el incumplimiento de otras condiciones del servicio, como las relativas al itinerario del servicio, los horarios y calendarios de prestación del servicio y las características técnicas o la adecuada señalización del vehículo previstas en el marco normativo.

Además, con el objetivo de reforzar la efectividad del nuevo marco sancionador, establece la posibilidad de inmovilizar el vehículo hasta el pago de sanciones muy graves e incluso, en último término, la posibilidad de revocar la autorización de VTC por la comisión de cinco infracciones de naturaleza muy grave en un año.

El Gobierno modificó la regulación del arrendamiento de vehículos con conductor mediante un real decreto en septiembre de 2018 para completar la regulación aprobada en abril de ese mismo año que consideraba «insuficiente» para atender los problemas de movilidad, congestión de tráfico y medioambientales que el elevado incremento de la oferta de transporte urbano en vehículos de turismo estaba ocasionando en los principales núcleos urbanos del país.

Desde entonces, ha llevado a cabo una serie de acciones complementarias, como los trabajos relacionados con el registro electrónico de los servicios de arrendamiento de vehículos con conductor o los trabajos que se realizan en el grupo de trabajo técnico con las comunidades autónomas para compartir buenas prácticas y coordinar las diferentes políticas públicas y las regulaciones que pretendan aprobar las administraciones con competencia en la materia.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un Real Decreto para modificar el Real Decreto 665/1997, sobre protección de los trabajadores frente a los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos en el ámbito del trabajo.

La modificación aprobada supone asumir los supuestos de la Directiva Europea 2017/2398 de 12 de diciembre de 2017 y, de manera principal, establece el carácter vinculante y general de los valores límite de exposición profesional de hasta un total de trece nuevos agentes, constituyendo el primer paso de un conjunto de modificaciones que ampliarán el nivel de protección a través de la incorporación de agentes de demostrada capacidad carcinogénica.

Una sustancia cancerígena o carcinógena es aquella que, por inhalación, ingestión o penetración cutánea, puede ocasionar cáncer o incrementar su frecuencia. Para el polvo respirable de sílice cristalina, la acrilamida y el bromoetileno se incluyen, de acuerdo con el criterio técnico del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, valores límite que suponen una mayor protección de las personas trabajadoras.

En concreto, la modificación del Real Decreto 665/1997 supone la incorporación del polvo respirable de sílice cristalina generado en el entorno laboral dentro del listado de sustancias, mezclas o procedimientos que tendrán la consideración de agentes cancerígenos, dado que existen pruebas suficientes de su condición de agente cancerígeno.

Esta sustancia se encuentra, de manera habitual, en los trabajos en los que se triture, corte, perfore, talle o muela materiales, productos o materias primas que contengan sílice libre. El valor límite de exposición para el polvo de sílice será de 0,05 mg/m3 en España y las empresas tendrán un año para poder adaptarse.

Asimismo, el Instituto Nacional de Silicosis elaborará una guía para la prevención del riesgo por exposición a la sílice cristalina respirable en el ámbito laboral, en colaboración con el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, que prestará su apoyo técnico, además de elaborar una guía destinada a la adopción de técnicas adecuadas en la medición de la presencia y exposición a la sílice.

Además de al polvo respirable de sílice cristalina, se incluye un listado de agentes con sus respectivos valores límite de exposición profesional como el polvo de maderas duras, las fibras cerámicas refractarias, el benceno, el cloruro de vinilo monómero, el óxido de etileno, el epoxipropano, la acrilamida, el nitropropano, la toluidina, el butadieno, la hidracina y el bromoetileno.

Para el benceno se mantiene el valor límite de exposición profesional que ya existía en el Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo. Respecto al cloruro de vinilo monómero y polvo de maderas duras, que ya contaban en el mismo real decreto con sus correspondientes valores límite, se establecen nuevos valores, incluyendo un período transitorio en el caso del polvo de maderas duras.

El Gobierno afirma que hay una «armonía perfecta» entre sus planes de reformas y los requisitos para la absorción de los fondos europeos que, asegura, se podrán ejecutar desde el 1 de enero de 2021 al incluirse un adelanto en los Presupuestos.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Carmen Calvo, ha afirmado que los planes de reformas estructurales y el Plan Normativo son «absolutamente armoniosos» con la captación y ejecución de los fondos «como cualquier otro país».

«No hemos tenido ninguna otra cosa diferente, teniendo en cuenta los datos reales de la economía, del mercado del trabajo y de los datos estadísticos», ha asegurado Calvo al ser preguntada sobre si los planes del Gobierno van en sentido contrario a la condicionalidad de la ayuda del Fondo de Reconstrucción europeo y si hay temor a que otros Estados pudiesen tumbar el Plan de Recuperación español.

En este sentido, Calvo ha aseverado que en el Ejecutivo no han sentido «ninguna particular presión» al respecto y ha defendido que ha sido «bastante solvente» con todos los compromisos europeos que afectaban a los desequilibrios.

«Eso no ha cambiado, no está en ninguna situación diferente e inarmónica con lo que se espera de nosotros en la convergencia europea», ha añadido.

HABRÁ CONTRATACIONES

Asimismo, Calvo ha destacado que el real decreto-ley aprobado para la reforma de la Administración con el fin de agilizar la ejecución de los proyectos de los fondos europeos, que se publicará junto a los Presupuestos de 2021 el 31 de diciembre en el Boletín Oficial del Estado (BOE), se recuperan las agencias públicas y se contempla la posibilidad de tener «diferentes líneas de capacidad de sinergia» con el sector privado y los recursos públicos, eso sí, con «rigor».

También ha explicado que cada unidad dentro de cada Ministerio estudiará su planteamiento en materia de recursos humanos de cara a la ejecución y absorción de los fondos europeos.

De forma que en algunos casos se puede reasignar personal ya existente, en otras establecer dedicación a esta función a tiempo parcial, movilidad de puestos de trabajo o funcionarios que se ofrezcan voluntarios al abrirse «expectativas interesantes» en áreas de la Administración.

A su vez, ha asegurado que habrá «sin duda alguna» contratación de empleo público para reforzar algunas áreas, pero para ello se irá «calibrando» con arreglo a las líneas maestras de los proyectos tractores.

Igualmente, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha garantizado que habrá un «riguroso control» de los fondos públicos mediante le control de la Intervención General del Estado y que los procesos de contratación perseguirán la libre concurrencia de sectores, empresa y particulares, con una asignación de proyectos bajo condiciones de «igualdad».

Montero ha destacado que la «ventaja» de haber presupuestado el marco de recuperación es que no se requiere de la materialidad de los fondos, ya que al contemplarse el crédito de presupuesto dentro del proyecto de Presupuestos de 2021 desde el mismo 1 de enero se podrán empezar a trabajar en la ejecución de los proyectos.

Además, ha indicado que desde el inicio de estos proyectos, algunos de inversión y otros cambios normativos, transcurrirá un tiempo en el que se intentará agilizar la coordinación con Bruselas mientras empiezan las licitaciones y los procesos de audiencia de las reformas.

«La incorporación en el proyecto de PGE es la garantía de que los proyectos se puedan ejecutar con independencia de que Bruselas empiece el pago efectivo para que no hay tensiones de Tesorería en el Reino de España», ha enfatizado.

La también portavoz del Gobierno ha afirmado también que en el Ejecutivo estarán «muy abiertos» a cualquier fórmula de innovación en otros países o experiencias concretas que permitan llegar con capilaridad al terreno de las pymes.

La nueva norma de reforma de la Administración impulsa, entre otros, las sociedades de economía mixtas, en la que el Estado cuenta con al menos un 51% del capital.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un plan de rescate por importe de 4.220 millones de euros para acompañar a la hostelería, comercio y turismo en su recuperación tras haber sido de los sectores más afectados por la crisis sanitaria del Covid-19.

En concreto, el Ejecutivo ha presentado una batería de medidas fiscales y laborales para uno de los sectores más afectados por la crisis económica derivada por la pandemia, que según el Gobierno son los «que más han arrimado el hombro» como son el turístico, la hostelería y el comercio.

«Este plan ha supuesto un esfuerzo muy importante del Gobierno que está decidido a acompañarlo durante toda la pandemia para que puedan mantenerse en condiciones adecuadas y una vez se supere la restricción de movilidad vuelvan al inicio de su actividad», ha subrayado la portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Montero ha precisado que se trata de un «ambicioso plan» que tendrá un impacto de más 4.200 millones de euros. De esta forma, este ‘cheque’ que hace llegar el Gobierno al sector se llevará a cabo «rebajando la factura fiscal, moratoria de pagos o disminuyendo el coste de personal con exoneraciones a la Seguridad Social.

Respecto a las medidas dirigidas a arrendamientos de locales de negocios se establece que en el caso de que el arrendador sea un gran tenedor (10 o más locales) si las partes no llegan a un acuerdo, el arrendatario podrá optar entre una quita del 50%, o alternativamente un aplazamiento del pago hasta cuatro meses después de la finalización del estado de alarma. El pago aplazado de estas rentas se podrá realizar durante un periodo de dos años a contar desde la finalización de la moratoria.

De esta forma, el número potencial de locales beneficiarios serían de 190.000, de los que 33.000 corresponderían a establecimientos relacionados con el turismo y 157.000 a locales comerciales.

Mientras que para el resto de arrendadores de locales se establece un incentivo fiscal para que las personas físicas que alquilan a estos sectores acuerden voluntariamente rebajas en la renta arrendaticia correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo de 2021, permitiendo computar como gasto deducible para el cálculo del rendimiento del capital inmobiliario la cuantía de la rebaja de la renta acordada durante esos meses.

Este incentivo tiene un coste estimado de 324 millones de euros y permite deducir hasta el 100% de la cuantía del alquiler mensual en el caso que el arrendador rebaje toda la renta. Se estima que 323.701 arrendadores se pueden acoger a esta medida.

500 MILLONES

En relación a las medidas de liquidez y solvencia, el Gobierno ha ampliado la carencia de los préstamos avalados por las líneas ICO y por las sociedades de garantía recíproca de las distintas comunidades autónomas con reafianzamiento de CERSA, así como de su periodo de amortización.

Montero ha destacado la creación de un nuevo tramo de la línea de avales del ICO para pymes y autónomos del sector turístico, hostelería y actividades anexas dotada con 500 millones de euros y con hasta un 90% de garantía.

Una medida que permitirá obtener financiación a empresas muy afectadas por la crisis como las agencias de viajes, el transporte discrecional y el sector alojativo al incrementarse la garantía pública de los avales en 10 puntos respecto a la línea ICO Covid-19.

MEDIDAS TRIBUTARIAS

Respecto a las medidas tributarias, el Gobierno aprueba una nueva edición del aplazamiento de deudas tributarias, que permite aplazar durante 6 meses, con tres de carencia de intereses, deudas tributarias correspondientes a declaraciones-liquidaciones y autoliquidaciones cuyo plazo de presentación e ingreso finalice desde el día 1 de abril hasta el día 30 de abril de 2021, ambos inclusive, de modo que en lugar de ingresar en abril se ingresarían las deudas en octubre.

De esta forma, se evitan las posibles tensiones de tesorería que puedan experimentar las pymes y autónomos. El importe potencialmente aplazado ascendería a unos 2.668 millones de euros y se beneficiarían unos 617.000 contribuyentes, de los cuales unos 92.000 son del sector Horeca y 68.000 de comercio al por menor.

Otra medida que recoge este real decreto es aumentar la reducción en la tributación por el sistema de módulos en el IRPF del 5% actual al 20% con carácter general para 2020. Sin embargo, para los sectores como el caso de la hostelería, el comercio y el turismo esa reducción en la tributación por módulos llegará al 35%.

La ministra de Hacienda ha precisado que esta medida se aplicará para el cuarto pago fraccionado de 2020 y para el primer pago de 2021. De hecho, las reducciones del 20% con carácter general y del 35% para el turismo, la hostelería y el comercio, también se aplicarán en la tributación del régimen simplificado del IVA correspondiente a la cuota devengada de 2020 y a la primera cuota trimestral de 2021.

El importe estimado de esta medida ascendería a 117 millones de euros, de los que se beneficiarían 132.000 contribuyentes del sector.

Otras medidas tributarias es la reducción del número de períodos impositivos afectados por la renuncia al método de estimación objetiva en el IRPF; la exención prevista para las retribuciones en especie del servicio de comedor de empresa, aplicable el consumo de comida tanto en ‘delivery’ como ‘take away’, entre otras.

PROTECCIÓN DE ACTIVIDADES

La norma refuerza la protección de actividades como el comercio al por mayor de bebidas, restaurantes y puestos de comidas y establecimientos de bebidas, que pasarán a formar parte de las actividades CNAE protegidas en la última prórroga de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE).

De esta forma, las exenciones de cuotas a la Seguridad Social previstas a las empresas de estos sectores que han prorrogado sus ERTE tanto con su actividad suspendida como reiniciada podrán alcanzar hasta el 85%.

La inclusión de estos sectores en el listado CNAE responde a que la tasa de cobertura de los trabajadores todavía amparados por los ERTE es superior al 15% de los afiliados en su código de CNAE y su tasa de recuperación desde primeros de mayo es inferior al 65%.

Asimismo, la norma extiende las bonificaciones a los trabajadores fijos discontinuos, aplicables además de a las empresas encuadradas en el sector del turismo, también al comercio y la hostelería, siempre que estén vinculadas al sector turístico.

El decreto mantiene las bonificaciones del 50% por extensión del periodo de actividad de los trabajadores con contratos fijos discontinuos desde el mes de abril hasta el mes de octubre de 2021 complementariamente al periodo ya previsto en los Presupuestos Generales del Estado para 2021 de los meses de febrero, marzo y noviembre. Estas bonificaciones serán compatibles con las exoneraciones de las cuotas de la Seguridad Social que, eventualmente, pudieran ser aplicables.

Por último, el plan flexibiliza requisitos para el mantenimiento de los incentivos regionales. Así, estima que esta medida beneficiará a unos 615 proyectos de inversión empresarial que están en vigor o en fase de mantenimiento del empleo y las inversiones, con una subvención total asociada de más de 740 millones de euros, de los que en torno a un 40% se corresponden con ayudas al sector turístico.

Además, en las medidas regulatorias también se amplía la moratoria para presentar concurso de acreedores.