Obligados a seguir chocando cada año. Ese es el futuro que le espera tanto a Red Eléctrica como a la CNMC después de concretarse los detalles más técnicos del próximo periodo regulatorio para las infraestructuras eléctricas. En concreto, la última propuesta del organismo regulador arroja menores ingresos de lo esperado de cara a 2025, debido a un cambio de ajuste en el inventario de los activos remunerados que mantiene la compañía. Una posición con la que la firma que preside el socialista Jordi Sevilla no está de acuerdo e implicará un enfrentamiento en los próximos años, alertan desde fuentes financieras.

El documento que ha presentado Competencia al Consejo de Estado, que servirá de base para los ingresos regulados del sistema eléctrico español entre 2020 y 2025, incluía algunas mejoras respecto a la propuesta inicial del pasado 5 de julio. Así, en primer lugar, se mejoraron los valores estándar de capex (gastos de capital en inversiones nuevas) y opex (gastos operativos). Asimismo, también aceptó una de las peticiones de REE al aumentar la prima para los activos totalmente amortizados, más técnicamente conocidos como O&M, del 15% al 30%. Pese a ello, dichas mejoras son insuficientes para la compañía, puesto que no sirven para que los ingresos que percibirá en 2025 sean más altos respecto del primer borrador. Además, que la propia CNMC prefiere no explicar el motivo.

Sin embargo, desde fuentes financieras explican que la razón es que desde el regulador se «está asumiendo una base de activos remunerados más baja como resultado de la transición de 2017 a 2018 como año base». El enfoque de la nueva regulación se puede entender, ya que la versión original no se ha dado a conocer, desde la óptica de una antigua pugna entre CNMC y REE acerca de que la primera considera que la base de activos que recibe remuneración desde las facturas que pagan los españoles es más pequeña de lo que la compañía informa. Entre otras razones que da Competencia estaría que algunos activos no deberían incorporarse en su opinión, que algunos deberían tener un valor regulatorio más bajo o que existen diferencias temporales.

La reducción de ingresos llevará a la firma que preside Jordi Sevilla intensifique la ofensiva frente a Competencia en los próximos años con el objetivo de aumentar esa base de activos. «Creemos que cada año REE tendrá un largo debate con la CNMC sobre la base de activos», señalan desde JPMorgan en un informe interno para inversores. Asimismo, el banco de inversión si cree que la compañía pueda imponer sus exigencias en los próximos años, una vez se haya cambiado (será en los próximos meses) la cúpula del regulador, aunque por el momento los inversores no confían demasiado en ello.

SE DESCARTAN CAMBIOS FINALES RESPECTO DE LA ÚLTIMA PROPUESTA

«La propuesta revisada de la CNMC no trae buenas noticias para REE», alertan desde el departamento de Análisis de Bankinter. Un problema importante para la compañía, puesto que no esperan ya más transformaciones en el borrador que tiene en su poder el Consejo de Estado. «No debería haber ningún cambio en la última etapa del procesa de aprobación», señalan fuentes financieras. Por lo que al final, la mejora de cara a 2025 pasa por la negociación que ambas lleven a cabo en los próximos años.

El esbozo regulatorio, que ya se parece y mucho al documento final, retrasa en un año la mayor parte del recorte, pasa a 2024 desde el 2023 inicialmente previsto. Aunque lo más importante es el daño sobre la retribución al accionista que le hará a la compañía semipública. Así, de aprobarse (como así parece) «el dividendo de REE a partir de dicho año se vería negativamente afectado. Estimamos que el dividendo por acción podría reducirse hasta el entorno de 0,70 o 0,80 €/acción frente al 1,05€/actual. La rentabilidad se situaría en el entorno del 4% a los precios actuales», señalan desde Bankinter.

Obviamente, esa situación ha impactado con fuerza en la cotización de la compañía que sigue a la baja. Incluso por debajo del valor que tenía cuando Jordi Sevilla se alzó con la presidencia de la firma. De hecho, desde que el pasado día 4 de noviembre se conocieron los términos de la nueva propuesta los títulos de REE pierden un 5%. Un desplome que se suma al que ya arrastraba el valor, también cercano al 5%, desde que se conoció la propuesta inicial en julio de este año.

Cuidar de seis hijos y, al mismo tiempo, ser el directivo de moda en el sector inmobiliario en la primera socimi cotizada de España –en el que confían los primeros bancos del país– no es moco de pavo. Sobre todo si el protagonista de nuestra historia no ha cumplido todavía los cincuenta y es oriundo de un pequeño pueblo extremeño que no alcanza los 800 habitantes. Se trata de Ismael Clemente, CEO de Merlin Properties, hijo de dos maestros de EGB que le enseñaron la importancia de la formación, un factor al que él sumó el don de gentes para convertirse en el primer ejecutivo de la compañía más importante del ladrillo nacional.

Este hombre de sonrisa fácil que sabe desbloquear acuerdos recurriendo al sentido del humor es uno de los directivos de la nueva hornada de ejecutivos inmobiliarios que han pasado página respecto a su anterior generación y que han cambiado los reservados de los restaurantes por las escuelas de negocio y los despachos. 

En el colegio soñaba con ser piloto de F-16 mientras estudiaba en el mismo aula que otros chicos de diferente edad, porque el colegio de Valencia de Mombuey (Badajoz) no tenía suficientes alumnos como para permitirse el lujo de tener diferentes cursos. En el internado posterior en los jesuitas para hacer el BUP fue donde Clemente se hizo un hombre y fue allí donde conoció a su compañero inseparable de fatigas, Miguel Ollero, que hoy en su mano derecha en Merlin Properties.

Sus padres le inculcaron el valor del respeto –que hoy se ha perdido con tanto igualitarismo mal entendido– sobre todo a las personas mayores y a los que por su profesión deberían ser tratados con un mínimo de deferencia. Cuando el joven Ismael corría por tierras extremeñas sus padres impartían clase en un mundo muy distinto al actual, en el que los profesores eran respetados y a los que se llamaba de usted. Como dijo el propio Clemente cuando fue premiado como el directivo del año en 2017 por la AJD, “hay que tratar a todos con respeto, incluso a los enemigos”. Y eso es algo que lleva por bandera. Nadie habla mal del CEO de Merlin Properties, ni siquiera sus más acérrimos competidores en el sector inmobiliario.

Como otros de los grandes ejecutivos que han llegado a lo más alto del panorama empresarial ibérico, Clemente inició su andadura profesional en la hoy desaparecida Arthur Andersen, firma de servicios profesionales que se llevó por delante el escándalo Enron en Estados Unidos y que fue absorbida por la actual Deloitte. Allí llegó tras ser becado por ICADE y sacar sin problemas, pero con mucho trabajo, la carrera doble de Administración y Dirección de Empresas y Derecho. Y cuando dejó de ser un Arturito –que es como se les conoce a los que han pasado por la consultora– llegó a Garrigues, bufete en el que conoció a la que pronto sería su mujer. María Fernández–Picazo.

Como el propio Clemente ha explicado en más de una ocasión lo más importante para gestionar una casa con seis hijos es tolerar un cierto nivel de caos, no hacer muchos planes a largo plazo y, en su caso, acordar con su esposa que sea ella la que lleve el peso de la organización familiar. La clave es dejar a un lado el ego y procurar que sean los hijos el centro de las preocupaciones, disfrutando del poco tiempo libre que permita el trabajo. El mejor momento para ello es por la mañana, cuando el CEO de Merlin Properties desayuna en familia y luego lleva a los niños al colegio. Por la noche no les ve, porque sus jornadas laborales terminan casi a medianoche. 

Volviendo a su carrera, Clemente salió de Garrigues porque la política de empresa no permitía las relaciones entre empleados y fue entonces cuando desembarcó en el intrépido mundo de la banca de inversión. Comenzó a trabajar en el germen de lo que posteriormente sería Deutsche Bank España, donde estuvo a las ordenes de Antonio Rodríguez–Pina, primer ejecutivo del banco alemán en nuestro país y que tiene una muy alta concepción del directivo extremeño. 

Cuando se vio obligado a poner en marcha un draconiano plan de ajuste de plantilla en la entidad financiera Clemente decidió hacer las maletas por no estar de acuerdo con la orden directa. Con él se marchó su equipo poniendo de manifiesto que existen los jefes con los que apetece trabajar, aunque sea en un proyecto pleno de incertidumbre.

La salida de Deutsche Bank marca el inicio de la leyenda de la primera socimi de España. Corría el año 2012, con la economía española lamiéndose las heridas tras varios años de crisis económica y Clemente decidió no seguir el camino de cuatro millones de españoles que estaban apuntados al paro. 

“Me daba vergüenza acudir al INEM”, confesó en una entrevista al diario El País, porque disponía de algunos ahorros con los que iniciar una aventura empresarial para ganarse el par sin vivir del Estado. Así nace Magic Real Estate una empresa de inversión fundada por Clemente y Ollero que pondría en 2014 a Merlin Properties en Bolsa. Desde entonces son considerados el “equipo mágico” que, en lugar de salvar doncellas en el reino de Camelot, han rescatado al sector inmobiliario español del ostracismo.

Clemente es un hombre sencillo que suele comentar a sus amigos que cuando se retire se marchará al bar de Rafa, en su pueblo, a paladear una Cruzcampo fresquita tras un largo paseo por el campo. Le encanta salir de su rutina los fines de semana y escaparse con su familia para disfrutar de la naturaleza. Le encanta navegar –tanto en un velero como con una sencilla tabla de surf– una pasión que le llevó a emular a Cristóbal Colón cruzando el Oceano Atlántico con un grupo de amigos, saliendo de Canarias y arribando a las costas caribeñas de la isla de Santa Lucía.

En cuanto a las actividades de sofá, al directivo le gusta leer y ver los partidos del Fútbol Club Barcelona. Su espíritu culé se forjó cuando escuchaba de pequeño las historias de los emigrantes extremeños que se habían marchado a la Ciudad Condal en busca de fortuna.

Conocedor como pocos de los obstáculos que deben superar los empresarios en España es de los que lamentan que la sociedad haya abandonado la responsabilidad individual para ponerlo todo en manos de un Estado paternalista, que convierte a las compañías en animales burocráticos con cuotas para todo. Quizás por eso da tanta libertad a sus empleados a cambio de que sean responsables en sus tareas y cumplan los objetivos marcados. 

Francisco González ha señalado este lunes en la Audiencia Nacional que se enteró a través de la prensa de la existencia de contratos entre la entidad y las empresas de José Manuel Villarejo en mayo de 2018, cuando MONCLOA.COM destapó esta información. El expresidente del BBVA ha afirmado que nunca vio ningún expediente porque él no se encargaba de las relaciones con proveedores.

Según informan a Europa Press en fuentes jurídicas, González se ha explicado así ante el juez Manuel García Castellón y la Fiscalía Anticorrupción en su declaración de más de dos horas y media en calidad de investigado por presuntos delitos de cohecho y revelación de secretos en el contexto de la pieza separada número 9 de la causa Tándem, centrada en los contratos entre el BBVA y Villarejo durante 13 años y por importe superior a 10 millones de euros.

González ha defendido que no tuvo conocimiento de la existencia de ninguna relación de BBVA con la empresa Cenyt ni el comisario Villarejo hasta mayo de 2018, cuando un medio de comunicación se hizo eco de los pagos del banco a esa mercantil. Fue entonces cuando ordenó abrir una investigación interna al despacho Garrigues, según ha explicado durante su declaración.

Los primeros resultados le llegaron en septiembre de aquel año, cuando tuvo por primera vez constancia de la existencia de los negocios con Cenyt, dado que él no supervisaba las contrataciones ni facturas ni con este ni con ningún otro proveedor, pues no pasaban por su mesa.

En todo caso, ha dicho que no le consta ninguna actuación ilegal o irregular encomendada desde el banco y que los sistemas de control y cumplimiento normativo de la entidad jamás detectaron conductas de este tipo en las contrataciones, de acuerdo a las fuentes consultadas por Europa Press.

Además, ha insistido en que nunca ha conocido a Villarejo ni a su socio en Cenyt Rafael Redondo ni a ningún otro miembro de este grupo empresarial, de acuerdo a las mismas fuentes consultadas.

No obstante, tuvo conocimiento de la intervención de Redondo en un asunto privado, pues según ha dicho a juez y fiscales, descubrió que el jefe de Seguridad del BBVA, Julio Corrochano, recurrió a él como asesor para solucionar un problema de seguridad que tenía con una vivienda en Málaga. Ha señalado que, en todo caso, esto fue después de que saltase el caso.

Tras la comparecencia, en la que ha respondido a un extenso interrogatorio de la Fiscalía Anticorrupción, Francisco González se ha dirigido en una breve declaración sin preguntas a los medios y ha restringido el alcance del ‘caso Villarejo’ en el BBVA a «alguna conducta irregular de carácter individual» que él, «en este momento», ha dicho desconocer.

«Una vez que termine esta investigación quedará muy claro que el Grupo BBVA y sus directivos han trabajado siempre de una manera íntegra y de una manera ejemplar, sin perjuicio, como es lógico, de que hubiera alguna conducta irregular de carácter individual que yo en este momento desconozco», ha apuntado.

Fiscalía Anticorrupción no ha solicitado la interposición de medida cautelar alguna, decisión que de entre la decena de directivos y exdirectivos del banco que han pasado ya por la Audiencia Nacional, sólo se ha acordado en el caso del que fuera jefe de Seguridad, Julio Corrochano, a quien se fijó una fianza de 300.000 euros y del que se presume era el interlocutor de Villarejo.

EJECUTIVOS INVESTIGADOS

En la jornada de este lunes comparecían además el que fuera director de comunicación de la entidad, Javier Ayuso, como testigo. Ha respondido a las preguntas del juez y los fiscales durante unos 45 minutos.

A continuación, ha sido el turno del policía que en segunda actividad trabajaba para las empresas de Villarejo, Antonio Bonilla. Según informaron en fuentes jurídicas a Europa Press, se ha acogido a su derecho a no declarar por estar la causa bajo secreto.

Este martes será el turno de Juan Asúa, asesor de cabecera del actual presidente de la entidad financiera, Carlos Torres, quien en diciembre de 2018 le nombró Senior Advisor to the Chairman; y a Eduardo Arbizu, que hasta el pasado mes de julio, cuando fue cesado al conocerse la imputación del BBVA, ostentaba el cargo de responsable de Regulación y Control Interno del BBVA.

SÓLO BÉJAR Y FRANCISCO GONZÁLEZ HAN DECLARADO

Asimismo, están citados el que fuera jefe de Riesgos de la entidad, Manuel Castro; y los sucesivos responsables de los servicios jurídicos, José Manuel García Crespo y Eduardo Ortega, todos investigados por los mismos delitos de cohecho y revelación de secretos, según las mismas fuentes consultadas por Europa Press.

El miércoles, día 20, será la representación legal del banco la que acuda a la Audiencia Nacional, pues BBVA está imputado como persona jurídica por cohecho y también por corrupción en los negocios en relación a este asunto. Hasta la fecha, la entidad ha venido anunciando su disposición a colaborar con la justicia.

En total, una decena de altos cargos del banco cuando se celebraron esos contratos han sido llamados a declarar como investigados en la Audiencia Nacional, incluido el que fuera CEO de la entidad, Ángel Cano, así como la sustituta de Corrochano en Seguridad Inés Díaz Ochagavia;y el jefe de grupo en este área Nazario Campo Campuzano.

También han comparecido como investigados el director de Red Banca Comercial en la entidad Ignacio Pérez Caballero; el miembro hasta 2018 del Comité de Dirección Ricardo Gómez Barredo, su ex director de Finanzas, Javier Malagón Navas; y el que fuera jefe de Riesgos para España y Portugal y después responsable de BBVA Real Estate Antonio Béjar González, el único de todos los imputados junto a Francisco González que ha optado por responder al interrogatorio en lugar de acogerse a su derecho a no declarar.