Aena planta cara a una de las etapas cruciales de la recuperación turística asediada por frentes que cuestionan su gestión. El conflicto con las aerolíneas por la subida de las tasas, tumbada por la CNMC, es sólo la primera de un cúmulo de polémicas. En la pugna con los inquilinos de la red comercial aeroportuaria ha perdido su primer combate. Además, la seguridad se observa con lupa tras las reiteradas acusaciones de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, que califica a Barajas de «coladero». La ampliación de El Prat también amenaza el horizonte con oscuros nubarrones.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) no solo ha rechazado la subida de tasas aeroportuarias que propone Aena para los próximos cinco años, sino que es partidaria de que las mismas se reduzcan un 0,44% anual durante ese periodo, según el informe que ha publicado en su web sobre el segundo Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA II) para el periodo 2022-2026.
El regulador estima que, pese al empeoramiento temporal de los indicadores de solvencia y la reducción de ingresos y resultados, la viabilidad financiera futura de Aena no se verá comprometida.
En primer lugar, porque teniendo en cuenta la experiencia pasada se puede constatar que, durante varios años en los que la crisis financiera afectó de lleno a los países de la zona euro (2013 y 2014), la deuda de Aena superó los 11.000 millones de euros y su ratio deuda/ebitda se situó por encima de 11 sin que la sostenibilidad de la red se pusiera en riesgo.
En segundo lugar, porque la previsión para este nuevo periodo regulatorio muestra una mejora continua de la solvencia en los resultados del gestor aeroportuario hasta el 2026.
El informe de la CNMC es preceptivo pero no vinculante. Será la Dirección General de Aviación Civil (DGAC), que depende del Ministerio de Transportes, la que estudie el tema y proponga su propio informe sobre la propuesta de Aena, para que finalmente sea aprobado por el Consejo de Ministros.
CONFLICTO CON LAS AEROLÍNEAS
El anuncio de subida de las tasas ha puesto en pie de guerra a las líneas aéreas, protagonistas de una rebelión que las predispone a llegar hasta el final contra Aena al considerar que la subida de las tarifas pretendida por el gestor aeroportuario supondrá un fuerte descenso en el tránsito de pasajeros.
Tras perder más de 241 millones de euros en el primer trimestre con una caída de los ingresos de cerca del 55%, la propuesta de Aena va encaminada a frenar la sangría provocada por la crisis. El objetivo es sacar de dinero de donde sea. Pero este tipo de medidas dirigidas a mejorar sus cuentas choca frontalmente con los intereses de sus clientes y usuarios.
Las aerolíneas han mantenido encuentros al más alto nivel político, al tratarse de un conflicto con una empresa semipública, en la que el Estado es propietario de una parte importante de su accionariado. El propósito, frenar esta propuesta, de momento parece haber ganado una batalla, aunque la guerra todavía no ha terminado.
Pero al frente de las aerolíneas, en los últimos meses se han sumado otros para Aena. Por lo pronto, el conflicto con los inquilinos de los locales aeroportuarios sigue abierto. Al considerar el Tribunal Supremo que los contratos son concesiones y no arrendamientos, Aena no puede ejecutar los avales establecidos en dicho contrato por el impago de los alquileres a raíz de la pandemia.
Por otro lado, la ampliación del aeropuerto de Barcelona es también objeto de ataques a la compañía desde diferentes ámbitos. Por el momento, el proyecto se mantiene aunque con retrasos considerables respecto al comienzo previsto de las obras.
Entretanto, Aena anuncia la reapertura de las terminales T2 y T3 del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas a partir del 1 de julio, y hace algo menos de 15 días reabría la T2 del aeropuerto de El Prat.
De esta forma, a partir del 1 de julio, el aeropuerto tendrá abiertas de nuevo todas sus terminales (T123, T4 y T4S). Así, la T123 recupera la operativa con la que contaba antes de la pandemia, habiendo adaptado sus instalaciones a la situación operativa actual y a todas las medidas implantadas para facilitar la seguridad sanitaria de sus pasajeros.
Aena ha logrado la acreditación de aeropuerto seguro para 19 aeropuertos de la red, mientras que el resto de aeropuertos de la red de Aena se encuentran en proceso de tramitación.
SEGURIDAD EN LOS AEROPUERTOS
El programa de Acreditación de Salud Aeroportuaria del Consejo Internacional de Aeropuertos (ACI) evalúa el cumplimiento de las medidas sanitarias recomendadas por ACI, la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), la Agencia Europea de Seguridad Aérea (EASA), el Centro Europeo de Prevención y Control de Enfermedades (ECDC) y las guías de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Entre estas medidas, ACI ha certificado el refuerzo de la limpieza y desinfección en las instalaciones, el control de los aforos máximos permitidos y la adaptación de los distintos procesos operativos a la nueva realidad.
También ha valorado la instalación de mamparas protectoras, dispensadores de gel hidroalcohólico, elementos contactless, información en formato digital, cartelería y megafonía (se recuerda la obligación del uso de la mascarilla y recomendaciones como la higiene de manos), marcas y huellas de distanciamiento social o la anulación de asientos para preservar esa distancia.
Pese a todo, durante meses a Aena le han llovido las críticas por forma “aleatoria” y «reducida» en la que se realizan las pruebas PCR en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, tanto desde el Ayuntamiento de la capital como desde el Gobierno regional.
La apertura desde el 1 de julio de las terminales T2 y T3 del aeropuerto madrileño es, sin lugar a dudas, una gran noticia no solo para el gigante aeroportuario, sino también para los inquilinos de los locales de esas terminales, que por fin podrán volver a abrir sus negocios después de tantos meses. Unos inquilinos que siguen en pie de guerra con Aena por la reclamación por los impagos de alquileres del gestor.
EL FRENTE CON LOS INQUILINOS
Aena perdió el recurso de las medidas cautelares para poder ejecutar los avales establecidos en sus contratos a los locales de sus aeropuertos, por el impago de los alquileres a raíz de la pandemia, ya que el Tribunal Supremo consideró que los contratos son concesiones y no arrendamientos.
El asunto está en los tribunales donde la compañía espera que las tornas cambien y se dictamine a su favor, pero a principios de mes, todos los grupos de la Comisión de Hacienda del Congreso, incluidos PSOE y Unidas Podemos, expresaron su apoyo a la iniciativa de Esquerra Republicana (ERC) que instaba a Aena a buscar “acuerdos equilibrados” con los negocios que operan en sus aeropuertos, al menos hasta recuperar la normalidad del tráfico aéreo.
El portavoz económico de ERC, Joan Capdevilla, apostó por que Aena sea “mejor un casero sensato que un fondo buitre y sea razonable”, mientras que Miguel Ángel González Caballero, del PSOE, aceptó pedir “soluciones equilibradas” y “sensibles con la situación que pasan las sociedades arrendatarias”, pero también la propia Aena.
A su vez, el diputado ‘popular’ Miguel Ángel Castellón lamentó “la insensibilidad del Gobierno” en este aspecto, pues cree que el sector público “no ha movido ni un solo dedo” para facilitar este tipo de situaciones y, en el caso de Aena, con una caída de hasta el 84% en los ingresos de sus locales, ha recurrido al “chantaje y a la extorsión”, planteando como alternativa cobrar el 100% de los alquileres “y además amenazar con la ejecución de los avales”.
En este sentido, cabe recordar las palabras de Jordi Ruiz Villa, socio del Despacho de Abogados Fieldfisher Jausas en representación de la Asociación Española de Operadores Comerciales de Aeropuertos (AEOCA) que, en declaraciones recientes a MERCA2 afirmaba que “ningún aeropuerto de Europa está haciendo lo que pretende Aena, todos están reduciendo la rentas en función de los pasajeros”.
LOS MEJORES ABOGADOS
En este contexto complejo, Aena opta por una potente estrategia de defensa. Por eso, la compañía ha seleccionado un ‘pool’ de 19 despachos de abogados para luchar por sus intereses en todos los frentes legales que tiene abiertos en estos momentos, y los que puedan llegar.
En prevención de los retos judiciales que se puedan presentar, el gestor aeroportuario ha propuesto la renovación del contrato con las principales firmas de la abogacía de los negocios, destacando la presencia de los cuatro despachos con más facturación en España, como son Cuatrecasas, Uría Menéndez, Garrigues y PwC Tax & Legal.
POLÉMICA AMPLIACIÓN DE EL PRAT
Y por si todo esto fuera poco, uno de los proyectos que a priori sólo podía traer consigo buenas noticias, al estar vinculado a las grandes inversiones de ampliación de los principales aeropuertos españoles, en el caso de El Prat también ha derivado en polémica.
Las voces se alzan a favor y en contra del nuevo desarrollo. A mediados del mes de mayo, el Ayuntamiento de Barcelona mostró su oposición a la ampliación del aeropuerto de El Prat presentada por Aena. La alcaldesa de la capital condal, Ada Colau y su formación política no están de acuerdo con la misma, mientras que su socio de gobierno, el PSC, sí.
De hecho, la alcaldesa ya ha comentado en varios foros que le gustaría que desaparecieran de la oferta del aeropuerto dos de cada tres vuelos entre Barcelona y Madrid, así como la conexión con Valencia. La líder catalana considera que las rutas que tienen alternativa ferroviaria deben desaparecer para descongestionar el aeropuerto.
Pero no solo la primera edil y su partido se muestran en contra. También organizaciones ecologistas y los vecinos de Viladecans y de El Prat de Llobregat se oponen. Y es que el plan de Aena afecta directamente a un espacio protegido: la laguna La Ricarda, incluida en la Red Natura 2000.
En juego están ni más ni menos que 1.700 millones de euros, la mayor inversión prevista por el estado en Cataluña, y la generación de unos 80.000 puestos de trabajo directos. El líder de la oposición, Pablo Casado, se ha mostrado completamente a favor de ampliar un aeropuerto que se ha quedado pequeño y perderá competitividad si no se actúa con rapidez.
La Generalitat se ha comprometido a no bloquear la ampliación y los empresarios catalanes también han solicitado que se desbloquee la situación y que la ampliación sea una realidad cuanto antes.
