El Gobierno prevé que el déficit público alcance el 10,34% del PIB este año, hasta los 115.671 millones de euros, el mayor déficit desde el año 2012, cuando alcanzó el 10,7%, como consecuencia del impacto de la crisis del Covid-19, con una caída de los ingresos del 5,3%, con 25.711 millones respecto al año pasado y un aumento del gasto público del 10,5%, con 57.765 millones de euros más, hasta el 51,5% del PIB.
Así se desprende del Programa de Estabilidad 2020-2021 remitido ayer por la noche por el Ejecutivo a Bruselas, junto al Plan Nacional de Reformas, y presentado este viernes por la vicepresidenta tercera de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en una rueda de prensa telemática en el Palacio de La Moncloa.
Montero ha explicado que el impacto «enorme» del Covid-19 en la economía mundial y española tienen unos «efectos adversos» que impactan «de lleno» en la evolución de las cuentas públicas, ante «una realidad complicada sin precedentes», por lo que las previsiones son «prudentes» pero «no ocultan la difícil situación».
Asimismo, ha indicado que la irrupción del Covid-19 ha modificado «totalmente» el escenario previsto, con una estimación de una caída del PIB del 9,2% este año, y ha llevado al Gobierno a adoptar medidas para reforzar el sistema sanitario, proteger a las familias y dotar de liquidez a las empresas y autónomos, lo que ha elevado la previsión de déficit público y de deuda pública para el ejercicio actual.
En concreto, el Ejecutivo prevé que el déficit suba hasta los 115.671 millones de euros, el 10,34% del PIB, frente al 2,82% del año pasado, lo que supone el mayor déficit desde 2012, cuando se alcanzó el 10,7%.
LOS INGRESOS CAERÁN UN 5,3 Y LOS GASTOS AUMENTARÁN UN 10,5%
Este aumento del déficit se debe a una previsión de la caída de los ingresos de 25.711 millones de euros, un 5,3% menos respecto al año pasado, hasta los 461.043 millones de euros, lo que equivale al 41,2% del PIB, 2,1 puntos más que el año pasado debido al mayor PIB.
Además, ha indicado que las medidas para paliar el impacto del Covid-19 supondrán un incremento «importante», «temporal y necesario» del 10,5% del gasto público, con 54.765 millones de euros más que el año pasado, hasta los 576.714 millones de euros, lo que supone el 51,5% del PIB, lo que supone 9,6 puntos porcentuales más que el año pasado.
En este sentido, Montero ha cifrado el impacto de las medidas para paliar el Covid-19 en 138.923 millones de euros, derivado de los 104.400 millones de las medidas de liquidez, los 28.403 millones de las medidas de gasto y 6.120 millones por minoración de ingresos.
Las CC.AA., de su lado, recibirán 115.000 millones, un 7,3%, con un gasto adicional añadido de unos 11.000 millones.
EL IMPUESTO DE SOCIEDADES CAERÁ UN 8,7% Y LAS COTIZACIONES, UN 5,7%
En cuanto a los ingresos, Montero ha resaltado que a pesar de la caída del 5% de los ingresos se ha entrado en 2019 con una protección «ala» de las rentas, especialmente de los asalariados públicos por las medidas implementadas por el Gobierno, como la flexibilidad en los ERTE o la prestación para los autónomos, con un «alto coste económico» pero manteniendo las rentas.
Este mantenimiento de las rentas y la previsión de una mejora de consumo en la segunda parte del año, con la apertura paulatina de la actividad, explican que la estimación de la caída de ingresos (-5,2%) sea inferior a la del PIB (-9,2%).
En detalle, el Ejecutivo prevé una caída de la recaudación del 2,4% en el IRPF; del 8,7% en Sociedades, el mayor descenso entre las grandes figuras tributarias; del 5,2% en el IVA; del 6,7% en Impuestos Especiales; del 37,9% en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y del 5,75% en los ingresos por cotizaciones sociales.
Pese a estas previsiones, Montero ha destacado el «compromiso» del Gobierno con la sostenibilidad de las cuentas públicas queda de manifiesto con los datos de consolidación fiscal previos a la pandemia del Covid-19, ya que España cerró 2019 con un déficit del 2,8%, lo que implica cumplir por segundo año consecutivo con el Pacto de Estabilidad de la UE.
Asimismo, ha subrayado el «esfuerzo» de consolidación en el caso de la Administración Central y la Seguridad Social, que en conjunto lograron reducir su déficit un 3,2%, si bien el déficit público aumentó hasta el 2,82% del PIB por el mayor déficit de CCAA y el menor superávit de los ayuntamientos.
LA DEUDA PÚBLICA ALCANZARÁ EL 115,5% DEL PIB
En paralelo al aumento del déficit, el Programa Presupuestario prevé un incremento de la ratio de deuda pública desde el 95,5% del PIB registrado el 2019 hasta el 115,5% este año, debido a la «velocidad y profundidad inédita» de las medidas de gasto para ayudar a proteger a las familias y reactivar la economía, ha indicado Montero.
La vicepresidenta tercera de Asuntos Económicos ha explicado que el Tesoro está abordando las necesidades de financiación mediante emisiones, algunas sindicadas con una «recepción extraordinaria» ante la cifra récord de una demanda de 96.000 millones, y con costes de financiación «relativamente reducidos» y «alineados» con los de la primera parte del año pasado, pudiendo financiarse «en condiciones muy beneficiosas en los mercados».
SENDA DE REDUCCIÓN EN 2021: «NO HABRÁ SUBIDA MASIVA DE IMPUESTOS»
El Ejecutivo considera que dado que las previsiones muestran que a partir de 2021 se producirá un rebote de la economía con un «fuerte incremento del PIB», permitirá volver a la senda de reducción del déficit a partir de ese momento.
«Estoy convencida de que la (recuperación en forma de) ‘V asimétrica’ es un motivo de esperanza y confío en la capacidad del conjunto del país, del sector privado y público, para ser capaces de avanzar lo antes posible», ha dicho Montero.
SE MANTIENEN LAS TASAS ‘GOOGLE’ Y ‘TOBIN’
La portavoz del Gobierno ha aclarado que «no está previsto hacer ningún tipo de ajuste en materia del sector público», como una posible bajada del salario de los empleados públicos, y ha descartado que se vaya a aprobar «ni subidas masivas de impuestos ni bajadas masivas», pero sí que entren en vigor a final de año las tasas ‘Google’ y ‘Tobin’ y se inicie la tramitación de la Ley de lucha contra el fraude.
Por último, sobre las comunidades autónomas ha indicado que actualmente precisan del dinero de las entregas a cuenta y ha explicado que en fases anteriores en las que no había recursos había que hacer ajustes añadidos a las liquidaciones que se realizan a los dos años, si bien en esta ocasión «probablemente serán absorbidas por el volumen tan importante que hay de liquidaciones positivas fruto de ejercicios anteriores».
Con una previsión de un mayor gasto de las CCAA de unos 12.000 millones de euros para hacer frente al Covid-19, Montero ha indicado que se reunirá el lunes con los consejeros de Hacienda y dará lugar a la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) «en días sucesivos», para hablar del impacto y de la reprogramación de fondos europeos.
«Estamos intentando de liquidez y capacidad de gasto para que presten los servicios», ha dicho.
