CCOO ha alertado de que el modelo de la banca española es «laboralmente insostenible», en un escenario en el que entre 2008 y 2020 las plantillas se han reducido en un 38%, el doble que la media europea, mientras que el número de habitantes a atender por cada trabajador del sector se ha disparado más de un 65% en dicho periodo, por lo que ha reclamado a las entidades que dispongan de más medios y ha pedido a las patronales que empiecen a discutir un posible incremento salarial, ante el cambio de escenario.

Así lo pone de manifiesto CCOO Servicios en su informe ‘Imprescindibles. En defensa del empleo y la profesionalidad del principal activo del sector financiero español’, presentado este martes.

El documento recoge que entre 2008 y 2020 el sector bancario español ha desarrollado procesos de concentración y reestructuración que han derivado en que las plantillas hayan pasado de estar integradas por 276.497 personas a poco más de 160.000 (-38%, frente al 19,6% de la eurozona) y que la red de oficinas haya disminuido desde 46.065 a 22.392 sucursales (-51%, frente al 38% de la eurozona), en un periodo en el que la población a atender ha crecido en más de un millón de personas.

Si bien 2008 se han perdido más de 100.000 puestos de trabajo netos en el sector y se ha cerrado 23.673 oficinas, CCOO cifra las salidas reales por encima de las 140.000, al observar «ciertas tasas de reposición», con unas 1.300 entradas de nuevo personal en el mismo periodo y el anuncio de nuevas contrataciones.

Como consecuencia, España ha pasado de tener 10 oficinas y 59,8 empleados por cada 10.000 habitantes en 2008 a 4,7 oficinas y 36,2 empleados por cada 10.000 habitantes en 2020, lo que representa una caída del 52% en el número de oficinas por habitante y del 39,4% del grado de bancarización.

Esto ha provocado que la carga de atención (habitantes a atender por cada empleado de banca) haya pasado de 167,2 habitantes en 2008 a 276,1 en 2020, lo que representa un incremento del 65,1%. Es un dato que se encuentra muy por encima de los 186,5 de la eurozona, solo por detrás de Grecia (329,9 habitantes), Letonia (307), Eslovaquia (293,7) y Finlandia (279,7).

La secretaria general de Políticas Sindicales del Sector Financiero en Servicios CCOO, Nuria Lobo, ha avisado de que esta sobrecarga de trabajo está teniendo consecuencias sobre la salud de los empleados, que están «al límite de estrés, quemadas y desmotivadas». «Este modelo de negocio va siendo insostenible», ha denunciado.

Para CCOO resulta «sangrante» que, en este contexto, los sueldos de los presidentes y consejeros delegados de los principales bancos españoles hayan crecido un 37,77% entre 2018 y 2021, en un periodo en el que los beneficios han crecido un 34,17%.

De su lado, el secretario general de Servicios CCOO, José María Martínez, ha lamentado que España ha reducido su ratio de potencial de otorgamiento de crédito en un momento en el que «es estratégico que fluya el crédito», tanto por la asignación de recursos que se deberán gestionar con los fondos Next Generation EU como por el previsible endurecimiento de la política monetaria a causa de la inflación.

«Puede haber cuellos de botella para la financiación del sector privado en un momento en el que se va a necesitar que haya inversiones que transformen nuestro modelo productivo hacia la digitalización y la sostenibilidad», ha advertido.

EL RIESGO DE LA AUTORIDAD DE PROTECCIÓN DEL CLIENTE FINANCIERO

El secretario general de CCOO Servicios ha asegurado que el problema de la exclusión financiera, aunque se produce sobre todo en las zonas rurales, «empieza a sentirse también en las ciudades, donde se segmenta muy duramente a los clientes por renta» y se deriva a canales de muy bajo coste y atención menos especializada «fundamentalmente a familias o empresas con menos renta disponible».

En cuanto al protocolo de atención al cliente que han puesto en marcha recientemente las entidades, ha criticado que quedará solo como un «lavado de cara» si no se dota de recursos en forma de plantilla. «Ni se han rebajado los objetivos, ni se han rebajado los criterios de atención personalizada a la clientela segmentada por rentas y, en definitiva, se ha trasladado más presión a las plantillas con menos medios», ha reprochado.

Además, Martínez ha advertido de que esto puede acentuarse con la puesta en marcha de la Autoridad de Protección del Cliente Financiero anunciada por el Gobierno, pues ve riesgo de que las políticas orientadas a una mayor atención a las reclamaciones de clientes lleve a criterios de medición de la calidad que paguen las plantillas en sus retribuciones ligadas a productividad y objetivos y repercutan en sanciones sobre el trabajador. «Al final la sancionada no será la empresa, sino el profesional que, debido a las políticas comerciales que le inducen a hacer, terminará pagando el pato de esa mala gestión que, en general, tiene mucho que ver con la falta de medios», ha asegurado.

Por otro lado, el informe de CCOO ha denunciado que, pese a que la mayoría de los empleados de banca (51%) son mujeres, estas solo representan el 20% en los equipos de alta dirección de las grandes entidades financieras y la brecha salarial se cuantifica en un 30% (11.730,19 euros, según datos del Instituto Nacional de Estadística de 2019).

PIDE MÁS MEDIOS Y DISCUTIR UNA MEJORA SALARIAL

En este escenario, el secretario general de Servicios CCOO ha recalcado que, aunque los convenios sectoriales están cerrados, la negociación colectiva es continua y permite abordar temas nuevos durante la vigencia de los mismos.

En este sentido, ha pedido abordar los problemas relacionados con los riesgos laborales, con nuevas herramientas que permitan proteger a las personas, e incentivar el desarrollo de la protección deontológica del profesional de banca en un momento en el que la presión comercial se está traduciendo en problemas con los clientes.

Asimismo, el secretario general de CCOO Servicios ha apuntado a la necesidad de desarrollar los nuevos planes de igualdad y garantizar que las condiciones de formación continua garanticen la empleabilidad en un escenario de digitalización.

Finalmente, Martínez ha instado a las patronales del sector a «hablar de salarios», en un escenario marcado por la inflación y la mejora en la previsión de resultados de los bancos, especialmente cuando los directivos del sector han visto crecer sus retribuciones un 37% en los últimos 5 años. Aunque los convenios sectoriales están cerrados, «la negociación colectiva es continua y permite abordar temas nuevos durante la vigencia de los mismos», ha asegurado.

«Nosotros también reivindicamos que tendremos que volver a hablar de salarios aunque los convenios estén cerrados. Tenemos la herramienta, tenemos los observatorios tanto en el convenio de banca como en el de las antiguas cajas de ahorros y las comisiones mixtas interpretativas del sector de rurales», ha recordado.

Martínez ha reconocido que, en momentos como los actuales, la pulsión de incrementos salariales puede materializarse en varios años, pero ha señalado que eso no impide que se empiece a tramitar ahora. «Lo que vamos a trasladar a las patronales y entidades financiera es que, como el entorno de negocio cambia y ellos se han aplicado unas subidas salariales muy importantes, nosotros queremos que discutamos esto y hay muchas fórmulas. Son momentos en los que hay que plantearse estas cuestiones y no se puede posponer a que el convenio acabe su vigencia a finales de 2023», ha defendido.

El Gobierno ha mejorado las condiciones de acceso para que una empresa pueda ser calificada como consumidor electrointensivo, suavizando parámetros para obtener el certificado correspondiente que la reconoce al respecto.

En concreto, para obtener la condición de consumidor electrointensivo, el consumo energético anual de la empresa debe haber sido superior a un gigavatio hora (GWh) durante dos de los tres años anteriores y el consumo en las horas correspondientes al periodo tarifario valle debe ser de al menos el 50% de la energía total consumida.

También hay que cumplir un requisito mínimo en el cociente entre el consumo eléctrico y el valor añadido bruto de la empresa, que ha sido modificado mediante una resolución publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Así, según la resolución, para poder optar a la categoría de consumidor electrointensivo, el cociente entre el consumo anual y el valor añadido bruto de la instalación deberá ser superior a 0,8 kilovatios hora (kWh) por euro, habiéndose reducido respecto al anterior valor que era de 1,5 kWh/euro.

Este nuevo valor de este parámetro será aplicable a partir de mañana, momento en el que podrán solicitar su certificado de electrointensivo a través de la aplicación electrónica correspondiente del Ministerio de Industria las empresas que cumplan los criterios y anteriormente no hubieran podido hacerlo.

ACCEDER A LOS BENEFICIOS PARA LOS ELECTROINTENSIVOS.

Esta revisión del parámetro permitirá a un mayor número de instalaciones industriales acceder a los beneficios previstos para los consumidores electrointensivos, indicó el gabinete dirigido por Reyes Maroto.

Por un lado, podrán acceder al mecanismo de compensación  los consumidores electrointensivos de los cargos por la financiación de la retribución específica a renovables y cogeneración de alta eficiencia y por la financiación adicional en los territorios no peninsulares, cuya orden de convocatoria de ayudas se publicará en las próximas semanas.

También podrán acceder al mecanismo de cobertura de riesgos derivados de la adquisición a medio y largo plazo de energía eléctrica por consumidores electrointensivos, una línea de garantías o avales para la cobertura de riesgos por cuenta del Estado derivados de los contratos a plazo de electricidad de los consumidores electrointensivos gestionado por la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (CESCE).

Además, las industrias a las que se conceda la certificación de consumidores electrointensivos podrán acceder también a la reducción del 80% del coste correspondiente a los peajes de acceso a las redes de transporte y distribución de electricidad, desde la fecha de obtención de la certificación.

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha avanzado este martes que los datos de contratación indefinida del mes de abril marcarán un nuevo récord, gracias al empuje de la reforma laboral.

«El mes pasado tuvimos un nivel récord de contratos indefinidos en la historia de la democracia española y los datos de finales de este mes serán mucho mejores», ha subrayado Díaz.

Según los datos que comunicó Trabajo en su día, en marzo se firmaron 513.677 contratos indefinidos, la mayor cifra de toda la serie en cualquier mes. Este volumen de contratos fijos es un 147,9% superior al de marzo de 2021 y representa el 30,7% del total de contratos efectuados en el tercer mes del año, frente al 14,8% de marzo de 2021, cuando aún no estaba en vigor la reforma laboral.

Por otro lado, la titular de Trabajo ha instado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, a aprovechar la ronda de encuentros que mantendrá este martes con los líderes de CEOE, Cepyme, CCOO y UGT para «rectificar» el «error» que cometió el PP al no apoyar la reforma laboral.

«Está muy bien que se reúna con los agentes sociales, pero debería ser serio y rectificar lo hecho por el PP en la reforma laboral, porque a día de hoy tenemos datos más que suficientes para decir que esta reforma ha sido positiva», ha subrayado Díaz.

LOS DATOS DE EMPLEO, «POSITIVOS» PESE A LA GUERRA

La vicepresidenta ha destacado que «más allá» de la guerra en Ucrania y del actual contexto de incertidumbre, los datos de empleo siguen siendo «muy positivos» pese a la ralentización económica y la «enorme inflación», que «no hay que olvidar que empobrece a los hogares».

En todo caso, Díaz ha insistido en que el Gobierno, en caso de ser necesario, va a proteger a empresas y trabajadores del impacto de esta crisis, como se hizo durante la pandemia. «Lo que han de saber empresas y trabajadores es que van a contar con protección en caso de ser necesaria», ha asegurado.

Respecto al acuerdo de negociación colectiva que negocian sindicatos y empresarios, Díaz ha dejado claro que el Gobierno «no baraja un pacto de rentas» y que lo que hay es una negociación bipartita entre empresarios y sindicatos para establecer cómo deberían comportarse los salarios de los trabajadores «en un contexto de enorme complejidad».

Ahora bien, la vicepresidenta ha advertido de que los trabajadores no pueden ser los que paguen la actual situación económica derivada de la guerra.

«En la pandemia no le hicimos pagar la gestión de la crisis a los que menos tienen, a los trabajadores, y en mi opinión, a día de hoy, con la merma de poder adquisitivo que están percibiendo los trabajadores, no se puede castigar a los que menos tienen en un país en el que las rentas salariales son muy bajas», ha insistido.

El empleo en el sector del turismo rozó en el mes de marzo el nivel prepandemia, con 2,3 millones de afiliados a la Seguridad Social que representan el 99,4% de las altas que había en el sector en el mismo mes de 2019, según los datos publicados este martes por Turespaña. El empleo asalariado del turismo creció un 20,3% y el autónomo lo hizo un 1,8%.

En marzo, continuó la tendencia de aumento interanual del número de afiliados en turismo iniciada en junio del año pasado. Los afiliados en actividades turísticas supusieron el 12,1% del total de afiliados en la economía nacional.

El total de afiliados en el conjunto de la economía española creció en tasa interanual un 5,2%, mientras que en el sector servicios aumentó un 6,1%. El mes pasado, los afiliados en alta laboral a la Seguridad Social se incrementaron, en variación absoluta, en 970.651 personas.

La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, aseguró que la «vigorosa» recuperación del turismo que se está produciendo en España está teniendo un primer impacto «directo e inmediato» en el empleo en nuestro país.

«Antes incluso de una Semana Santa, que ha resultado extraordinaria, la afiliación en el sector se situó en marzo en niveles prepandemia y se han creado cerca de 330.000 puestos de trabajo en actividades turísticas en el último año, lo que confirma el buen momento que vive el turismo», explicó la ministra.

En su opinión, la recuperación ha sido muy rápida teniendo en cuenta que en la anterior crisis financiera el empleo turístico tardó más de seis años en recuperarse, y apuntó que actualmente se están rozando «los niveles prepandemia apenas dos años después de la peor crisis que ha enfrentado el sector en toda su historia».

La ministra atribuyó estos datos favorables «al escudo de protección de trabajadores y empresas desplegado por el Gobierno y al exitoso proceso de vacunación».

BUENOS DATOS EN TODAS LAS RAMAS

En marzo, los afiliados vinculados a actividades turísticas aumentaron interanualmente en términos absolutos en 329.215 trabajadores en alta laboral, lo que supone un incremento del 16% interanual, según datos de Turespaña.

La variación de los afiliados fue positiva en todas las ramas turísticas: la hostelería se incrementó en 241.724 afiliados (165.301 en los servicios de comidas y bebidas y 476.423 en los servicios de alojamiento); las otras actividades turísticas aumentaron en 85.135 afiliados, mientras en las agencias de viajes hubo una subida de 2.356 trabajadores.

El mes pasado, la cifra de asalariados en el sector turístico, que representa el 79,7% del total de trabajadores afiliados en dicho sector, aumentó un 20,3% respecto al mismo mes del año anterior.

Por ramas de actividad, el empleo asalariado se incrementó en agencias de viajes y operadores turísticos (4,2%) y en hostelería (23,7%), y dentro de esta aumentó un 20,1% en los serviciosde comidas y bebidas y un 38,3% en los servicios de alojamiento.

El empleo autónomo en turismo, que representa el 20,3% del total de trabajadores afiliados, se incrementó en un 1,8%. La actividad de hostelería muestra un incremento del 0,9%.

En concreto, en los servicios de comidas y bebidas creció un 0,6%, mientras que en los servicios de alojamiento aumentó un 4,8%. En las agencias de viajes se observó un incremento interanual del 4,7% en el número de autónomos.

En hostelería y agencias de viajes/operadores turísticos conjuntamente, sectores que representan el 68% del total de afiliados en alta laboral a la Seguridad Social en turismo, los afiliados aumentaron en tasa interanual un 17,7%. Este aumento fue debido tanto al incremento de los asalariados (23%) como al de los autónomos (1%).

AUMENTO EN TODAS LAS COMUNIDADES

En el mes de marzo, el empleo en el conjunto de hostelería y agencias de viajes/operadores turísticos aumentó en todas las comunidades autónomas.

En cifras absolutas, los mayores incrementos en variación se dieron en Andalucía, Comunidad Valenciana, Baleares, Cataluña, Canarias y Comunidad de Madrid. En términos relativos, destacan los aumentos interanuales de Baleares (61,4%), Andalucía (22,9%), Comunidad Valenciana (20,9%) y Canarias (20,4%).

La Comunidad Valenciana, Andalucía y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla superan ya el número absoluto de afiliados en hostelería y agencias de viaje y operadores turísticos de marzo de 2019.

En el caso de la Comunidad Valenciana, cerró marzo con 180.151altas en los subsectores citados (+1.309 altas que en 2019); Andalucía, con 279.483 (+381 más) y Ceuta y Melilla juntas, con 3.783 (+48).

La compraventa de vivienda libre por extranjeros aumentó un 41,9% interanual en la segunda mitad del año 2021 en comparación con el mismo semestre del ejercicio precedente, según datos del Consejo General del Notariado publicados este martes.

Dicho incremento está «muy condicionado» por las caídas del segundo semestre de 2020, que reflejan a su vez los efectos de la pandemia del Covid-19.

Rompiendo la tendencia con el semestre anterior, donde el peso de las compraventas por parte de extranjeros había descendido por debajo del 16%, las operaciones efectuadas por extranjeros representaron un 18,6% del total de compraventas a nivel nacional, en línea con el promedio entre 2012 y 2019 (18,7%).

Así, la compraventa de vivienda libre por parte de extranjeros se incrementó un 41,9% interanual, hasta las 63.934 operaciones, tras el acusado retroceso registrado en la primera mitad (-37,3%) y la segunda mitad (-10,8%) del año 2020.

Los extranjeros residentes realizaron el 54,8% de las compraventas, aumentando en un 27,4% interanual, mientras que el restante 45,2% de las operaciones fueron de no residentes, elevándose un 64,5%.

La compraventa de viviendas libres por extranjeros aumentó en todas las comunidades autónomas.

En concreto, el incremento fue liderado por Baleares (+81,5%), Canarias (+57,1%) Andalucía (+55%), Cantabria (+50,5%) y Comunidad Valenciana (+44,9%).

Por debajo de la media nacional (+41,9%) se registraron incrementos en Cataluña, Asturias, Navarra, Murcia, Madrid, Castilla-La Mancha, Aragón, País Vasco, La Rioja y Extremadura. Finalmente por debajo del 10% crecieron Castilla y León y Galicia.

Asimismo, el precio promedio por metro cuadrado de las operaciones realizadas por compradores extranjeros en la segunda mitad de 2021, referidas a vivienda libre, se situó en 2.016 euros por metro cuadrado, lo que supone un incremento de los precios del 14,3% interanual.

Los extranjeros no residentes volvieron a pagar mayores importes por sus viviendas (2.481 euros por metro cuadrado) que los residentes (1.567 euros por metro cuadrado) y los nacionales (1.503 euros por metro cuadrado).

El precio medio pagado por extranjeros no residentes aumentó un 11,8% y el de los residentes un 9,9%, en ambos casos por encima que el comprador nacional (+6,9%).

En cuanto a los precios por autonomía, la evolución fue casi unánime, al aumentar en todas las comunidades autónomas excepto en Extremadura (-0,1%).

En Cantabria se produjo el mayor incremento con una subida del 24,1%, con incrementos también de dos dígitos en Andalucía (+16,6%), Madrid (+13,7%), Canarias (+11%), Castilla y León (+10,1%) y Comunidad Valenciana (+10%).

Entre el 10% y el 5% crecieron los precios en Baleares, País Vasco, Navarra, Galicia, Castilla-La Mancha, Murcia y La Rioja y ya por debajo del 5% pero todavía con incrementos se situaron Aragón y Asturias.

LOS BRITÁNICOS, LOS MÁS COMPRADORES

Por nacionalidad, el grupo de extranjeros que más viviendas adquirió fue el de nacionalidad británica, con el 11,8% de las operaciones totales (7.560), seguido por alemanes (10,4%) y franceses (8,3%).

El grupo de nacionalidades que engloba al resto de extranjeros de fuera de la Unión Europea supuso el 11,4%, según los notarios.

Aumentaron las compraventas efectuadas por los extranjeros de todas las nacionalidades, pero lo hicieron con mayor intensidad por parte de los holandeses (104,1% interanual), irlandeses (99,3%) y alemanes (84,9%).