Correos ha solicitado un préstamo de 47 millones de euros para pagar la nómina mensual a su plantilla, una de más grandes del país, dado que cuenta con unos 55.000 empleados, según informó el sindicato CSIF y confirmaron a Europa Press en fuentes conocedoras.

La sociedad postal pública recurre a la financiación ante el descenso de ingresos que registra por la caída de actividad, una reducción que, según el sindicato, se estima en unos 60 millones de euros en el conjunto del primer trimestre del año.

Desde la declaración del estado de alarma en el país para atender a la crisis sanitaria, Correos sólo presta los servicios postales básicos para cumplir con el servicio público que tiene encomendado por ley.

Además, opera estos servicios con el personal mínimo, alrededor de una cuarta parte del habitual. En el caso de su red de 2.400 oficinas sólo abren por la mañana y con horario restringido.

En un comunicado, CSIF informó de que, ante estos datos, ha solicitado la reunión de la mesa de negociación entre sindicatos y dirección de Correos, en la que asegura pedirán que este descenso de actividad «no afecte a la plantilla ni al calendario de nuevas incorporaciones de personal».

REALIZAR TEST A LA PLANTILLA

Además, el sindicato considera necesario que la sociedad postal pública comience a planificar la desescalada del confinamiento y de sus actividades, con el fin de hacerlo «garantizando las condiciones de seguridad de la plantilla».

En su opinión, en este proceso de desescalada será «primordial marcar bien los tiempos, garantizar elementos de protección individual y realizar test a la plantilla», al considerar que «la exposición de los empleados de Correos al virus es siete veces superior al de un ciudadano normal».

La tabaquera estadounidense Philip Morris International (PMI) se anotó en el primer trimestre de 2020 un beneficio neto atribuido de 1.826 millones de dólares (1.682 millones de euros), lo que equivale a un incremento del 35% en comparación con el mismo periodo del año anterior, según ha informado este martes la empresa.

La cifra de negocio de la firma se elevó en un 3,1% hasta marzo, por lo que se situó en 18.253 millones de dólares (16.817 millones de euros). Sin embargo, los ingresos netos, obtenidos al descontar los impuestos especiales asociados a la venta de tabaco, se situaron en 7.153 millones de dólares (6.590 millones de euros), un 6% más.

El volumen de cigarrillos vendidos descendió un 4,4%, hasta 157.018 millones de unidades. Por mercados, la venta de cigarrillos se elevó un 2,9% en la Unión Europa, mientras que en el Este de Europa avanzó un 5,4%. En Australia y Este de Asia registró un crecimiento del 1,5%. Sin embargo, en Oriente Próximo y África se contrajo un 9,9%, al tiempo que en el Sudeste Asiático descendió un 9,4% y en Latinoamérica y Canadá disminuyó un 14,3%.

Entre las principales marcas del grupo, el volumen de cigarrillos vendidos de ‘Marlboro’ descendió un 1,2%, mientras que ‘L&M’ repuntó un 3,8%. A su vez, las ventas de ‘Chesterfield’ descendieron un 9,8% y las de Philip Morris se elevaron un 6,9%. La mayor caída fue para ‘Lark’, con un 23,6%, al tiempo que el incremento más abultado se dio en ‘Sampoerna A’, con un 8,2%.

Por otro lado, las ventas de tabaco sin combustión experimentaron un alza del 45,5% en el trimestre, lo que representa el mayor crecimiento relativo de toda la oferta de PMI. Con más de 16.700 millones de unidades vendidas, el tabaco sin combustión ya es la tercera marca más popular de la empresa.

En España, que representa el quinto mayor mercado de PMI en la UE, por detrás de Francia, Polonia, Alemania e Italia, la tabaquera vendió 3.700 millones de unidades, lo que representa un incremento del 1,8%.

En el mercado de cigarrillos en España, que se elevó también en un 1,8% en el trimestre, hasta 10.400 millones, la cuota de mercado de PMI fue del 31%, siete décimas menos que hace un año.

El Institut Agrícola de Sant Isidre, la patronal del campo catalán, ha remitido una misiva al Ministerio de Agricultura solicitando al ministro Planas que permita ampliar la movilidad de temporeros, dentro y fuera del país, para hacer frente a la escasez de mano de obra y la prolongación del confinamiento. Asimismo, la patronal catalana insiste en la liberalización de excedentes en el sector vitivinícola, en la ganadería ovina y caprina, y en un cambio del estatus de los trabajadores del Régimen Agrario para evitar que los subsidios desincentiven la oferta de trabajo, y de las Empresas de Servicios Agrarios con incentivos fiscales sobre el IVA y el gasoil agrícola.

La contraposición que se está haciendo en España entre ‘salud’ y ‘economía’ está causando un daño importante sobre el sector, ya que éste podría trabajar con cierta normalidad si contase con las medidas de seguridad necesarias, tal como el Institut ha pedido en sus diferentes pronunciamientos públicos en las últimas semanas.

El presidente del Institut, Baldiri Ros, concreta la propuesta solicitando al ministro que  “permita organizar transportes privados de temporeros, tanto desde fuera como desde dentro del país”, porque “cada semana que se extiende un confinamiento ‘ómnibus’ como el que tenemos, los problemas de funcionamiento en origen se multiplican, y se añaden a los que llevamos arrastrando de forma estructural de años atrás, así como a los que surgen de manera novedosa por la coyuntura actual”.

Ros, también vicepresidente de Foment del Treball, valora positivamente las medidas urgentes en materia de empleo agrario en el Real Decreto-Ley 13/2020 porque constituyen “un primer paso para resolver la escasez impuesta de mano de obra por las medidas tomadas de prohibición del movimiento de personas tanto en el territorio nacional como la importación de mano de obra extranjera”, pero pone de manifiesto que estas medidas son insuficientes y sugiere que se tome nota de experiencias de países como Reino Unido o Alemania, que demuestran que “es necesario importar mano de obra cualificada y con experiencia”, para hacer frente a la escasez de mano de obra agrícola.

“Como la demanda de empleo agrario sigue siendo crucial”, añade Baldiri Ros, el Ministerio debe tomar “medidas que generen incentivos, no sólo a trabajadores que se encuentran en desempleo en las comarcas cercanas, sino en otras partes del país, facilitando los medios de seguridad oportunos tanto en el transporte como en el alojamiento (donde existe, en este momento, una importante incertidumbre regulatoria) y desempeño laboral”, porque se deberá “operar con las debidas medidas de seguridad que, por el decreto de Estado de Alarma, tiene como principal proveedor al Estado en sus diferentes entes territoriales: acceso a EPIs y otras medidas de seguridad para mover a los trabajadores que cumplan con las condiciones impuestas por Sanidad”.

Además, de ampliar las medidas en el campo para facilitar la movilidad de mano de obra en España y de mano de obra extranjera, los empresarios catalanes consideran ineludible que se establezca “un esquema de incentivos favorables para que aquellos desempleados de las zonas que mayor escasez de trabajadores agrarios tienen, puedan trabajar sin que esto le suponga un perjuicio sobre sus bases de cotización a la Seguridad Social en su anterior profesión o área de especialización”. Este nuevo esquema también apunta a los trabajadores del Régimen Agrario porque “la política de subsidios desincentiva notablemente la oferta de trabajo y lo hará aún más si en España se aprueba un ‘ingreso mínimo vital’, por el cual mostramos honda preocupación”.

El Institut Agrícola considera, en este sentido que “la restricción de oferta de trabajo en las cosechas también es visible en el resto de segmentos de actividad, donde el cuidado de las tierras y los cultivos depende de que sigan saliendo al campo cada día decenas de miles de pequeños agricultores, muchos de ellos jubilados, autónomos de edad elevada o en peligro por la enfermedad por ser grupo de riesgo”. Por eso, se demanda al Ministerio “una reforma del estatus de las Empresas de Servicios Agrarios, especialmente en el terreno fiscal (sobre todo el régimen de IVA y uso de gasoil agrícola) para que puedan ser el mejor aliado del mantenimiento y cuidado adecuado de las explotaciones”, porque además es necesario dotar a estos colectivos de “seguridad jurídica a la hora de desempeñar su actividad, ya que se han sucedido numerosos problemas en las últimas semanas en distintas partes del territorio con las fuerzas de seguridad, discutiendo si eran o no un servicio esencial”.

Asimismo Ros, insiste en “poner en marcha medidas de mercado para retirar excedentes de oferta en segmentos especialmente tensionados por el parón del consumo en el canal Horeca y las restricciones reales al comercio internacional surgidas como consecuencia del modelo de confinamiento español e italiano”, sobre todo para el sector vitivinícola que “necesita urgentemente una destilación de crisis para liberar inventarios de cara a la campaña 2020/2021 y que corrija el hundimiento de los precios tal como reflejan las estadísticas del INFOVI”, y para el sector ovino y caprino porque “es necesario ir más allá en la retirada de cabezas de ganado hacia el mercado internacional y permitiéndose la coordinación entre productores y distribuidores para realizar ofertas que estimulen el consumo en los hogares”. Para el Institut estas medidas deben aplicarse e implementarse a sectores estratégicos “en situaciones de crisis, como la actual. Puesto que el sector agroalimentario, además de ser vital para el abastecimiento de alimentos para la población, es uno de los sectores que de manera directa va a tener una considerable afectación negativa por el descenso de las actividades turísticas y de restauración”.

El Institut Agrícola considera que estas propuestas no pretenden “hacer más dependiente aún al sector agroalimentario de las políticas públicas”, sino que persiguen “implementar reformas de calado para que nuestro sector tenga un funcionamiento adecuado con arreglo a las leyes de mercado, desaparezcan los efectos negativos que sobre los precios tienen las intervenciones directas y se produzca una distribución eficiente y equitativa del valor añadido generado”.

El grupo francés de lujo Kering, dueño de Gucci e Yves Saint Laurent, registró una facturación de 3.203,2 millones de euros en el primer trimestre de 2020, lo que equivale a una contracción del 15,4% en comparación con el mismo periodo del año pasado, según ha informado la compañía este martes.

«Tras un inicio muy prometedor para todas nuestras marcas, la rápida expansión del Covid-19 afectó a nuestro rendimiento en nuestros mercados principales. Estamos trabajando duro para asegurar la continuidad y la preparación de todos nuestros negocios», ha explicado el presidente y consejero delegado de la empresa, François-Henri Pinault.

El ejecutivo ha detallado que Kering ha establecido como prioridades adaptar su base de costas y «preservar» su posición de efectivo «en todos los niveles del grupo«.

Por segmentos de negocio, los ingresos de Gucci se desplomaron un 22,4%, hasta alcanzar los 1.804,1 millones de euros, mientras que la cifra de negocio de Yves Saint Laurent cayó un 12,6%, situándose en los 434,6 millones de euros. Entre enero y marzo, la facturación de Bottega Veneta se elevó en un 10,3%, hasta 273,7 millones de euros. El resto de marcas del grupo ingresó 553,3 millones de euros, un 4,1% menos.

Asimismo, debido a la situación de crisis generada por la pandemia del Covid-19, Kering ha decidido revisar la propuesta de dividendo que llevará a la junta de accionistas, que se celebrará el 16 de junio, será de 8 euros. Esta cifra supone un ajuste del 30% con respecto a la propuesta inicial.

La compañía abonará a los accionistas un dividendo de 3,5 euros. Dependiendo de lo que se apruebe en la junta, la cantidad restante se pagará el 25 de junio.

Asimismo, el grupo ha aprobado la revisión del plan de remuneración de 2020, anunciada a mediados de mes, por la cual se reducirá en un 25% la remuneración fija del consejero delegado y se eliminará la parte variable. El resto de ejecutivos del consejo reducirán su remuneración total un 30%.

Abertis ha dejado finalmente en el aire el pago de la mitad del dividendo total de 875 millones de euros que inicialmente tiene previsto repartir este año entre sus dos accionistas, Atlantia y ACS, ante la crisis generada por la pandemia de coronavirus y el impacto que está teniendo en la compañía, según informó la empresa.

El grupo de autopistas y sus socios decidirán a finales de año sobre el pago de la mitad de ese importe, una vez «se evalúe si es consistente con los intereses» de la empresa.

En concreto, su pago queda vinculado a que el consejo «verifique antes de final de noviembre de 2020 el impacto real de la crisis sanitaria mediante un informe (un ‘rating evaluation service, RES) de Standard & Poors en el que, al menos, le confirme la actual nota».

Así lo acordó la junta de accionistas de Abertis celebrada este martes, marcada por el desplome de más del 80% que registra el tráfico de sus autopistas por las restricciones de movilidad de los ciudadanos dictadas por los distintos gobiernos para contener la pandemia.

La asamblea también tuvo lugar días después de que Standard & Poor’s advirtiera a la compañía de una eventual pérdida del grado de inversión, ante la posibilidad de bajar un escalón la nota de ‘BBB-‘ que le tiene asignada por los desplomes de tráfico provocados por la crisis.

La firma de ‘rating’ detalló que le bajará esta nota si el ratio entre la generación de flujo de caja por la operación de sus autopistas y su endeudamiento cae por debajo del 10% en el que actualmente se sitúa tras descender desde el 12% que mantenía hasta ahora.

Ante esta coyuntura, y el hecho de que Abertis tiene aún pendiente de cerrar la toma de control acordada el pasado año de RCO, una de las mayores firmas de autopistas de México, el grupo y sus socios han optado finalmente por fragmentar el pago del dividendo y condicionar el segundo de ellos.

PAGO DE 437 MILLONES EL 28 DE ABRIL

No obstante, la junta aprobó que el pago de la primera mitad se realice este próximo 28 de abril, de forma que en esa fecha, Atlantia y ACS se embolsarán un importe conjunto de 437 millones de euros.

Se trata de una importante inyección de liquidez para las dos compañías con el fin de reforzar sus respectivas situaciones financieras ante la crisis.

La compañía italiana controlada por la familia Benetton recibirá unos 218 millones de euros por la participación del 50% más una opción que tiene en Abertis.

De su lado, la constructora presidida por Florentino Pérez cobrará 131 millones de euros por el porcentaje directo del 30% que tiene en la compañía, y otros 88 millones a través de su filial alemana Hochtief, que tiene el 20% restante del grupo de autopistas.

En un comunicado, Abertis destacó que cuenta con una «sólida posición de liquidez», que cifra en 5.000 millones de euros, y que además no afronta vencimientos relevantes en dos años, hasta octubre de 2022, de su deuda, que a cierre de 2019 era de casi 23.000 millones de euros.

«PRUDENCIA» ANTE EL DESPLOME DE LOS TRÁFICOS

«No obstante, las actuales circunstancias, la aguda reducción del tráfico observada, y el potencial cambio de las perspectivas económicas a corto y medio plazo, sugieren la aplicación de una política financiera aún más prudente», añadió la empresa que dirige José Aljaro.

Abertis también asegura que esta medida también «refuerza» su «capacidad de crecimiento y desarrollo«, por lo que agradeció a sus dos accionistas su posición «en defensa de la solidez de la compañía con la flexibilidad que han demostrada en la distribución del dividendo».

Abertis propuso el reparto de este dividendo en la convocatoria de la junta que realizó a comienzos de marzo, unas semanas antes de que estallara la crisis que ha impactado en los tráficos de las autopistas del grupo, fundamentalmente las que tiene en España y Francia.

En el caso de España, donde opera el 60% de las vías de pago, encadena seis semanas consecutivas perdiendo usuarios, con caídas que se han ido pronunciando desde la del 3% que contabilizó la primera semana hasta el 84,8% de la última. En Francia, donde gestiona el 22% de la red, suma siete semanas de descensos de tráfico que alcanzan hasta un 82,3%.