Markus Braun, el ex consejero delegado de la fintech alemana Wirecard, declarada en bancarrota el pasado mes de junio, ha sido nuevamente detenido este miércoles, tras haber sido puesto en libertad bajo fianza el pasado 23 de junio, al ver ampliados los cargos que se le imputan, según ha informado la Fiscalía de Múnich, que también ha procedido al arresto de otros dos antiguos ejecutivos de la compañía.

Un cuarto exejecutivo, el responsable de la filial de la firma financiera en Dubai, Cardsystems MiddleEast, también había sido detenido a principios de julio.

La Fiscalía no ha precisado la identidad de los dos nuevos detenidos, limitándose a informar de que uno de ellos fue el director financiero de Wirecard hasta el final de 2017, mientras que el otro detenido fue el antiguo responsable de la contabilidad de la firma.

«Los tres sospechosos ya han sido llevados ante el juez, quien ordenó el mantenimiento de la detención a petición del fiscal», informó la Fiscalía bávara.

Las autoridades judiciales han ampliado los cargos contra Braun, al que el mes pasado acusaban de presuntamente haber inflado el balance de la compañía y presentado información falsa, después de que un testigo y las averiguaciones realizadas hayan permitido sospechar que los acusados sabían al menos desde 2015 que Wirecard perdía dinero con sus actividades.

«Según la revisión legal actual, los detenidos están acusados de conspiración para llevar a cabo un fraude comercial, presentación de información falsa y manipulación del mercado en varios casos y en diversos grados», explicaron las autoridades.

Wirecard se declaró en suspensión de pagos el pasado 25 de junio tras desvelarse un agujero contable de 1.900 millones de euros.

Alcoa ha insistido este miércoles en su postura de parar las cubas de la planta de aluminio de San Cibrao, con el fin de que haya posibilidades para una venta de la factoría. En cambio, el comité de empresa avisa de que esa opción supondría «la muerte» de la fábrica, por lo que llama a Xunta y Gobierno a «paralizar» el ERE, cuyo periodo de negociación finaliza este viernes.

Este miércoles, representantes de la dirección de empresa y de los trabajadores han tenido una nueva reunión del periodo formal de consultas del despido colectivo en un restaurante en Lugo, en donde los empleados han recibido el apoyo del diputado de Podemos Rafa Mayoral.

Tras el encuentro, Alcoa ha dicho «no estar cerrada a una venta», pero incide en que «se hibernen las cubas de electrolisis para parar las pérdidas de la planta». Una postura ya avanzada por carta hace unos días por el presidente de la compañía en España, Álvaro Dorado. La multinacional aduce que las pérdidas ascienden a más de un millón de euros a la semana, por lo que las cubas «tienen que parar cuanto antes».

La compañía sostiene que el proceso de venta «requiere un tiempo para su ejecución y su éxito es incierto». «Por ello, antes de iniciar cualquier proceso de venta, es necesario parar de manera ordenada las cubas, porque urge frenar estas pérdidas», reitera. Respecto al proyecto industrial del Gobierno, afirma no tener «ninguna concreción.

«ALCOA NO QUIERE EXPLORAR NINGUNA VÍA»

En declaraciones a los medios tras la reunión, el presidente del comité de empresa, José Antonio Zan, ha señalado que los trabajadores han expuesto alternativas, pero «Alcoa no quiere entrar a trabajar ni explorar ninguna de ellas», solo «hablar de la parada de las cubas», una medida que «es totalmente errónea» y «tiene un coste superior a buscar una solución».

«La solución no se busca poniendo más que pegas o diciendo que solo quieren hablar del paro de las cubas, que al final es la muerte de la planta de aluminio», deja claro.

Y es que Zan urge a Gobierno y Xunta a que «se pongan a desarrollar mecanismos» para evitar el despido de 534 empleados que se hará efectivos esta semana. Emplaza a «salvar» la fábrica con una venta o una intervención total o parcial.

Entre esos mecanismos recuerda que la ministra de Industria, Reyes Maroto, ya se refirió a que Alcoa tendrá que devolver 38 millones en ayudas por CO2 si cierra, de manera que cree que por ahí se puede forzar una venta.

«Ante esta situación que está poniendo Alcoa encima de la mesa, solo queda que las dos administraciones hagan sus trabajo y paralicen este ERE, que no tiene sentido», clama el presidente del comité de empresa.

Lamenta que «Alcoa solo pone una alternativa que es el cierre», pero «no puede ser que una multinacional tenga de rodillas a dos gobiernos».

EL ALCALDE DE CERVO RECLAMA QUE EL GOBIERNO «HAGA ALGO»

Por su parte, el alcalde de Cervo (Lugo), el popular Alfonso Villares, ha apelado al Gobierno central a que «haga algo»: «O que apruebe el estatuto o que intervenga».

El regidor advierte de que son momentos «agónicos» para la comarca de A Mariña ante la amenaza de cierre, mientras el tiempo para revertir la situación «se agota».

La compañía tecnológica Slack, dueña de la aplicación de comunicación enfocada a entornos laborales, ha decidido denunciar a Microsoft ante la Comisión Europea por lo que considera que es un abuso de su posición dominante en el sector del ‘software’, según ha asegurado este miércoles en un comunicado.

La compañía dirigida por Satya Nadella compite contra Slack a través de su aplicación ‘Teams’, que tiene un funcionamiento similar y se lanzó posteriormente al mercado. Slack argumenta que Microsoft ha ganado cuota de mercado al «vincular ilegalmente» a ‘Teams’ a Office, que cuenta con una posición dominante en el segmento de paquetes de herramientas ofimáticas. De esta forma, argumenta Slack, Microsoft ha obligado a instalar ‘Teams’ a millones de personas, ha impedido su eliminación de los equipos informáticos y ha ocultado el «verdadero coste» a clientes corporativos.

Confiamos en que ganamos por el mérito de nuestro producto, pero no podemos ignorar el comportamiento ilegal que priva a los clientes del acceso a las herramientas y soluciones que desean», ha asegurado el vicepresidente de comunicación y política de Slack, Jonathan Prince.

«Slack simplemente quiere una competencia justa y en igualdad de condiciones. La competencia sana produce innovación y crea los mejores productos y la mayor cantidad de opciones a disposición de los clientes», ha agregado el director jurídico de la firma, David Schellhase.

«Slack solicita a la Comisión Europea que actúe para asegurarse de que Microsoft no puede seguir aprovechándose ilegalmente de su poder en un mercado para crecer en otro al empaquetar o juntar productos», ha agregado Schellhase.

No es la primera vez que un nuevo actor en el mercado plantea una demanda contra una gran tecnológica ante los servicios de Competencia de la Comisión Europea. El año pasado, Spotify planteó una demanda similar contra Apple por las comisiones que cobra en su tienda virtual de aplicaciones y por las restricciones técnicas que impone a otros desarrolladores.

Los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) consideran «inevitable» que el Gobierno plantee una reforma fiscal integral y analice la eficiencia del gasto público, sobre todo tras la aprobación de los fondos europeos que permitirán la llegada a España de más de 72.000 millones de euros.

En un comunicado, Gestha lamenta que, hasta la fecha, no haya existido una evaluación oficial de los beneficios fiscales y que «ni siquiera el Ministerio de Hacienda haya calculado el coste real de los beneficios presupuestados», tanto para el Estado como para las comunidades autónomas y entidades locales.

De hecho, un estudio presentado este miércoles por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) calcula que solo 13 beneficios fiscales cuestan 35.000 millones de euros al año, lo que contrasta con los 34.825 millones calculados para todos los beneficios fiscales en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2018 prorrogados ya dos veces.

Por otra parte, los técnicos de Hacienda defienden que ya habían alertado con anterioridad sobre la regresividad de las reducciones en el IRPF de las aportaciones a planes de pensiones, unos beneficios fiscales que la AIReF ha propuesto reformular por no cumplir con su objetivo.

En este sentido, Gestha propone que se debata la sustitución de la reducción de la base imponible de las aportaciones a planes de pensiones y otros sistemas de previsión social por un sistema de reducción al tipo más bajo de la escala o, alternativamente, que el beneficio fiscal opere como una deducción en la cuota del IRPF.

Por último, los técnicos indican que el 72% de las sicav, casi 2.000, son sospechosas «de no ser auténticas Instituciones de inversión colectiva (IIC) al estar controladas por uno o varios accionistas». En concreto, estima en casi 8.900 las personas con grandes fortunas que invierten en estas sociedades sospechosas de no ser auténticas IIC.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este miércoles la orden del Ministerio de Hacienda que determina el reparto del primer tramo de 6.000 millones del Fondo Covid-19, y la Comunidad de Madrid recibirá más de 1.400 millones, lo que supone un 24,92% del total de este primer tramo, mientras que Cataluña será dotada con más de 1.200 millones, lo que supone un 20,77% del total del primer tramo.

Así, ambas Comunidades abarcan casi el 45% del total del reparto del primer tramo de este Fondo que fue convalidado la semana pasada por el Congreso, a pesar de las continuas quejas por su reparto que también se hicieron extensibles desde las autonomías.

De este modo, el reparto del primer tramo queda de la siguiente manera: Madrid recibe en total 1.495.746.470 euros; Cataluña, 1.246.525.830 euros; Andalucía, 597.610.280 euros; Comunidad Valenciana, 449.632.010 euros; Castilla y León, 349.156.420 euros; País Vasco, 328.630.880 euros; Castilla-La Mancha; 319.263.560 euros; Galicia, 268.111.320 euros; Canarias, 158.979.470 euros; Aragón, 146.580.330 euros; Asturias, 106.103.810 euros; Baleares, 104.536.520 euros; Murcia, 98.164.460 euros; Extremadura, 96.000.050 euros; Navarra, 88.728.360 euros; Cantabria, 64.712.950 euros; La Rioja, 57.517.280 euros. Melilla y Ceuta recibirán cada una 12 millones.

El Fondo denominado ‘COVID-19’ repartirá en total 16.000 millones de euros entre todas las autonomías y está formado por cuatro tramos que tienen en cuenta las necesidades de financiación en materia de sanidad, educación y de merma de ingresos. El tramo aprobado este miércoles es el primero de los dos que se distribuirán entre los territorios siguiendo criterios representativos del gasto sanitario.

Este primer tramo del fondo de 6.000 millones tiene en cuenta el impacto del virus en las comunidades, de manera que en la distribución computa los ingresos UCI (30%); los pacientes hospitalizados (25%); las PCR totales realizadas (10%), así como la población protegida equivalente (35%). Las variables sanitarias son las registradas hasta el 30 de abril.

El segundo tramo del fondo alcanzará los 3.000 millones y se abonará en noviembre. Los criterios de reparto se basarán en los ingresos UCI (25%); los pacientes hospitalizados (20%); las pruebas PCR totales realizadas (10%); y en la población protegida equivalente (45%). Las variables sanitarias serán las notificadas a 31 de octubre, lo que permitirá evaluar el impacto de la pandemia en los próximos meses para hacer el reparto en función de su impacto.

El tercer tramo está asociado a la educación con 2.000 millones de euros, que se transferirá en septiembre, mes en el que comienza el curso escolar. Estos recursos se repartirán conforme a la población de 0 a 16 años (80%) y a la población de 17 a 24 años (20%).

El cuarto tramo del fondo está dotado con 5.000 millones de euros y se repartirá en diciembre a las CCAA de régimen común para compensar los menores ingresos por la reducción de la actividad económica. De este tramo se reservan 800 millones que se distribuirán de acuerdo a criterios asociados al impacto presupuestario en el ámbito del transporte público.

La industria de la automoción española, que incluye a los fabricantes de automóviles, motocicletas y componentes, recuperó en mayo su superávit comercial (diferencia entre exportaciones e importaciones), después de dos meses de déficit debido a la crisis del coronavirus, tras registrar un dato positivo de 585,9 millones de euros, un 20,2% más que en el mismo mes de 2019.

Así, según datos del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo recogidos por Europa Press, en mayo el sector contabilizó una balanza comercial positiva ya que vendió al exterior productos por un valor de 1.747,1 millones de euros, un 58,6% menos, mientras que importó vehículos y piezas por un coste de 1.161,2 millones, un 68,9% menos.

De esta manera, España exportó automóviles y motos que costaban 1.345,6 millones de euros, un 55,5% menos que en mayo de 2019, mientras que envió al exterior 401,5 millones en componentes, un 66,5% menos. Sin embargo, las importaciones de coches y motos bajaron un 74,4%, hasta 481,4 millones, y las de componentes un 63,3%, con 676,7 millones.

Por todo ello, los fabricantes de automóviles y motos registraron un superávit comercial en mayo de 864,2 millones, un 24,3% menos que el año pasado, mientras que las empresas auxiliares tuvieron un comportamiento un 57,5% mejor que el año pasado, a pesar de quedarse con un déficit de 278,2 millones de euros.

DE ENERO A MAYO

Gracias a este avance en mayo, en los cinco primeros meses del año el balance comercial del sector del automóvil volvió a su senda positiva, con 1.360,1 millones, un 3,8% más que en el mismo periodo de 2019.

Las exportaciones de automóviles y motos bajaron un 31,9% hasta mayo, con 9.147,9 millones, mientras que sus importaciones disminuyeron un 42,1%, con 5.296,9 millones. Por ello, la balanza comercial de esta categoría bajó un 9,9%, con 3.851 millones en positivo.

Por su parte, los fabricantes de componentes vendieron al exterior 3.581,7 millones de euros, un 39,5% menos, e importaron 6.072,7 millones, un 31,6% menos, por lo que cerraron los cinco primeros meses del año con un déficit de 2.490,9 millones, un 15,9% más.

IDP, la empresa de servicios de ingeniería basados en BIM, ha dado entrada en su accionariado con una participación mayoritaria a Nazca Capital, firma de capital privado enfocada a invertir en pequeñas y medianas (pymes) empresas españolas no cotizadas, que ayudará a la compañía a acelerar su plan de crecimiento.

En un comunicado, IDP señala que sus accionistas se apoyarán en la experiencia que tiene Nazca en proyectos de crecimiento orgánico e inorgánico para «aprovechar las importantes oportunidades existentes en el sector y potenciar el desarrollo de sus servicios digitales».

Fundada hace más de 20 años, con oficinas en España y Latinoamérica y unas ventas de 11 millones de euros en 2019, IDP está especializada en la prestación de servicios de ingeniería mediante la tecnología y metodología BIM y cuenta con una «amplia experiencia nacional e internacional» en el sector industrial, logístico, edificación no residencial, comercio minorista, medioambiente e infraestructuras.

En esta nueva etapa, la empresa prevé llevar a cabo un «ambicioso plan de crecimiento orgánico e inorgánico aprovechando su posicionamiento como líder en el nicho del BIM, su portfolio innovador de servicios y la tendencia creciente de adopción de herramientas digitales en los sectores a los que se dirige».

«Con la entrada de Nazca en el accionariado le damos un fuerte impulso al plan estratégico de crecimiento, de la mano de un fondo que nos va a aportar experiencia contrastada y de éxito, visión estratégica, operativa y financiera, y mejoras en la organización, procesos y operaciones que soporten el crecimiento», ha remarcado Enric Blasco, actual accionista y director general de IDP.

Por su parte, el consejero delegado de Nazca Capital, Carlos Carbó, ha destacado que IDP es una compañía «innovadora y pionera» en la aplicación del BIM al sector de la ingeniería y el desarrollo de servicios de digitalización, «los cuales son nichos de mercado de alto crecimiento».

Se trata de la segunda inversión del Fondo Nazca V y estamos muy ilusionados de habernos asociado con un equipo directivo y humano de primer nivel con el que abordaremos un ambicioso plan de crecimiento aportando nuestra experiencia de 20 años invirtiendo en pymes en España», ha resaltado

PWC y Pérez Llorca han asesorado a Nazca en esta operación y Socios Financieros y Argali a los vendedores.

El indicador de estrés de los mercados financieros en España, que prolongó la tendencia alcista iniciada en marzo, finalizó el trimestre con un leve descenso, aunque su nivel (0,56) sigue correspondiendo a un régimen de estrés alto, según consta en el último boletín de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El estrés de los mercados experimentó un fuerte repunte el pasado mes de marzo como consecuencia de la crisis ocasionada por las medidas de contención del coronavirus, pasando de un nivel bajo deestrés (por debajo de 0,27) a un nivel alto (superior a 0,49).

Posteriormente continuó incrementándose, aunque a un ritmo menor, durante el mes de abril. Así, a finales de ese mes se situaba por encima de 0,6, con lo que alcanzaba su tercer máximo histórico después del registrado en la crisis financiera de 2008 (0,88) y en la de la deuda soberana de 2012 (0,70).

La CNMV explica que estos valores elevados que se mantuvieron en el mes de mayo fueron consecuencia tanto de los altos niveles de estrés de los indicadores individuales, como del aumento de la correlación en el sistema en su conjunto.

A partir de mediados de junio, se pudo observar una leve tendencia a la baja de los diferentes segmentos individuales, excepto en el de los intermediarios financieros, que sigue castigado por los bajos niveles de sus cotizaciones y la volatilidad de estas.

El supervisor de los mercados explica que este comportamiento del indicador del estrés se debe, en parte, al mayor peso en el índice español de empresas de algunos sectores que se ven especialmente afectados por la situación actual.

Así, el Ibex 35 presentó un avance del 6,6% en el segundo trimestre que, aunque unido a la caída del 28,9% que se produjo en los tres primeros meses del ejercicio, resultó en unas pérdidas en el semestre superiores al 24%.

De hecho, el resto de los índices europeos se revalorizaron en el segundo trimestre a tasas que fueron como mínimo el doble de la tasa española (o el triple en el caso del índice alemán).

BANCA Y CONSUMO, LOS MÁS AFECTADOS

Los sectores que peor se han comportado han sido precisamente los que tienen mayor importancia en el Ibex 35: el financiero –los bancos– y el de los servicios de consumo, que incluye ocio, turismo y hostelería. El peso es reflejo de la estructura de la economía española», precisa.

Al contrario, las mayores recuperaciones se han concentrado en las compañías de los sectores de la energía, la industria, la construcción y las telecomunicaciones, que se han visto menos perjudicadas por el confinamiento, así como en algunas empresas de los sectores de la alimentación y del transporte como Aena, favorecida por la vuelta gradual de la actividad en los aeropuertos

Por su parte, los mercados de deuda en España experimentaron un comportamiento semejante al observado en otras economías europeas con descensos en las rentabilidades de los activos de deuda pública y de renta fija privada de mayor calidad crediticia, así como de las primas de riesgo.

«La evolución de estos mercados continúa viéndose muy afectadapor las actuaciones del Banco Central Europeo (BCE)», recoge el boletín trimestral de la CNMV. En este sentido, la rentabilidad del bono de deuda soberana a diez años descendía hasta el 0,47% a mediados de año, el mismo nivel con el que comenzaba el ejercicio, y la prima de riesgo se situaba en 95 puntos básicos tras registrar máximos puntuales superiores a los 150 puntos básicos.

Asimismo, la abundante liquidez y la mayor facilidad para colocar deuda repercutieron en las emisiones de estos activos, que experimentaron un fuerte aumento durante los últimos meses.

El balance acumulado de emisiones en el primer semestre de 2020 muestra un aumento del 61%, hasta los 56.554 millones de euros, para las emisiones registradas en la CNMV y más moderado, del 3,8% (hasta los 46.280 millones -datos hasta mayo-) para las emisiones efectuadas en el exterior. Los mayores incrementos se produjeron en las emisiones de pagarés de empresa y de cédulas hipotecarias.

El Gobierno ha logrado la convalidación en el Congreso del Real Decreto Ley que aprobó el pasado 7 de julio para articular medidas de apoyo al transporte ante la crisis valoradas en 1.700 millones, para alargar la moratoria hipotecaria y de alquileres, y para impulsar la promoción de un parque de vivienda pública en renta.

El Real Decreto que, no obstante, se tramitará como proyecto de ley por procedimiento de urgencia, salió adelante en la Cámara Baja al apenas registrar un voto en contra y una abstención.

En virtud de su tramitación como proyecto de ley, el texto podrá ser modificado mediante la formulación de enmiendas por parte de distintos grupos.

En este sentido, durante el debate de convalidación, el instrumento que articula el Real Decreto para compensar a las autopistas de peaje por el desplome de tráfico registrado por la crisis y el confinamiento es el punto que más rechazo generó entre las distintas formaciones, si bien en distinto sentido.

Ciudadanos denunció que la medida, que limita la compensación a exigir en comparación a la que permite el sistema ya existente, generará incertidumbre en el capital privado y obstaculizará el objetivo del Gobierno de impulsar la inversión privada en obra pública mediante contratos de concesión.

«Es así como piensa atraer al capital privado», preguntó la diputada de la formación naranja María Muñoz Vidal al ministro de Transportes y Movilidad, José Luis Ábalos, durante el debate, que se celebró este martes.

De su lado, diputados de Grupo Republicano y el Grupo Plural rechazaron que se compense con la extensión del plazo de concesión a las empresas de autopistas, al estimar que en la mayoría de los casos están amortizadas y que, además, constituye una medida contradictoria con la actual política del Gobierno de no ampliar contratos de concesión una vez llegan a su término.

De esta forma, se traslada a la Cámara Baja el rechazo que la medida ha suscitado entre las propias sociedades concesionarias de las autopistas, que incluso sopesan llevar al Gobierno a los tribunales al considerar que los requisitos que fija ahora para compensarlas por la crisis.

En concreto, las empresas del ramo estiman que constituye un cambio de las reglas de juego a mitad del partido que «vulnera derechos y principios constitucionales, como son los de seguridad jurídica, igualdad de trato y no confiscación de bienes y derechos».

«RESPUESTA PROPORCIONADA».

En su intervención en la Cámara Baja para defender el Real Decreto y solicitar el apoyo a su convalidación, Ábalos recordó el resto de medidas que incluye para mejorar la liquidez de empresas de transporte privadas, estimadas en 663 millones, y de la operadora pública Renfe, a la que permite elevar su endeudamiento en un máximo de 1.000 millones.

Además, amplía plazos de las moratorias hipotecarias y de alquileres ya aprobadas, y regula la concesión de suelos públicos para construir pisos públicos en alquiler.

«Estamos convencidos de que estas medidas permitirán dar respuesta proporcionada a las necesidades de los distintos modos de transporte, además de a importantes necesidades sociales», aseguró el ministro en relación a las iniciativas relacionadas con la vivienda que incluye el texto.