El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha defendido que el Ingreso Mínimo Vital (IMV) aprobado por el Gobierno, que ya reciben unos 160.000 hogares (500.000 personas) va a ser «un éxito», frente a las rentas mínimas autonómicas que han sido «para la galería, sin impacto para reducir la pobreza».

«Durante los 20 años que las comunidades autónomas han tenido esta responsabilidad, han hecho rentas mínimas muy para la galería, sin impacto de reducir pobreza», ha expuesto Escrivá este miércoles 16 de diciembre en el Pleno del Congreso.

En respuesta a una interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular, el ministro ha precisado que después de 20 años de rentas mínimas autonómicas, sin contar los territorios de régimen común, «no llegaban a las 200.000 rentas mínimas» mientras que el Gobierno «en 6 meses, ya ha concedido 160.000».

Entre otros, Escrivá ha puesto el ejemplo del País Vasco como referencia de la mejor renta mínima desarrollada en España y que aun así, «tardó cuatro años en llegar al nivel de plenitud de desarrollo» y llega a «un 5%» de la población. Por otra parte, ha indicado que en La Rioja la reciben «un 1%». «Y nosotros en seis meses ya hemos concedido más ingresos mínimos vitales que las rentas mínimas que hay en Andalucía o Castilla-La Mancha», ha añadido.

Además, ha asegurado que van a llegar a los 850.000 hogares que prometieron pero no en los plazos que dice el Partido Popular con su «discurso oportunista» sino «en los tiempos que debe ser» y con «efectos extraordinariamente importantes en la reducción de la pobreza».

Sobre el gasto, Escrivá ha dicho que en 2020 se van a gastar algo más de 500 millones de euros, «exactamente lo que había presupuestado» para este año, y que los 3.000 millones de euros es el gasto a medio plazo.

Así se ha pronunciado el ministro después de que la diputada del PP Margarita Prohens le haya reprochado que le quedan «690.000 hogares» para llegar al objetivo marcado de beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital y le haya acusado de «engañar» a la gente. «¿A qué van a esperar estas personas: a comer, a pagar la factura luz o a pagar el alquiler?», le ha preguntado.

Prohens ha criticado que «se han cargado la prestación por hijo a cargo» y que «han dejado atrás a las familias en pobreza moderada». «La clase media está en las colas del hambre», ha avisado la diputada ‘popular’, al tiempo que ha pedido la dimisión de Escrivá. «Vuelva a casa por Navidad y salga del Ministerio», le ha sugerido.

El ministro de Inclusión ha lamentado el discurso de Prohens que es como dispararse «un tiro en el pie». Además, ha defendido el trabajo de los funcionarios de la Seguridad Social durante estos meses de pandemia, poniendo de relieve que, si en un año resuelven algo menos de 1,5 millones de expedientes de todo tipo de prestaciones, en seis meses han resuelto 800.000 adicionales solo del IMV, «un 67% más».

1,1 MILLONES DE SOLICITUDES

En los seis primeros meses de existencia de la prestación, dedicada a hogares en situación de vulnerabilidad, se han recibido 1,1 millones de solicitudes del Ingreso Mínimo Vital. Del total que han llegado por diferentes canales, 56.000 expedientes estaban duplicados, lo que supone que eran válidos algo más de un millón.

La Seguridad Social ha tramitado casi el 80% de los expedientes recibidos, es decir, se han gestionado 800.000 solicitudes y se ha reconocido a casi 160.000 hogares el Ingreso Mínimo Vital, llegando la prestación ya en diciembre a más de 460.000 personas, de las que el 47% son menores, según datos del Ministerio.

Los hogares beneficiarios recibirán en unos días el importe del pago correspondiente a la nómina de diciembre, la séptima que abona la Seguridad Social. El importe bruto total de este mes ascenderá a 110 millones de euros, una cifra que contempla también el efecto de la retroactividad desde junio en los casos correspondientes. En total, desde que se puso en marcha esta prestación, el INSS ha abonado (incluyendo esta nómina) más de 518 millones de euros.

Además, a 181.000 hogares se les ha pedido que subsanen errores, como por ejemplo el de completar la documentación. Aproximadamente, el 50% de las solicitudes tramitadas han sido denegadas, en la mayor parte de los casos por superar niveles de renta y patrimonio.

Tras las mejoras realizadas en la tramitación, quedan pendientes de análisis 271.000 expedientes, buena parte de ellos recibidos durante las últimas semanas, ya que la Seguridad Social continúa recibiendo unos 12.000 nuevos expedientes de solicitud a la semana.

Entre los beneficiarios del IMV se encuentran por primera vez perceptores de rentas mínimas de comunidades autónomas que han sido reconocidos como beneficiarios a través de una pasarela desarrollada para el intercambio de datos entre administraciones. Tras una prueba piloto en Aragón, el objetivo es que se constituya como un mecanismo permanente.

LLEGAR A LOS MÁS VULNERABLES

El ministro también ha anunciado que en las próximas semanas se realizarán nuevas mejoras que permitirán adaptar la norma a la pluralidad de situaciones de convivencia, fundamentalmente entre las personas en situación de vulnerabilidad económica que, a menudo se ven obligadas a compartir vivienda.

En este aspecto, está prevista una próxima modificación normativa para que la acreditación de la unidad de convivencia se pueda realizar mediante un certificado de los Servicios Sociales.

Entre las mejoras que se introducirán próximamente también está la de facilitar el acceso a la prestación por parte de personas sin hogar, de forma que quedará excluido el límite de titulares por unidad de convivencia en casos de convivencia en hogares colectivos (albergues, centros de acogida, etcétera).

El pleno del Parlamento Europeo ha aprobado este miércoles el marco presupuestario del bloque para los próximos siete años, que asciende a 1,1 billones de euros y que, junto con el fondo de recuperación, marcará los pasos con los que la UE intentará salir de la crisis provocada por la pandemia de coronavirus.

El Marco Financiero Plurianual (MFP) para el periodo 2021-2027 que los negociadores de la Eurocámara pactaron con los gobiernos europeos ha sido finalmente aprobado por una mayoría amplia, puesto que ha recibido 548 votos a favor, 81 en contra y 66 abstenciones.

El presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, ha destacado que se trata de un presupuesto «histórico» que permite «lanzar el Plan Marshal europeo para salir de la dramática crisis generada» por el virus y «sentar las bases de un nuevo comienzo» basado en una Europa «más verde y más justa».

El Marco Financiero Plurianual de la UE hasta 2027 está compuesto por seis bloques, entre los cuales el más cuantioso es el de Cohesión, Resiliencia y Valores con 377.800 millones de euros. Después se encuentra con el de Recursos Naturales y Medio Ambiente, que contará con una dotación de 356.000 millones de euros y que incluye la Política Agrícola Común (PAC).

El capítulo llamado Mercado único, Innovación y Economía Digital es el tercero con mayor tamaño (132.700 millones), por delante del dinero destinado a Vecindad y resto del Mundo (98.000 millones), Administración Pública Europea (73.000 millones, Migración y Gestión de Fronteras (22.600 millones) y Seguridad y Defensa (13.000 millones).

Algunos de los programas más importantes del presupuesto comunitario serán Horizonte Europa, dedicado a la investigación y la innovación (85.000 millones), Erasmus (23.400 millones) o el plan para fomentar inversiones Invest EU,antes conocido como plan Juncker (9.400 millones).

El Fondo de Transición Justa, creado para apoyar la transición energética de las regiones más rezagadas, tendrá una dotación en el presupuesto de 7.500 millones, aunque se completa con una partida de 10.000 millones del plan de recuperación.

Con respecto a los principales instrumentos de los que se beneficiará España durante los próximos siete años, destacan los 35.300 millones de euros procedentes de la Política de Cohesión, de los que 23.500 millones procederán del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y 11.100 del Fondo Social Europeo (FSE).

En relación a la PAC, España obtendrá unos 47.000 millones de euros hasta 2027 y la mayor parte (34.200 millones) procederán del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA), mientras que unos 7.800 llegarán a cargo del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEAGA).

Además, accederá a unos 1.100 millones de euros del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP) y recibirá 340 millones del Fondo de Transición Justa (a los que añadirá 790 millones de la dotación extraordinaria de este programa prevista en el plan de recuperación».

El Gobierno quiere bajar la factura de la luz un 13% en los próximos cinco años. Para ello sacará del recibo que pagan los ciudadanos las retribuciones que perciben, entre otras, las energías renovables. Dichos costes -de unos 7.000 M€/año- serán asumidos por el conjunto del sector energético, incluyendo empresas gasistas o petroleras. Aunque la medida tendría una puerta trasera: otros costes energéticos como los combustibles podrían subir de precio.

Esta medida presentada en forma de anteproyecto de ley por el equipo de la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, pretende bajar la factura de la luz eliminando este coste que, ahora mismo, supone el 16% del recibo. El objetivo, o triple objetivo como señalan desde el Gobierno, es “evitar subidas en el precio de la electricidad; dar señales claras de electrificación de la economía; y aportar la certidumbre, sostenibilidad y equilibrio al sistema que permitir la movilización de las inversiones necesarias en los próximos años”. No obstante, todo indica que se trata de un gol preelectoral que quiere colar el Ejecutivo ante una legislatura que se mantiene complicada. Básicamente porque tocará negociar con todos los grupos parlamentarios para sacar adelante el proyecto, y por ahora en materia energética no siempre ha salido todo bien.

Así, la situación pretende equilibrar el entramado energético y que no sean solo los consumidores eléctricos quienes se hagan cargo de las retribuciones de las renovables, cogeneración y residuos. Aunque detrás de esta medida, también hay posturas encontradas con respecto a quiénes son los que más estaban aportando al proceso de descarbonización.

El CEO de Endesa, José Bogas, señalaba este mismo martes -tras conocer la noticia- que este mecanismo permitirá empezar «a corregir el actual desequilibrio entre una factura de la luz que es de las más caras de Europa -debido al peso de estos costes-, y unos combustibles que tienen una fiscalidad muy inferior a la media europea. Cabe recordar que esta medida afectará, sobre todo, a las grandes empresas eléctricas, como el caso de la propia Endesa e Iberdrola, pero que también enfoca de manera directa la caja de Naturgy, Repsol y Cepsa… y así un total de 500 empresas.

Parte del sector eléctrico entiende que desde hace años la electricidad se encuentra «penalizada», ya que los consumidores eléctricos han de pagar en sus facturas el coste de desarrollo de las renovables y la cogeneración. «Se trata de unos costes que hay que pagar, pero que no deberían cargar exclusivamente sobre el consumidor de electricidad, pues obedecen a la necesidad de descarbonizar toda nuestra energía».

REPARTIR LA FACTURA

¿Realmente a quién favorece esta acción? Esta medida pretende equilibrar el terreno de juego y favorece el equilibrio fiscal medioambiental al despenalizar la electricidad y cargar los costes de transición energética homogéneamente entre todas las energías.

Asimismo, la sospresiva medida del Gobierno, en principio, favorece la competitividad nacional al aligerar la factura eléctrica de los consumidores electrointensivos y de la industria en general, beneficio que también se trasladaría a todos los consumidores, en especial a los más vulnerables.

UNA MEDIDA CON POLÉMICA

Aunque la creación del Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FNSSE) no agradará a todos por igual. Por ello, el Gobierno ya se ha puesto la tirita en la herida. Da “por descontada” la litigiosidad por parte de las empresas al fondo, como ocurre en el sector con gran parte de sus cambios regulatorios, aunque consideraron que esta normativa es jurídicamente “muy sólida”.

En este sentido, dejaron claro que se trata de una prestación no tributaria, “por lo que no se trata de una medida fiscal” y añadieron que en el caso de los mercados que están regulados, como por ejemplo el PVPC (tarifa regulada) en la electricidad, será necesario llevar a cabo “una adaptación” en sus precios para incorporar este coste.

Asimismo, desde el sector petrolero han lamentado que la propuesta del Gobierno de crear un fondo para financiar entre todas las empresas suministradoras de energía supone que las decisiones que tomó un sector en el pasado para electrificar se van «a pagar entre todos».

Fuentes del sector indicaron a Europa Press que está decisión, de todas maneras, supondrá que al final el coste para el consumidor «va a ser el mismo», ya que se terminará repercutiendo. Las mismas fuentes estiman que la creación de este fondo tendría un coste de unos 7 céntimos de euro por cada litro de combustible en los cinco años. Además, estimaron que se podría aplicar el mismo criterio que para este fondo prevé poner en marcha el Gobierno a la descarbonización del refino.

BUENA ACOGIDA SECTORIAL

Las primeras reacciones en relación con el FNSSE han llegado desde todos los ámbitos. Desde APPA Renovables han recordado que la Transición Energética y sus costes son responsabilidad de todo el sistema energético y no debe ser sostenido únicamente por los consumidores eléctricos.

Recuerdan que desde la asociación se ha defendido históricamente la necesidad de implementar una fiscalidad ambiental, bajo el principio «quien contamina, paga», que repercuta los costes de la Transición entre todos los actores. Por ello, a falta de conocer la estructura de este Fondo en detalle, APPA valora positivamente el espíritu del anteproyecto de ley anunciado por el Consejo de Ministros, que busca repartir los esfuerzos necesarios para evolucionar hacia un modelo energético más sostenible entre los distintos actores y fuentes energéticas.

Mientras, desde UNEF apoyan la propuesta y creen que “dará estabilidad a nuestro sector y favorecerá la electrificación al tiempo que se reduce la factura de los consumidores”, asegura Rafael Benjumea, presidente de la patronal.

La asociación celebra, además, que se reconozca una reclamación histórica del sector. El sector eléctrico permite a través de la electrificación y las renovables la reducción de emisiones de otros sectores. Por ello, este anteproyecto resuelve una anomalía, que solo la electricidad financiaba los costes de las renovables. Al hacer partícipes a todas las energías, se realiza un reparto más equitativo y al hacer la transición en cinco años, el impacto será gradual.

El director general de la Agencia Tributaria (AEAT), Jesús Gascón, ha cifrado en un 8,7% la caída de ingresos tributarios prevista para el año 2020 como consecuencia de los aplazamientos del primer semestre y la crisis del Covid, un dato que ve «positivo» al situarse por debajo de la caída del PIB prevista en un 11,2%, aunque es superior a la merma del 7,6% contemplada en los Presupuestos.

Así lo ha señalado Gascón durante su intervención en un evento virtual organizado por Lefebvre sobre el proyecto de ley de prevención y lucha contra el fraude fiscal, en el que ha adelantado que la previsión es que los ingresos tributarios registren una caída inferior al 10%, en concreto, del 8,7% respecto al año pasado.

Gascón ha explicado que esta caída se debe a los aplazamientos concedidos en el primer semestre del año y supone una mejora en la coyuntura internacional en comparación con al año anterior y ve «positivo» el dato, ya que la merma de ingresos tributarios prevista es inferior al estimación de una caída del 11,2% del PIB este año.

En este sentido, ha indicado que el principal indicador de que las cosas van «razonablemente bien» en un país cuando se refiere a la aplicación del sistema tributario es que «la evolución de los ingresos sea mejor que la evolución de la actividad económica».

De cumplirse esta previsión de caída de ingresos del 8,7%, la recaudación fiscal disminuiría este año en 18.514 millones, hasta unos 194.293 millones. Se trataría de la mayor caída en once años, ya que en los últimos ejercicios crecía de forma sostenida por encima del 10%, tras los desplomes durante los años de la anterior crisis, como 2008 (-13,5%) o 2009 (-16,9%).

En cualquier caso, la previsión de una caída de ingresos del 8,7% es superior a la citada la semana pasada en el Senado por la secretaria de Estado de Hacienda, Inés Bardón, quien defendió que las previsiones de ingresos del Gobierno tienen un «grado de seguridad muy alto.

Bardón sostuvo que los ingresos tributarios*cederán un 7,6% este año, hasta los 196.537 millones de euros, pero se elevarán un 13% en 2021, hasta los 222.107 millones, tal y como recoge el proyecto de Presupuestos, gracias a la recuperación, una aportación de ingresos de 6.800 millones de euros derivada de los fondos europeos y la subida de impuestos.

Según indicó Bardón, los ingresos procedentes de los fondos europeos y el impacto de los cambios normativos llevarán a alcanzar unos ingresos no financieros de 255.631 millones, un 14,5% más, con un alza de los ingresos tributarios del 13%, hasta los 222.107 millones de euros.

LEY DE LUCHA CONTRA EL FRAUDE

También han participado en el evento virtual el subdirector general de Tributos, Carlos Gómez; el subdirector general de Ordenación Legal en el departamento de Inspección de la AEAT, Marcos Álvarez; el inspector en el departamento de Recaudación de la AEAT, Antonio Montero, o expertos como la catedrática de Derecho Financiero y Tributario en la Universidad de Valencia, Ana María Juan, el catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad Complutense, Javier Martín, entre otros.

Gómez ha subrayado la importancia de regular los softwares de doble uso y las certificaciones exigidas en esta materia, mientras que Montero ha destacado que el proyecto de ley de prevención de lucha contra el fraude contempla la actualización de la lista de paraísos fiscales, refuerza el control fiscal sobre el mercado de criptodivisas y prohíbe por ley las amnistías tributarias».

Además, ha añadido en relación con el nuevo sistema de recargos, que «no blinda la no sancionabilidad en un momento posterior si el contribuyente no ha regularizado y si es la administración la que comprueba».

Ha puntualizado también la posibilidad que recoge el proyecto de salirse de la «lista de morosos» incluso cuando el pago se efectúa fuera de plazo, así como la importancia de la precisión que sobre el plazo de ingreso «originario» se incorpora en la Ley General Tributaria.

Ana María Juan, por su parte, se ha referido al debate respecto a cuándo y cómo puede pedir la Inspección de los Tributos autorización para una entrada en el domicilio constitucionalmente protegido, sobre lo que ha indicado que «el sistema actual debe, y puede, integrarse a través de unas instrucciones jerárquicas que minimicen los riesgos de desproporción, o falta de razonabilidad, y que eviten que la multiplicación de entradas domiciliarias se convierta en un objetivo en sí mismo».

Por último, Marcos Álvarez, ha explicado que la disposición transitoria única del proyecto habilita, indirectamente y a través del trámite de audiencia, para que puedan aplicar el nuevo sistema de recargos aquellos contribuyentes que ya hubieran interpuesto recurso contra la regularización administrativa.

El Gobierno ha hecho públicas este miércoles las condiciones que deben regir la subasta de las frecuencias de 700 MHz, una de las bandas prioritarias para el despliegue del 5G y cuya licitación está prevista para el primer trimestre de 2021, para la que se ha fijado un precio de salida total de 1.170 millones de euros.

En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital ha informado del inicio de una consulta pública sobre las condiciones del proceso, la primera que se realiza para una subasta de frecuencias y que estará abierta hasta el próximo 17 de enero.

Además, añade que las condiciones se someterán mañana de modo voluntario a la revisión entre pares en el seno del grupo de Grupo de Política del Espectro Radioeléctrico (RSPG) de la Unión Europea, cuyo objetivo es que los Estados miembros intercambien experiencias y buenas prácticas sobre el proceso de asignación de las frecuencias del espectro radioeléctrico.

En concreto, el Gobierno español subastará ocho bloques de frecuencias: una concesión de 2×10 MHz, cuatro concesiones de 2×5 MHz, en la banda pareada 703-733 MHz y 758-788 MHz y tres concesiones de 5 MHz para comunicaciones solo descendentes en la banda 738-753 MHz.

El precio de salida para la subasta ha sido fijado en 340 millones de euros para el bloque de 2×10 MHz y en 200 millones de euros para cada uno de los cuatro bloques de 2×5 MHz. En el caso de los tres bloques de 5 MHz para enlace solo descendente el precio será de 10 millones de euros en cada uno.

La Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales explica que para la fijación del precio de salida se han tenido en cuenta los precedentes de los precios de adjudicación obtenidos en los procesos anteriores para las bandas de 800 MHz y de 3,5 GHz.

«El motivo fundamental para ello es el reducido espectro disponible en esta banda de frecuencias, 30 MHz pareados; el límite fijado en la cantidad de frecuencias a utilizar por un mismo operador o grupo empresarial dirigido a fomentar la competencia y la realidad actual del mercado de las telecomunicaciones en España», incide.

OBLIGACIONES DE COBERTURA

Por otro lado, el texto propone establecer un modelo de requisitos decobertura que se deben alcanzar en un plazo de tres desde la formalización de la concesión y que establece dos niveles, un primero obligatorio para los concesionarios de los bloques de 2×5 MHz y un segundo de requisitos adicionales para el bloque de 2×10 MHz.

En concreto, los operadores adjudicatarios tendrán que que proporcionar cobertura en esta banda de frecuencias a todas las poblaciones de más de 50.000 habitantes, alcanzando el 50% de estas poblaciones en el primer año de vigencia de la concesión, el 75% el segundo año y el 100% el tercero.

Además, deberán dar cobertura en esta banda de frecuencias a todas las capitales de provincia y a todas las capitales de las comunidades autónomas; a todas las autopistas, autovías y carreteras multicarril de titularidad del Estado o de las comunidades autónomas y a las estacionesferroviarias de viajeros de líneas de alta velocidad.

Por su parte, el operadora que se adjudique el bloque de 2×10 MHz tendrá además la obligación adicional de proporcionar cobertura en esta banda de frecuencias a todas las poblaciones de más de 20.000 habitantes, alcanzando el 25% de estas en el primer año de vigencia de la concesión, el 60% en el segundo año y el 100% en el tercero.

OBLIGACIONES MAYORISTAS

Por otro lado, el Gobierno ha fijado para los cuatro bloques de 2×5 MHZ obligaciones de acceso mayorista a su red con el fin de fomentar su disponibilidad al conjunto de operadores desde el momento del inicio de los despliegues y de la prestación de servicios en esta banda, «de forma que los operadores que no resulten adjudicatarios de estas concesiones podrán prestar servicios 5G al conjunto de la ciudadanía desde el primer momento».

Esta obligación de acceso mayorista tendrá una duración limitada de cuatro años «con el objetivo de no lastrar las apuestas estratégicas y las prácticas comerciales de los licitadores adjudicatarios, fomentando a partir de ese plazo la consecución de acuerdos voluntarios entre diferentes clases de operadores».

La concesión de 2×10 MHz no lleva asociada obligaciones de acceso mayorista «en aras de maximizar el despliegue de la red e infraestructuras, la mayor extensión de los servicios y garantizar que se cumplan las exigentes obligaciones específicas de cobertura impuestas a este bloque».

DURACIÓN DE LAS CONCESIONES

El documento también recoge que la duración de las concesiones demaniales que sean otorgadas a los operadores de telecomunicaciones como resultado de esta licitación será de 20 años, la mayor posible, sin posibilidad de prórrogas y sin posibilidad de renovación automática.

El Gobierno entiende que este período es necesario para que los adjudicatarios puedan amortizar y rentabilizar la «importantes e ingentes» inversiones que tienen que realizar para desplegar redes y servicios con tecnologías 5G en esta banda de frecuencias, así como para cumplir las obligaciones de cobertura a exigir, generales y específicas, dentro de un modelo de negocio sostenible.

Los operadoras abonarán el precio fijado en la subasta en un solo pago, lo que, según el Ministerio, presenta ventajas para los licitadores adjudicatarios frente a un pago anual de la parte proporcional, más la aplicación del oportuno tipo de interés, durante toda la vida de la concesión, «habida cuenta del entorno actual de bajos tipos de interés y del acceso a la financiación de las empresas en el mercado financiero».

La licitación se desarrollará a través del mecanismo de subasta simultánea ascendente de múltiples rondas (SMRA), que se llevará a cabo a través de Internet. El Gobierno destaca que este modelo permite conjugar «una buena dinámica en el desarrollo de la licitación, así comoseguridad de los licitadores en el proceso de toma de decisiones y formulación de pujas en el proceso de licitación».

En este sentido, recuerda que el modelo de la subasta simultánea ascendente de múltiples rondas (SMRA) es el que se ha venido utilizando en los últimos años en España y el que mayoritariamente es usado tanto en los distintos Estados Miembros de la Unión Europea (UE) como a nivel internacional.

La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) ve en peligro la viabilidad actual del sistema de pensiones y afirma que la estrategia de «saneamiento» que propone el Gobierno puede ser «contraproducente porque supone trasladar un problema real a otro donde será más difícil abordarlo», al tiempo que advierte de que los gastos impropios del sistema son solo una cuarta parte de su déficit.

Así lo ha señalado en un artículo publicado este miércoles donde se cuestionan las premisas básicas del análisis del Gobierno y del Pacto de Toledo y firmado por el director ejecutivo de Fedea, Ángel de la Fuente; el profesor de la Universidad Rey Juan Carlos Miguel Ángel García y el miembro de Fedea Alfonso Sánchez.

En el artículo los autores abogan por una política de pensiones que preste mayor atención al control del gasto. Además, argumentan que los gastos realmente impropios que el sistema contributivo de pensiones soporta en la actualidad ascienden, en el mejor de los casos, a algo menos de una cuarta parte del déficit previsto (unos 4.700 millones de euros).

Según Fedea, los motivos de preocupación tenderán a agravarse durante las próximas décadas por el rápido proceso de envejecimiento de la población en el que España está inmerso.

Asimismo, en el estudio también se recoge que el nivel de gasto de España está casi dos puntos de PIB por encima de la media europea porque las pensiones españolas están «entre las más elevadas» de la Unión Europea en relación a los salarios que se pagan en España.

RECOMENDACIONES INSUFICIENTES

Para Fedea, las propuestas de reforma que está preparando el Gobierno con el apoyo de la Comisión parlamentaria del Pacto de Toledo «parten de un diagnóstico excesivamente optimista ante la situación actual.

«Ante la situación de rápido envejecimiento poblacional a la que nos enfrentamos y la vuelta a la indexación anual plena de las pensiones al IPC, hay motivos razonables para dudar que las medidas que proponen para acercar la edad de jubilación efectiva a la legal sean suficientes para garantizar la viabilidad del sistema», según la Fundación.

De hecho, piensa que más bien parece que se ha optado por blindar las pensiones «ante cualquier riesgo, ignorando los probables costes de esta decisión, que podrían exigir un incremento muy notable de la presión fiscal sobre determinadas cohortes de trabajadores y podría dejar sin el margen presupuestario necesario para afrontar otras necesidades sociales».

Sobre la recomendación del Pacto de Toledo de separar las fuentes de financiación, Fedea ha recordado que desde 1996 se ha ido avanzando en la separación de fuentes, «de forma que en la actualidad el Estado financia mediante transferencias específicas las pensiones asistenciales y otras prestaciones no contributivas, así como los complementos de mínimos de las pensiones contributivas».

Así, piensa que solo algunas de las partidas, como son las tarifas planas y otras reducciones de cotizaciones a la Seguridad Social o el coste de rellenar las «lagunas» para el cálculo pensión, son «realmente» gastos impropios de la Seguridad Social. Además, también piensa que pueden serlo las subvenciones implícitas a regímenes especiales o el complemento de maternidad a pensiones, pero no cree que lo sean las prestaciones contributivas por nacimiento y cuidado de hijos, los costes de funcionamiento o las políticas no contributivas de empleo financiadas con cuotas.

«Si tomamos las primeras cuatro partidas, los gastos realmente impropios por los que habría que compensar a la Seguridad Social ascenderían en 2023 a 4.702 millones de euros, lo que supondría un 23% del déficit previsto para ese año según el Ministerio y un 0,33% del PIB», según Fedea.

También cree que lo que se recauda con los actuales tipos de cotización (de las cuotas por contingencias comunes) es «insuficiente» para pagar el componente contributivo de las pensiones vigentes y de otras prestaciones ligadas a las contingencias cubiertas por tales cuotas. Además, asegura que «hay buenos motivos para pensar que las cosas irán a peor en un futuro próximo», porque la indexación completa y universal es «muy cara» y porque las perspectivas demográficas apuntan a una situación «muy complicada».

«La estrategia que propone el Gobierno y la Comisión del Pacto de Toledo supone trasladar el déficit que ahora aparece en los presupuestos de la Seguridad Social al Estado sin reducir en absoluto su cuantía», dice Fedea.

Sobre la revalorización, considera que las pensiones mínimas sí que deberían estar ligadas al IPC con el fin de garantizar su suficiencia, pero que para el resto se debería introducir un índice de actualización diferente, que debería ser sensible a la situación financiera del sistema, «aunque de una forma menos drástica que el actual índice de revalorización de las pensiones e incluir un límite máximo a la pérdida acumulada del poder adquisitivo».

DEROGAR LA REFORMA 

Así, Fedea ha remarcado que la derogación completa de la reforma de 2013 podría llevar el gasto en pensiones de España hasta un 17,5% del PIB en 2050, lo que supondría un aumento de casi 5 puntos en relación con un escenario en el que se mantienen los mecanismos de control automático del gasto de la reforma.

Fedea considera que la contrarreforma de pensiones que el Gobierno está planteando comportaría un aumento muy considerable del gasto durante las próximas décadas, que «podría terminar de desequilibrar las ya precarias cuentas del sistema hasta hacerlo inviable, abocándolo a un ajuste abrupto en algún momento futuro que comportaría una fuerte reducción de las pensiones de un día para otro y un reparto muy injusto de los necesarios ajustes entre las distintas cohortes de pensionistas».

De hecho, cree que, en ausencia de otras medidas, este cambio de política condenaría al sistema público de pensiones a un déficit permanente que aumentaría significativamente durante las próximas tres décadas.

CÓMPUTO DE LA PENSIÓN

«Para evitar una espiral de deuda que nos llevaría eventualmente a la suspensión de pagos, resultaría necesaria una inyección muy considerable de recursos al sistema que podría provenir de una subida de las cotizaciones sociales o de un incremento de las aportaciones del Estado financiadas con mayores impuestos generales», dice Fedea, que piensa que para evitar esta situación, sería necesario preservar, al menos en parte, los mecanismos de disciplina automática introducidos en la reforma de 2013 o buscar otras alternativas que ayuden a contener el crecimiento del gasto en pensiones.

Los autores abogan por que se incluya la extensión gradual del periodo de cómputo de la pensión a toda la vida laboral, junto con un endurecimiento de los parámetros que determinan el cálculo de la pensión y el acceso a la misma, así como la puesta en marcha «lo antes posible» del factor de sostenibilidad.

Por otro lado, los autores ven atractiva la medida de compatibilizar el cobro de la pensión con el trabajo remunerado, aunque afirman que para lograr retrasos sustanciales de la edad de jubilación a partir de la jubilación activa actual, se necesitaría flexibilizar su normativa e introducir medidas que podrían conllevar un aumento del gasto. También dejan claro que «no resulta obvio» que un aumento de la edad de jubilación se traduzca necesariamente en un menor gasto en pensiones.