La portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha afirmado este lunes que es «imprescindible» acompasar la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) a la situación económica actual de crisis de la pandemia, tras el aumento del 30% los dos últimos años, por lo que se trabajará para tomar la «mejor decisión» para proteger el empleo, manteniendo el «compromiso» de que alcance hasta el 60% del salario medio en España a lo largo de la legislatura.

Asimismo, ha afirmado que el Ejecutivo seguirá las recomendaciones del Pacto de Toledo para realizar el cálculo de las pensiones de jubilación, ante la propuesta recogida en un borrador del ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, de aumentar a 35 años el periodo de cotización para calcular la pensión, lo que han rechazado desde Unidas Podemos.

Así lo ha señalado la ministra en declaraciones a los medios tras intervenir en el debate a la totalidad al proyecto de Presupuestos de 2021 en el Senado, al ser preguntada por las informaciones que apuntan a discrepancias en el seno del Gobierno entre los ministros del PSOE y Unidas Podemos respecto al incremento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en 2021.

Montero ha mantenido el «compromiso» del Gobierno, plasmado en el acuerdo programático, de que a lo largo de la legislatura se consiga el 60% del salario medio en España.

En este sentido ha recordado que en los dos últimos años se ha subido un 30% el SMI y España está «en mitad de una pandemia sanitaria, una crisis económica y ayudando a las empresas a que sus costes puedan ser protegidos por parte de las administraciones» vía exoneraciones a las cuotas a la Seguridad Social, los ERTE o prestando «especial apoyo» a sectores afectados como la automoción o la ciencia.

Además, ha dicho que espera que «dentro de poco» contar con nuevas medidas al sector del turismo, la restauración, la hostelería y el comercio, por lo que a pesar de esa voluntad de subir el SMI ve «imprescindible acompasarlo a la situación económica, acompañando a las empresa en el tránsito final, con la vacuna, ojalá dentro de poco».

En cualquier caso, ha subrayado la importancia de que las materias que tenga que abordar el Consejo de Ministros sean abordadas en un «marco de reflexión, serenidad y tranquilidad» en el seno del Gobierno para dar con «las mejores soluciones posibles», ya que «apenas empiezan a discutirse en el seno del Gobierno algunas propuestas y ya públicamente tenemos que estar trasladando una posición», cuando antes hay que tratarlo en el «interior» del Ejecutivo.

Así las cosas, ha afirmado que en el seno del Gobierno se plantearán las diferentes opciones y se tomará «la mejor decisión para proteger el empleo», ya que «lo que más le preocupa al Ejecutivo es la protección del empleo y en la medida de posibilidades mejorar las condiciones de vida a lo largo del año», aunque «todavía no hay decisiones adoptadas».

RECOMENDACIONES DEL PACTO DE TOLEDO PARA EL CÁLCULO DE PENSIONES

Por otra parte, preguntada por un borrador del ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, que plantea aumentar a 35 los años de carrera laboral para calcular la pensión, Montero ha afirmado que el Gobierno seguirá las recomendaciones del Pacto de Toledo.

Eso sí, ha apuntado que en lo referido a las cuestiones sobre el cálculo del cómputo de las pensiones hay que abrir debates con el Gobierno y el resto de formaciones, ya que «apenas está ni siquiera escrito y diseñado».

Por ello, ha pedido darle «tiempo» a que haya argumentos con «pros y contras» de diferentes posiciones en ese debate, garantizando que cuando haya un planteamiento por parte del Gobierno «será defendido por todos los miembros del Ejecutivo».

Desde Unidas Podemos ya han mostrado su rechazo a la posibilidad de elevar de 25 a 35 años el tiempo de carrera laboral para computar la pensión por jubilación, recordando que esa opción no figura en el acuerdo de coalición.

El secretario de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, Roberto Sánchez, ha anunciado que el Gobierno sacará esta semana a consulta pública las condiciones de la licitación de espectro en la banda de 700 MHz, clave para el desarrollo del 5G, que está previsto se celebre en el primer trimestre de 2021.

Durante su intervención en el Foro NEF Tendencias, el secretario de Estado ha destacado además que esta será la primera vez en la historia en la que las condiciones de una subasta de espectro se sometan a consulta pública en España.

Sánchez se ha mostrado convencido en que la publicación de las condiciones, previsiblemente el miércoles, tranquilizarán a aquellos que se habían mostrado preocupados por un posible afán recaudatorio del Gobierno tras publicarse en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) una previsión de recaudación por subastas de espectro de 2.100 millones de euros.

A este respecto, ha explicado que los PGE recogen previsiones de gastos y estimaciones de ingresos y, en este caso, la cifra no incluye solo la subasta de 700 MHz, sino otros ingresos como el pago anualizado de los operadores por el espectro en la banda de 3,5 GHz adjudicado en 2018 y la subasta de 20 MHz libres en la banda de 3,5 GHz.

«Es una suma de varios factores y es una previsión de ingresos, no es el precio de salida de la subasta», ha incidido Sánchez, quien ha subrayado que en España nunca se han celebrado subastas del espectro radioeléctrico con «afán recaudatorio».

El secretario de Estado ha defendido que una subasta es un mecanismo «muy transparente» para la adjudicación de un bien público tan preciado como es el dominio radioeléctrico, cuyo uso no puede ser abierto a todas las empresas, sino limitado.

Así, Sánchez, que ha rehusado a relevar el precio de salida fijado para la subasta de 700 MHz, ha destacado que en todas las subastas el precio final lo determinan los operadores que pujan por el espectro y que son los que deciden su valor real.

FONDOS EUROPEOS

Por otro lado, Sánchez ha asegurado que la pandemia del Covid-19, a pesar de la tragedia que ha supuesto, también ha dejado por delante «un gran oportunidad», que al mismo tiempo es «un gran reto», como es la digitalización de España.

Así, ha remarcado que la pandemia ha permitido que la sociedad sea consciente de valor de las redes y de la importancia de estar conectados y ha aportado nuevas formas de hacer las cosas, algunas de las cuales se van a quedar. Además, también ha permitido unos fondos de recuperación que de otro manera no habrían llegado.

«Esos fondos son tan grandes que tienen la capacidad real de transformar este país si somos capaces de aprovecharlos bien», ha subrayado Sánchez, quien ha agregado que pueden hacer que España «no sea reconocible tan solo dentro de cinco años» gracias a un «cambio de verdad».

Este sentido, ha incidido en que este «gran reto» nadie puede abordarlos solo, sino que es necesaria la colaboración de todo el sector público y el privado. «Tenemos los recursos, la hoja de ruta y la ilusión de poder hacerlo», ha resaltado el secretario de Estado, quien ha añadido la importancia de «no dejar a nadie atrás» en este proceso.

La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha anunciado la concesión de 2.894 millones de euros en ayudas europeas destinadas a la recuperación de las pymes españolas y que estarán repartidas durante los próximos tres años.

Maroto ha afirmado que las pymes se han situado «en el epicentro de la crisis» y ha señalado que es necesario por ello «colocarlas en el centro de la recuperación».

El plan que recoge esta medida también aborda un importante número de reformas e inversiones orientadas a «reforzar el ecosistema de las pymes españolas, aumentando su competitividad y el crecimiento potencial mediante el refuerzo de su resiliencia y el impulso de la doble transición verde y digital», ha señalado la ministra.

Maroto ha incidido en que las pymes han de desempeñar un papel protagonista en la reactivación tras la pandemia por su capacidad degeneración de empleo, su aporte en la creación de valor añadido y su contribución a la cohesión social y territorial.

Además, ha recordado que el Gobierno ha puesto en marcha desde el inicio de la crisis una red de seguridad para proteger a las pymes del negativo impacto del coronavirus como los avales ICO o la flexibilización en los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE).

En el contexto actual de crisis derivada de la Covid-19, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia pretende impulsar la recuperación de las pymes, haciéndolas más competitivas y resilientes y, al mismo tiempo, propiciar su transformación verde, digital y tecnológica.

CINCO OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Con esta perspectiva, el Componente 13 de Impulso a las Pymes desarrolla inversiones y reformas para lograr los siguientes cinco objetivos estratégicos: impulsar el emprendimiento, impulsar el crecimiento empresarial, facilitar la transición digital y la innovación, mejorar la internacionalización de las empresas, y apoyar al comercio como uno de los sectores más afectados por los efectos de la Covid19.

Para impulsar el emprendimiento y mejorar la tasa de actividad emprendedora (TEA) por encima del valor actual de 6,1% en 2023, se intentará propiciar el cambio estructural hacia un modelo económico más emprendedor en todos los sectores y territorio español.

Para impulsar el crecimiento empresarial se pretende dotar al emprendedor de apoyo en forma de capacidades y líneas de financiación como como el programa de proyectos tractores para las pyme o el de apoyo al emprendimiento industrial, así como el refuerzo del sistema de garantías, beneficiando a entre 15.000 y 20.000 pymes (con un efecto multiplicador de entre 16 y 22 veces).

Para facilitar la transición digital e impulsar la innovación empresarial se busca establecer un conjunto de programas escalables para la digitalización básica de la pyme fomentando la cooperación público-privada.

Para impulsar el sector del comercio se busca reforzar lacohesión social y territorial de ciudades y pueblos, garantizando la movilidad y entrega de los productos; fortalecer y estrechar las relaciones productivas y de comunicación entre el sector del comercio, la administración y otras entidades de promoción; y mejorar la competitividad del sector del comercio apostando por un modelo más sostenible y conectado.

Para promover la internacionalización se pretende reactivar el comercio y la inversión directa extranjera como factores dinamizadores de la recuperación económica, mediante una política activa de apertura de mercados y de lucha contra el proteccionismo, junto con un correcto acompañamiento de los instrumentos de apoyo a la internacionalización: financieros, de información y de formación, incluidos en el Plan de Acción 2021-2022.

Carlos Ghosn, expresidente de Nissan detenido en Japón y que se fugó a finales de 2019 a Líbano, está siendo investigado en Francia como presunto autor de un delito de evasión fiscal durante sus tres últimos años al frente de Renault y Nissan.

Según fuentes familiarizadas con el asunto citadas por Bloomberg, Ghosn y las autoridades fiscales francesas han estado discutiendo desde mediados del año pasado si el exdirectivo debería haber sido considerado un residente francés durante 2016, 2017 y 2018, aunque él había trasladado su residencia a Países Bajos en 2012.

En el marco de esta operación, las autoridades han incautado propiedades de Ghosn por valor de 13 millones de euros, según publica este lunes el diario francés Liberation.

Entre estos activos se incluyen un apartamento en París propiedad de la mujer de Carlos Ghosn por valor de 5,9 millones de euros, la mitad de la propiedad de una casa en L’Etang-la-Ville y acciones de Renault.

«Ya sea que esté huyendo, en el país o no, es un ciudadano francés y será tratado como un ciudadano francés«, ha apostillado este lunes el ministro de Finanzas francés, Bruno Le Maire, que se negó a confirmar la existencia de una investigación en curso sobre los asuntos fiscales del exejecutivo de Nissan.

UPA-Andalucía ha destacado el «buen ritmo de comercialización y la tendencia al alza de los precios» registrados en noviembre en la campaña de aceite de oliva. No obstante, ha precisado que siguen sin cubrirse los costes de producción y el sector «no debe bajar la guardia» frente a la especulación.

Así lo ha indicado este lunes después de conocer los datos que arroja el mes pasado y que hacen seguir «optimistas», con ritmo de comercialización que continúa siendo «muy elevado, con 138.558 toneladas». «Estas cifras se sitúan en la buena media que se mantiene desde que comenzara la presente campaña, el 1 de octubre, y hablan muy positivamente de la alta demanda que tiene en los mercados nuestro aceite de oliva», ha señalado en una nota.

En cuanto a la producción en España, se espera que sea media, bastante afectada por la sequía, así que «levemente podría superar los 1,5 millones de toneladas. Por otro lado, la producción en los países productores del arco mediterráneo será menor, y el mercado no comunitario presentará una caída del 22 por ciento, con lo que «se estima una producción total mundial que rondará los tres millones de toneladas».

Al hilo, ha añadido que en los últimos años, el consumo mundial de aceite de oliva se viene situando en torno a los 3,2 millones de toneladas por campaña, de manera que, «si el ritmo de salidas se mantiene como hasta ahora, habrá mercado suficiente para vender toda la producción».

Con respecto a los datos concretos extraídos del mes de noviembre, UPA-Andalucía ha apuntado que el*aceite*producido alcanza un acumulado entre los dos primeros meses de campaña en Andalucía de*194.182 toneladas*y en España, de*276.274 toneladas. El aceite de oliva importado a España se sitúa este mes en 15.000 toneladas, «cifras altas que lo seguirán siendo mientras se mantengan los aranceles impuestos por el gobierno estadounidense, que con la entrada del nuevo ejecutivo liderado por Joe Biden, abre una vía a medio plazo para la renegociación y una posible supresión de los mismos, aunque no será ya para esta campaña.

Atendiendo a los datos de entradas y salidas de aceite de oliva, las existencias totales a 30 de noviembre se sitúan en las 511.916 toneladas repartidas entre 290.576 toneldas en almazaras, 186.878 toneldas en envasadoras y refinerías y 34.462 toneladas en el Patrimonio Comunal Olivarero.

Por otro lado, la organización agraria ha explicado que los precios presentan una tendencia al alza en todas las categorías, principalmente el aceite de oliva virgen extra, que se encuentra en torno a los 2,67 euros/kilo de media, y el virgen en 2,01 euros/kilo. Sin embargo, aunque desde que comenzó la campaña «los precios son claramente más altos que los de las dos anteriores y manteniendo una subida progresiva», ha subrayado que «siguen estando por debajo de los costes de producción medios».

En todo caso, pese a las buenas expectativas, ha defendido que «el sector oleícola «no puede bajar la guardia frente a la especulación». «Hemos de estar vigilantes para que cuando las almazaras y cooperativas estén a pleno rendimiento, el mercado no use este argumento para bajar los precios, pues justamente esta campaña, todas las estimaciones apuntan a que la oferta será bastante menor que la demanda de aceite de oliva», ha añadido.

EQUILIBRIO

Junto a ello, ha considerado fundamental continuar trabajando desde varios frentes para poder llegar a un equilibrio entre los distintos eslabones de la cadena alimentaria en cuanto a precios, márgenes y prácticas comerciales. Así, ha apostado por la aplicación y cumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria, que obliga a los operadores a referenciar unos precios justos en los contratos de compraventa para que los agricultores perciban precios por encima de lo que les cuesta producir.

También es preciso mantener un camino hacia la autorregulación del sector del aceite de oliva, con elementos como la aplicación, en cuanto sea posible, del artículo 167 bis que incorporará la OCM una vez sea publicado el Reglamento de transición de la Política Agraria Común (PAC). Este mecanismo, según ha precisado, podrá ser activado por el sector retirando del mercado aceite de oliva en campañas excedentarias, con carácter obligatorio, como forma de regular las producciones en los mercados, para posibilitar estabilidad en la oferta y los precios.

De otro lado, «una de las asignaturas pendientes» es la falta de concentración de la oferta. En Andalucía, un 30 por ciento de la producción se aglutina en grupos de concentración de cooperativas, pero hay que reducir el número de operadores que venden y, con ello, que el sector productor tengo más peso y fuerza a la hora de conformar los precios.

«De hecho, hay sobre la mesa algunas iniciativas de concentración de grupos cooperativos, pero es necesario que el sector trabaje unido, todos a una, y también el apoyo de las administraciones para poder materializarlo», ha manifestado UPA-A.

TERCEROS

Finalmente, la organización agraria ha reclamado que la Unión Europea «proteja y defienda mejor a los productores. «No se pueden tolerar aquellos acuerdos con terceros países que resulten perjudiciales para el sector del olivar», ha asegurado, no sin demandar la aplicación del principio de preferencia, que prioriza la comercialización de las producciones europeas frente a las importaciones dentro del marco intracomunitario.

También tiene que darse el principio de reciprocidad, exigiendo a las importaciones que cumplan los mismos requisitos que la UE impone a los productores europeos en materia medioambiental, de seguridad alimentaria y de condiciones laborales, como única manera de garantizar un mercado europeo de calidad, seguro, estable y competitivo.

Los ministros de Pesca de la Unión Europea se reúnen en Bruselas para fijar a partir de este martes las posibilidades de pesca de la flota comunitaria para 2021 en el Atlántico y en el Mediterráneo, en unas negociaciones marcadas profundamente por las conversaciones entre Bruselas y Londres para intentar un acuerdo sobre su relación a partir del 1 de enero.

La delegación española estará encabezada por el ministro Luis Planas y la reunión comenzará este martes por la mañana, cuando los ministros tendrán un primer intercambio sobre los Totales Admisibles de Capturas (TAC) del año que viene. Después abordarán varios puntos sobre agricultura y las posibilidades de pesca no volverán a la mesa de los Veintisiete hasta el miércoles por la mañana.

Las negociaciones se prolongarán entonces durante todo el día y no se espera un acuerdo hasta la madrugada del jueves, como ha ocurrido otros años. En esta ocasión, además de pactar las posibilidades de pesca para el Atlántico y el Mar del Norte, los ministros de Pesca tienen también el reto de fijar las del Mar Mediterráneo y determinar las cuotas de aguas profundas.

A todo esto se suma el desafío que supone el hecho de que la UE y Reino Unido no hayan concluido un acuerdo sobre la relación comercial que mantendrán a partir del 1 de enero, lo que plantea importantes problemas a la flota comunitaria.

En un escenario sin acuerdo, los buques pesqueros europeos no podrán faenar en aguas británicas. Pero además, la UE tendrá que buscar soluciones son respecto al centenar ‘stocks’ compartidos con Reino Unido. España tiene un especial interés en este ámbito con respecto, por ejemplo, a la merluza, el rape o el gallo de caladeros del norte.

Para evitar un vacío legal, y a la espera del desenlace en las conversaciones entre Bruselas y Londres, la Comisión Europea tiene previsto adoptar un régimen transitorio de tres meses para estas poblaciones compartidas en el que fijará unilateralmente las posibilidades de pesca de los Veintisiete en el mismo nivel establecido para 2020.

MERLUZA, LENGUADO Y CIGALA, LAS PRIORIDADES DE ESPAÑA

En cambio, sí que habrá negociaciones para aquellos ‘stocks’ que son de gestión exclusiva de la UE y en este campo España llega a los debates con tres prioridades claras. Así, la delegación española peleará por suprimir el recorte del 13% planteado para la merluza capturada en aguas ibéricas.

Bruselas justifica este tajo por la aplicación del principio de precaución, pero fuentes diplomáticas consideran que existen «datos abundantísimos» que demuestran el buen estado de la biomasa de esta población y que permitirán mantener las 5.600 toneladas que pudieron capturar los buques españoles a lo largo de este año.

Por otro lado, España batallará para mantener la cuota del lenguado sur y la cigala del Golfo de Cádiz, para los que el Ejecutivo comunitario ha planteado recortes en las posibilidades de pesca del 20%. España asume, en cambio, que la pesca de cigala en el Cantábrico seguirá cerrada en 2021 y sólo se permitirán capturas para investigación científica.

La delegación de Luis Planas centrará sus esfuerzos en estos tres ‘stocks’, pero la propuesta de Bruselas también prevé reducciones en la pesca de rape y gallo de aguas ibéricas, con tajos del 13% y del 11%, respectivamente. El único incremento que recoge la propuesta del Ejecutivo comunitario es el del jurel capturado entre Finisterre y el Golfo de Cádiz, para el que propone aumentar un 5% las posibilidades de pesca.

Las restricciones por la pandmia de coronavirus impidieron que los ministros se pudieran reunir físicamente en octubre, lo que ha provocado que las negociaciones sobre las posibilidades de pesca en el Mediterráneo y las poblaciones de aguas profundas se trasladen también al encuentro de diciembre.

Con respecto al primer caso, España intentará aliviar el recorte del esfuerzo pesquero (días de actividad) que propone la Comisión Europea y que asciende al 15%. Se trata, a juicio de las mismas fuentes, de una reducción «desproporcionada» que se sumaría al esfuerzo acometido este año y que supondría un «desastre económico».

Finalmente, en relación con las negociaciones para aguas profundas, la delegación española tratará de «bajadas menos drásticas» para el besugo del Estrecho de Gibraltar y para el sable negro, que parten del tajo del 20% previsto por Bruselas.