La deuda de los bancos españoles con el Banco Central Europeo (BCE), que refleja la apelación bruta de las entidades al instituto emisor a través de las operaciones regulares de financiación, se situó en 176.042 millones de euros el pasado mes de mayo, con un aumento del 5,08% respecto al mes anterior, en el que se había disparado más de un 17%.

En comparación con el mismo mes de 2019, el incremento fue del 5,34%, según los datos del Banco de España. Tras seis meses consecutivos a la baja, las entidades españolas rompieron en marzo esta racha y acumulan ya tres meses elevando su apelación al organismo presidido por Christine Lagarde.

Por su parte, la apelación bruta del conjunto del Eurosistema al BCE alcanzó 971.544 millones de euros en mayo, lo que representa una subida del 8,43%, tras el repunte del 30% en abril. En comparación con mayo de 2019, el incremento fue del 34,18%.

Así, la apelación de los bancos residentes en España al instituto emisor representó en mayo el 18,11% del total del Eurosistema, esto es 0,57 puntos porcentuales menos que en abril.

PROGRAMA DE COMPRA DE ACTIVOS

Por otro lado, el volumen agregado de activos adquiridos en España en el marco de los distintos programas de compra de activos implementados desde 2009 por el BCE sumaba 374.992 millones de euros en mayo, un 5,32% por encima del mes previo y un 12,92% superior en términos interanuales.

En el conjunto del Eurosistema, el importe agregado de las compras de activos alcanzó en el quinto mes de 2020 un total de 2,94 billones de euros, un 5,1% más que un mes antes y un 12,17% por encima de mayo de 2019.

Según los datos del Banco de España, el volumen agregado de compras de activos en España representa un 12,71% del total correspondiente al balance consolidado del Eurosistema, ligeramente por encima del mes anterior.

El Banco de España constata un aumento «suave» de los precios del petróleo ya en el mes de mayo por la recomposición del acuerdo de la oferta y el inicio de la recuperación económica tras la salida gradual de la cuarentena por le Covid-19, por lo que señala que los precios a plazo para 2021 se sitúan en niveles similares a los de un período de precios «moderados» como el de 2000-2006, aunque todavía «muy inferiores» a los de enero de este año.

Así figura en un recuadro sobre los factores de demanda y oferta en la determinación del precio del petróleo en el contexto de la crisis del Covid-19, que formará parte del informe trimestral de la economía española del segundo trimestre del organismo supervisor, que avisa de que la recuperación a medio plazo de la demanda de petróleo se encuentra condicionada por la incertidumbre sobre el perfil e intensidad del repunte de la actividad (según el Banco Mundial, el PIB mundial estaría en 2021 todavía 5,9 puntos porcentuales por debajo de su previsión de enero) y por los cambios potenciales en los patrones de comportamiento de los consumidores en el escenario posepidemia.

Por el lado de la oferta, señala que las discrepancias en el seno de la OPEP «no permiten descartar nuevos desencuentros» a la hora de cumplir el acuerdo alcanzado antes de su expiración en agosto de 2022. En esta dirección apuntarían tanto el «modesto» grado de cumplimiento del acuerdo por parte de Rusia como la «fragilidad» intrínseca que han mostrado en los últimos años este tipo de pactos, apunta el Banco de España.

El organismo explica que desde principios de año el precio del petróleo ha registrado una tendencia al a baja, acompañada de elevadas fluctuaciones, con un retroceso del precio del barril de Brent de alrededor del 75% desde mediados de enero hasta el mínimo de mediados de abril, cuando llegó a cotizar en niveles negativos.

En concreto, explica que las caídas más intensas se produjeron a partir de marzo, cuando se hizo evidente la naturaleza pandémica de la crisis sanitaria, lo que llevó a una interrupción de la actividad económica mundial y, por consiguiente, a una disminución drástica de la demanda de crudo, y cuando, además, se rompió de forma transitoria el acuerdo de control de la producción que venían manteniendo los países de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus asociados (OPEP+), acuerdo liderado por Arabia Saudí y Rusia.

RÁPIDA CAÍDA DE LA DEMANDA

Frente a desplomes comparables en otros episodios, como la crisis asiática de 1997 o la crisis financiera de 2008, con abaratamientos del 40% y el 75%, respectivamente, el Banco de España explica que el colapso del precio de esta materia prima ahora ha sido un «episodio singular» por la coincidencia en el tiempo de una intensa y rápida caída de la demanda y un aumento transitorio de la producción, lo que ha dado lugar a una «veloz acumulación de inventarios en todo el mundo».

En detalle, el desplome de la demanda sería responsable de algo más del 80% de la caída observada, afectando de manera especial el sector del transporte, que representa cerca del 65% de la demanda de petróleo de la OCDE.

En cuanto a la oferta, apunta que las discrepancias previas a la reunión de marzo de la OPEP+ que hubo entre Arabia Saudí y Rusia acerca de la estrategia de dicha organización se saldaron, tras la reunión, con el levantamiento de cualquier compromiso de cuotas a partir de abril.

Esto condujo a un aumento intermensual significativo y no esperado de la producción de la OPEP+ (2,4 millones de barriles al día) y a la aplicación de fuertes descuentos en los precios de venta por parte de Arabia Saudí.

Esta perturbación de oferta explicaría alrededor del 16% de la caída del precio del petróleo entre enero y abril, pero fue «transitoria», porque el acuerdo se recompuso rápidamente bajo los auspicios de Estados Unidos y el conjunto del G-20, aunque continuaron los inventarios.

EFECTOS MACROECONÓMICOS

En relación a los efectos macroeconómicos globales de estas perturbaciones, señala que el tradicional impacto favorable de la caída del precio del petróleo en los países importadores habría sido inferior al habitual, dado que, debido a la situación de confinamiento, los consumidores no se habrían beneficiado completamente del abaratamiento.

Mientras tanto, el impacto para los países exportadores sería claramente negativo, lo que, en algunos casos, se está traduciendo en rebajas de las calificaciones crediticias de los emisores soberanos de estos países.

Por último, en la industria la situación de crisis parece estar afectando particularmente a las empresas con mayores costes de extracción y fuerte endeudamiento, en concreto a los productores no convencionales de Estados Unidos (shale oil), pero también a productores convencionales, con caídas significativas de la inversión en exploración y producción tanto en Estados Unidos como a nivel global.

El 44% de los usuarios que visitan tiendas ‘online’ entra para comparar precios sin intención de comprar, mientras que un 22% lo hace para ver la oferta de productos, pero sin voluntad de hacer ningún gasto, según se desprende de los datos del informe ‘¿Cómo competir en e-Commerce?’, elaborado por Aecoc Shopperview y Google Marketing Insights.

En concreto, el informe confirma que el comportamiento más común de los usuarios, tanto en las grandes plataformas como en las medianas, es entrar para comparar precios sin intención de comprar.

Sin embargo, el 37% de los consumidores reconoce que visitó las tiendas ‘online’ analizadas con la intención de llenar su cesta de la compra.

El porcentaje de usuarios que visita las tiendas ‘online’ sin intención de comprar es especialmente alto en las categorías de productos electrónicos y moda, en las que, además de un 32% que entra para comparar precios, hay un 41% que las utiliza por curiosidad y para mirar la oferta de productos.

En cambio, las webs con mayor porcentaje de usuarios con voluntad de compra son las de productos para mascotas y salud, con un 46% y un 44% de consumidores que entraron en sus portales durante los últimos tres meses con la intención de llenar su cesta digital.

El estudio muestra que el 91% de los usuarios de Internet estudiados visitaron alguna de las tiendas digitales de los grandes ‘retailers’ en los últimos tres meses, por un 42% que entraron en alguno de los comercios ‘online’ categorizados como medianos por su nivel de tráfico.

Además del comportamiento del consumidor, el estudio también analiza la ratio de conversión de compra de las tiendas online. En este apartado, el 16% de las visitas a los comercios digitales de las grandes plataformas se acaban traduciendo en ventas, por tan solo un 4% en el caso de las tiendas medianas.

Las diferencias se ven acentuadas en las categorías de moda (11% de conversión en las grandes frente al 1,8% en las medianas), salud (6,6% vs 2,2%) y productos electrónicos (6,5% vs 3,3%), mientras que es menor en el caso de las tiendas del sector mascotas (8,6% vs 7,5%) y de gran consumo (3,1% vs 2,6%).

«En la ratio de conversión juega un papel muy importante la experiencia previa del consumidor y, en este caso, las grandes marcas tienen una reputación y un nivel de visitas anteriores por parte de los usuarios mucho más alta, lo que les da una ventaja», ha explicado el responsable de Market Insights de Google Spain, Pablo Pérez.

El informe también destaca que el 5% de los usuarios que visita una tienda ‘online’ sin llenar su cesta acaba comprando en establecimientos físicos, por un 11% que hace su inversión en algún otro operador digital.

Respecto a la valoración por parte de los usuarios, tanto los grandes operadores como los medianos sacan un notable. Así, las marcas más conocidas obtienen un 7,8 tanto en nivel de satisfacción como en recomendación, mientras que los consumidores valoran con un 7,6 y un 7,5 en ambos parámetros al resto de enseñas.

Por otro lado, el informe desvela que el periodo de confinamiento por el coronavirus ha provocado cambios importantes en el comportamiento del usuario, mucho más volcado ahora en el comercio ‘online’.

De esta forma, el 60% de los usuarios ha realizado alguna compra digital en los últimos siete días, con un 21% que ha incrementado su inversión en ‘online’ respecto al periodo preconfinamiento y un 13% que ha empezado a comprar en digital a raíz de la crisis sanitaria.

De hecho, el confinamiento ha provocado que algunas categorías que antes resultaban minoritarias en el comercio online hayan ganado protagonismo. Así, el 36% de los consumidores ha comprado productos de alimentación en las tiendas digitales, por un 34% que ha invertido en productos de higiene y cuidado personal.

En cambio, sectores como el entretenimiento y la moda han tenido en este periodo una penetración menor, con un 21% y un 19% de usuarios que han adquirido artículos de estas secciones durante la crisis sanitaria.

La pandemia del covid-19 ha generado una crisis económica que ha azotado a los principales motores de la economía española. La destrucción de empleo ha perjudicado gravemente al sector inmobiliario.

Por otro lado, según expertos que han analizado el mercado inmobiliario español, el precio de la vivienda en España ha caído en las comunidades autónomas con más infectados por el coronavirus.

En concreto, Navarra (-2,4% interanual, con una tasa de infectados del 0,81%) y Castilla y León (-1,7% y con un porcentaje de infectados del 0,8%) han registrado algunas de las mayores bajadas en los precios de las casas en mayo en comparación con el año anterior, según los datos recopilados por Bloomberg del Ministerio de Sanidad, del Instituto Nacional de Estadística (INE) y del portal inmobiliario Idealista.

En el caso de Madrid, el precio ha descendido un 1,4% interanual y el porcentaje de población infectada ha sido del 1,04%. Por el contrario, las comunidades autónomas con menos casos de infectados por cada 100.000 habitantes, que han sido Andalucía, Baleares y Murcia, han visto subir los precios de las viviendas entre un 3,8% y un 6% en mayo.

Los economistas consultados han señalado que el mercado inmobiliario español se dirige hacia otra crisis debido al impacto del coronavirus en la demanda de viviendas, aunque idealista cree que «hay algunos indicios de que el colapso del mercado inmobiliario no será tan grave como en la crisis anterior».

«Aunque es pronto para estimar las consecuencias de dicho impacto, hay datos que apuntan a una correlación entre el número de infectados por coronavirus y el precio de la vivienda», según ha apuntado idealista, que también ha recordado que los expertos que analizan el mercado español prevén un «batacazo» de los precios de la vivienda para este año de entre un 6,5% y un 15%.

Según recuerda el portal, «esta previsible caída se producirá después de que el mercado residencial subiera un 32% desde que tocara suelo a principios de 2014, durante la crisis anterior». Asimismo, cree que el descenso en los precios se sentirá y mucho en un país donde el peso de la propiedad de vivienda supera el 70% y los ahorradores tienden a usar la propiedad como su principal inversión.

No obstante, los expertos consultados por Bloomberg aseguran que ningún factor es tan importante para el precio de la vivienda como el crecimiento del empleo y las perspectivas económicas y para este año, según el Banco de España, el PIB podría reducirse hasta un 15% en el peor de los escenarios y la tasa de desempleo podría aumentar entre un 18,1% y un 23,6%.

El Registro de Economistas Forenses (Refor), órgano especializado en materia de insolvencias del Consejo General de Economistas de España (CGE), ha remitido a los ministerios de Asuntos Económicos y de Justicia un documento en el que han definido 10 propuestas concretas sobre la gestión de las insolvencias empresariales en España ante el incremento previsto por la crisis del Covid, en las que aboga por legislar de urgencia, potenciar a los economistas expertos en reestructuración e insolvencia, formar institutos preconcursales y facilitar soluciones concursales de continuidad a deudores, entre otros.

Los economistas creen que es el momento «oportuno» para la reflexión en el ámbito de las insolvencias ante la próxima trasposición al ordenamiento jurídico español de la directiva de insolvencia y ante los efectos económicos de la pandemia, que provocarán «graves problemas» de tesorería en muchas empresas que «verán asfixiadas sus perspectivas de viabilidad, haciendo previsible el aumento exponencial en el número de declaraciones de concurso».

Según los economistas, los factores que impiden que los procesos concursales en España no terminen de ser una vía efectiva para resolver la crisis empresarial se encuentran el que la insolvencia se considere un estigma para el empresario y acuda al concurso demasiado tarde con unas condiciones económicas muy negativas, que las soluciones alternativas al concurso -la segunda oportunidad, acuerdos de refinanciación y mediaciones concursales- tengan muy poca utilización y que el ámbito de las insolvencias esté «excesivamente judicializado».

El presidente del Consejo General de Economistas (CGE), Valentín Pich, ha advertido de que «cientos de miles de empresas» van a someterse a procesos de refinanciación y reestructuración, por lo que «de cómo se hagan dependerá el sostenimiento del tejido empresarial y el desahogo para los juzgados de lo mercantil».

Pich considera que las soluciones alternativas al concurso «requieren ir de la mano de un profesional economista habituado a la elaboración de reajustes económicos que pongan en valor el principio de empresa en funcionamiento». Esta figura profesional, recuerda, viene definida ya expresamente en la directiva de insolvencia como el «insolvency practitioner.»

«Los mecanismos de refinanciación, reestructuración, mediación concursal, segunda oportunidad, y planes de viabilidad son herramientas que ahora más que nunca debemos tomar en consideración o nos encontraremos con una saturación de insolvencias sin resolver«, ha añadido.

30 REFORMAS EN 16 AÑOS

Por su parte, el presidente del Refor, Alfred Albiol, se manifiesta crítico con una legislación concursal que con solo 16 años de vida ha sido objeto de 30 reformas. Aunque cree que la Ley Concursal ha sido un «gran avance» de la legislación en este ámbito, pide no olvidar que no deja de suponer una solución ordenada, que no efectiva, a la insolvencia, ya que «el 94,3% de las empresas concursadas se liquidan».

Tras la aprobación el pasado 11 de mayo del texto refundido de la Ley Concursal y ante la próxima trasposición de la directiva de insolvencia los economistas creen que, en materia de seguridad mercantil, es el momento de legislar de urgencia, a través de un real decreto ley, aprovechando la base sólida del texto refundido de la Ley Concursal y que el legislador obtenga el máximo de consenso de todos los agentes implicados.

Para el salvamento del valor patrimonial de la empresa proponen potenciar a los economistas expertos en reestructuración e insolvencia en consonancia con la transposición de la directiva y su ‘insolvency practitioner’, así como formar un conjunto homogéneo de institutos preconcursales con el mismo sistema de mayorías e intentar «aplanar la curva» del número de casos que precisarán de negociación facilitando ganar tiempo para negociar si las partes así lo desean.

También piden al Gobierno facilitar soluciones concursales de continuidad a deudores que, a pesar de su insolvencia, el valor de su negocio sea superior al de su liquidación y apostar porque la mediación concursal se convierta en el procedimiento más utilizado para la reestructuración de deuda también para pymes y agilizar trámites del concurso consecutivo para la rápida incorporación del deudor a la economía.

TEST DE SOLVENCIA

Igualmente, proponen establecer, en base a la exigencia de prevención derivada de la transposición de la directiva de insolvencia, un test de solvencia que debería ser obligatorio para todo empresario incorporándolo junto con la memoria en las cuentas anuales.

Los economistas también ven necesario replantear la sección de calificación del concurso para clarificar causas objetivas de cara a responsabilidades económicas, inhabilitación o delito, y reducir los costes de la liquidación con mecanismos que permitan y obliguen a concluir con la «máxima celeridad posible» y eviten la depreciación de activos.

A su vez, para el sistema judicial plantean sistemas de comunicación electrónica eficiente y medidas organizativas de urgencia para ganar en eficiencia. Por último, una vez minimizados los efectos de la pandemia en el gasto público, consideran que deberá tratarse con «voluntad» la reducción de los privilegios del crédito público en los procesos de reestructuración e insolvencias en línea con la recomendación del Fondo Monetario Internacional de julio de 2014.