El sobrecoste energético de la industria española cerrará 2026 en 8.900 millones de euros. La Alianza por la Competitividad de la Industria Española ha revisado al alza su estimación desde los 7.400 millones que manejaba en septiembre, un salto de 1.500 millones en apenas unas semanas.
El detonante no está en el mercado ibérico. La escalada del gas natural licuado por la crisis del Golfo Pérsico ha trasladado a la factura industrial un coste que ninguna cobertura a plazo absorbe del todo. Las actividades gasintensivas son las primeras en notarlo.
‘La situación se está agravando a una velocidad superior a la prevista’, resume el portavoz de la Alianza, Carlos Reinoso. En su cálculo, las empresas tendrán que digerir 1.500 millones adicionales ‘en muy poco tiempo, en un contexto de fuerte presión competitiva internacional.
El Índice de Grandes Consumidores de Gas (IGIG) que publica Enagás confirma el deterioro. En septiembre de 2026, el consumo industrial de gas cayó un 9,4% interanual, con un ritmo que se ha intensificado en los últimos meses. La estadística del gestor técnico del sistema permite seguir la serie mes a mes y compararla con los ejercicios previos a la crisis.
La comparación con el pasado desmonta cualquier lectura amable. Ese mismo mes, la demanda gasintensiva se situó un 31% por debajo de la media de 2018-2021; en el acumulado del año, la brecha llega ya al 27%. Y el descenso no se ha compensado con más electricidad ni con otras fuentes descarbonizadas.
Una caída del 31% en el consumo de gas que no se sustituye por electricidad no es electrificación: es actividad que desaparece.
El marco regulatorio tampoco ha llegado a tiempo. El Real Decreto-ley 25/2026, aprobado el 29 de septiembre como respuesta a la crisis de Oriente Medio, no incluyó ninguna de las medidas que la industria venía reclamando desde el verano.
Aprobar un decreto de crisis sin las medidas que pedía la industria equivale a dejar que el ajuste lo pague la producción.
Reinoso es explícito sobre la naturaleza de ese ajuste: ‘una parte significativa responde a destrucción de demanda y menor actividad industrial’. El peso del sector en la economía explica la alarma. Aporta el 11,7% del PIB, genera el 32,1% del valor añadido bruto y sostiene el 45,2% del empleo si se cuentan los efectos indirectos e inducidos, además del 90% de las exportaciones.
Seis palancas que la industria exige mover antes del 31 de diciembre
La lista de peticiones no es nueva. Lo relevante es el calendario: varias de las herramientas que hoy amortiguan la factura caducan el 31 de diciembre de 2026, y sobre esa fecha se apoyan buena parte de las demandas.
- Compensación de costes del gas para empresas gasintensivas, con un mecanismo similar al que se articuló tras la invasión de Ucrania.
- Prórroga del METSAF, el marco temporal de ayudas de Estado para la crisis de Oriente Próximo aprobado el 29 de abril y que expira el 31 de diciembre.
- Impuesto Especial Eléctrico al 0,5%, el mínimo que permite la normativa europea, con carácter estructural y sin vínculo a mecanismos automáticos.
- IVPEE al 0% desde el 1 de enero de 2027 en lugar del 1 de enero de 2028 que fija el RDL 18/2026.
- Compensación de los servicios de ajuste o su traslado a peajes, como ocurre en la mayoría de los países de la Unión Europea.
- Peajes electrointensivos: prorrogar la reducción del 80% más allá del 31 de diciembre y, a ser posible, convertirla en estructural.
Dos de esas palancas dependen de Bruselas y una tercera, del calendario tributario nacional. El marco temporal de ayudas se aprobó el 29 de abril y expira el 31 de diciembre; la Alianza reclama prorrogarlo y, sobre todo, reescribir su detalle para habilitar compensaciones directas al gas, el mecanismo que funcionó durante el conflicto ucraniano. En paralelo, el RDL 18/2026 fijó la rebaja del IVPEE al 0% para el 1 de enero de 2028. La petición es adelantarla un año completo.
El frente que más crece es el de los servicios de ajuste. El Observatorio del Coste de los Servicios de Operación sitúa la media del año en 22,46 euros por MWh, con 4.570 millones acumulados y una proyección cercana a los 5.400 millones hasta diciembre. Es una partida que rara vez aparece desglosada en la factura final y que en España se repercute al consumidor, mientras la mayoría de los países de la UE la traslada a peajes.
El resto se mueve en terreno presupuestario. La compensación por emisiones indirectas de CO2, regulada por el Real Decreto 309/2022, recibió 600 millones de euros en la última convocatoria, una dotación que no ha crecido al ritmo de los beneficiarios potenciales. La Alianza pide elevarla hasta la intensidad máxima que permite Bruselas y blindarla con carácter estructural, como ya ocurre en Alemania y Francia.
‘La industria española no puede afrontar en solitario un incremento de costes de esta magnitud mientras nuestros principales competidores europeos cuentan con mecanismos de apoyo más sólidos y permanentes’, advierte Reinoso. La advertencia tiene un destinatario doble: el Gobierno, que puede mover tributos y peajes, y la Comisión Europea, que decide si el paraguas de ayudas sigue abierto después del 31 de diciembre.
El riesgo de confundir el ajuste con eficiencia
España ya vivió esta película. Entre 2022 y 2023, la compensación a gasintensivos y la rebaja de tributos eléctricos amortiguaron el golpe de la invasión de Ucrania y permitieron sostener producción en sectores que, sin esa red, habrían cerrado líneas enteras. La diferencia es que entonces existía un marco europeo con vigencia y voluntad política de usarlo. Ahora ese marco expira y Bruselas no ha abierto la puerta a prorrogarlo.
Hay una contradicción difícil de sostener. La Unión Europea sitúa la competitividad industrial y la autonomía estratégica entre sus prioridades declaradas, mientras deja caer el instrumento que sostuvo ambas cosas durante la anterior crisis. El coste de no actuar no aparece en ningún presupuesto: aparece en forma de plantas que reducen turnos, proveedores que pierden carga de trabajo y capacidad que no vuelve cuando el precio se normaliza.
La lectura de los datos del IGIG admite dos interpretaciones, y solo una es benigna. La primera sostiene que la industria electrifica procesos y consume menos gas por eficiencia. La segunda, que el descenso del 27% en el acumulado del año es producción que se ha ido. La ausencia de un aumento equivalente en el consumo eléctrico inclina la balanza hacia la segunda.
El calendario de las próximas semanas despejará parte de la incertidumbre. La decisión sobre la prórroga del marco temporal de ayudas, la continuidad de la reducción del 80% en peajes y la publicación del siguiente IGIG determinarán si el cierre de 2026 refleja un pico coyuntural o un escalón permanente. Si la industria responde al cierre del ejercicio con otro descenso del consumo de gas sin contrapartida eléctrica, la pregunta dejará de ser cuánto cuesta la energía y pasará a ser cuánta capacidad industrial queda para pagarla.
