El Ejecutivo canario está elaborando una «intensa» agenda con vistas a la celebración en Madrid de la Cumbre del Clima de las Naciones Unidas (COP25) entre el 2 y el 13 de septiembre, con el objetivo de tener una presencia «activa» en esta cita internacional.

Durante una sesión plenaria, el consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial, José Antonio Valbuena, explicó que la intención del Gobierno de Canarias es que las islas tengan una presencia «activa» en la Cumbre, y que desarrollarán para ello una agenda que todavía no está cerrada y que incluirá reuniones con otras comunidades, entidades internacionales y empresas privadas.

«ES IMPORTANTE SEGUIR VENDIENDO LA IMAGEN DE CANARIAS COMO UN DESTINO TURÍSTICO SOSTENIBLE»

José Antonio Valbuena, consejero canario de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial

La delegación canaria también aprovechará su presencia en la COP25 para defender que las islas puedan albergar un centro de excelencia de la ONU para el cambio climático en territorios archipiélagos. Igualmente, se mostrará lo que se está haciendo en Canarias en materia de sostenibilidad.

CANARIAS TEME EL IMPACTO DE LA «VERGÜENZA A VOLAR»

Para lograrlo, José Antonio Valbuena dijo que está en contacto con distintas consejerías, como la de Turismo, porque «es importante seguir vendiendo la imagen de Canarias como un destino turístico sostenible y seguir desmontando las mentiras que giran en torno a la vergüenza a volar«, o la de Economía y Empleo, que tiene proyectos importantes en África en materia de lucha contra el cambio climático.

Según Valbuena, la Cumbre del Clima también servirá para mostrar la innovación en materia de sostenibilidad del sector empresarial canario, las investigaciones que se están llevando a cabo por parte de las universidades canarias o dar a conocer el Festival de Cine Medioambiental de Canarias (FICMEC) que se celebra en Garachico. Además, la Casa Canarias en Madrid acogerá actividades todas las tardes, durante la duración de la Cumbre.

El director general de Ordenación y Promoción Turística del Gobierno de Canarias, Ciprián Rivas, también se ha pronunciado este miércoles respecto a la fuerte implicación de Canarias con el turismo sostenible.

En la inauguración del Congreso Nacional de Turismo Activo en Las Palmas, Rivas ha incidido en la importancia de avanzar hacia un modelo turístico que dependa menos de los turoperadores y de los intermediarios tradicionales, para fomentar en su lugar una industria «sostenible, fomentando una oferta que mejore la rentabilidad y ponga las medidas de protección del territorio y de la sostenibilidad«, como recoge el diario 20Minutos. Para conseguir esto, según expone, es necesaria una «mejor preparación tecnológica».

COP25, EVENTO DE GRAN IMPORTANCIA PARA ESPAÑA

Este importante evento ha adquirido aún mayor relevancia para nuestro país, ya que, si bien estaba planeado que la edición número 25 del COP se celebrara en Chile, la inestabilidad social acontecida durante las últimas semanas en el país latinoamericano a raíz de conflictos políticos ha terminado por trasladar el evento al Ifema de Madrid, a petición propia del gobierno chileno. El Gobierno central espera que este evento produzca unos beneficios de 100 millones de euros en el país.

Entre 20.000 y 25.000 personas procedentes de unos 200 países acudirán a Madrid con motivo de esta cita, y se calcula que el gasto medio por persona sea de entre 250 y 500 euros diarios. El sector hotelero y restaurador de la capital esperan obtener grandes ganancias en los días que dura la Cumbre, y empresas como Renfe empiezan a anunciar su colaboración con la causa, que en el caso de la ferroviaria, consistirá en ofrecer rebajas en billetes de AVE y media distancia.

Las principales organizaciones empresariales españolas insisten en la necesidad de «explorar» opciones de Gobierno que garanticen la estabilidad política y la moderación, pese a la diversidad de fuerzas que ha dejado la fragmentación política derivada de las urnas. Así lo han demandado la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme) que han abordado el preacuerdo de gobierno entre el PSOE y Unidas Podemos, durante la reunión de la Junta Directiva de la CEOE. Allí el presidente de la patronal, Antonio Garamendi, sin entrar «en siglas», ha dejado claro que «fórmulas ideológicas, que no prácticas, pueden no ser las más adecuadas para la economía y las empresas».

«No hay muchos datos, la realidad es que todavía no hay un Gobierno y que quedan por definir los apoyos que va a recibir», ha señalado el líder de la CEOE.

Estamos expectantes, porque España tiene que dar confianza y hay que ver si llega o no a buen puerto ese gobierno (entre PSOE y Podemos). La inestabilidad provoca inquietud y si se aplican fórmulas que no están de acuerdo con el rigor presupuestario y la ortodoxia económica, nos preocuparán», ha señalado Garamendi.

El líder de la CEOE ha afirmado que los españoles están recortando el consumo porque hay «incertidumbre» y están esperando a ver lo que sucede. Garamendi ha reiterado además que los empresarios quieren un Gobierno que camine por la senda de la Constitución y de la ley, al tiempo que ha emplazado a los partidos políticos a trabajar en grandes pactos de Estado en materias como pensiones o inmigración.

«Reiterando la voluntad de colaboración de CEOE y Cepyme con aquel Gobierno que se acabe conformando, los empresarios españoles vuelven a incidir, como hicieron tras las elecciones generales del mes de abril, en la necesidad de explorar opciones de Gobierno que garanticen la estabilidad política y la moderación, tan necesarias para la confianza-país, y que permitan consolidar la recuperación económica y la creación de oportunidades», subraya el comunicado difundido tras la reunión de la Junta.

CUMPLIMIENTO DEL MARCO CONSTITUCIONAL

En el contexto que ofrece el marco constitucional, las CEOE y Cepyme piden a los partidos políticos que las negociaciones para la formación de un nuevo Gobierno se aborden «con sentido de Estado y anteponiendo el respeto y el cumplimiento del marco constitucional a los intereses particulares».

«España suma ya más de 40 años de progreso ininterrumpido, de crecimiento y avance en el respeto de los derechos y libertades fundamentales de sus ciudadanos, así como de paz social. Es un capital logrado con el esfuerzo y la unión de las empresas, los trabajadores y las instituciones españolas, sin distinción, que debemos preservar entre todos», reza el comunicado.

Asimismo, las organizaciones empresariales reclaman «responsabilidad» a todos los partidos políticos para abordar los retos y desafíos que España tiene por delante en un escenario de desaceleración económica.

En este sentido, advierten de que el punto débil principal de la economía española es el «elevado» endeudamiento público, por lo que consideran que el «rigor presupuestario» debe ser un «principio inaplazable» de las políticas públicas.

Asimismo, defienden que la política fiscal debe ayudar a la competitividad de las empresas, a su internacionalización e innovación y, principalmente, a favorecer la creación de empleo.

«En este empeño, se hace imprescindible, dentro de la diversidad de fuerzas, contar con un Gobierno estable y moderado, que propicie pactos de Estado sobre reformas inaplazables para garantizar a futuro un crecimiento económico sostenible generador de más y mejores empleos», insisten.

Al mismo tiempo, los empresarios destacan la necesidad de utilizar el diálogo social como canalizador de los intereses de las empresas y de los trabajadores y de contar con su participación en el proceso legislativo y de reformas que el próximo Gobierno ponga en marcha.

«El diálogo social es clave, con el Gobierno y especialmente con los sindicatos, porque los grandes pactos son más beneficiosos para la sociedad«, ha apuntado el presidente de la CEOE al respecto.

Bruselas ha advertido a España de que puede incumplir los objetivos de reducción de déficit y deuda en 2020. El borrador de presupuesto enviado por el Gobierno español a la Comisión Europea a mediados de octubre «corre el riesgo de incumplir» los compromisos de reducción de déficit y de deuda públicos, según consta en el informe emitido este miércoles por la institución comunitaria. En este sentido, Bruselas solicita a España un presupuesto «actualizado» con ajustes por valor de 9.600 millones de euros.

Bruselas ha publicado su opinión sobre el plan presupuestario enviado por el Gobierno en funciones de Pedro Sánchez, que prorroga las cuentas de este año a 2020. El Ejecutivo comunitario piensa que este borrador «puede resultar en un desvío significativo» con respecto a la senda de consolidación fiscal pactada con la UE.

También reprende a España por el «insuficiente» ritmo de reducción de deuda pública. En particular, acusa al país de no tener en cuenta «lo suficiente» el «alto nivel histórico» de este indicador y de no «aprovechar» los menores costes por intereses de la deuda para reducirla.

Así, el documento europeo calcula que la deuda pública española se situará al cierre de 2020 en un 96,6%, un porcentaje superior al 94,6% que estima el Gobierno en su plan presupuestario prorrogado.

Por eso, pide al futuro Ejecutivo español que remita un presupuesto «actualizado» con «medidas adicionales» para «corregir» este riesgo de incumplimiento tan pronto como se haya formado un nuevo Gobierno tras las elecciones del pasado 10 de noviembre.

AJUSTE DE 9.600 M€ EN EL PRESUPUESTO

Bruselas estima que el desfase entre ingresos y gastos públicos cerrará este año en un 2,3% del PIB y en un 2,2% en 2020, frente a los cálculos del Gobierno que prevén un desvío del 2% y del 1,7%, respectivamente.

Pero, una vez abandonado el brazo correctivo, las autoridades comunitarias ponen el foco en el saldo estructural, que no tiene en cuenta el ciclo económico. En este caso, la Comisión no se cree la mejora del 0,1% del déficit estructural que calcula el Gobierno, y de hecho, los servicios económicos del Ejecutivo comunitario señalan que se deteriorará algo más de una décima.

La senda pactada con la UE exige a España un esfuerzo estructural equivalente al 0,65% del PIB en 2020, por lo que la brecha actual, con el presupuesto prorrogado, asciende al 0,8%. Esto significa que el futuro Gobierno tendrá que adoptar ajustes por valor de 9.600 millones de euros, ya sea subiendo los ingresos o recortando los gastos, para cumplir con las normas fiscales.

Sin embargo, el Pacto de Estabilidad y Crecimiento da a los países del euro la posibilidad de recurrir a cierta flexibilidad, lo que supone que el ajuste final podría ser menor y, aun así, estar dentro de los parámetros que permiten las reglas.

España no es el único país que se encuentra en la situación de riesgo de incumplimiento, puesto que la Comisión Europea ha adoptado opiniones similares para Bélgica, Francia, Italia, Portugal, Eslovenia, Eslovaquia y Finlandia. El informe de las autoridades europeas, sin embargo, sube el tono en el caso de España y los otros tres primeros países, que tampoco cumplen con los objetivos de reducción de deuda pública.

Por contra, Bruselas ha aprobado los planes presupuestarios de Alemania, Irlanda, Grecia, Chipre, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos y Austria, mientras que cree que los de Estonia y Letonia cumplen «en términos generales» con el Pacto de Estabilidad y Crecimiento.

En los próximos años uno de los grandes retos sociales y, claro está, empresariales, será casar de manera eficiente y sostenible el aumento en el consumo de energía con el menor impacto posible al medio ambiente. Para ello, el gas natural será el aliado principal en todo el proceso de transición energética.

Ante este escenario, uno de los actores que tendrá un papel principal, es Redexis, compañía que ha presentado por primera vez su informe integrado sobre sostenibilidad. Y es que, en un contexto de transparencia, es importante que las empresas energéticas expliquen de manera detalla cómo impacta su actividad, qué pueden aportar al futuro desarrollo de la economía y, lógicamente, como lo harán.

Por ello, Redexis parte de la premisa de que «te gustará el futuro». Así, el ‘Informe de Sostenibilidad 2018‘ tiene como objetivo publicar la información más relevante en materia no financiera del ejercicio 2018, y de forma complementaria a la información recogida en el Informe Anual de la compañía.

A través del informe de sostenibilidad, la energética repasa la actividad y los resultados de la compañía, aportando una visión del modelo de negocio, de su gestión medioambiental y social y del enfoque estratégico. Todo surge de la voluntad de comunicar, de forma comprensible y accesible para todos los públicos, cómo Redexis crea valor de forma coherente con el entorno a través de la actividad que desarrolla.

En este contexto, el mejor ejemplo del éxito de esta estrategia es el liderazgo de Redexis entre empresas del sector de infraestructuras en el Ranking 2019 de GRESB, índice mundial de sostenibilidad, obteniendo además la calificación de 5 estrellas, la máxima otorgada por dicha entidad.

Además, recientemente Redexis también ha transformado su línea de crédito revolving sindicada de 300 millones de euros en una financiación sostenible, reforzando su compromiso con el medio ambiente, la responsabilidad social y el buen gobierno corporativo.

LA ACTIVIDAD, LA CLAVE

Sobre la actividad de Redexis, y en concreto poniendo el foco en el gas natural como elemento clave en la transición energética, cabe señalar según reseña el informe que España dispone de una importante infraestructura gasista, moderna y flexible, que garantiza la seguridad de suministro.

Así, desde una perspectiva económica, el sector del gas natural representa una actividad económica de gran relevancia en el conjunto de la economía nacional, como demuestran los más de 9.500 millones de euros invertidos en los últimos 10 años por las empresas del sector gasista, según datos de Sedigas. Además, desde un punto de vista social, el sector representa un 0,5% del PIB nacional al emplear de forma directa e indirecta a 150.000 personas, según Sedigas. Es una energía de gran aceptación, como demuestra el crecimiento de consumidores.

En materia medioambiental, tal y como recoge el informe de Redexis, esta energía es la solución actual idónea para desplazar otras fuentes más contaminantes, siendo por tanto un elemento fundamental para lograr una economía baja en emisiones. El gas natural contribuye sustancialmente a la mejora de la calidad del aire, tanto en emisiones de NOx y SO2 como en emisión de partículas.

Por ello, la compañía asegura que impulsa el potencial de las redes gasistas, como aliado principal del proceso de transición energético, y con un papel fundamental en la consecución de los objetivos marcados en el Acuerdo de París. No hay que olvidar que los gases renovables, como el hidrógeno y el biometano, serán claves en un contexto futuro de cero emisiones y que las infraestructuras de gas son compatibles con estos nuevos vectores.

Al margen de la importancia sobre cómo impacta el negocio en la sociedad, Redexis también quiere expresar en su informe su contribución directa en la sociedad. En este sentido, en la compañía actúan más allá del cumplimiento de la legislación vigente aplicable e impulsa la mejora continua en las condiciones de trabajo y en la gestión de la seguridad, la salud y el bienestar.

La Comisión Europea ha destacado que el Gobierno Español «corre el riesgo de incumplir» los compromisos de reducción de déficit y de deuda públicos». Así lo recoge el informe emitido este miércoles por la institución comunitaria, que ha analizado el borrador presupuestario enviado por España a mediados de octubre.

Bruselas ha publicado su opinión sobre el plan presupuestario enviado por el Gobierno en funciones de Pedro Sánchez, que prorroga las cuentas de este año a 2020. El Ejecutivo comunitario piensa que este borrador «puede resultar en un desvío significativo» con respecto a la senda de consolidación fiscal pactada con la UE.

También reprende a España por el «insuficiente» ritmo de reducción de deuda pública. En particular, acusa al país de no tener en cuenta «lo suficiente» el «alto nivel histórico» de este indicador y de no «aprovechar» los menores costes por intereses de la deuda para reducir el desfase entre ingresos y gastos públicos.

Por eso, pide al futuro Ejecutivo español que remita un plan presupuestario «actualizado» con «medidas adicionales» para «corregir» este riesgo de incumplimiento tan pronto como se haya formado un nuevo Gobierno tras las elecciones del pasado 10 de noviembre.

NO SOLO ESPAÑA: OTROS PAÍSES EN EL PUNTO DE MIRA

España no es el único país que se encuentra en esta situación, puesto que la Comisión Europea ha adoptado opiniones similares para Bélgica, Francia, Italia, Portugal, Eslovenia, Eslovaquia y Finlandia. El informe de las autoridades europeas, sin embargo, sube el tono en el caso de España y los otros tres primeros países, que tampoco cumplen con los objetivos de reducción de deuda pública.

Por contra, Bruselas ha aprobado los planes presupuestarios de Alemania, Irlanda, Grecia, Chipre, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos y Austria, mientras que cree que los de Estonia y Letonia cumplen «en términos generales» con el Pacto de Estabilidad y Crecimiento.