La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha trasladado este lunes que «en los próximos días» el Gobierno presentará un paquete de medidas fiscales y ha concretado que algunas estarán incluidas en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) y otras se harán en una norma específica que se llevará a cabo con «tramitación rápida» para que tenga efecto en 2023.

En este sentido, ha aclarado que en los Presupuestos no se pueden incorporar figuras impositivas nuevas, aunque ha indicado que no va a dar más detalles hasta que puedan presentar el paquete en su conjunto porque así lo podrá explicar mejor.

Así lo ha trasladado la también vicesecretaria general del PSOE en la sede de Ferraz, donde ha rechazado, asimismo, la propuesta del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, de bajar el IVA del 10% al 4% de algunos productos básicos de la cesta de la compra como carne, pescado, aceite y agua porque supondría vaciar la fiscalidad de contenidos y además beneficiaría a quien más consume, según han indicado fuentes de la Ejecutiva Federal.

Este mismo lunes el líder de PP, Alberto Núñez Feijóo, ha emplazado al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, a que lleve a cabo esta bajada impositiva en la que ha incluido los citados productos y otros como la pasta seca y las conservas, algo que, a su juicio, es lo «razonable» en este momento para hacer frente a la subida de la inflación.

A este respecto, Montero ha señalado que le llama la atención que Feijóo haga esta propuesta cuando fue el PP el que subió el IVA del 8% al 10% y del 18% al 21%.

Montero ha afeado al PP que justifique dicha subida de impuestos con el argumento de que se encontraron «las arcas vacías» cuando llegaron al Gobierno y les ha acusado de caer en contradicciones al defender que las bajadas fiscales significan mayor recaudación. «Si piensan que la bajada fiscal aumenta la recaudación, ¿por qué la aumentan cuando se encuentran las arcas vacías?», ha inquirido. «Es tan obvio que no se sostiene», ha afeado.

ACUSA AL PP DE POPULISMO FISCAL

Además, ha acusado al PP de practicar «populismo fiscal» por las bajadas de impuestos anunciadas en comunidades autónomas gobernadas por los populares, que según viene señalado el PSOE solo benefician al 0,2% más rico de la sociedad. En este sentido, ha afeado al PP que por un lado baje impuestos y por el otro siga reclamando más fondos al Gobierno central y a Europa.

Montero ha advertido de que ningún país del entorno europeo está ejecutando una política fiscal «indiscriminada» como la que a su juicio hace el PP y por tanto se deben pedir cuentas al principal partido de la oposición. En este sentido, ha indicado que la UE está preocupada y ha reiterado que no se pueden «reclamar recursos» y por otro lado, en el ámbito de sus competencias, bajar los impuestos.

En la misma línea, ha acusado a la oposición de envolverse en la bandera y reclamar patriotismo pero solo para una minoría, mientras que al resto lo dejan «a su suerte» en un «sálvese quien pueda», según lo ha calificado.

AYUSO ES LA QUE HABLA MÁS CLARO

Por otro lado, al ser preguntada sobre las declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que este mismo lunes que ha reclamado una reducción «drástica» del gasto público y de los impuestos cuando el PP llegue a La Moncloa, Montero ha señalado que Ayuso es «la que más claramente habla» y ha alertado de que esto significaría dedicar menos fondos a pensiones, educación sanidad o ayudas a vivienda.

«Ese es el credo del PP, aunque a veces a algunos dirigentes les molesta que sea tan gráfica», ha indicado, pues a su juicio, la presidenta madrileña ha pedido en una frase lo que el PSOE viene denunciando que practica el PP.

El coste socioeconómico para España de las medidas del ‘Fit for 55’ que impactan al sector aéreo, así como la posible introducción de un impuesto al billete incluido en el Libro Blanco sobre la Reforma Tributaria, supondrían la pérdida de 11 millones de turistas internacionales y, con ello, una reducción del 1,6% del PIB (23.000 millones de euros) y 430.000 empleos menos en 2030, según el informe ‘Volando hacia un futuro sostenible. Un análisis del coste socioeconómico para España debido al solapamiento de medidas sobre el sector aéreo’, realizado por la consultora Deloitte.

Este mismo informe señala que solamente las medidas fiscales para el sector aéreo supondrían una caída del 0,9% del PIB y la pérdida de 236.000 empleos en 2030. El informe de Deloitte se ha presentado este lunes en Madrid en un acto organizado por Asociación de Líneas Aéreas (ALA) y la CEOE, en el que han intervenido sus respectivos presidentes, Javier Gándara y Antonio Garamendi, así como el socio responsable de Economics de Deloitte Financial Advisory, Jesús Valero, entre otros.

MENOS TURISTAS SI SE APLICAN LAS MEDIDAS

El informe de Deloitte analiza el coste socioeconómico para el conjunto de la economía española en 2030 de las tres medidas contenidas en el paquete ‘Fit for 55’ dirigidas a la aviación y de la aplicación de un impuesto al billete en España. En concreto, analiza el impacto del uso de una cuota del 5% de combustible sostenible en la aviación (SAF), entre tres y seis veces más caro que el combustible convencional; la restricción de derechos de emisión de dióxido de carbono (CO2), con el consiguiente encarecimiento de los mismos; la aplicación de un impuesto al queroseno a la aviación de 7,53 euros/gigajulio que propone la reforma de la directiva de Fiscalidad Energética; así como la posible aplicación de un impuesto al billete de 7,85 euros, como se propone en el Libro Blanco para la Reforma Tributaria.

Dicho informe concluye que la aplicación simultánea de estas cuatro medidas en 2030 se traducirá en un mayor coste para viajar a España, con la consiguiente reducción en el número de turistas internacionales y el subsiguiente impacto económico. En concreto, Deloitte calcula que se perderían más de 11 millones de turistas internacionales, además de más de 12.000 millones de euros de gasto, no solo en el sector aéreo, sino en una variedad de sectores. Entre ellos, el sector del alojamiento (-3.600 millones de euros) y el sector alimentación (-3.200 millones de euros), ambos dependientes del turismo.

PÉRDIDA DE EMPLEO E IMPACTO EN EL PIB

También se perderían más de 23.000 millones del PIB, es decir, el 1,6%, y 430.000 empleos respecto del tamaño de la economía en el caso base en 2030. La mayor parte de esta caída se debería a la aplicación del impuesto sobre el combustible y el billete. En concreto, según el informe de Deloitte, las medidas fiscales provocarían una caída del 0,9% del PIB y una pérdida adicional de 236.000 empleos, magnitud similar al número de empleos prepandemia en las actividades inmobiliarias en España.

Las medidas medioambientales (SAF y ETS) supondrían una rebaja del 0,7% del PIB en 2030 y una pérdida de 194.000 empleos, cifra equivalente al número de puestos de trabajo prepandemia en el sector de la fabricación de vehículos de motor en España. El presidente de ALA, Javier Gándara, aseguró durante su intervención que las aerolíneas están comprometidas a alcanzar las emisiones netas cero en 2050 y que ya están recorriendo el camino de la descarbonización.

«Desde el sector estamos de acuerdo con las medidas medioambientales que contribuyan a alcanzar este objetivo, como es el caso de la introducción de los combustibles sostenibles SAF y la aplicación de un sistema de derechos de emisión ETS, y estamos dispuestos a asumir un sobrecoste en la medida que contribuyen a la descarbonización del sector. Sin embargo, las medidas fiscales responden a un afán recaudatorio y no descarbonizan, generando un importante impacto en el sector turístico, pilar económico para España», explicó.

EVITAR LASTRAR LA COMPETITIVIDAD

El presidente de CEOE, Antonio Garamendi, también solicitó prudencia en la aplicación de medidas fiscales e impuestos que puedan suponer un «lastre» para la competitividad del sector aéreo, que es un sector estratégico para la conectividad en España y pilar fundamental del turismo generador de empleo y riqueza. «Los empresarios españoles tienen claro que la sostenibilidad es el camino a seguir, pero es un reto ambicioso que debe acometerse con inteligencia, de manera ordenada y equilibrada», aseguró el directivo.

Por su parte, Jesús Valero, socio responsable de Economics de Deloitte Financial Advisory, señaló que los resultados del informe ponen de manifiesto la importancia de que las decisiones políticas tengan en cuenta los impactos que éstas tienen sobre la economía y el empleo. «En especial las que se derivan del solapamiento de medidas sobre el sector aviación en los países de la UE que son receptores y donde el turismo es un motor económico principal, como sucede en España», advirtió Valero.

El evento de presentación del informe reunió a los máximos responsables de Iberia, Javier Sánchez Prieto; Air Europa, Jesús Nuño de la Rosa; Air Nostrum, Carlos Bertomeu; Binter, e Iberia Express, Carlos Gómez, junto a otros representantes del sector turístico y del tejido económico y empresarial. En la mesa de debate posterior a la presentación del informe participaron también Juan Cierco, director Corporativo de Iberia; Guillermo Albizuri, director de Travel, Finance, Education & Digital Natives de Google; José Luis Yzuel Sanz, presidente de Hostelería de España y María Zarraluqui, vicepresidenta de Expansión Global de Meliá Hotels International.

La captación de talento y la sostenibilidad son los dos factores clave para el impulso de la innovación empresarial, según han coincidido este lunes representantes de Aena, Redeia, Ikea y Endesa en el foro «Innovar: una oportunidad para el crecimiento en tiempos de disrupción«, el cuarto evento de ‘Generación de Oportunidades’ organizado por Europa Press en colaboración con McKinsey & Company.

En esa línea se ha pronunciado el socio de McKinsey & Company Santiago Fernández, que ha resaltado que con arreglo a un informe realizado por la compañía sobre el microempredimiento y en el que participaron más de 1.000 directivos de empresas líderes a nivel mundial, se prevé que el 50% de los ingresos de las mismas va a proceder de servicios, productos y negocios que «no existen a día de hoy».

Asimismo, en torno al 20% de los encuestados apuntaba que la creación de nuevos negocios es la prioridad de la compañía, «el doble de los directivos que lo veían así hace dos o tres años», ha resaltado Fernández.

En ese sentido, la directora de Innovación y Tecnología de Redeia y directora de Elewit (la plataforma tecnológica de Redeia), Silvia Bruno, ha explicado que la compañía tomó en 2019 la decisión de acelerar la innovación tecnológica debido a los retos en materia de transición energética y también en conectividad.

«Nuestro objetivo es que se nos considere como un actor solvente en temas de innovación», ha resaltado Bruno acerca del planteamiento inicial de Elewit, donde apostaron por trabajar con terceros dado que no todas las ideas iban a surgir «desde dentro» de la compañía y dado que podía haber «muchas soluciones de nicho» que les ayudasen a avanzar más rápido.

«En estos tres años hemos multiplicado por tres el esfuerzo de innovación. Hemos multiplicado por 10 nuestro ecosistema de actores con los que normalmente no trabajábamos, como ‘startups’ o la academia (…) todo eso está haciendo que consigamos unos resultados de proyectos pilotos que a su vez se escalan», ha destacado.

Por su parte, la directora de Innovación, Sostenibilidad y Experiencia Cliente de Aena, Amparo Brea, ha indicado que una de las claves desde el punto de vista de la innovación en la compañía pasa por la digitalización, con la cual esperan mejorar la experiencia de los clientes.

Así, por ejemplo, ha señalado que una de las experiencias piloto que prevén empezar a aplicar en algunos de sus aeropuertos está ligado a la biometría, sistemas de reconocimiento facial con los cuales prevén optimizar los procesos aeroportuarios para que se puedan realizar de una forma más rápida y con menores tiempos de espera.

En cuanto a la innovación empresarial, la directora de Nuevos Negocios e Innovación de Ikea a nivel global, Carolina García, también ha señalado que las «disrupciones» de los últimos meses en las cadenas de suministro les han obligado a buscar la manera de hacerlas más eficientes.

Otro de los aspectos clave para García en cuanto a la innovación en Ikea pasa por la relevancia que tiene cómo llegan sus productos a los clientes, tanto desde un punto de vista digital (a través de la web o de las aplicaciones móviles) como en las tiendas.

A ellos se suma que desde la empresa conocen cómo se comportan sus clientes y saben qué productos funcionan mejor, lo cual es básico para el desarrollo de los nuevos, que «desde el inicio» tienen que ser sostenibles y cumplir con unos niveles de calidad determinados.

Por otro lado, la directora de Residencial y Negocios de Endesa, Maite González, ha incidido en el impulso que la empresa le ha dado a la digitalización para «acompañar» a los clientes que buscan ofertas en el mercado a raíz de la coyuntura energética actual.

Así, el modo en el que los clientes se acercaban a Endesa antes de la pandemia a través de los distintos canales digitales de los que disponía la compañía «no llegaba al 10%», mientras que este año esa cifra se ha impulsado hasta situarse en torno al 35%. «Estar presente en las redes en las que está el clientes es muy importante», ha subrayado González.

Acerca de la sostenibilidad vinculada a la innovación empresarial, el socio de McKinsey ha resaltado que, con arreglo a los estudios de la empresa, el 42% de los empresarios consultados sostienen que los nuevos negocios que se van a montar en los próximos cinco años van a tener la sostenibilidad como «eje central de su propuesta de valor«.

En cuanto a las motivaciones de esa apuesta por la sostenibilidad, la primera es la «presión» de los mercados y de los reguladores, pero, sobre todo, cada vez más por la influencia de los consumidores, que exigen lo «verde y sostenible», ha recalcado.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha pedido este lunes al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que su partido retire el recurso de inconstitucionalidad contra la reforma laboral presentado ante el Tribunal Constitucional.

«Por el bien de nuestro país, retiren el recurso ante el Tribunal Constitucional, no solo porque (la reforma laboral) goza de legitimación social (…), sino porque es una ley que ofrece certeza y da seguridad a los trabajadores y empresarios», ha expresado Díaz durante su comparecencia ante la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, en el Congreso de los Diputados.

La ministra de Trabajo ha dicho a los populares que esta es su «oportunidad de mostrar su compromiso y lealtad con España» y demostrar que son un «partido diferente» al que presentó el recurso, cuando todavía estaba al frente del partido Pablo Casado.

Díaz ha recalcado, «con humildad», que la reforma laboral aprobada a finales de 2021 «está funcionando» y ha recordado que es el resultado de un acuerdo entre el Gobierno, los sindicatos y los empresarios.

En su opinión, el recurso de inconstitucionalidad presentado por el PP genera «desazón e inseguridad jurídica» en España y ha defendido que la reforma laboral ha servido para afrontar de una manera diferente la actual crisis.

El diputado del PP Alberto Casero (que votó a favor de la reforma por error) y el Grupo Parlamentario Popular presentaron recursos de inconstitucionalidad contra la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, por la votación del 3 de febrero de la reforma laboral, que salió adelante por 175 votos a favor frente a 174 en contra.

El PP llevó al Constitucional el «atropello democrático» que, a su juicio, se cometió en la votación de la reforma laboral. En declaraciones a Europa Press, la portavoz Cuca Gamarra aseguró que aquel día «se conculcó el derecho» del diputado Casero, que avisó con «carácter previo» de lo que había pasado con la votación telemática. A su entender, había «capacidad» para que el diputado votara de forma presencial.

El Grupo Popular presentó los recursos antes de conocer el informe de los letrados del Congreso, que concluyeron que el voto de Casero a favor de la reforma laboral fue válido y que no cabía su revocación aunque él se equivocara. En ese informe también se descartó que hubiese un fallo del sistema informático.

Iberdrola, GSK, Mapfre y Esade han afirmado este lunes que en España existen oportunidades para la innovación y para mejorar las capacidades tecnológicas de las empresas, que para ello deben potenciar la colaboración con terceros y el talento.

Así lo han indicado los representantes de estas empresas en un evento celebrado en Madrid y presidido por la ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, en el marco de Generación de Oportunidades, un proyecto de Europa Press en colaboración con la consultora McKinsey & Company.

«Estamos en un momento incierto y la innovación nos va a ayudar a salir mejor posicionados«, ha asegurado el director de Innovación de Mapfre, Juan Cumbrado, durante su participación en la mesa redonda titulada ‘Liderar la Innovación con responsabilidad: los retos y oportunidades de España’.

A su juicio, la sociedad y las empresas tienen clara esta idea y saben también que, en un contexto de crisis y de inestabilidad, «la innovación va a ser el factor diferencial» que determinará quiénes saldrán más fuertes una vez superadas las dificultades.

En el mismo sentido, el director del centro de I+D de Salud Global de GSK España, David Barros, ha declarado que cuando la cuenta de resultados de una compañía no va bien, no hay que pensar que «lo primero que debe sufrir es el apartado de innovación. Al contrario, «quizás es el último que debe tocarse», ha agregado.

PONERSE AL DÍA CON LA TECNOLOGÍA

Gloria Macías-Lizaso, socia de McKinsey y moderadora del debate, ha señalado que «la inversión en innovación es clave para poder generar crecimiento y productividad empresarial», y así lo refleja el informe ‘Garantizar la competitividad de Europa. Abordar su brecha tecnológica’, de McKinsey Global Institute.

Citando este estudio, el socio director de McKinsey & Company, Alejandro Beltrán, ha apuntado que las economías y las empresas de Europa y de España crecen más lentamente e invierten menos recursos económicos en I+D en relación con sus ingresos en comparación con Estados Unidos. Si Europa no se pone al día con la tecnología, estará en riesgo un valor agregado corporativo de entre dos y cuatro billones de euros anuales hasta 2040, según ha advertido.

Para Esteve Almirall, profesor titular del Departamento de Operaciones, Innovación y Data Sciences de Esade, hay dos velocidades: mientras unas compañías tienen una productividad muy alta, otras «se han quedado estancadas».

También ha diferenciado entre las que innovan en el ‘core’ o la parte esencial de su negocio y las que innovan en la periferia del mismo, en los nuevos productos y servicios, y ha añadido que, para alcanzar altos niveles de productividad, las empresas deben elegir el primer camino.

En España «tenemos la tecnología y los profesionales, no tenemos un déficit de capacidades», pero «hay que reorientar», ha comentado Almirall, que también ha abogado por medir la innovación teniendo en cuenta no tanto las capacidades como la habilidad para «movilizar esas capacidades», así como los resultados que obtienen las empresas.

COLABORAR CON TERCEROS

En Mapfre creen que «no va a haber un freno» en la inversión en innovación próximamente, sino que las empresas se van a inclinar por la innovación abierta, por colaborar con otros actores, un método que, según Cumbrado, es «mucho más efectivo».

«Nos apoyamos en terceros, en innovadores que son especialistas en una actividad en concreto, para mejorar la productividad, nuestra relación con el cliente o los productos y servicios que estamos ofreciendo», ha explicado, indicando que aquí el predominio de las pymes en el tejido empresarial puede ser «una oportunidad» en vez de una desventaja.

Esta es también la forma de trabajar de GSK. Según Barros, la empresa farmacéutica busca no solo ser más competitiva y tener una «ambición sostenible», sino «formar parte de colaboraciones ventajosas» para seguir avanzando en la innovación.

En el caso de Iberdrola, la responsable global de Innovación, Beatriz Crisóstomo, ha declarado que tienen un modelo abierto, de colaboración dentro de consorcios y alianzas: «Como empresa no hacemos nada solos en innovación, nos apoyamos en todo un ecosistema».

Asimismo, ha hecho hincapié en la «descentralización», pues la innovación «forma parte del ADN de todos los empleados». Pero también cuentan con centros especializados en determinadas tecnologías, como el Global Smart Grids Innovation Hub ubicado en Bilbao, donde trabajan con 80 colaboradores, entre empresas grandes, desarrolladores tecnológicos, ‘startups’, universidades y centros tecnológicos.

«TODAS COMPETIMOS POR LOS MISMOS PROFESIONALES»

En relación con las universidades, Crisóstomo ha resaltado igualmente la colaboración que han establecido con ellas para intentar que sus programas formativos incluyan las capacidades técnicas y ‘soft’ que las empresas están demandando, de forma que se generen los nuevos perfiles profesionales que la compañía requiere.

Con la digitalización, «todas las empresas competimos por los mismos profesionales», ha afirmado, mencionando a científicos, arquitectos, analistas de datos e ingenieros. Un talento que es necesario retener y atraer, según Barros, de GSK, haciendo que la empresa sea «un lugar agradable donde trabajar» y que quienes forman parte de ella sepan que sus ideas tienen cabida y que van a servir para transformar.

El director de Innovación de Mapfre ha señalado que, para el talento interno, en la aseguradora tienen un programa para detectarlo y aplicar ‘upskilling’ y ‘reskilling’ con el fin de «transformarlo y hacerlo crecer y generar nuevas oportunidades». En cuanto al talento externo, tratan de atraerlo orientándose hacia proyectos que puedan resultar interesantes a esos profesionales.

Podemos ha acusado al PSOE de tener «bloqueadas» las negociaciones sobre los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el año que viene en aspectos esenciales para la formación, como es la reforma fiscal «pendiente», actuaciones de refuerzo de servicios públicos, el impulso a la ley de familias y el desbloqueo de la normativa estatal sobre vivienda. A su vez, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha admitido que las posturas en la coalición están alejadas en cinco bloques, entre ellos la fiscalidad.

Por otro lado, el partido morado ha celebrado que los socialistas hayan rectificado y vean ahora «con buenos ojos» el impuesto a las grandes fortunas que rechazó en junio, aunque ha advertido a su socio de que no es suficiente y que tratarán de convencerle para que su carácter sea permanente, en lugar de temporal, porque la justicia fiscal «no es de quita y pon».

Así lo han trasladado los coportavoces estatales de Podemos, Pablo Fernández e Isa Serra, en rueda de prensa, donde han mostrado su preocupación por las conversaciones sobre el anteproyecto de nuevas cuentas públicas en el seno del Ejecutivo, al considerar que no avanzan.

Sobre este punto, Serra ha recalcado que estos presupuestos son cruciales para hacer frente a las consecuencias de la guerra de Ucrania, abordar diversos problemas estructurales del país que están pendientes y dar un «horizonte de certezas» en el tramo final de legislatura, de cara a demostrar que están preparados para impulsar más avances sociales y volver a gobernar «con más fuerza».

DÍAZ: LAS POSTURAS ESTÁN «MUY LEJOS»

Por su parte, la titular de Trabajo ha reconocido que aún están «muy lejos» en la negociación para sacar adelante los nuevos Presupuestos Generales en el seno del Gobierno.

No me gusta dar esta idea, pero la tengo que transmitir. Estamos muy lejos en la negociación«, ha manifestado en declaraciones a los medios de comunicación, instantes de asistir a una comparecencia este lunes ante la Comisión de Trabajo del Congreso.

Díaz ha explicado que las diferencias con su socio de coalición se concentran en torno a cinco cuestiones: fiscalidad, medidas de conciliación, plan de choque contra la inflación, medidas para la transición ecológica y política social.

Respecto a la fiscalidad, además del nuevo impuesto sobre las grandes fortunas sobre el cual no hay acuerdo aún, la vicepresidenta ha reivindicado un tipo mínimo efectivo en el Impuesto sobre Sociedades del 15% –el diseño del suelo del 15% aprobado en las anteriores cuentas deja este mínimo en el 3,8%– y endurecer en el IRPF las rentas procedentes del capital frente a las del trabajo.

Sin abundar en los detalles, Díaz ha explicado que otras medidas que se están negociando giran en torno a la conciliación de las familias, medidas para afrontar la inflación, algunas de las cuales ya se han puesto públicamente encima de la mesa, y otras medidas de transición ecológica.

En este sentido, ha señalado que algunas de ellas ya se han puesto en marcha, como las bonificaciones en el transporte público, pero hay otras en torno a las energías renovables o las comunidades energéticas.

Finalmente, Díaz ha llamado a revertir recortes aprobados por el PP en materia de protección social durante la pasada crisis y mejoras en ayudas sociales, fundamentalmente relativas al Iprem (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples).

«INCONCEBIBLE» QUE NO ESTÉ DESBLOQUEADA LA LEY DE VIVIENDA

En este punto, ha enfatizado que Podemos mantiene para estas negociaciones una serie de prioridades, como el refuerzo de los servicios públicos, mejorar las políticas de conciliación, lanzar ya la nueva ley de familias, desplegar más prestaciones sociales y el despliegue de una reforma fiscal que es fundamental para redistribuir la riqueza.

Pero además ha calificado de «inconcebible» que el PSOE no acceda a llevar a cabo la negociación «definitiva» para aprobar la ley de vivienda, más necesaria ahora incluso por el aumento del tipo de interés, y que todavía no se haya derogado la ley ‘mordaza’, dos aspectos que están en paralelo a la confección de los PGE de 2023.

De esta forma, espera que su socio de coalición cambie pronto de postura y desbloquee esas negociaciones en estos elementos centrales para el año que viene.

Dentro de estos cinco bloques, Díaz no ha incluido ni Ley de Vivienda ni el gasto militar, cuestiones que Podemos sí pone el foco con el PSOE para sacar las nuevas cuentas públicas.

Fuentes cercanas a la vicepresidenta segunda remarcan que la ley de vivienda es una prioridad que no se contempla renunciar, pero que su negociación se lleva a cabo en paralelo a los Presupuestos, liderada por la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra.

En el caso del gasto militar, apuntan a que ya se alcanzó un acuerdo con el socio de coalición para no incluir el aumento de estas partidas –el compromiso es elevarla con vistas a alcanzar el 2% del PIB– dentro de los Presupuestos, sino a través de inversiones no computadas en las cuentas.

EL PSOE DEBE PASAR «DE LAS PALABRAS A LOS HECHOS»

A su vez, Pablo Fernández se ha congratulado que el PSOE corrija su postura inicial y acceda ahora a un nuevo impuesto a las grandes fortunas, pero ha lamentado que si ese criterio se hubiera impuesto antes ahora no «estarían en la carrera de bajar impuestos a los millonarios» iniciada por el PP.

En consecuencia, el dirigente de la formación morada celebra que el presidente, Pedro Sánchez, y su partido hayan rectificado sobre una medida económica propuesta por Podemos, algo que no es la primera vez que ocurre porque primero se tilda de «imposibles» sus iniciativas, luego se alude a que Europa no permite su despliegue y después se acaban asumiendo, pero de forma temporal.

Como ejemplos, ha citado la subida del salario mínimo interprofesional, el impuesto a la banca y las grandes energéticas y que, en este punto, Fernández ha apelado a su socio a desplegar este gravamen de forma permanente, porque es lo «sensato» en materia de justicia fiscal.

Finalmente, ha desgranado que van a tratar de convencer al PSOE de que ese impuesto debe ser estructural, dado que el «giro a la izquierda» que anunció Sánchez debe «pasar de las palabras a los hechos».

El Gobierno invertirá 81,4 millones de euros en la rehabilitación, mantenimiento y embellecimiento del patrimonio histórico de la red de Paradores de Turismo, como parte del presupuesto procedente del Plan de Recuperación financiado con los fondos Next Generation EU.

Las actuaciones previstas afectarán a 39 inmuebles catalogados como Bienes de Interés Cultural (BIC), el máximo nivel de protección del patrimonio cultural de España, y al conjunto monumental del arrabal viejo de Alcalá la Real (Jaén).

Los Paradores beneficiarios están repartidos por 12 Comunidades Autónomas (Andalucía, Aragón, Asturias, Castilla la Mancha, Castilla y León, Cataluña, Ceuta, Madrid, Extremadura, Galicia, Murcia, Navarra, País Vasco) y la ciudad autónoma de Ceuta. El plazo de ejecución de las actuaciones se extiende hasta 2026.

La inversión ha sido presentada este lunes en el Parador de la Granja de San Ildefonso (Segovia) por el secretario de Estado de Turismo, Fernando Valdés, el presidente de Turespaña, Miguel Sanz, y el presidente de Paradores, Pedro Saura.

Valdés ha indicado que España cuenta con un «inmenso» patrimonio dentro de la red de Paradores de Turismo, a los que el Gobierno dota de inversión para «su mejora y mantenimiento», lo que disfrutarán los turistas y también residentes.

La mayor partida del presupuesto (74,2%) se destinará a la conservación de fachadas, murallas, torres y baluartes, claustros e iglesias, entre otros. Otro 17% financiará la actualización de los sistemas de iluminación de los monumentos para ganar en eficacia y eficiencia energética, mientras que el 5,9% de los fondos se invertirá en proyectos de paisajismo, y el resto (2,9%) en la conservación de elementos singulares tales como yeserías, frescos, esculturas o capiteles, entre otros.

Turespaña, como propietario de los inmuebles, será el organismo encargado de gestionar este programa de conservación del patrimonio de la red de Paradores.

Saura ha incidido en la necesidad de preservar el «rico patrimonio arquitectónico» que posee Paradores, ya que es uno de los principales activos de «un creciente turismo cultural que se debe potenciar mucho más».

Por comunidades autónomas, la inversión se dividirá en 8,5 millones de euros para once inmuebles de Andalucía; 7,2 millones en Aragón; 2,2 millones en Asturias; 8,2 millones en Castilla-La Mancha; 10,1 millones en Castilla y León; 5,2 millones en Cataluña; 2,9 millones en Ceuta; 9,3 millones en Extremadura; 23,5 millones en Galicia; 861.471 euros en Madrid; 1,4 millones en Murcia; 660.750 euros en Navarra, y 914.368 euros en País Vasco.

Este plan se encuadra dentro del Plan de Modernización y Competitividad del Sector Turístico, liderado por la Secretaría de Estado de Turismo. Algunos de sus objetivos son apoyar a la España Vaciada para impulsar su economía; la conservación del patrimonio histórico de uso turístico; el aumento de las zonas visitables y recuperar el patrimonio con el que cuentan los inmuebles de Paradores.

PARADORES RECUPERA LA ACTIVIDAD

Como ha señalado Saura, Paradores ha ido recuperando los niveles de actividad y ocupación tras la pandemia hasta conseguir que 2022 sea un «buen año» y alcance niveles de 2019 y ha subrayado la importancia que este tipo de turismo cultural tiene para España y la necesidad de protegerlo y potenciarlo para aumentar el atractivo de España para este tipo de visitantes.

Los viajeros que eligieron España como destino de turismo cultural crecieron un 16% entre los años 2016 y 2019. También han aumentado un 3,5% los que, de manera específica, visitan durante su estancia museos, monumentos, iglesias y pueblos.

«Sabemos que el valor histórico y artístico de nuestro patrimonio es un imán de atracción de turistas. Por eso invertir en patrimonio es reforzar el atractivo turístico de España y de su riqueza de destinos«, ha señalado Valdés.