Block, la empresa de pagos y servicios financieros de Jack Dorsey, ha reservado 764 millones de dólares para cerrar la investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos (el DOJ) sobre sus controles contra el blanqueo de dinero. La cifra supera los 566 millones de beneficio que la compañía declaró en todo el tercer trimestre. Un pago, en la práctica, mayor que la ganancia de tres meses enteros de trabajo.
El dato aparece en el informe trimestral (el conocido como 10-Q, el documento que las empresas que cotizan en EEUU presentan ante el regulador de valores cada tres meses) que Block depositó el 3 de noviembre. La compañía no lo escondió en una nota al pie: provisionó el importe completo y avisó de que podrían llegar pérdidas adicionales.
Un acuerdo de 764 millones que aplaza el cargo penal tres años
El pacto se alcanzó en octubre y quedó reflejado en ese informe. La cifra bruta que calculó el Gobierno era de unos 964 millones de dólares; se quedó en 764 millones después de descontar 200 millones en créditos por sanciones regulatorias anteriores. Block ya ha contabilizado el importe íntegro y admite que un desenlace peor es ‘razonablemente posible’, la fórmula con la que el supervisor contable estadounidense obliga a describir un riesgo que no se puede descartar.
La estructura jurídica importa tanto como el dinero. Se trata de un acuerdo de enjuiciamiento diferido: el cargo criminal por no mantener un programa efectivo contra el blanqueo bajo la Ley de Secreto Bancario (la norma estadounidense de 1970 que obliga a las entidades financieras a vigilar el origen del dinero) queda aparcado tres años. Si la empresa cumple las condiciones, no habrá condena. Es el mismo camino que recorrió Binance en 2023, aunque a aquel le costó 4.300 millones.
Block, eso sí, no acepta el cálculo. Discute la base y la metodología con las que el DOJ ha valorado el daño, y el acuerdo todavía necesita la aprobación final de un juez. Nada está cerrado.
Un pago mayor que el beneficio de un trimestre entero no es una multa: es la factura de haber tratado el control del dinero como un trámite.
El beneficio del negocio bitcoin se parte a la mitad, y fue una decisión
La sanción tapó un trimestre que, sin ella, era bueno. El beneficio bruto del grupo subió un 22% hasta 3.240 millones de dólares, con Cash App (la app de pagos entre particulares) creciendo un 27% hasta 2.070 millones, y Square (el negocio de terminales de cobro para comercios), un 14% hasta 1.160 millones.
La excepción fue bitcoin. El beneficio bruto de esa línea cayó un 50%, de 104 a 52 millones, y los ingresos por venta de criptomonedas a clientes bajaron un 11% hasta 1.800 millones. Sobre el papel, un desastre. En la práctica, una elección.
Block decidió recortar las comisiones de ciertas operaciones con bitcoin en Cash App. El objetivo declarado no es que el cliente compre y aguante, sino que use la moneda para pagar. El pasado mayo habilitó automáticamente a cerca de un millón de comercios de Square para aceptar pagos por Lightning (la red de pagos rápidos montada sobre bitcoin). Renunció a cobrar comisión por procesar bitcoin hasta 2026, y en octubre de este año lanzó una campaña publicitaria nacional centrada en gastar la moneda, no en guardarla.
Hay un factor que la empresa no controla: el precio. Bitcoin pasó de unos 114.000 a unos 70.000 dólares a lo largo del año, y con él se encogieron el volumen y el margen de las operaciones. Block mantiene 28.355 BTC entre tesorería propia y saldos de clientes a cierre del primer trimestre —unos 9.000 en caja corporativa— y sigue destinando el 10% del beneficio bruto del negocio bitcoin a comprar más.
Lo que de verdad está en juego: la licencia bancaria
El origen del expediente no es una auditoría interna. En marzo de 2023, la firma bajista Hindenburg Research publicó un informe que acusaba a Cash App de inflar su número de usuarios con cuentas duplicadas y fraudulentas, y de permitir que delincuentes usaran la plataforma por controles de identidad demasiado laxos. Block lo calificó de inexacto y engañoso. El DOJ y la SEC abrieron pesquisas; la SEC cerró la suya en marzo sin recomendar sanción.
Los reguladores estatales llegaron antes. En abril de 2025, el Departamento de Servicios Financieros de Nueva York multó a la compañía con 40 millones tras encontrar un atasco de alertas de operaciones sospechosas que pasó de unas 18.000 en 2018 a más de 169.000 en 2020, y un sistema de cribado que no bloqueaba transferencias de bitcoin hacia carteras vinculadas a financiación del terrorismo hasta que la exposición superaba el 10%. En enero de 2025, un acuerdo con varios estados añadió 80 millones. Esos pagos explican buena parte del crédito de 200 millones aplicado ahora.
Por qué importa esto más allá de la multa: Block persigue una licencia de banco industrial para una unidad que llama Builders Bank, destinada a ofrecer custodia y servicios fiduciarios sobre bitcoin. Los supervisores bancarios pesan el historial de cumplimiento cuando deciden conceder o negar ese tipo de permiso. Un acuerdo con el DOJ que aplaza un cargo penal no es el mejor aval, aunque sea preferible a una condena firme.
Hay una lectura de fondo que conviene no perder. Durante años, el argumento de la industria fue que bitcoin serviría para pagar, y en la práctica casi nadie lo usaba así. Block está poniendo dinero real a revertir eso: renuncia a margen de trading para empujar el uso como medio de pago. Puede salir bien o quedarse a medio camino, pero es una de las pocas estrategias del sector que no depende de que el precio suba.
El precedente más cercano vuelve a ser Binance, que en 2023 aceptó 4.300 millones y un monitor externo para no perder la operación en EEUU. La diferencia es de escala y de modelo: Block no es un exchange, es una fintech con nómina, terminales de cobro y una app con decenas de millones de usuarios. El escrutinio antilavado ya no distingue entre cripto nativo y banca tradicional, y eso debería tenerse en cuenta antes de leer la próxima multa del sector como algo excepcional.
Quedan dos fechas por despejar. La primera es la aprobación judicial del acuerdo, sin la cual la provisión sigue siendo una promesa contable. La segunda es la decisión sobre Builders Bank, donde el historial de cumplimiento se leerá con lupa. Hasta entonces, los 764 millones son el precio de un capítulo que todavía no tiene punto final.
