La relación entre Iberdrola y el Gobierno mexicano que preside Andrés Manuel López Obrador está rota. Los continuos ataques verbales del presidente azteca se concretaron en una polémica reforma energética que ha acabado en los tribunales. Una sucesión de acontecimientos ante la que la firma española ha ido reaccionando. Primero con declaraciones del presidente de la compañía, Ignacio Sánchez Galán, de abandonar el país. Más tarde, con un aluvión de denuncias en contra de la enmienda. La última ha sido borrar la cifra de negocio que mantiene con el ente público al que culpa de «querer tener el control total sobre la electricidad».
En concreto, Iberdrola ha eliminado en sus últimas cuentas trimestrales, las del tercero, el desglose de la venta de electricidad de origen renovable en México. Hasta ahora, la compañía siempre había ofrecido una diferenciación entre la cifra negocio que mantenía con los clientes privados mexicanos y la que tenía con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) de México. Esta última es una empresa pública mexicana que se encarga de controlar, generar, trasmitir y comercializar energía eléctrica en todo el país. Y, ahora, se ha convertido en el eje central de la política energética de AMLO.
Desde hace muchos años, la relación entre Iberdrola y la CFE era sencilla. La firma española producía electricidad verde, a través de los parques renovables que ha construido en el país, y se la vendía a la compañía pública por un precio estipulado. Un negocio rentable para la energética vasca, dado que tenía asegurado un suministro (y un pago) prácticamente recurrente. Además de creciente. De hecho, la energía comercializada por la filial mexicana de la bilbaína a la CFE creció más de un 4,5% entre 2019 y 2020. En ese momento, cuarto trimestre de 2020, la relación ya había empezado a resquebrajarse.
IBERDROLA ELIMINA SU RELACIÓN CON LA PÚBLICA CFE
En los siguientes dos trimestres esas distensiones se harían patentes. En primer lugar, porque la cifra de la energía comercializada se fue reduciendo. Así, la partida en el primer semestre de 2021 era un 11% más baja que un año antes y hasta un 13,7% inferior que en 2019. La segunda es porque la CFE no ha querido pagar a Iberdrola la cifra pactada en un primer principio. De hecho, la propia compañía explica que tras el cambio normativo a partir de junio de 2021 «se modificó el método la para el cálculo de los cargos de generación y capacidad que forman parte de la Tarifa Final de Suministro Básico de CFE».
Un cambio que implica «trasladar a valor presente la tarifa que se publicó en los mismos meses del año 2020 aplicando un incremento por inflación», según explica Iberdrola. Aunque esa transformación no es la única. La reforma energética mexicana también modifica el pago que se hace por el porteo convencional de energía renovable que se aplica a los Contratos de Interconexión Legados. Algunos de los cuales eran muy rentables para la compañía española.
Todo ello llevó a que Sánchez Galán y otras tantas firmas privadas decretasen una lluvia de demandas hace casi un año. Muchas de las cuales todavía están atoradas en los juzgados. Aunque sí una respuesta importante. En concreto, el 9 de agosto un Juez otorgó, en primera instancia, cuatro amparos a un particular, considerando que la iniciativa es inconstitucional al distorsionar la competencia y que va en contra de la sustentabilidad sin favorecer el crecimiento de energías limpias. En el caso de Iberdrola México, aún no se ha juzgado el fondo de los amparos interpuestos y no se han resuelto los procesos, por lo que continúan vigentes las medidas cautelares otorgadas.
IBERDROLA UTILIZA MENSAJES OCULTOS CONTRA EL GOBIERNO DE MÉXICO
Pero las cuentas del tercer trimestre de Iberdrola tienen un detalle particular más que la eliminación del desglose de la energía comercializada a la CFE. Incluyen algunas frases en contra del Gobierno mexicano con un tamaño y grosor diferente. Una utilización que recibe el nombre de mensaje esteganográfico y que tiende a dejar entrever el mensaje que queremos mantener en cierta medida en secreto, pero que para ojos avispados (o entrenados) puedan reconocerlos.
En concreto, en una de esas frases resaltadas se puede leer: «El Estado busca tener el control total sobre la electricidad, incluyendo todas las actividades de la cadena de valor: generación transformación, distribución y comercialización». A las que se une: «La medida es inconstitucional al aumentar de manera desproporcionada los cargos por el servicio de transmisión». Y, por último: «La Iniciativa también establece la cancelación de todos los permisos y contratos otorgados a las empresas privadas». Curiosamente, todas ellas aparecen resaltadas en el apartado de ‘Regulación México’.
IBERDROLA INCREMENTA SU PRODUCCIÓN DE RENOVABLES
A pesar de todos los contratiempos, Iberdrola sigue sumando capacidad renovable en el país azteca. En concreto, la producción ‘limpia’ generada en el periodo transcurrido entre enero y septiembre se disparó un 75,6%. Un crecimiento que se ha producido gracias a que la producción eólica terrestre aumentó un 78,3%, respecto al mismo periodo de 2020, hasta los 1.273 GWh, por la entrada de los parques eólicos de Pier y Santiago. Y también por la mejora del 72% en energía solar hasta generar 935 GWh, por la puesta en marcha de la planta fotovoltaica de Cuyoaco.
Esa mejora supuso también un incremento de las cifras operativas de la energética de su división de renovables en México. En total, el margen bruto creció un 62,1% hasta los 125,5 millones de euros, lo que supone un aumento del 73,3% en moneda local. Por su parte, el Ebitda creció todavía más, hasta un 86,8%, mientras que el beneficio operativo (Ebit) prácticamente se triplicó al pasar de 20,9 a más de 60 millones de euros.
En definitiva, la mejoría en las cifras operativas en la región es el reflejo del esfuerzo inversor de Iberdrola en la región. Una apuesta que ha llegado a alcanzar los 10.000 millones, pero que todavía no parece que estén asegurados. Tanto en su desembolso final, Galán amenazó con pararlas si AMLO proseguía con su acoso político, por el retorno, dado que el Gobierno mexicano no se quedará de brazos cruzados aunque la justicie termine dando la razón a la firma española.
