El director de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), Ángel de la Fuente, se ha mostrado partidario de congelar las pensiones, salvo las mínimas, que ha abogado por actualizar según el IPC.

De la Fuente, en declaraciones a TVE , apostó por indexar las más bajas al IPC y para las demás buscar una fórmula de actualización diferente.

En este punto, admitió que hace falta gastar más en algunos servicios públicos, pero apuntó que es fundamental recortar el gasto en pensiones, que es la principal partido de gasto en España, y hay que «contenerlo» porque no puede seguir creciendo al ritmo actual.

En este sentido y preguntado por la conveniencia de congelar también el sueldo de los funcionarios, dijo que «tampoco» es necesario «cargar más de la cuenta sobre ellos» el coste de la crisis económica.

«Se trata de cargar de una manera justa entre toda la sociedad los costes de esta crisis, por eso insistimos mucho en la necesidad de un pacto entre todos para repartir estos costes y que no haya sensación de maltrato», reiteró.

DESPEDIR PESE A LOS ERTE

De la Fuente, que consideró que el Gobierno está tardando en tener una estrategia clara y que va «improvisando» sobre la marcha, también defendió la necesidad de que se permita a las empresas acogidas a un ERTE poder despedir, ya que muchas de ellas no serán capaces de recuperar a toda la plantilla y es mejor dejarles que ajusten empleo que obligarlas a cerrar y acabar en concurso de acreedores.

En materia fiscal, apostó por no elevar los impuestos hasta que se haya consolidado la recuperación y, después, sí se mostró partidario de una reforma fiscal con un «recargo transitorio» sobre el IRPF y ampliar las bases imponibles del resto de los impuestos, así como planes de contención y racionalización del gasto.

SUSPENDER LA REGLA DE GASTO, MEDIDA RAZONABLE

Por último, en cuanto a la suspensión de la regla de gasto para los ayuntamientos, anunciada ayer por el Ministerio de Hacienda, De la Fuente señaló que suspenderla temporalmente es una medida «razonable» para dar a las corporaciones locales más «flexibilidad» y permitirles que puedan gastar más en donde lo necesiten.

«Eso no quiere decir que todos los remanentes se gasten en 6 meses, sino que tienen un colchón del que pueden ir tirando para tener un poco más de margen de actuación», subrayó De la Fuente, quien rechazó eliminarla para siempre.

A su juicio, la regla de gasto tiene «mucho sentido», ya que se trata de crear un «colchón» para cuando sea necesario. Después, «cuando las cosas se ponen feas», indicó, se tienen que poder usar dichos ahorros y, con la ley actual, esto no era posible.

El director general de la Agencia Negociadora del Alquiler, José Ramón Zurdo, ha afirmado que la OCU ha perdido «claramente su neutralidad ante los consumidores y usuarios, al recomendar los seguros de protección de rentas como una mejor solución por encima de las agencias que garantizan el cobro de las rentas».

Zurdo ha alertado de que además la OCU ha animado a los propietarios a que gestionen ellos mismos sus alquileres, «lo que conllevaría un aumento de la morosidad y un incremento del 21% del precio de los alquileres en España».

«Resulta, cuando menos sospechoso, que la OCU se posicione claramente del lado de las compañías de seguros, cuando los seguros no son especialistas en alquileres, solo cubren riesgos, pero desconocen el precio de los alquileres y su gestión», ha advertido.

Estas declaraciones de la Agencia Negociadora del Alquiler se producen tras conocer la comparativa que la OCU ha realizado entre las agencias que garantizan el cobro del alquiler y el alquiler gestionado directamente por propietarios particulares contratando seguros de protección de rentas, advirtiendo de que estas agencias ofrecen hasta un 21% menos de renta.

Zurdo ha señalado que el desconocimiento de la OCU sobre estos temas es «preocupante», porque, en su opinión, «están aconsejando mal a los propietarios, animándoles a alquilar la vivienda por su cuenta, incrementando los precios del alquiler, lo que va claramente en contra de su rentabilidad».

Así, ha dejado claro que cuando los profesionales que se dedican a la gestión de los alquileres aconsejan a los propietarios que moderen el precio del alquiler se está «beneficiando a los propietarios que obtendrán una mayor rentabilidad del inmueble a un precio competitivo y de larga duración».

«Con nuestra gestión profesional, estamos aumentando la rentabilidad y las garantías para el propietario, la gestión integral del alquiler evita conflictos entre propietarios e inquilinos, beneficiamos a los inquilinos en el acceso a la vivienda y logramos una mayor estabilidad del mercado de alquiler», ha apostillado.

Por último, ha afirmado que le llama «poderosamente la atención» que la OCU se posicione claramente del lado de las compañías de seguros, «cuando está demostrado estadísticamente que una gran parte de los problemas de los alquileres se originan en una deficiente gestión y los seguros no gestionan los alquileres, por lo tanto al no intervenir, no pueden actuar para intentar solucionar los problemas de gestión».

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) ha dictaminado este martes que los proveedores de Internet no pueden dar preferencia a determinados servicios o aplicaciones, por ejemplo a través de una ‘tarifa cero’, mientras que somete a otros a medidas de bloqueo o ralentización.

La Justicia europea ha interpretado por primera vez el reglamento que consagra en la legislación europea el concepto de «neutralidad de Internet» y ha fallado que estas prácticas son contrarias a las exigencias de protección de los derechos de los usuarios y de trato no discriminatorio del tráfico que recoge dicha normativa.

El tribunal de Luxemburgo ha respondido así a las cuestiones planteadas por el Tribunal General de la Capital de Hungría sobre el caso de la compañía Telenor, proveedor de servicios de Internet al que las autoridades del país han instado a poner fin a una serie de prácticas que no respetaban la obligación general de trato equitativo y no discriminatorio.

En particular, Telenor ofrece dos paquetes de acceso preferente a Internet cuya particularidad consiste en que el tráfico de datos generado por determinados servicios y aplicaciones específicos no se descuenta del volumen de datos contratado por los clientes. Una vez consumido este volumen, los usuarios pueden continuar utilizando sin restricciones estas aplicaciones y servicios, mientras que el resto sufren medidas de bloqueo o ralentización del tráfico.

En su sentencia, el TUE estima que contratos como los que ofrece Telenor «pueden limitar el ejercicio de los derechos de los usuarios finales» que recoge el reglamento sobre medidas para el acceso abierto a Internet «en una parte significativa del mercado».

En este punto, los jueces explican que estos paquetes «pueden potenciar la utilización de las aplicaciones y los servicios privilegiados y reducir la utilización de las demás aplicaciones y de los demás servicios disponibles, atendiendo a las medidas con las que el proveedor de servicios de acceso a Internet en cuestión dificulta técnicamente esta utilización o incluso la imposibilita».

De esta forma, «cuanto mayor es el número de clientes que celebra dichos acuerdos, mayor es la posibilidad de que la incidencia acumulada de esos acuerdos provoque una limitación importante del ejercicio de los derechos de los usuarios finales, o incluso menoscabe aspectos esenciales de estos derechos».

Por otro lado, el tribunal de Luxemburgo dictamina que estos acuerdos incumplen la obligación general de trato equitativo y no discriminatorio del tráfico de la normativa porque las medidas de ralentización o bloqueo «no se basan en diferencias objetivas entre los requisitos técnicos en materia de calidad de servicio de determinadas categorías específicas de tráfico, sino en consideraciones de índole comercial».

Las empresas de trabajo temporal (ETT) facturaron 5.270 millones de euros en 2019, un 3% más que en 2018, y realizaron 4,2 millones de contratos de puesta a disposición, cifra un 2,4% superior a la del año anterior, pero inferior al crecimiento anual de casi el 7% que se registró en 2018, según el Observatorio Sectorial DBK de Informa, filial de CESCE.

Los contratos vinculados a circunstancias de la producción concentraron el 60,4% del total de contratos realizados a través de ETT, un 7,1% más que en 2018, mientras que el número de contratos de obra o servicio disminuyó un 3,9%.

En el informe se advierte de que, como consecuencia de la crisis del coronavirus, las menores necesidades de empleo en buena parte de las ramas de actividad anticipan «una notable caída» en la facturación de las ETT para el año 2020.

El número de ETT autorizadas ascendía a finales del pasado mes de abril a 256, seis menos respecto a diciembre de 2019 y 12 menos que a cierre de 2018.

El informe pone de manifiesto el «alto grado de concentración» de este sector, pues las cinco primeras empresas en términos de ingresos concentraron de forma conjunta el 52% del valor total del mercado en 2019, porcentaje que se eleva al 66% cuando se toman las diez primeras empresas.

Gobierno y agentes sociales seguirán negociando este martes la prórroga de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), cuya vigencia finaliza el próximo día 30, después de que el encuentro celebrado ayer finalizara sin acuerdo.

El Ejecutivo mostró ayer su disposición a prolongar los ERTE hasta finales de enero de 2021, una vez concluya la campaña de Navidad, aunque la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, abrió la puerta a prórrogas posteriores si las empresas lo necesitaban.

Hay varias medidas que, por ahora, separan a las partes y que vienen recogidas en el borrador entregado por Trabajo a los agentes sociales. La primera es la eliminación del llamado ‘contador a cero’, a la que se oponen los sindicatos. La otra tiene que ver con el mantenimiento del veto al despido, que no es del agrado de las organizaciones empresariales.

El ‘contador a cero’ implica que el tiempo de la prestación consumido por el trabajador durante el ERTE no compute a efectos de futuras prestaciones por desempleo. La ministra explicó ayer que esta medida supone reponer 180 días de prestación en caso de que un trabajador en ERTE sea despedido de la empresa.

Gobierno, sindicatos y patronaleur se emplazaron durante el encuentro de ayer a llevar propuestas de exoneraciones de cuotas en las próximas reuniones, que tendrán lugar a lo largo de toda esta semana.

El borrador enviado por el Gobierno a las partes la semana pasada planteaba prorrogar automáticamente los ERTE hasta el 31 de diciembre de este año y limitar los de fuerza mayor a empresas de una serie de actividades económicas especialmente afectadas y a negocios que dependan de estas, al tiempo que mantiene la prohibición de despedido objetivo por el Covid tras los ERTE hasta final de año.

En concreto, el borrador establece que permanecerá vigente, hasta el 31 de diciembre de 2020, el artículo 2 del real decreto-ley 9/2020, de 27 de marzo en el que el Ejecutivo fijó que la fuerza mayor y las causas económicas, técnicas, organizativas y de producción en las que se amparan las medidas de suspensión de contratos y reducción de jornada «no se podrán entender como justificativas de la extinción del contrato de trabajo ni del despido».

Como consecuencia, quedaron vetados los despidos objetivos con una indemnización de 20 días por año trabajo debidos al Covid-19, pasando a considerarse despidos improcedentes, cuya indemnización alcanza los 33 días por año, o nulos.

A su vez, el borrador de Trabajo también extiende hasta el 31 de diciembre la interrupción del cómputo de los contratos temporales, tanto de la duración de estos contratos, como de los periodos de referencia equivalentes al periodo suspendido, en cada una de estas modalidades contractuales afectadas por el Covid.

En paralelo, se amplía el derecho de adaptación y/o reducción de la jornada para el cuidado de menores, aparejado a reducción salarial, el conocido como ‘Plan Me Cuida’.

Trabajo propone ampliar los ERTE hasta el 31 de diciembre de este año y que se consideren empresas especialmente afectadas por la pandemia aquellas cuya actividad se recoja en la norma, pendientes de concretar, así como aquellas cuyo negocio dependa en su mayoría de empresas incluidas en los mismos o que formen parte de la cadena de valor de estas.

El Pleno del Congreso debate este martes una proposición no de ley registrada por Vox para exigir al Gobierno un nuevo Plan Nacional para la industria que incluya, entre otras medidas, una rebaja de impuestos, incentivos para aumentar la inversión en I+D+i, la promoción de la Formación Profesional y fomentar el consumo de productos nacionales.

En su iniciativa, registrada el pasado mes de julio y que ahora lleva al Pleno de la Cámara Baja, Vox llama a «detener el vigente proceso de desindustrialización», «mostrar una mayor capacidad de resistencia y adaptación para hacer frente a la actual y futura crisis económica y renovar el interés por la industria».

Esta formación argumenta que, a mayor peso industrial en el PIB de un país, la economía resistirá mejor ciclos económicos adversos y que, en el caso de España, la industria debe situarse en el centro de la agenda económica y política con el fin de rebajar la tasa de desempleo, a través de una «apuesta decidida por la transformación digital y la formación».

FP, REBAJAS FISCALES Y FOMENTO DEL FERROCARRIL

En el caso de la formación, desde Vox piden programas de mejora de la percepción de la formación profesional y reforzar la colaboración entre empresas y la universidad; y en digitalización abogan por ayudas a la inversión, incentivos fiscales y respetar los derechos de la propiedad intelectual.

También reclaman una reducción de la carga fiscal del sector «a todos los niveles administrativos», abordar una simplificación normativa, y fomentar el transporte de mercancías por ferrocarril, con medidas de homogeneización y deducción del coste logístico y del transporte.

ETIQUETADO ‘MADE IN SPAIN’ Y RELACIONES DIPLOMÁTICAS

Para mejorar el acceso a la financiación, piden facilitar la consolidación y el crecimiento de pymes, su colaboración en proyectos conjuntos, y medidas de financiación no bancaria y ayuda a su crecimiento. En producción, fomentar el consumo de productos industriales ‘Made in Spain’ y un nuevo sistema de etiquetado que, con campañas publicitarias, fomenten el consumo nacional.

Asimismo, proponen apoyar a las industrias exportadoras, fortaleciendo las relaciones comerciales tanto en la Unión Europea como en países y sectores con mayor potencial de crecimiento exportador (EE.UU., Japón o Canadá, citan) y desarrollar las acciones necesarias para fortalecer la posición internacional del país en apoyo y defensa de los intereses industriales nacionales, así como reforzar el control de productos de terceros países en frontera.