BBVA someterá a la aprobación de su junta general de accionistas, que se celebrará el próximo 20 de abril, el pago de un dividendo en efectivo de 5,9 céntimos de euro brutos por acción (el ‘pay out’ máximo permitido del 15%) y la posibilidad de llevar a cabo una reducción de hasta el 10% del capital social de la entidad, equivalente a 667 millones de acciones, para poder implementar la ya anunciada recompra de alrededor del 10% de las acciones.

Según ha informado la entidad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el consejo podrá a continuación ejecutar o no la recompra y posterior amortización, en una o varias veces. La potencial recompra se realizaría tras el cierre de la venta de la filial en Estados Unidos, que se espera para mediados de año, y estaría sujeta a las condiciones de mercado (como el precio de la acción) y a que se obtengan las autorizaciones necesarias de los supervisores.

BBVA también propondrá a sus accionistas que la cantidad a repartir como primer dividendo en efectivo con cargo a 2021 sea de un importe máximo del 35% del beneficio del grupo del primer semestre, sin excluir extraordinarios.

Dicho dividendo con cargo a 2021, que se pagaría en octubre, estará sujeto a que se levanten las restricciones regulatorias respecto a la remuneración a los accionistas, que actualmente están en vigor hasta septiembre.

La junta general de accionistas, que se celebrará de forma telemática, también deberá aprobar la reelección de los siete consejeros de BBVA cuyo mandato finaliza en 2021, de forma que se mantendría sin cambios la composición del máximo órgano de decisión de la entidad, que cuenta con dos tercios de miembros independientes, un 40% de miembros de nacionalidad extranjera y un tercio de mujeres.

Así, BBVA propondrá a sus accionistas la reelección como consejeros de José Miguel Andrés, Jaime Caruana, Belén Garijo, José Maldonado, Ana Peralta, Juan Pi y Jan Verplancke.

Otros puntos del orden del día son la aprobación de las cuentas anuales, el informe de gestión y estado de información no financiera del 2020, la aprobación de la aplicación del resultado y de la gestión social del 2020, la aprobación de la política de remuneraciones de los consejeros para los años 2021, 2022 y 2023 y la reelección de KPMG para la auditoría del ejercicio 2021.

Asimismo, los accionistas deberán aprobar un nivel máximo de remuneración variable (de hasta el 200% de la remuneración fija) para el colectivo de empleados cuya actividad incide significativamente en el perfil de riesgo del banco (los denominados ‘risk takers’).

También votarán la delegación en el consejo de la facultad de emitir valores convertibles en acciones (conocidos como AT1 o ‘CoCos’) durante un plazo de cinco años hasta un importe máximo de 8.000 millones de euros, que sirva para atender las necesidades de emisión de este tipo de instrumentos que pueda tener el banco durante dicho horizonte temporal.

El plan de financiación del banco prevé moderar el ritmo de emisiones de deuda en 2021 (sin que esté previsto refinanciar las amortizaciones anticipadas de AT1 que se produzcan en 2021), por el impacto positivo, tanto en liquidez como en capital, que supondrá el cierre de la venta de la filial en Estados Unidos, aunque este plan se irá adaptando a las decisiones que la entidad vaya tomando respecto al exceso de capital generado con dicha venta, según ha informado BBVA.

El 14 de marzo de 2020 se decretó en España el Estado de Alarma por la Covid-19, y como consecuencia de ello la población vivió un confinamiento de casi tres meses al que sucedieron diversos confinamientos parciales, cuarentenas y otras medidas limitadoras de la movilidad, que han afectado de forma importante a todas las actividades, personales y empresariales, a lo largo de los últimos 12 meses.

Esta situación obligó a Mapfre, como a muchas otras compañías, a modificar de forma muy rápida sus protocolos para mantener la atención al cliente en los servicios urgentes, incluso en aquellas situaciones más complicadas, al mismo tiempo que se tomaban las medidas necesarias para evitar los contagios. Así, la aseguradora atendió a lo largo del confinamiento un total de 90.000 servicios urgentes de reparación en hogares, incluidos aquellos en los que había un positivo de Covid-19. Para ello desarrolló un protocolo de desinfección y protección de los proveedores específico contra el virus.

De esta forma, los profesionales que acuden a uno de estos domicilios a realizar alguna reparación urgente van provistos de EPI y todo el material de protección necesario, y acompañados de una empresa especializada que desinfecta la zona de trabajo y todas las zonas de paso, antes y después de la intervención del proveedor. Con este procedimiento se asegura el mantenimiento del servicio urgente al cliente y se garantiza la protección del profesional. MAPFRE ha realizado cerca de 100 servicios de este tipo desde que comenzó la pandemia.

Además, en ese periodo Mapfre realizó más de 137.000 videoperitaciones, de las cuales cerca de 70.000 corresponden a automóviles, 39.000 a hogar, cerca de 17.000 a comercios y 12.000 a comunidades de propietarios.

En los últimos 12 meses Mapfre realizó también cerca de 2 millones de asistencias en carretera, de las cuales 567.000 tuvieron lugar entre marzo y junio de 2020. Además, los 39 Centros de Servicio del Automóvil de la compañía en España incorporaron un servicio de desinfección del vehículo específico contra covid-19 para garantizar la seguridad de sus clientes, y lo han aplicado a cerca de 40.000 vehículos.

El protocolo de desinfección que se llevó a cabo en hogares y automóviles se extendió también a otras áreas de la compañía. De hecho, 350 edificios de Mapfre en España, entre ellos oficinas directas, centros médicos, sedes, etc., han recibido el certificado Aenor como espacios en los que se aplican medidas seguras frente a la Covid-19.

La actividad de los Centros Médicos Mapfre ha sido también fundamental en este periodo, en el que han realizado cerca de 27.000 pruebas de detección de Covid-19 (PCR, tests rápidos de antígenos, tests rápidos de anticuerpos y pruebas serológicas). Asimismo, durante los meses de confinamiento realizaron más de 15.000 llamadas a personas mayores para hacer seguimiento de su estado de su salud, 14.000 a otros adultos con patologías y 13.700 a pacientes de fisioterapia.

En septiembre de 2020 los Centros Médicos Mapfre implementaron un nuevo servicio de fisioterapia respiratoria para el tratamiento de secuelas post-covid, así como un nuevo servicio de videoconferencia, en el que se han realizado más de 1.300 consultas, en su mayoría de psicología. Por otra parte, la compañía creó en enero de 2021 un servicio de seguimiento post-covid, por el que ha atendido ya a cerca de 2.000 pacientes en sus centros médicos.

El papel de Savia, la app de salud digital de Mapfre, también ha sido muy relevante durante la crisis, ofreciendo servicios gratuitos en el confinamiento y recibiendo en estos últimos 12 meses un total de 315.000 consultas (chats médicos, videoconferencias y evaluador de síntomas) y alcanzando los 260.000 usuarios registrados. En concreto, los servicios de videoconferencia aumentaron un 1.300% en 2020 frente al año anterior. Las especialidades médicas más demandadas fueron medicina general, ginecología, y pediatría, entre otras.

El papel de los proveedores de Mapfre ha sido esencial en la continuidad del servicio al cliente de la compañía, y su contribución a la lucha contra la pandemia fue incluso más allá, ya que prestaron servicio en los trabajos de montaje, adaptación o ampliación de hospitales a través de un acuerdo firmado con Multimap, la empresa de servicios de reparación de la aseguradora. Más de 110 proveedores de la aseguradora trabajaron en el montaje de los hospitales de Ifema, en Madrid, el Hospital San Cecilio, en Granada, y en siete hospitales más en Barcelona.

La dirección de Ford Almussafes ha planteado este lunes a los sindicatos un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) para 630 trabajadores de las plantas BAO (de fabricación de Vehículos) que podría llevar a la desaparición del turno de noche, según han informado a Europa Press fuentes sindicales.

La compañía argumenta que es necesario reducir la producción de forma «estructural» en unos 280 vehículos diarios y justifica la decisión en una caída de la demanda europea y sobre todo de la venta de modelos que fabrica la planta valenciana como el S-Max, el Galaxy o el Mondeo, que ha cifrado en un 48% 43% y 68%, respectivamente.

La dirección ha explicado a los sindicatos que la previsión para la fabricación en 2021 de 1.640 vehículos diarios descenderá hasta los 1.360 unidades en abril, por lo que «existe un exceso de 630 personas en la planta de fabricación».

Todo ello, ha añadido, en un contexto marcado por crisis de la Covid-19, el Brexit y la existencia «incertidumbre» en los compradores a la hora de elegir entre modelos híbridos o de combustión, han explicado desde los sindicatos.

La dirección ha asegurado que esta situación «no es coyuntural» y que no se espera recuperar cuota de mercado con los modelos actuales. Además, la previsión para 2022 es que continúe la bajada de la demanda en el segmento CD, aunque «se espera compensar con el buen comportamiento en las ventas del Kuga», según los sindicatos.

Ante el anuncio, el presidente del comité de empresa y portavoz el sindicato mayoritario UGT, Carlos Faubel, ha pedido un receso de 15 días para poder estudiar la situación antes de iniciar las negociaciones y no abordar este volumen de despidos «deprisa y a la carrera», sino hasta después de Semana Santa, algo a lo que se han sumado el resto de sindicatos.

Cabe tener en cuenta, ha apuntado Faubel, que el próximo 30 de marzo se reunirá el comité de empresa europeo y abordará la situación en todo el continente y al día siguiente, el 31 de marzo, ha acordado reunirse el comité de empresa de Ford Almussafes.

«OFERTA TRAMPA»

Desde UGT han recalcado que la empresa ha ofrecido «inferiores condiciones que en el acuerdo anterior» y ha argumentado que el coste «es mucho mayor por el elevado número de despidos que quiere acometer y la escasa bolsa de personal con edades cercanas a la jubilación».

El sindicato cree se trata de una «oferta trampa» que, de aceptarla, «conllevaría con toda seguridad despidos traumáticos» y ha calificado la situación actual como «la más difícil» a la que se han enfrentado en la historia de la fábrica y que «desborda cualquier previsión que se pudiera haber hecho».

UGT ha apuntado que la magnitud de este nuevo ERE «complica enormemente la negociación». «A nadie se le escapa que estamos inmersos en acontecimientos de una trascendencia insospechada y que serán cruciales en el devenir de la fábrica», ha aseverado.

Por todo ello, los delegados de UGT iniciarán una campaña de «información y debate» con los afiliados, a la vez que establecerán «todos los contactos oportunos con el nivel de discreción que requiera cada situación» y con el único objetivo de «encontrar soluciones». En caso de no obtener resultados en las gestiones y negociaciones, añaden, «solo quedará el camino de la movilización».

Por su parte, CC.OO. ha señalado que, «conforme se estaban sucediendo las prórrogas» de los ERTE, se temía que «pudieran acabar en un ERE», aunque «no tan pronto», sino «después del verano o a principios de 2022».

«No es la noticia que hubiéramos querido escuchar», han manifestado, y han apuntado que esperarán a la información que se traslade en la celebración del comité de empresa europeo. «Tenemos claro que estaremos en las reuniones y defenderemos el mejor acuerdo para los trabajadores, sobre todo para que no hayan salidas traumáticas y sean en las mejores condiciones», han aseverado.

TURNO DE NOCHE

Desde STM, han lamentado que la compañía «no diga claramente que va a desaparecer el turno de noche» aunque, a su juicio, «tiene todos los números». El sindicato ha detallado que Ford ha «justificado» este expediente en el aumento de venta de vehículos eléctricos, que «han pasado del 4% en 2018 a más del 20% actual», la «incertidumbre» de los compradores y en la caída de ventas del S-Max, el Galaxy o el Mondeo.

Asimismo, ha exigido a Ford que esté «a la altura» de la plantilla, que ha conseguido «grandes logros» en los últimos años, y que proporcione a la factoría de Almussafes «la carga de trabajo que corresponde para garantizar el futuro de la plantilla».

STM se ha sumado a la petición de UGT de petición de un receso de 15 días para poder estudiar la situación antes de iniciar las negociaciones y ha remarcado que la unidad obrera «es fundamental, pero en momentos complicados es imprescindible».

Por otro lado, el sindicato CGT ha pedido que la dirección europea «clarifique de una vez el futuro de esta factoría». «En estos momentos estamos fabricando cuatro modelos que tienen una fecha de caducidad muy próxima y la dirección no puede mantener por más tiempo la incertidumbre sobre nuestro futuro», ha remarcado. Por ello, ha exigido que se asignen «ya» nuevos productos que «garanticen carga de trabajo para mantener los actuales niveles de plantilla».

«EFECTO DOMINÓ»

Tras conocer el anuncio del ERE, el Clúster de Automoción de la Comunitat Valenciana teme que la medida provoque un «efecto dominó» en las empresas del sector en función de su nivel de dependencia de la multinacional.

Al respecto, ha puesto de relieve que, tanto los fabricantes de primer equipo como Ford como los proveedores del sector de automoción, «han tratado durante estos meses de aplicar medidas de flexibilidad laboral para evitar los despidos» aunque, pese a ello, «la caída de la demanda obliga a estas reestructuraciones».

Los proveedores de automoción, reunidos en torno a AVIA, tendrán que valorar las medidas necesarias para ajustar su carga de trabajo en función de la dependencia que tenga cada compañía de la empresa tractora. En el seno del Clúster de automoción hay empresas que proveen directamente a Ford y cuya producción está «totalmente determinada» por la carga de trabajo de la compañía estadounidense y otras empresas con una mayor diversificación en clientes, sectores y mercados que se verán «menos afectadas».

AVIA trabajará para conocer el impacto «directo y real en todas las empresas del sector», así como para buscar alternativas laborales a los empleados que puedan resultar afectados de las empresas asociadas, ya que, según fuentes de la entidad, los trabajadores del sector «son profesionales altamente cualificados que pueden integrarse en cualquier otra empresa o industria, gracias a la elevada tecnificación y digitalización de la industria automovilística».

Ferrovial ha sido seleccionada por el Departamento de Transporte del Estado de Georgia, en Estados Unidos, para llevar a cabo antes de finales de 2024 los trabajos de mejora de un tramo de la autopista I-16/I-75, ubicada en la ciudad de Macon, por 229 millones de dólares (192 millones de euros).

El contrato lo ejecutará Webber, la filial de construcción en Estados Unidos de Ferrovial, en asociación con la empresa norteamericana United Infrastructure Group, a través de una ‘joint venture’, según informa la compañía.

El proyecto comprende la ampliación y reconstrucción de un tramo de más de 7,4 kilómetros, la construcción de 21 puentes, además de la reconstrucción de los enlaces a la I-16/I-75, que permitirá habilitar unos arcenes más anchos, barreras de hormigón y carriles adicionales a lo largo de la mayor parte del tramo.

Con este contrato, Webber suma su segundo proyecto en Georgia, donde ya está llevando a cabo la rehabilitación de la carretera I-75/SR 401, en los condados de Clayton y Henry. Recientemente se ha adjudicado en el país la renovación y expansión de otras carreteras en el país por un importe conjunto superior a los 400 millones de euros, así como otros 40 proyectos.

Ferrovial anunció a comienzos de 2020 su plan ‘Horizon 24’, en el que apuntaba al desarrollo de infraestructuras sostenibles con proyectos de alto valor concesional como su foco de crecimiento, designado al mercado norteamericano como clave para este desarrollo.

En este sentido, este nuevo contrato en Georgia refuerza la presencia de la compañía en Norteamérica, su mayor mercado por ingresos, donde cuenta en su cartera con seis vías ubicadas en Texas (LBJ, NTE y NTE 35W), Virginia (I-66) y Carolina del Norte (I-77).

Naturgy se ha adjudicado 44 megavatios (MW) de capacidad fotovoltaica en la subasta con fondos Feder en Canarias, siendo así la mayor adjudicataria de potencia en el proceso de licitación, informó la compañía.

En concreto, la energética se ha adjudicado potencia para las instalaciones en Puerto del Rosario (11 MW), ubicada en Fuerteventura, y las plantas del El Escobar I y II (3,4 MW cada una), Gran Canaria I y II (6 MW cada una), Las Salinetas (4,2 MW), Telde I, II, IV y V (3,6, 1,9, 2,1 y 1,8 MW, respectivamente), todas ellas ubicadas en Gran Canaria. Estas plantas iniciarán construcción a lo largo de este año y serán puestas en funcionamiento en el próximo ejercicio.

Actualmente, el grupo presidido por Francisco Reynés cuenta con nueve instalaciones eólicas en funcionamiento en Canarias, ocho en Gran Canaria y uno en Fuerteventura, que suman una potencia total instalada de 45,4 MW y que en 2020 produjeron 143,71 gigavatios hora (GWh) de energía, lo que equivale al consumo anual de unos 57.484 hogares.

La energética destacó que, gracias a la energía producida por estos nueve parques eólicos durante el pasado año, se ha logrado desplazar el uso de otras fuentes de generación eléctrica convencional, contribuyendo a reducir en 113.645 toneladas las emisiones de gases contaminantes y de efecto invernadero.

De las instalaciones eólicas que Naturgy tiene en funcionamiento en el archipiélago, la que aportó una mayor producción, 39,8 GWh, fue el parque eólico Piletas I de 12,8 MW de potencia y situado en el término municipal de Agüimes. La energía producida por este parque equivale al consumo anual de prácticamente 16.000 hogares y ha evitado la emisión de más de 31.530 toneladas de gases contaminantes y de efecto invernadero.

El parque eólico Balcón de Balos, también situado en Agüimes y con una potencia instalada de 9,2 MW, produjo 33,8 GWh hasta el 31 de diciembre de 2020, lo que ha permitido que se eviten a la atmósfera 26.800 toneladas de gases contaminantes y de efecto invernadero. La producción de energía generada por este parque equivale al consumo anual de más de 13.500 hogares.

Por su parte, el único parque eólico que tiene actualmente la compañía en funcionamiento en Fuerteventura, el parque eólico Fuerteventura Renovables II, con una potencia instalada de 4,7 MW, está situado en el término municipal de La Oliva y generó durante 2020 casi 8,5 GWh de energía, lo que equivale al consumo de 3.288 hogares y gracias a los cuales se lograron evitar la emisión de 6.500 toneladas de gases contaminante y de efecto invernadero.

Además de los nueve parques eólicos con los que cuenta la compañía en las islas, la multinacional energética está construyendo un segundo parque eólico en Fuerteventura, el parque eólico Puerto del Rosario, con una potencia instalada de 29,2 MW y que supondrá una inversión de 37 millones de euros. El parque estará compuesto por ocho aerogeneradores y se prevé que su producción anual de energía ronde los 105 GWh al año.

UN MÍNIMO DE 1.000 MILLONES DE INVERSIÓN EN 2021

A cierre de 2020, Naturgy contaba con 4,6 gigavatios (GW) en operación de tecnologías limpias y su estrategia para los próximos años se centra en seguir creciendo en energías renovables.

La compañía prevé invertir en 2021 un mínimo de 1.000 millones para desarrollar los proyectos adquiridos de generación eléctrica renovable y ha identificado proyectos de inversión por valor de 2.500 millones de euros en los próximos años en proyectos para el impulso a los gases renovables, apostando especialmente por el hidrógeno renovable y la generación de biometano.

La próxima edición de la Feria Internacional de Turismo Fitur 2021, que se celebrará del 19 al 23 de mayo en Madrid, cuenta con un respaldo de los expositores que se cifra en el 70% de la superficie contratada, respecto a los metros cuadrados de 2020. en este sentido, todo indica que la gran feria internacional de turismo se celebrará en las fechas previstas y logrará así dar un impulso decidido al sector turístico de cara al verano.

Según explicó, hace unos días durante la rueda de prensa el presidente del Comité Ejecutivo de Ifema, José Vicente de los Mozos, «el apoyo internacional a Fitur es muy fuerte» y se convertirá en la prueba de que «en un entorno seguro se puede hacer eventos y se puede hacer turismo de negocios».

El director general de Ifema, Eduardo López Puertas, ha asegurado en una entrevista al Canal 24 Horas que tanto las instituciones como las empresas «están muy ilusionadas en lanzar esta temporada lo que será la campaña de verano».

«Somos optimistas porque creemos que tanto los índices de vacunación como los sistemas de control difieren mucho de lo que pasaba hace un año. Ahora estamos en una situación mejor y vamos a probarla para ver esa luz al final del túnel», explicaba en la entrevista citada anteriormente el director general de Ifema.

La feria turística tiene previsto celebrarse apenas un mes antes de la convocatoria del Mobile World Congress (MWC) de Barcelona, planificado para el próximo mes de junio. La cancelación en cadena por parte de grandes firmas de su participación en esta feria tecnológica está poniendo en peligro los 500 millones de euros y 14.000 empleos que genera este encuentro internacional.

López Puertas explicó que Fitur y el MWC son ferias diferentes, ya que la feria turística está basada en un acto muy presencial como es el turismo y los viajes. «Todos los países quieren mostrar que son espacios seguros para poder viajar y quieren hacer campañas de promoción en esas fechas», explicó.

«Fitur fue la última gran feria de turismo que se realizó en el mundo en el año 2020 y pretendemos que sea la primera gran feria de turismo que vuelva a ser en el año 2021″, aseguró el director general de Ifema, quien explicó que la presencia del público los dos últimos días de feria dependerá de cómo evolucione la situación epidemiológica en esos momentos, «en cualquier caso los aforos serán más limitados que otros años».

UN SECTOR QUE MUEVE 13.000 MILLONES DE EUROS

Ocho de cada diez ferias se aplazaron en España el pasado año por motivos del Covid-19, las restricciones de movilidad y la seguridad sanitaria. Un sector que supone un impacto en la economía española de entorno a los 13.000 millones de euros (entre afectación directa e indirecta) y que mueve más de 12.000 empleos, según los datos de la Asociación Española de Ferias.

Según confirmó López Puertas, la próxima semana se comenzará a realizar la primera feria presencial que se va a realizar en Ifema desde hace un año. Una feria dedicada a la hostelería con la que el recinto ferial demostrará que se puede celebrar este tipo de eventos en un entorno muy seguro desde el punto de vista sanitario.

«En Fitur, vamos a tratar de garantizar la seguridad de manera muy clara estableciendo unos protocolos muy estrictos en los cuales vamos a eliminar el papel, todo será vía digital. Vamos a permitir también que sea una feria híbrida de tal manera que aquellas personas que no puedan asistir lo puedan hacer de forma digital», aseguró López Puerta, que estima que la presencia este año será de un 50% de lo que fue en el último año en el año 2020.

A pesar de que una feria híbrida mueve menos empleo que una presencial (hoteles, transportes o restauración) desde Ifema se confía en que la recuperación de la actividad ferial sirva de punto de partida para la recuperación del empleo perdido este último año.

«Hemos estado doce meses sin poder hacer ferias y tuvimos que reajustar todos nuestro gastos y entre ellos el de personal. Ahora que vemos la luz al final del túnel estamos desescalando ese ERTE para que todo el mundo pueda volver al 100% antes de que empiece el mes de mayo«, concluyó.

La importancia de la gran cita sectorial trasciende el calendario de eventos de Ifema para convertirse en el hito que relanzará el turismo y que sacará del ERTE, aunque escalonadamente, a los trabajadores de la institución ferial. Se espera que el evento se convierta en el espaldarazo del ansiado verano turístico de España en 2021.