Las estrategias nacionales que envíen los gobiernos para acceder a los fondos del plan europeo de recuperación estarán sometidos al examen de la Comisión Europea y también del resto de países, que podrán pedir modificaciones e incluso rechazar las reformas planteadas si consideran que no cumplen con las recomendaciones y prioridades comunitarias.
El vicepresidente económico del Ejecutivo comunitario, Valdis Dombrovskis, y el comisario de Economía, Paolo Gentiloni, han explicado este jueves en una rueda de prensa cómo funcionará en la práctica el principal instrumento del fondo que ha propuesto Bruselas.
El letón ha sido el encargado de señalar que, aunque la decisión final dependerá de Bruselas, los países podrán examinar la «consistencia horizontal» de los planes nacionales. «Al final será la Comisión quien tomará la decisión de aprobar (o no) los planes, pero los Estados miembros tendrán que estar de acuerdo o rechazar el plan antes de que la Comisión pueda avanzar», ha dicho.
El Fondo para la Resiliencia y la Recuperación (RRF) ofrecerá 560.000 millones de euros a los Estados miembros entre 2021 y 2024. La mayoría, 310.000 millones irán en forma de subsidios y el resto (250.000 millones) serán préstamos que los países tendrán que devolver.
En cualquier caso, el acceso será «voluntario», pero Bruselas aboga por desplegar «al menos» el 60% de la parte de transferencias en los dos primeros años (antes de que finalice 2022) y el resto para el final de 2024.
66.600 MILLONES EN SUBSIDIOS PARA ESPAÑA
A España le corresponden 66.600 millones de la parte de transferencias y unos 56.000 millones en préstamos, según la propuesta de la Comisión. Es decir la mayor parte de los 77.000 millones en subvenciones a fondo perdido que recibiría con cargo a todo el fondo. Para llegar a esa cifra habría que sumar también el sobre para España de los nuevas dotaciones para cohesión y para fondo que apoyará la descarbonización de las regiones.
El proceso comenzará en abril de cada año, cuando los países trasladen a Bruselas un documento con todos los detalles de las reformas e inversiones que desean realizar con cargo a este fondo de recuperación. Los gobiernos también podrán enviar una versión preliminar en octubre del año anterior, junto con sus borradores presupuestarios.
En estos documentos, los Estados miembros tendrán que argumentar cada reforma y explicar por qué contribuirán a fortalecer el crecimiento económico, la creación de empleo o la cohesión social, por ejemplo. También deberán especificar qué medidas estarán destinadas a contribuir a la transición climática y a la digitalización del país.
Los planes deberán detallar un calendario indicativo sobre la implementación de cada reforma (hasta un periodo máximo de cuatro años, siete en el caso de las inversiones), una serie de objetivos intermedios que después se utilizarán para desbloquear el desembolso de los distintos tramos de las ayudas y el coste estimado de cada reforma.
Una vez recibidos los planes nacionales, Bruselas examinará su adecuación en un proceso en el que también participará el resto de países. La Comisión, en concreto, tendrá que responder a las solicitudes en un plazo máximo de cuatro meses, tanto si aprueba la estrategia como si la rechaza.
BRUSELAS NIEGA «CONDICIONALIDAD» O «INTRUSIÓN»
«Quiero ser muy claro, esto no va sobre condicionalidad o una intrusión de Bruselas», ha zanjado el italiano Gentiloni. «No es un programa de ajuste con nombre diferente. Es una nueva herramienta que, primero, es voluntaria, y segundo, está basada en las prioridades nacionales», ha insistido.
Así, el comisario ha garantizado que Bruselas analizará los documentos siguiendo «criterios transparentes». En particular, vigilará que que aborden «con eficiencia» las deficiencias identificadas en el marco del Semestre europeo, contribuyan a fortalecer el crecimiento económico y la cohesión social y refuercen «significativamente» las transiciones ‘verde’ y digital.
Como el foco estará puesto en las recomendaciones por país que la Comisión publica anualmente en Bruselas, esto supone que el análisis incluirá la senda de consolidación fiscal prevista, una vez se reactiven las normas fiscales que ahora están suspendidas por la pandemia.
Si el Ejecutivo comunitario aprueba el plan -y cuenta con el visto bueno de los Estados miembros– adoptará una decisión en la que quedarán fijadas cuestiones como la cuantía de la ayuda (sea transferencia o préstamo), las reformas e inversiones permitidas y su calendario particular de adopción o los objetivos a cumplir para ir desbloqueando los distintos tramos que se irán desembolsando.
De esta forma, el proceso no terminará con la decisión final de la Comisión puesto que la institución comunitaria tendrá que comprobar que se han cumplido todos los objetivos o ‘hitos’ que permitan desbloquear un nuevo tramo.
Si, por el contrario, considera que no se han alcanzado, Bruselas puede suspender la ayuda hasta que el país afectado tome las medidas necesarias. Si pasados tres meses el Estado miembro sigue sin hacerlo, la Comisión Europea puede incluso llegar a cancelar el pago.
