El Instituto de Actuarios Españoles (IAE) advierte que la subida de las pensiones con el IPC «amenaza la sostenibilidad del sistema a 20-30 años» y pide que esta medida y sus efectos sea explicada a la ciudadanía.
El informe, realizado por el Grupo de Investigación en Pensiones Públicas del IAE, identifica las desviaciones y los aciertos de la «reforma Escrivá» en relación con la sostenibilidad y la equidad actuarial.
Aunque la reforma incide en reforzar la suficiencia de las pensiones, el Instituto considera que «retrocede» en fortalecer la sostenibilidad del sistema, es decir, en la capacidad presente y futura de atender los compromisos que adquiere, y en la equidad, esto es, la equivalencia actuarial entre lo entregado y lo recibido.
Se trata, a su juicio, de dos aspectos clave que, a medio-largo plazo (20-30 años), «ponen en peligro la suficiencia de las pensiones«, es decir, la capacidad del sistema de aportar a los jubilados un nivel de vida similar al que tenían cuando estaban activas y que les proteja de situaciones de pobreza.
Tras analizar la reforma, el IAE concluye que se generará un aumento del gasto en pensiones, sobre todo como consecuencia de la revalorización de las pensiones con el IPC, pero también debido a la derogación del Factor de Sostenibilidad y su sustitución por el Mecanismo de Equidad Intergeneracional.
Al mismo tiempo, advierte de que los cambios realizados en la norma en la jubilación demorada y anticipada «van a generar un resultado incierto» y apenas supondrán «una pequeña disminución del gasto, en el mejor de los casos».
Concretamente, en lo que respecta a la actualización de las pensiones con la inflación, el profesor titular de Economía Financiera y Actuarial, y miembro del IAE, Enrique Devesa, avisa de que la actual mejora de la suficiencia para los actuales pensionistas «implica un empeoramiento de la sostenibilidad del sistema.
«El hecho de que la revalorización erosione la sostenibilidad genera el temor a la necesidad de futuras reformas que se deberían basar, bien en insuflarle al sistema nuevos recursos, lo cual supone un coste fiscal; bien en reducir la generosidad relativa de las prestaciones, rompiendo con ello dicha equidad. Por todo ello, el elevado esfuerzo que va a suponer revalorizar las pensiones con el IPC debería ser conocido por todos, porque las implicaciones de esta norma no sólo afectan a la generación actual de cotizantes, sino que se extenderá durante varias décadas», resume.
JUBILACIÓN DEMORADA
En cuanto a la jubilación demorada, el IAE entiende que la reforma penaliza al ciudadano que opta por retrasar la jubilación, pues, aunque los coeficientes se han unificado en el 4% por cada año completo de demora de la edad de jubilación, «siguen por debajo de lo actuarialmente equivalente, que estaría en torno al 5,4% anual».
En este sentido, Gregorio Gil de Rozas, vocal de la Junta de Gobierno del IAE y responsable del Grupo de Investigación en Pensiones Públicas del organismo, sostiene que los coeficientes deberían ser «más generosos con el ciudadano que tomase la decisión de retrasar su jubilación.
En su opinión, tendría mayor impacto si la mejora se estableciera por mes y no por año, siendo en este caso del 0,45% mensual el coeficiente que mejor se adapta a un criterio actuarial.
Otro elemento que ha introducido la reforma dentro del ámbito de la jubilación demorada ha sido la posibilidad de sustituir el coeficiente del 4% anual por una cantidad a tanto alzado que depende de los años cotizados y de la cuantía de la pensión.
El IAE ve razonable que esta opción se aplique con un pequeño descuento de la cantidad actuarialmente equivalente, pero considera que los descuentos aplicados, de entre un 31% y un 60% para quienes han cotizado menos de 44,5 años, son «demasiado elevados«.
Así, para estos expertos, la Administración debería hacer un esfuerzo considerable de transparencia y difusión para que las personas en condiciones de tomar esta elección supieran de su existencia.
En cualquier caso, avisan de que el efecto en términos de caja de esta medida es «muy pequeño» debido a que el gasto en pensiones de jubilación demorada está alrededor del 3% del gasto total en pensiones, y sólo afecta a las nuevas altas.
De este modo, el IAE cuantifica esta medida en unos 4 millones de euros adicionales el primer año, mientras que a medio-largo plazo (20-30 años) puede suponer un aumento del 0,1% en el gasto en pensiones.
«España es el único país que permite elegir entre un aumento vitalicio de la pensión o el cobro de un pago único. Esta es, sin duda, una innovación, pero tiene importantes consecuencias y adolece de severos problemas conductuales«, expone.
JUBILACIÓN ANTICIPADA Y MEI
En lo que respecta a la jubilación anticipada, los actuarios señalan que la reforma ha seguido un criterio «poco razonable» a la hora de establecer los coeficientes según el número de años de anticipo para aquellos que quieren adelantar su edad de jubilación.
Para los expertos del IAE, desde el punto de vista actuarial, la solución podría pasar por un único coeficiente del 0,5% por cada mes de anticipación, independientemente del resto de variables que ha considerado la normativa.
Esta medida, junto a la decisión de aplicar los coeficientes reductores por jubilación anticipada sobre el límite de la pensión máxima y no sobre la base reguladora, como se hacía antes, supondrá una bajada de la pensión media de las pensiones anticipadas del 2,18%, afectando casi exclusivamente al primer cuartil de nivel salarial, con una bajada de la pensión inicial del 5,70%», sostiene Devesa.
En cuanto al Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), que sustituye al Factor de Sostenibilidad (FS), el IAE considera que éste debería haberse reemplazado con un mecanismo que generara el mismo nivel ahorro. «Sin embargo, esto no ha sido así, ya que el MEI respecto al Factor de Sostenibilidad dará lugar, en 2067, a un déficit acumulado hasta ese momento de 7,75 puntos de PIB de ese año», según los actuarios.
Por todo ello, los expertos del IAE abogan por que la reforma de 2021 sea «completada, matizada o, incluso, modificada» si, como los cálculos apuntan a que podría pasar, se revela como no ajustada al objetivo de diseñar un adecuado equilibrio entre beneficiarios presentes y futuros del sistema.
