El 97% de los restaurantes asegura que mantendrá el ‘delivery’ de forma permanente tras la crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19, por encima del 80% que afirmaba a principios de año que contaría con este servicio a futuro.

También, los restaurantes apuntan ahora a que realizarán inversiones superiores para potenciar el ‘delivery’ respecto al desembolso que tenían previsto en enero, según dos encuestas realizadas por Deliveroo a los restaurantes con los que colabora la plataforma.

La primera encuesta fue realizada en enero de este año y la segunda se ha realizado en la primera quincena de mayo, al inicio de la desescalada. Los restaurantes entrevistados han mostrado de forma rotunda que sus previsiones de inversión en el sector son más elevadas ahora que el pasado mes de enero y que convertir el ‘delivery’ en un pilar para sus negocios pasará por realizar mayores inversiones.

MÁS INVERSIÓN

Así, el 84% de los restaurantes afirma que invertirá en atención al cliente, un 82% indica que lo hará en tecnología y nuevos productos y también suman puntos Marketing (81%) y personalización (81%).

Hace apenas cinco meses las previsiones de inversión en los servicios de ‘delivery’ eran más moderadas, según la plataforma. Así, las categorías que mayor crecimiento han experimentado en cuanto a planes de inversión en ‘delivery’ son nuevos productos y personalización (25 puntos porcentuales cada una), nuevos servicios (20 puntos porcentuales), atención al cliente (19), y tecnología, optimización de la cadena de suministro y marketing (17).

Entre las categorías que crecen, los restaurantes no se olvidan de la sostenibilidad y un 76% afirma que invertirá más en la sostenibilidad de su ‘delivery’ a futuro.

MENOS IMPUESTOS

Según Deliveroo, las que se muestran más contenidas en cuanto a la evolución son contratación de nuevos empleados (solo un 45% lo tiene previsto) y ampliación de los restaurantes (49,5%). Ambas caen aproximadamente un punto porcentual respecto a enero.

Por otro lado, entre las peticiones al Gobierno, un 41% del total ha indicado la reducción de impuestos como la clave esencial y un 29% apostaba por un mayor apoyo financiero. En menor medida, también reclamaban un 15,2% la flexibilización de las obligaciones de alquiler y el 14,7% restante confía en que se faciliten los planes de regulación de empleo.

Otro de los aspectos abordados en la encuesta ha sido el papel de los ‘riders’ para el desempeño de la actividad. Únicamente un 65% de los restaurantes considera que sería un problema contar con menos ‘riders’ para el desarrollo de la actividad de entrega a domicilio.

Las firmas automovilísticas Tesla, BMW y Volkswagen coparon las tres primeras plazas del mercado mundial de coches electrificados durante los cuatro primeros meses del ejercicio actual, según datos de IHS Markit publicados por BMW.

La estadounidense Tesla, con un 24% de cuota de mercado, lideró el mercado mundial de vehículos eléctricos durante el primer cuarto del año, por delante de las alemanas BMW y Volkswagen, ambas con una penetración del 7%.

Cerrando el ‘top 10’ del mercado eléctrico se situaron Renault, con un 5%; Volvo, con un 4%; Hyundai, con un 4%; Kia, con un 4%, así como Audi, que copó el 4% de las ventas, y Peugeot, que registró la misma representación.

VENTAS EN LA UE

En la Unión Europea, el podio lo formaron también Tesla, BMW y Volkswagen, pero esta vez empatando en la representación de cada una, que se situó en el 10%, superando a Renault, con un 9%, y a Volvo, Peugeot, y Audi con un 7% de cuota cada una de ellas.

En cuanto a la penetración de los vehículos electrificados en los diferentes mercados, este tipo de modelos representó el 3,8% de las matriculaciones mundiales entre enero y abril, mientras que en Estados Unidos la penetración se elevó hasta el 5,5%.

De su lado, las matriculaciones de automóviles electrificados representaron el 7,7% del mercado europeo en lo que va de ejercicio, con una cuota que se elevó al 69,7% en Noruega.

Las pymes que se auditen tendrán mejor acceso al crédito especialmente en el momento de hibernación de la economía, ya que los bancos mantienen una mayor predisposición a facilitar financiación a las empresas auditadas, que consiguen además mejores condiciones sobre el importe y el tipo de interés.

Así se desprende del estudio ‘El valor de la auditoría de cuentas para las pymes en España’, encargado por el Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España (ICJCE) a un equipo de profesores de la Universidad de Cantabria, dirigido por el profesor Javier Montoya, que ha contado con el análisis de 225 analistas de crédito, que tienen la responsabilidad de estudiar las peticiones de crédito de las empresas.

Además, durante el 2019, el estudio también consideró la opinión de 305 directivos de pymes financiadas, de entre 10 y 250 trabajadores, y la valoración de 117 auditores que rinden las cuentas de estas sociedades.

MEJORES CONDICIONES

Los analistas de créditos, directivos de pymes financiadas y auditores concluyen que los bancos mantienen su predisposición a financiar a las empresas auditadas y obtienen mejores condiciones sobre el importe, el tipo de interés del préstamo y las garantías que se piden al solicitante.

Actualmente el 28,6% de los informes de auditoría de cuentas que se emiten en España se hacen de manera voluntaria. En este sentido, el presidente del ICJCE, Ferrán Rodríguez, ha explicado que las firmas de auditoría se han adaptado a los nuevos tiempos y a las necesidades de las empresas, ofreciendo «más recursos, nuevas herramientas tecnológicas y un mayor volumen de horas dedicadas a su trabajo para aumentar la calidad y la eficiencia de sus servicios y crear un valor añadido».

Los directivos de las pymes señalan en el estudio que el 78,5% de las empresas se financian con préstamos bancarios, de estos préstamos el 17,4% utilizan la financiación mediante leasing de manera paralela o alternativa y el 8,5% acude a fórmulas de descuento o factoring.

Por otra parte, un 11,5% se financia básicamente mediante aportaciones de sus accionistas y reinversión de beneficios y el resto, un 10%, con otros procedimientos como financiación de proveedores, subvenciones o crowdfunding.

MÁS VENTAJA

Asimismo, el estudio refleja que las empresas auditadas disponen de mejores condiciones sobre el importe a obtener y el tipo de interés respecto de las que no revisan sus cuentas, y las opiniones de los directivos de empresas auditadas son los que tienen una mejor experiencia al respecto y puntúan de una forma superior el beneficio obtenido.

Otra cuestión que destaca el informe es la mayor ventaja de los empresas auditadas respecto a los trámites y plazos necesarios para la obtención de la financiación bancaria. Los analistas de crédito reconocen un mayor plazo, pero en menor medida de las percepciones de los directivos y los auditores.

Sobre el riesgo y morosidad probable de los créditos solicitado, los directivos, en mayor medida que los analistas de crédito, son los que estiman que cuando una compañía audita sus cuentas es posible realizar un mejor análisis de la operación.

Esto se debe a que las cifras contables permiten estimaciones sobre la solvencia y rentabilidad del solicitante que constituyen indicios sólidos sobre la probabilidad de hacer frente a los pagos del crédito, por lo que se disminuye el riesgo y la morosidad.

Por último, los tres colectivos consideran que la información que las empresas incluyen en sus cuentas anuales es más fiable y completa cuando se someten a la revisión por un auditor.

Paradores reabrirá todos sus hoteles y espacios gastronómicos el próximo 25 de junio, tras reforzar sus protocolos de higiene y distanciamiento con el objetivo de garantizar la seguridad de clientes y empleados.

Según ha confirmado este jueves la cadena pública hotelera, en esa fecha, 25 de junio, abrirá por primera vez sus puertas el Parador Costa da Morte (Muxía, A Coruña) y reabrirá tras una rehabilitación integral el Parador de Aiguablava (Begur, Girona).

Los establecimientos permanecen cerrados desde el 15 de marzo ante la pandemia de coronavirus. Una vez iniciada la desescalada de las medidas de confinamiento, la cadena pública ha decidido reabrir al público todos los Paradores al mismo tiempo.

UBICACIÓN ESTRATÉGICA

El hecho de que la mayoría de los Paradores se sitúe en lugares apartados, así como el tamaño de sus hoteles, casi todos medianos o pequeños, «facilita el establecimiento riguroso de los controles de seguridad e higiene para convertirlos en el lugar turístico más seguro donde poder pasar las vacaciones», según ha remarcado la cadena.

«Somos un destino de confianza. Hemos reforzado nuestros protocolos de higiene y limpieza para que nuestros clientes cuenten con las máximas garantías de seguridad con un trato personalizado y la calidad que caracteriza a Paradores», ha asegurado el presidente de a cadena hotelera, Óscar López.

Coincidiendo con el anuncio de la reapertura de todos los paradores, la cadena hotelera presenta la cuarta fase de su campaña de marca bajo el título «Veraneadores» y lanza una oferta que permite reservar habitaciones desde 65 euros (alojamiento para dos personas para estancias desde el 25 de junio hasta el 31 de julio), que está ya a la venta para los Amigos de Paradores -programa de fidelización de la hotelera- y a partir del 30 de mayo para el resto de clientes.

Primark, la firma irlandesa de moda ‘low cost’, ha empezado este jueves la reapertura de sus tiendas en España, cerradas por el estado de alarma por la crisis del coronavirus, en las ciudades que ya se encuentran en en la Fase 2 de la desescalada diseñada por el Gobierno.

En concreto, la enseña textil ha asegurado que en este proceso de la ‘nueva realidad’ la vida será «un poco diferente para todos durante un tiempo y las cosas no van a ser fáciles», por lo que los clientes no se encontrarán «el mismo Primark» de antes de la crisis sanitaria, ya que ha realizado cambios en sus espacios, porque su «prioridad ahora es asegurar que las tiendas son seguras para clientes y empleados».

«Estamos encantados de volver y poder proporcionarte los productos de calidad y asequibles de Primark que puedes haber echado de menos o necesitado en las últimas semanas», subrayan desde la firma ‘low cost’.

MEDIDAS RIGUROSAS DE SEGURIDAD 

Primark aseguró hace unas semanas que abriría sus tiendas cuando estuviera convencida de que la apertura sea «segura» y «correcta» y con medidas sanitarias y de seguridad «rigurosas» en línea con las directrices del Gobierno.

De esta forma, la enseña ha implementando en todas sus tiendas un protocolo estricto de distancia social, por lo que habrá un control del aforo de la tienda para permitir la separación adecuada entre los clientes y los empleados, de acuerdo con las pautas marcadas por el Gobierno.

Así, ha rediseñado la disposición de sus tiendas para dejar más espacio entre las personas, reconfigurando su sistema de colas en caja para permitir la distancia social y habrá empleados específicos para gestionar el correcto flujo de las filas.

CIERRA PROBADORES

Por otro lado, Primark ha cerrado temporalmente probadores y aseos de clientes, así como las concesiones de café y belleza en las tiendas que cuentan con ellas, y ha eliminado todos los probadores de producto del área de salud y belleza.

También habrá en las tiendas una señalización y distintivos claros, además de empleados específicos y personal de seguridad adicional, para guiar a los clientes y limitar así el contacto con otras personas.

Para la protección personal de empleados y clientes, dispondrá tanto en la entrada, en la tienda, como en el área privada de empleados de gel de manos desinfectantes para su uso, así como de mascarillas y guantes para los trabajadores. Además, ha instalado paneles de metacrilato en las cajas para proteger tanto a los clientes como a empleados.

MEJOR PAGAR CON TARJETA

La enseña alenta a los clientes a que realice sus pagos con tarjeta y ‘contactless’ cuando sea posible para minimizar las interacciones con dinero en efectivo y ha incrementado los límites para pagos ‘contactless’ en sus tiendas hasta los 50 euros.

Primark prioriza también en reforzar la limpieza de todos los espacios de la tienda, intensificando la frecuencia sobre todo en los puntos de contacto más habituales como las cajas, las escaleras mecánicas, los ascensores y el área privada de los trabajadores.

De esta forma, la reapertura escalonada de los 47 establecimientos que la firma tiene en España conlleva la incorporación de la plantilla al completo, que regresará a la actividad en ese mismo momento, pasando a encontrarse en un ERTE de reducción de jornada, que comenzará el mismo día de la vuelta al trabajo y se prolongará hasta el 30 de junio.

Las condiciones del ERTE suponen una reducción de entre el 10% de supervisores y ‘retail assistant’ a un 20% para los ‘managers’ de la jornada y salario. Este expediente no afectará a las vacaciones de los empleados y las fuerzas sindicales han solicitado que tampoco lo haga a las pagas extras, una medida que está en estudio por parte de la dirección de la compañía.

La vicepresidenta tercera de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha asegurado este jueves que el Ejecutivo está «centrado» en hacer frente a la pandemia del Covid y en reconstruir la economía, si bien no es «incompatible» con el programa de legislatura, por lo que seguirá abordando con los a gentes sociales la mejora de la normativa laboral y prevé retomar la consolidación fiscal y el refuerzo de ingresos cuando haya crecimiento «robusto».

Así lo ha señalado Calviño en una entrevista en TVE al ser preguntada sobre si se mantiene el programa del Gobierno para la legislatura y si la aprobación de las medidas y la propuesta del fondo europeo podría alejar la subida de impuestos prevista por el Ejecutivo en el acuerdo programático.

Calviño ha respondido que el estar «centrados» en combatir la pandemia y la reconstrucción de la economía no es incompatible» con el «equilibrado» programa del Gobierno para la legislatura, que contiene «todos los elementos» para lograr un crecimiento más sostenible e inclusivo.

Por ello, tras rechazar pronunciarse de nuevo sobre el acuerdo del PSOE, Podemos y Bildu sobre la derogación de la reforma laboral, ha indicado que el Ejecutivo contará con el «concurso de todos los a gentes sociales» y seguirá trabajando junto a ellos para mejorar la normativa laboral y elaborar el nuevo Estatuto de los Trabajadores del siglo XXI para responder a la nueva realidad de la digitalización, la robotización, las nuevas formas de trabajo, los horarios flexibles o el teletrabajo.

CONSOLIDACIÓN FISCAL

La sociedad conoce bien el programa de este Gobierno y esa es la línea en la que estaremos trabajando las próximas semanas, meses y en el curso de la legislatura», ha puntualizado Calviño, quien ha añadido que una vez regrese el crecimiento económico se recupere la senda de reducción de déficit y deuda, que se prevé que alcance el 10,34% del PIB y el 115,5% del PIB, respectivamente.

De esta forma, ha aclarado que una vez que se recupere la senda de crecimiento «robusto y sólido» se tendrá que retomar la senda de consolidación fiscal, para lo que «habrá que seguir el programa de refuerzo de ingresos fiscales y de eficiencia en el gasto. «Es un programa bueno para nuestro país, para reforzar la estructura fiscal», ha enfatizado.

Sobre los instrumentos de liquidez puestos en marcha en el ámbito europeo (BEI, SURE y MEDE) y su posible solicitud por parte de España, confirmada en los dos primeros casos, ha dicho que son una respuesta «ágil» para facilitar la financiación en condiciones favorables financiada con deuda europea, por lo que ha indicado que le Gobierno irá tomando «las decisiones oportunas en el curso del año y el próximo atendiendo a la defensa del interés general de los españoles».

De cualquier forma, ha valorado la propuesta del fondo de reactivación de 750.000 millones por parte de la comisión Europea, que supondrá un «gran volumen de inversiones» para el futuro en transición ecológica, digitalización, formación profesional o educación para reorientar el modelo productivo y lograr un crecimiento «intenso, robusto y más sostenible».

ACOSO AL GOBIERNO

Por último, la vicepresidenta ha denunciado el «entorno de acoso al Gobierno, sobre todo en los círculos políticos» desde hace dos años, algo que ha dicho no ver «en ningún otro país» y ser «particularmente sorprendente y triste» en el momento actual de pandemia, por lo que ha pedido estar «unidos» y el apoyo del resto de partidos apelando a su «comportamiento responsable», en línea con el que están teniendo los agentes sociales.

Adif ha retomado el ‘macroproyecto’ de remodelación integral de la estación de tren de Madrid Chamartín, una obra estimada entre 800 y 1.200 millones de euros, que convertirá a este recinto en la «mayor estación del país y una de las mayores de Europa».

La compañía ferroviaria pública ha vuelto a fijar fecha para presentar ofertas al primero de los contratos del proyecto, toda vez que la establecida inicialmente para el pasado 24 de abril quedó suspendida por el estado de alarma.

Adif ha anunciado así para el próximo 8 de julio la presentación de propuestas a este primer contrato, el concurso internacional de ideas para definir el diseño y redactar todos los proyectos básicos y constructivos de la reforma, estimado en unos 30 millones de euros.

UN HUB

El presupuesto de este primer contrato, más elevado de lo habitual para este tipo de trabajos, indica el volumen y dimensión del grueso del proyecto, según ha indicado en distintas ocasiones Adif.

El ‘macroproyecto’ busca convertir Chamartín en el ‘hub’, el gran intercambiador de transportes, «moderno, sostenible y conectado», de la nueva ‘city’ que se levantará en el Norte de Madrid. De hecho, su remodelación se enmarca en el desarrollo urbanístico Madrid Nuevo Norte, la denominada ‘Operación Chamartín’.

Asimismo, se pretende erigir la estación como un «referente internacional de la arquitectura, un hito urbano de la capital y un elemento central del sistema ferroviario urbano y nacional», según indican los pliegos del concurso de ideas.

A CONCURSO

En virtud de este primer contrato-concurso que da el ‘pistoletazo de salida’ a la reforma de la estación, se seleccionará a la firma o grupo de empresas que redactarán todo el proyecto, que incluye la cobertura con una losa del haz de vías que parten del recinto hacia el Norte de la ciudad.

El adjudicatario también se encargará de redactar los proyectos constructivos de las distintas fases en que se escalone la edificación del nuevo recinto. En concreto, el diseño de la nueva Chamartín que sale a concurso deberá definir tanto el nuevo edificio y vestíbulo ampliado de la estación como sus entornos y accesos.

También definirá los espacios terciarios (oficinas y espacios comerciales fundamentalmente) que se levantarán anexos a la estación en la superficie que se genere en su entorno, de unos 180.000 metros cuadrados.

SEIS AÑOS DE TRABAJO

Se estima que el fallo del concurso y la adjudicación del contrato de diseño lleve un año, tras el cual la firma o grupos de firmas que lo consigan tendrán seis años de trabajo.

El concurso lo fallará un jurado integrado por profesionales del Ministerio, Adif, de Distrito Castellana Norte (sociedad promotora de la ‘Operación Chamartín’), de la administración local y autonómica de Madrid y de colegios profesionales. Se acometerá en dos fases, de forma que a la segunda sólo pasará el máximo de diez proyectos que pasen la primera.

Tras la remodelación, la estación contará con un total de 31 vías lo que, junto a la mayor extensión de su vestíbulo, la convertirá «la mayor estación de España y una de las mayores de Europa. Así, será capaz de acoger el incremento del 40% que se espera en el número de usuarios del recinto, actualmente de unos 125.000 pasajeros al día.

EasyJet recortará el 30% de su fuerza laboral, lo que supondrá la pérdida de miles de puestos de trabajo, para hacer frente al impacto a largo plazo de la crisis del coronavirus, según ha comunicado la compañía aérea este jueves a la Bolsa de Londres.

La segunda compañía de bajo coste más grande de Europa comenzará las negociaciones con los representantes de los empleados para abordar el recorte de puestos de trabajo en los próximos días. Aunque aún no ha ofrecido datos concretos, la empresa con sede en Luton, Inglaterra, cuenta con unos 15.000 empleados, lo que supondría que unos 4.500 puestos están en riesgo.

EasyJet está recortando gastos antes del regreso al servicio, en un contexto marcado por el fuerte impacto de la crisis del coronavirus en el mercado de viajes europeo.

LENTA RECUPERACIÓN

«Estamos teniendo que considerar decisiones muy difíciles», ha lamentado el consejero delegado de EasyJet, Johan Lundgren, que también prevé una lenta recuperación del negocio ante el covid-19 con una demanda «que volverá a los niveles de 2019 dentro de unos tres años». La compañía operará 51 aviones menos de los previsto a finales de 2021 y también racionalizará su red de bases europeas.

Los vuelos se reanudarán el 15 de junio en algunas rutas, principalmente dentro de Gran Bretaña y Francia, según ha confirmado la compañía. La capacidad bajará un 30% en el cuarto trimestre fiscal, y aunque las reservas de invierno se adelantaron, en parte se debe al cambio de fechas de vuelo.

También ha obtenido dos préstamos, ha recurrido al Covid Corporate Financing Facility del Reino Unido y está tratando de conseguir hasta 650 millones de libras (724 millones de euros) mediante la venta y el arrendamiento de aeronaves. Tras estas acciones de financiación, la compañía espera haber generado una liquidez adicional total de 2.000 millones de libras esterlinas (2.228 millones de euros).

«Queremos asegurarnos de que saldremos de la pandemia como un negocio aún más competitivo que antes, para que easyJet pueda prosperar en el futuro», ha concluido Lundgren.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha abierto un expediente sancionador a Microsoft Ireland por el presunto incumplimiento de la obligación de comunicar previamente el inicio de la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público en general, que estaría ofreciendo a través de SkypeOut.

En un comunicado, el organismo remarca que este hecho se trata de una supuesta infracción «muy grave» contraria al artículo 76.2 de la Ley 9/2014 General de Telecomunicaciones. El servicio Skype a teléfono (SkypeOut) permite realizar llamadas hacia las redes telefónicas, tanto fija como móvil, pero no permite recibirlas, porque no utiliza numeración atribuida en el Plan Nacional de Numeración Telefónica.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) confirmó en su sentencia del 4 de junio de 2019 la naturaleza de la funcionalidad SkypeOut como un servicio de comunicaciones disponible al público en general.

EN ESPAÑA HAY QUE REGISTRARLO

En España, desde el punto de vista regulatorio, este servicio es objeto de inscripción en el Registro de Operadores con la denominación «servicio telefónico sobre redes de datos con interoperabilidad con el servicio telefónico disponible al público».

Sin embargo, Microsoft Ireland no consta inscrito en el Registro de Operadores para la prestación de SkypeOut, sino para la prestación de otros servicios de comunicaciones electrónicas. En concreto, para la reventa de servicios vocales nómadas y telefonía vocal en grupo cerrado de usuarios.

En su notificación previa, su intención era ofrecer el producto ‘Skype empresarial’ que permite a sus clientes empresariales conectados a la red de Internet realizar y recibir llamadas desde y hacia la red telefónica pública conmutada desde una ubicación fija mediante el uso de tecnología IP.

«Los dos servicios anteriores son servicios de comunicaciones vocales interpersonales con tecnología de voz sobre IP, pero con características diferentes. Por este motivo se entiende que Microsoft Ireland tendría que haber presentado una comunicación previa de inicio de actividad, de conformidad con el artículo 6.2 de la Ley General de Telecomunicaciones (LGTel)», incide.

La CNMC recuerda que la incoación de este procedimiento no prejuzga el resultado final de la investigación, así como que a partir del acuerdo de incoación se inicia un periodo máximo de un año para la instrucción y resolución del expediente por su parte.

REQUERIMIENTO DE 5 DÍAS

Al margen de la incoación, la CNMC ha requerido a Microsoft Ireland para que realice la comunicación previa aludida «con carácter inmediato y en un plazo máximo de cinco días a partir de la notificación del requerimiento». En caso contrario, deberá cesar en la prestación del servicio con carácter inmediato.

No obstante, añade que, de acuerdo al Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declaró el Estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el covid-19, establece la suspensión de términos y la interrupción de los plazos administrativos para la tramitación de los procedimientos de las entidades del sector público.

El cómputo de los plazos a los que se refiere este Acuerdo se iniciará con efecto desde el 1 de junio (Acuerdo de 19 de mayo de 2020, de autorización de la prórroga del estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo).

Fedea (Fundación de Estudios de Economía Aplicada) cree que los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) han jugado un papel «esencial» en la protección de los trabajadores durante la fase inicial del covid-19, pero afirma que sería necesario adaptar su regulación de cara al proceso de reactivación que ahora comienza.

Así se desprende de un estudio publicado este jueves, donde los autores identifican cuatro prioridades. Desde su punto de vista, se debe clarificar en qué condiciones los ERTE por fuerza mayor se podrán transformar en ERTE por razones económicas, así como facilitar tales transformaciones, «que deberían ser automáticas».

En este punto, también ven necesario aumentar la flexibilidad del sistema, permitiendo la adaptación rápida de los ERTE a la situación de la empresa y a posibles rebrotes de la pandemia.

Por otro lado, creen que también es una prioridad el diseño de un sistema de incentivos que fomente la reincorporación de los trabajadores a un ritmo acorde con el interés general. «Ya se han tomado algunas medidas en este sentido y podría ser aconsejable reforzarlas, quizás elevando gradualmente el coste de los ERTE para las empresas según vayan mejorando las condiciones para su actividad», añaden.

MANTENIMIENTO DE EMPLEO

Para Fedea, la tercera prioridad es la revisión del requisito de mantenimiento del empleo y la penalización por su incumplimiento, que ambos «son más estrictos que en otros países europeos y pueden dificultar ajustes necesarios en muchas empresas y llegar a comprometer su continuidad».

Por último, insta al diseño de incentivos para la movilidad y la re-cualificación de los trabajadores, «en particular en aquellos sectores en los que la actividad no se recuperará por completo mientras no haya una vacuna».

Respecto a la puntualidad en los pagos de compensaciones por la suspensión de contratos o la reducción de las horas de trabajo, Fedea cree que se ha errado inicialmente, hasta encontrar una vía para agilizar las transferencias a los trabajadores.

Además, ha apuntado que los mecanismos de refuerzo de la productividad de los sectores afectados por los ERTE con programas y fondos especiales para la formación durante el período de inactividad también «han sido insuficientes» y que los últimos cambios han generado confusión que puede derivar en «un alto grado de inseguridad jurídica si no se aclara bien la aplicación de las exoneraciones y las diferencias entre ERTE por fuerza mayor parciales y completos».

LO DIFÍCIL VIENE AHORA

Pese a todo, ha remarcado que los ERTE por fuerza mayor han ayudado a amortiguar «el primer golpe de la crisis del coronavirus», aunque considera que «lo difícil viene ahora», que es «conseguir que el mayor número posible de las personas incluidas en ERTE puedan reincorporarse a sus empleos y que el resto consiga otro empleo».

El Gobierno ya ha tomado algunas medidas, como la desvinculación de la duración de los ERTE por fuerza mayor del Estado de alarma. Sin embargo, queda la importante tarea de definir el marco que regulará las ayudas a partir de julio y que debería permitir la reincorporación gradual de los trabajadores, compaginando un nivel adecuado de protección con incentivos a la movilidad para los trabajadores cuyo puesto de trabajo no se puede garantizar», ha añadido.

Las ventas de cigarrillos se desplomaron un 26,37% en abril, en pleno confinamiento por la crisis sanitaria del Covid-19, respecto al mismo mes de un año antes, lo que significa la mayor caída desde marzo de 2013, cuando se hundieron un 27%, tras las subidas de impuestos acometidas a principios de ese año.

En concreto, las ventas de cigarrillos se situaron en 136,27 millones de cajetillas en abril de este año, frente a los 185,07 millones de cajetillas comercializadas en el mismo mes de 2019, pese a que los estancos han permanecido abiertos desde el pasado 14 de marzo, fecha en la que se decretó el estado de alarma.

Fuentes del sector consultadas señan que, pese al confinamiento, los consumidores han fumado menos ante la situación de incertidumbre económica derivada por la pandemia, el temor al desempleo y al hecho de que la Semana Santa cayó en abril este año y el anterior, en un contexto marcado además por el cierre de fronteras.

11 AÑOS DE CAÍDAS

Pese al desplome interanual registrado en abril, la comercialización de cigarrillos acumulada hasta el cuarto mes del año no fue tan brusca, al descender un 5,87% y totalizar unas ventas de 649,59 millones de cajetillas, teniendo en cuenta que en marzo cayeron un 1,79% y en enero y febrero se anotaron subidas, con crecimientos del 2,76% y 4,28%, respectivamente, según los datos del Comisionado para el Mercado de Tabacos.

Tras once años de caídas en las ventas de cigarrillos, 2019 fue un año de estabilidad para el mercado, con unas ventas de 2.242,9 millones de cajetillas de 20 unidades, lo que se traduce en un avance del 0,53% respecto al ejercicio anterior. Desde 2008, año en el que se vendieron 4.514 millones de cajetillas, las ventas de cigarrillos se han reducido prácticamente a la mitad.

Asimismo, las ventas de picadura de liar retrocedieron un 1,89% en el mes de abril de este año, hasta 494.295 kilos, mientras que entre enero y abril se situaron en 1,97 millones de kilos, con un avance del 7,68% respecto al mismo periodo de 2019.

Sin embargo, según señalan las mismas fuentes, aunque la picadura presenta un incremento en sus ventas, muy relacionada con el consumo de visitantes extranjeros hasta el 14 de marzo, no compensa la caída de las ventas de cigarrillos.

MENOS RECAUDACIÓN

En este contexto, la previsible reducción en los volúmenes en los próximos meses, como consecuencia del aumento del desempleo y la mayor sensibilidad al precio de los fumadores, se traducirá en una caída de la recaudación, según apuntan las mismas fuentes, que señalan que dicha caída se producirá sin aumento del impuesto especial.

Según datos del Comisionado para el Mercado de Tabacos, entre enero y abril de este año Hacienda ha recaudado 2.665,8 millones de euros a través de los impuestos que gravan a la totalidad de las labores del tabaco, frente a los 2.793,6 millones de euros del mismo periodo de 2019.

En concreto, la recaudación por ventas de cigarrillos (impuestos especiales e IVA) se ha reducido un 6,09% en los cuatro primeros meses de este año, situándose en 2.328 millones de euros.

Solo en abril, en pleno confinamiento, Hacienda ingresó 486,86 millones de euros, un 26,78% menos que un año antes, mientras que en marzo la recaudación cayó un 2,01%, hasta 615,82 millones de euros. Por el contrario en enero subió un 2,64% y en febrero, un 4,2%.

Según han indicado las mismas fuentes, si a esta coyuntura le acompaña un incremento de los impuestos al tabaco es evidente que el incremento impositivo no logrará compensar la disminución de los volúmenes, y se producirá una mayor pérdida de recaudación, como ya ha demostrado la anterior crisis económica.

ALZA FISCAL 

De hecho, entre 2008 y 2014, después de seis subidas de impuestos (dos en 2012), la recaudación fiscal del tabaco no sólo no aumentó sino que, según las fuentes consultadas, se redujo de 9.268 millones de euros en 2008 a 9.111 en 2014, al tiempo que el comercio ilícito subió del 4,7% al 12,5%.

Actualmente, después de tres años sin incremento de la fiscalidad, el mercado se ha estabilizado en torno a los 9.000 millones de euros (9.089 en 2019).

En el periodo 2008-2014, las ventas de cigarrillos cayeron un 48% de forma acumulada, en un contexto marcado por la disminución en la renta per cápita, y por un incremento exponencial en los niveles de desempleo, con una tasa de desempleo del 25,77% en 2012.

Así, en 2009, 2010, 2012 y 2013 se llevaron a cabo subidas impositivas que se tradujeron en aumentos en el precio de las cajetillas de tabaco. En concreto el precio medio de los cigarrillos pasó de 2,59 euros en 2008 a los 4,30 euros de 2013, lo que se traduce en una subida del 66% y al aumento del comercio ilícito, que pasó desde el 4,7% en 2008 hasta un máximo del 12,5% en 2014.

ESTANCAMIENTO ECONÓMICO

Según explican las mismas fuentes, estos datos evidencian cómo el estancamiento económico se traduce en una disminución de la renta per-cápita, que combinado con un «significativo» aumento de los impuestos y, en consecuencia, de los precios, lleva consigo una pérdida de recaudación.

Al mismo tiempo, las crisis fomentan, según añaden, que los consumidores busquen alternativas más baratas, llegando incluso a migrar al mercado ilícito de tabaco, perjudicando aún más los ingresos públicos.

Las mismas fuentes han insistido en que tanto la crisis económica de 2008 como la actual crisis sanitaria culminan en una «crisis de demanda», caracterizada por una alta incertidumbre y un significativo aumento del desempleo, por lo que han destacado los efectos negativos que en materia de recaudación supondría un aumento de los impuestos especiales al tabaco en estos momentos.

En el sector temen que la búsqueda de un aumento de la recaudación ante el desplome del 5,3% previsto por el Gobierno de los ingresos, con 25.711 millones menos, hasta los 461.043 millones, hagan que el Ejecutivo opte por incrementar la fiscalidad del tabaco.

Por el momento, el Gobierno de Pedro Sánchez no ha aprobado ninguna subida en la fiscalidad del tabaco, ya que la última se acometió a finales de 2016, con Cristóbal Montoro, al frente del Ministerio de Hacienda. En ese momento, el Ejecutivo ‘popular’ decidió subir los impuestos un 2,5% a los cigarrillos y un 6,8% a la picadura de liar para adecuar la legislación española a la que recomendaba la Unión Europea.