lunes, 8 agosto 2022 23:00

BlackRock aprieta a Galán para que nombre CEO y planea una fusión

Los fondos de inversión que tienen una participación relevante en el capital de Iberdrola no quieren dejar pasar la oportunidad que supone la crisis reputacional que vive la compañía –como consecuencia de su implicación en el “Caso Villarejo”– para lograr una vieja aspiración: que el presidente y CEO, Ignacio Sánchez Galán, ceda por fin una parte de su poder y nombre un consejero delegado con funciones ejecutivas, algo a lo que se niega en redondo el directivo español.

Así lo confirman fuentes financieras a MERCA2, que señalan que uno de los principales accionistas de Iberdrola, la todopoderosa gestora estadounidense BlackRock (con un 5,14% del capital), ha retomado la ofensiva para modificar la estructura de poder de la eléctrica. El objetivo es adoptar un modelo que responda a las exigencias que establecen los manuales de buen gobierno corporativo, separando los cargos de presidente y CEO, que en la actualidad ostenta Galán.

Esta petición está respaldada también por otro de los fondos de inversión con peso relevante en el capital de la eléctrica española (Norges Bank, que posee un 3,2%), aunque el fondo soberano de Qatar –máximo accionista de Iberdrola con el 8,7%– no es tan beligerante a la hora de exigir a Galán que nombre consejero delegado. De hecho en los últimos meses el máximo directivo de la eléctrica española ha reforzado lazos con el Gobierno del país árabe, aunque a los gestores del fondo soberano les sigue preocupando el efecto que pueda tener la imputación de la firma –y del propio Galán– en la pieza Tandem del “Caso Villarejo”.

Todo esto se produce a unos pocos días de que el presidente y CEO de Iberdrola se siente en el banquillo para declarar en calidad de imputado en Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, después de que la Sala de lo Penal haya rechazado varias solicitudes del presidente de Iberdrola para que se archive la causa contra él. El juez le preguntará sobre los encargos realizados en nombre de la eléctrica a las empresas de seguridad del ex comisario, en los cuales se emplearon presuntamente métodos ilegales.

En un intento de detener el golpe que este caso está teniendo sobre la reputación de la compañía, el departamento de comunicación de la firma ha publicado en las últimas horas un escrito en el que indica que Galán fue víctima de los trabajos de Villarejo. Como argumento principal de esta tesis afirma que el presidente de Iberdrola fue espiado en una comida que mantuvo con el ya fallecido José Folgado, lo cual motivó una denuncia presentada el pasado julio por el equipo de abogados que defiende Galán para que se abrieran diligencias, una petición que no fue atendida por los tribunales.

Fuentes jurídicas consultadas por este diario señalan que esta será la base de la estrategia de Galán para librarse de una condena: presentarse como una víctima de los trabajos del excomisario. Un enfoque que hasta ahora no ha convencido al juez Manuel García Castellón pero que podría servir al directivo para eludir una sentencia desfavorable para sus intereses y los de su empresa.

En en este contexto en el que Larry Fink, presidente de Blackrock, ha trasladado a Galán su petición de separar el poder en la cúpula de Iberdrola, durante uno de los encuentros telemáticos que ha mantenido el directivo español en las últimas semanas con los responsables de los fondos de inversión para intentar detener la sangría bursátil ocasionada por la imputación. El directivo español ha intentado acelerar la instrucción del caso para dar carpetazo cuanto antes a esta crisis reputacional y así poder llevar el debate a su terreno: el de la gestión empresarial.

Hasta el momento Galán ha tenido éxito pero lo que suceda en las próximas semanas puede obligarle a ceder ante la gestora norteamericana, que ya en la Junta General de Accionistas de la eléctrica, celebrada el pasado verano, los fondos respaldaron al directivo español siempre y cuando se solventara el problema jurídico. Lo cual no sólo no se ha producido, sino que se ha agravado al mantener García Castellón la imputación tanto al presidente (y CEO) como a Iberdrola Renovables como persona jurídica.

EL FANTASMA DE LA FUSIÓN

La cuestión podría ir más allá del futuro de Galán, ya que en las oficinas de la gestora de la “roca negra” se está planteando incluso aprovechar los problemas judiciales de la empresa española para incluirla en una operación corporativa, con lo cual Larry Fink conseguiría su objetivo de limitar el poder del directivo vasco. Este plan ha llegado incluso a oídos de los servicios de inteligencia española, que temen que una empresa de fuera de la Unión Europea pudiera controlar esta compañía que es estratégica para los intereses de nuestro país.

La ofensiva de Blackrock se produce, además, en un momento complicado de la relación que mantiene Galán con el Gobierno español, con el cual se enfrentó hace unos meses después de que la ministra de Energía y Transición Ecológica, Teresa Ribera, impulsara varias modificaciones normativas para luchar contra el incremento del precio de la electricidad. La actuación del Gobierno se ha basado en castigar a las empresas para eludir la responsabilidad de las políticas de lucha contra el cambio climático en la crisis energética actual.

No obstante, en los últimos tiempos se han calmado las aguas en la tormentosa relación entre la eléctrica y el Palacio de la Moncloa, sobre todo después de que Galán colocara el pasado octubre al político socialista, Antonio Miguel Carmona, en la vicepresidencia de Iberdrola España. La relación con el Gobierno es clave no sólo por el hecho de que el sector eléctrico sea uno de los más regulados, sino porque la compañía podría necesitar el escudo antiopas creado por el Ejecutivo para evitar operaciones corporativas no deseadas impulsadas, precisamente, por fondos de inversión.

LA IMPORTANCIA DE EEUU

Esta operación consolida la posición del grupo español como promotor de energías renovables en el mercado norteamericano, a pesar del varapalo sufrido en Nuevo México, donde el regulador ha rechazado la toma de control de PNM Resources, va­lo­rada en 4.300 mi­llones de dó­lares, por parte de Avangrid (filial de Iberdrola en EEUU). A pesar de ello ambas empresas no renuncian a completar la operación y han acordado ampliar el plazo para llevar a cabo la integración al mismo tiempo que han presentado un recurso de apelación ante el Tribunal Supremo de Nuevo México.

Que sea la gestora estadounidense más importante del mundo quien reclame a Galán una cesión de su poder no es una cuestión baladí, ya que el país norteamericano ha sido uno de los elegidos por el presidente y CEO de Iberdrola para crecer fuera de España. El grupo español está presente en EEUU desde hace 17 años y en la actualidad opera activos por valor de 40.000 millones de dólares.

“En este sentido, cabe destacar que la operación, amistosa y recomendada por el consejo de administración de PNM Resources, contaba con el respaldo de los grupos de interés y había recibido el visto bueno de distintos organismos de carácter estatal y federal durante el proceso de autorización del proyecto de fusión que ha durado más de un año”, recuerda Iberdrola en un comunicado.

DESIGNAR UN SUCESOR

Además de la negativa de Galán a ceder poder ejecutivo hay otro elemento que está sobre la mesa en las conversaciones que mantienen los altos ejecutivos de la firma: la sucesoria. Fuentes cercanas al consejo de administración de Iberdrola aseguran a MERCA2 que el directivo sabe que deberá nombrar un sucesor y explican que la idea de Galán es realizar un proceso similar al que le llevo a él a la presidencia, sustituyendo a Íñigo de Oriol. Es decir, nombrar un número dos de su confianza, algo que podría producirse este mismo año, para luego dar un paso atrás.

Lo que está claro es que el presidente y CEO de Iberdrola es un gran estratega y un superviviente nato, que consiguió modificar los estatutos de la compañía para no tener que dimitir si era imputado, tal como establece el reglamento del consejo de administración. Este blindaje fue respaldado por los accionistas en abril de 2020, entre ellos la propia BlackRock, pero dejará de ser efectivo si el presidente del grupo español es condenado.


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