El Banco Popular de China ha confirmado la investigación sobre Solana en China y apunta directamente a los organizadores del evento de Shanghái. La cita del 16 de octubre en el hotel Shangri-La no se canceló por problemas logísticos: fue una actuación coordinada del banco central con la policía y las autoridades de mercado. Lo ha contado el propio regulador en su diario económico.
Financial News (Jinrong Shibao), el medio que edita el banco emisor, publicó la explicación oficial, y es doble. Primero, que SOL es una criptomoneda y que la red de Solana permite emitir y negociar activos como el USDT de Tether, una stablecoin —una moneda estable, es decir, un token diseñado para mantener paridad fija con el dólar—. Segundo, que promocionar esa clase de productos en territorio chino constituye actividad financiera ilegal.
A ese argumento se suman las carencias de identificación de clientes y de prevención de blanqueo de capitales que el informe atribuye al sector, y el riesgo especulativo que la autoridad vincula a esta categoría de activos. Y no actuó sola: la nota menciona a reguladores financieros locales, a la seguridad pública y a la supervisión de mercado.
Qué castiga Pekín: no la red, sino la promoción
La distinción no es menor. El banco central no ha abierto un expediente contra el protocolo ni contra los desarrolladores que escriben código; el foco está en quienes compraron publicidad y organizaron la promoción en su nombre. El relato oficial describe una campaña agresiva: la marca Solana apareció en los edificios más visibles de Shanghái y la fundación presumió de oficina en Pudong, con vistas al distrito financiero.
El dato que da dimensión al asunto es otro. Es la segunda interrupción de un evento de Solana en China continental, después de que la parada de Shenzhen, en octubre de 2025, se cortara con presencia policial. Entonces los organizadores también alegaron problemas de espacio.
China no ha prohibido la tecnología. Ha prohibido el marketing, y en un ecosistema que vive de eventos esa línea es más incómoda de lo que parece.
La versión de la Fundación Solana, frente a la del banco central
Aquella mañana del 16 de octubre, los inscritos recibieron un correo que hablaba de un aplazamiento por ‘consideraciones logísticas del recinto’. La presidenta de la Solana Foundation, Lily Liu, escribió en X que las inscripciones se habían cuadruplicado en una noche y superaban el aforo. No mencionó ninguna amenaza regulatoria.
Quienes ya estaban en el Shangri-La vieron otra cosa: agentes en el vestíbulo. Shanghái era la primera parada de Accelerate China, una gira de desarrolladores con Hangzhou, Shenzhen y Pekín en el calendario, y ahí está la parte que ahora queda en el aire. La red puede seguir produciendo bloques; el plan de expansión local, no. El calendario del ecosistema se consulta en la web oficial de Solana.
Por qué esta investigación trasciende el caso de Shanghái
Conviene poner el contexto. Pekín declaró el negocio cripto fuera de la ley hace años: en 2013 el banco central y cuatro departamentos avisaron de los riesgos del bitcoin, y un aviso de 2021 dejó claro que bitcoin, ether y las monedas estables no tienen estatus de curso legal. Pero el manual que se aplica hoy es más reciente. Data de febrero de 2026, cuando el Banco Popular de China y otras siete agencias reeditaron la prohibición y añadieron un bloqueo explícito a las monedas estables ancladas al yuan que no cuenten con autorización.
Ese texto contiene la cláusula que convierte este caso en algo más que un incidente puntual. Las empresas y personas chinas responden por ayudar de forma consciente a operadores extranjeros que prestan servicios cripto dentro del país, aunque el proyecto se ejecute fuera. Traducido a la práctica: quien organice un meetup, compre espacios publicitarios o ejerza de embajador de una red puede quedar expuesto. Ahí es donde la investigación a los socios de Solana deja de ser cosmética.
Puestos a señalar riesgos, el primero es la ambigüedad de la palabra promoción. Si la interpretación es amplia, foros de desarrolladores, patrocinios, o comunidades locales entran en el perímetro; si es estricta, solo alcanza a la publicidad pagada. El segundo es de arquitectura de negocio: buena parte del crecimiento de Solana en Asia se ha apoyado en equipos y embajadores locales que ahora podrían cerrar filas. Y el tercero es de calendario: las tres paradas restantes de la gira no tienen fechas públicas nuevas.
Para quien mantiene SOL desde España, el impacto es indirecto y conviene no confundirlo. Esto no es una prohibición de la red ni una decisión sobre su estatus legal en Europa; es una señal sobre cómo trata China la capa comercial del ecosistema. Un holder no pierde acceso a nada por lo de Shanghái. Lo que cambia es el coste de crecer en el mercado asiático con equipos locales.
No es la primera frontera regulatoria con la que choca Solana, pero el tono es distinto. La fundación habló de aforo; el banco central habla de ley. Si la investigación acaba en sanciones a personas concretas, el ecosistema tendrá su primer precedente de responsabilidad individual por promocionar una red pública en el país que más ha cerrado el paso al sector. Si queda en advertencia, el mensaje será el mismo, solo que más barato. Lo que hay que vigilar es una fecha: si Hangzhou, Shenzhen y Pekín recuperan su hueco en el calendario.
