El Pleno del Congreso vota esta semana una moción de la CUP que reclama al Gobierno la suspensión de todos los desahucios y la regulación del mercado del alquiler de viviendas en un plazo de tres meses, con índice público y social de precios, la prohibición de las Socimis, no recurrir la ley de alquileres del Parlament de Cataluña e integrar todo inmueble de la Sareb, el llamado ‘banco malo’ en el parque público de vivienda.
La moción es consecuencia de la interpelación dirigida por la diputada de la formación anticapitalista e independentista catalana, Mireia Vehí, al ministro de Transportes, Agenda Urbana y Movilidad, José Luis Ábalos, en la última sesión de control al Gobierno en el Congreso, el pasado 28 de octubre.
En esa interpelación, Ábalos se reconoció «impactado» por la imagen de una familia recién desahuciada en el distrito madrileño de Carabanchel, pues señaló que el Gobierno había prohibido estas ejecuciones. Ahí explicó que la Sareb, propietaria de la vivienda, había informado que se trataba de una ‘okupación’, si bien reconocía que «esta no es la imagen que este país merece, máxime si hay menores».
Y es que la suspensión de desahucios aprobada por el Gobierno está supeditada a aquellos en los que se acredite vulnerabilidad por la crisis provocada por la pandemia, no situaciones de vulnerabilidad previa, y la suspensión no es automática.
La iniciativa reclama la suspensión de los desahucios «de cualquier tipo y razón» durante el vigente estado de alarma y movilizar toda la cartera inmobiliaria disponible por el Sareb, el llamado ‘banco malo’, para que pasen a formar parte del parque público de vivienda.
En materia de alquileres, la CUP reclama regular en un máximo de tres meses sus precios en base a un índice público –PSOE y Unidas Podemos pactaron a finales de octubre llevar al Congreso una ley en cuatro meses con esta regulación– y no recurrir ante el Tribunal Constitucional la ley de alquileres del Parlament de Cataluña.
