La dirección de Nissan Motor Ibérica, sindicatos y las administraciones públicas han constituido este miércoles la comisión de trabajo para el arranque del proyecto de reindustrialización de la actividad de producción de Nissan en los centros de la Zona Franca de Barcelona, Montcada i Reixac y Sant Andreu de la Barca.

En la reunión, celebrada de manera presencial en la Delegación del Gobierno en Cataluña, han participado, entre otros, la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto; la consellera d’Empresa i Coneixement de la Generalitat, Àngels Chacón; así como el responsable de Operaciones Industriales de Nissan en España, Frank Torres, y miembros de las cuatro organizaciones sindicales -SIGEN-USOC, CC.OO., UGT y CGT- con representación en los comités de empresa de las plantas.

El establecimiento de esta comisión fue uno de los puntos recogidos en el acuerdo alcanzado a principios de agosto entre la dirección de Nissan y la representación de los trabajadores, tras la finalización de las negociaciones sobre la intención de la compañía de cerrar la fábrica de Zona Franca.

«Desde Nissan, estamos comprometidos en explorar alternativas de futuro que puedan dar una solución de reindustrialización en beneficio de nuestros empleados y proveedores. Acordar el mantenimiento de la actividad industrial hasta diciembre de 2021 nos ha permitido ganar tiempo para trabajar en dichas alternativas», ha indicado Torres.

Por su parte, la titular de Industria ha destacado que la reindusitrialización de las plantas es una «prioridad» para el Gobierno. «La unidad de acción es una fortaleza para atraer proyectos industriales que permitan garantizar las capacidades productivas y el empleo y que a su vez contribuyan a modernizar la industria catalana y española», ha subrayado Maroto.

Àngels Chacón ha insistido en dar prioridad a proyectos industriales en el campo de la automoción o la movilidad para «mantener vivo y competitivo» este ecosistema de la industria en Cataluña.

«Los representantes sindicales creemos que con la constitución de la mesa de reindustrialización se pone en marcha uno de los principales objetivos del acuerdo alcanzado el pasado 5 de agosto. Vamos a trabajar de forma conjunta en buscar la mejor alternativa industrial que garantice los puestos de trabajo de Nissan y el tejido industrial actual», han reivindicado los representantes de los trabajadores.

El Gobierno da por ejecutada la devolución de las cantidades abonadas a Enagás por el fallido proyecto Castor al asegurar que los 34,5 millones de euros que el operador recibió del sistema gasístico se dirigirán al sostenimiento de otras instalaciones.

Así lo manifiesta el Ejecutivo en una respuesta registrada en el Senado, al senador de Compromís, Carles Mulet, que había preguntado por las medidas adoptadas hasta ahora para hacer efectiva la devolución a consumidores de gas, entre empresas y particulares, por el sobrecoste que soportaron en sus facturas entre 2014 y 2018 por decretos y resoluciones anuladas posteriormente por el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo.

A los titulares de los derechos de cobro se abonaron entre 2016 y 2018 más de 141 millones de euros, quedando pendientes de abonar otros 100 millones de euros a partir de la sentencia del Tribunal Constitucional, cantidades que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) resolvió reintegrar al sistema gasista.

COMPROMÍS 

Frente a la respuesta, Compromís critica que el Gobierno no haya adoptado ninguna medida para hacer efectiva estas cantidades «ilegalmente cobradas a particulares y empresas entre 2014 y 2018 por sobrecostes, pagos y cánones por el consumo de gas que no estaban obligados a soportar», subrayando que la anulación de las normas que validaban los recargos provocaba que los mismos «debían volver a su lugar de origen, como son los particulares y empresas.

No compartimos el trato que se está teniendo hacia esta empresa a la que se le ha permitido todo sobre el territorio, se le pagaron cantidades millonarias por su ineptitud e incluso el Gobierno progresista dilata en el tiempo todo lo que puede el desmantelamiento de sus peligrosas instalaciones», sostiene Mulet.

En este sentido, considera que la devolución de estas cantidades al sistema gasística «altera la situación de los mercados y perjudica los derechos e intereses de los consumidores de forma clara», por lo que censura «la falta de transparencia» y «los criterios extraños de no devolver un dinero cobrado ilegalmente, cuando su procedencia es tan clara y existen facturas de por medio que facilitan la devolución o compensación».

Esto es como si un tribunal declarara que hemos estafado a Hacienda y decidiéramos que, en vez de devolver el dinero, los pusiéramos en otro sitio que tiene como consejeros a gente de nuestro partido», concluye Mulet. Y es que, según ha recordado el senador de Compromís, el gestor gasista cuenta o ha contado entre sus consejeros y asesores a los exministros del PSOE José Blanco y José Montilla, y a los ‘populares’ Ana Palacio, Antonio Hernández Mancha, Marcelino Oreja Arburúa e Isabel Tocino.

La banca europea ha solicitado 793,5 millones de euros de liquidez al Banco Central Europeo (BCE) en la cuarta operación de refinanciación a largo plazo contra la pandemia (Peltro), lo que supone menos de una quinta parte de los fondos solicitados en la tercera subasta, realizada en agosto.

El BCE anunció las subastas Peltro el pasado 30 de abril como parte del nuevo paquete de medidas de liquidez para la banca. Se realizarán un total de siete operaciones Peltro de forma casi mensual.

A la subasta de este miércoles han acudido 13 de entidades, por lo que la media de liquidez solicitada ha sido de 61,03 millones de euros. Los fondos se transferirán este jueves y el plazo de vencimiento es el 26 de agosto de 2021. El tipo de interés aplicado es de -0,25%, por lo que los bancos cobrarán 1,98 millones al BCE por pedir prestado.

La próxima operación Peltro tendrá lugar el 6 de octubre y el plazo de vencimiento también será el 26 de agosto de 2021. Por otro lado, este miércoles también han tenido lugar dos subastas de liquidez en dólares, como parte del acuerdo ‘swap’ que el BCE mantiene con la Reserva Federal de Estados Unidos.

A la subasta que tiene lugar tres veces por semana con vencimiento a siete días ha acudido únicamente una entidad y ha solicitado 30,3 millones de dólares (25,54 millones de euros. De su lado, a la semanal con vencimiento a 84 días ha acudido también una única entidad y ha solicitado 40 millones de dólares (33,71 millones de euros). El tipo de interés aplicado es del 0,34% y 0,32%, respectivamente.

Esta vulnerabilidad hace uso de una aplicación maliciosa y se aprovecha de la posibilidad de modificar los datos de la transacción antes de enviarlos al datáfono. También hacer compras falsas engañando a los terminales de pago.

CONFIANZA

«En Visa nos tomamos muy en serio todas las posibles amenazas en la seguridad de los pagos. En este sentido, apreciamos los esfuerzos académicos y de la industria en reforzar el ecosistema de pagos», ha asegurado la empresa bancaria en un comunicado remitido a Europa Press.

Los consumidores «pueden seguir haciendo uso de sus tarjetas Visa con total confianza«, ha defendido Visa, que ha valorado que los escenarios propuestos por los investigadores «pueden ser razonables para realizar simulaciones, pero han demostrado ser poco prácticos a la hora ser usados por estafadores en el mundo real».

«La realidad es que, en todo ese tiempo, no se han reportado estos modelos de fraude en la práctica», ha aseverado Visa, que ha defendido que «las tarjetas ‘contactless’ son muy seguras».

Este tipo de tarjetas usa la misma tecnología segura que el chip EMV -presente en las tarjetas del estándar desarrollado por Europay, Mastercard y la propia Visa- y previenen la falsificación utilizando un código de un solo uso que evita que los datos comprometidos se vuelvan a utilizar para el hurto.

Ibox Energy, empresa de renovables participada por Cox Energy e Ibexia Development, invertirá 35 millones de euros en la construcción, a partir del próximo mes de octubre, de dos nuevas plantas fotovoltaicas en los municipios de Hornachos y Olivenza, situados en la provincia de Badajoz.

Las instalaciones, que crearán casi 200 puestos de trabajo, tienen una potencia total de 40 MWp y proporcionarán una energía de 140 GWh año, suficiente para satisfacer las necesidades de electricidad de 30.000 hogares y evitar la emisión a la atmósfera de 36.000 toneladas de dióxido de carbono (CO2), según informa la compañía.

En concreto, Hornachos Solar es un proyecto fotovoltaico con una potencia de 20 MWp y estará compuesto por 55.332 módulos fotovoltaicos de 360 Wp montados sobre 636 seguidores monofila a un eje horizontal y 159 inversores de 159 kW. Esta planta creará 100 empleos.

Por su parte, el complejo solar Olivenza integrará tres parques fotovoltaicos con una potencia total cercana a los 20 MWp, situados en la localidad de Olivenza, y estará compuesta 52.200 módulos fotovoltaicos de 360 Wp. En la construcción de estas plantas se emplearán a unas 100 personas.

El Gobierno y el PNV iniciarán la próxima semana la negociación de cara al proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2021, según ha confirmado este miércoles el portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, que ve «más coherente» priorizar la mayoría que permitió la formación de Gobierno, con ERC y EH-Bildu, que buscar el apoyo de Ciudadanos.

En una rueda de prensa celebrada en el Congreso antes de la reunión de Junta de Portavoces de la Cámara Baja, Esteban ha explicado esta posición en que la formación que lidera Inés Arrimadas «muchas veces se ha mostrado muy intolerante a llegar a acuerdos» con el PNV, y ha recordado su oposición a la investidura.

«La mayoría gubernamental, o que impulsó la creación de Gobierno, estaba a favor del proyecto. Cs mostró lo contrario, su oposición», ha dicho, señalando que «sería más coherente mantener la coherencia desde la creación del Gobierno».

TERRENO COMÚN

Hay que saber cuáles son los planteamientos, y en una entente en la que entran muchas ideologías y colores políticos diversos, hay que saber cuáles son los límites y encontrar terreno común«, ha argumentado, señalando a renglón seguido que ese terreno común «sería lo más lógico que pudiera encontrar en la mayoría que apoyó y dejó que se constituyese el Gobierno.

Esteban, que este jueves será recibido por el presidente Pedro Sánchez en el Palacio de la Moncloa, ha reconocido en todo caso que «la situación es complicada» y «que se cruzan muchos factores y muchos intereses», lo que, a su juicio, «obliga a cada a uno a intentar a llegar a acuerdos». «Al menos que haya esa voluntad», ha exigido.

Respecto al contenido de los Presupuestos, Esteban asume que el motor principal «tiene que ser la reactivación económica y la cobertura social» y ha destacado que una de las preocupaciones de su formación será «el acento» que tenga la industria, pero también «la cobertura social».

En cuanto a la fiscalidad, ha pedido que exista una «visión de conjunta» del sistema de impuestos, de cara a posibles cambios y así comprobar «cuales son los efectos en cadena» que provocarían modificaciones. «Para eso hace falta estudio en profundidad», ha incidido.

El presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, ha señalado que mira los datos de paro registrado y afiliación a la Seguridad Social de agosto «con preocupación» y que los datos de los últimos días del mes «aventuran la sangría de empleos» en los próximos meses.

Para Amor, «los datos de empleo de los últimos días de agosto nos devuelven a la realidad tras el espejismo de junio y julio«. «Desde ATA ya advertíamos que activación no es recuperación», ha recordado.

Asimismo, ha alertado de que la situación de deterioro económico es tan importante que «van a cerrar muchas empresas y se va a perder más de un millón de empleos a lo largo de este año». Por ello, ha instado a actuar desde ya y a que se tomen medidas económicas que apoyen a los autónomos y a las empresas.

INCENTIVAR EL CONSUMO

Es el momento de incentivar el consumo y la demanda. La meta no es no subir impuestos, la meta es bajarlos: es el momento de bajar el IVA tal y como se ha hecho en otros países a sectores que verdaderamente lo necesitan como la hostelería y las actividades relacionadas con el turismo», ha añadido.

También ve fundamental que se amplíen las líneas del ICO, porque las empresas y los autónomos es ahora «cuando más las van a necesitar». «Hay que activar la prestación extraordinaria por cese de actividad que llegó durante el Estado de Alarma a más de 1,4 millones de autónomos y que fue un verdadero salvavidas para muchos», ha apuntado Amor.

Los contribuyentes que declaran patrimonios superiores a los 30 millones de euros se han reducido un 0,5% en 2018, pasando de 611 en 2017 a 608 un año después, el primer descenso desde el inicio de la recuperación económica en 2013, de acuerdo con los últimos datos de la Agencia Tributaria sobre la recaudación del Impuesto de Patrimonio.

Además, la ligera caída en 2018, último dato disponible, se produce después de que en una década (entre 2007 y 2017) el número de ‘ricos’ en España se multiplicara por 2,6.

Desde el inicio de la recuperación económica en España el número de ‘ricos’ con patrimonios declarados superiores a más de 30 millones de euros no ha hecho más que aumentar, hasta los 443 en 2012, los 471 de 2013, los 508 de 2014 y los 549 de 2015.

3.600 NUEVOS

En cuanto a los datos de 2018, casi dos de cada tres contribuyentes (el 68%) del Impuesto de Patrimonio declaran propiedades y rentas de entre 300.000 y 1,5 millones de euros, según los últimos datos de la Agencia Tributaria, que muestran cómo el número total de declarantes de este tributo creció un 1,7% respecto al ejercicio anterior.

Los contribuyentes de este impuesto alcanzaron los 206.037 en 2018 frente a los 202.437 de un año antes, por lo que 3.600 declarantes nuevos se sumaron a la declaración del Impuesto de Patrimonio coincidiendo con la mejor evolución de la economía española.

LA MAYORÍA DECLARA ENTRE 300.000 Y 1,5 MILLONES

La estadística del Impuesto de Patrimonio muestra cómo la mayor parte de los contribuyentes de este tributo, en concreto 140.353, declaran propiedades y bienes por importe de entre 300.000 euros y 1,5 millones de euros, y en comparación con el año anterior estos declarantes han crecido un 2,1%.

El segundo grupo más numeroso es el de los contribuyentes que declaran entre 1,5 y 6 millones de euros, que alcanzaron en 2018 los 53.671, algo por encima de los 53.245 del año anterior, y representan el 26% del total de declarantes de este tributo.

A continuación figuran los contribuyentes con importes de entre 6 y 30 millones de euros, hasta los 6.465, el 3,1% del total y algo por debajo de los 6.481 del ejercicio precedente. A su vez, un total de 608 contribuyentes declararon patrimonios de más de 30,05 millones de euros, 3 menos que un año antes.

De hecho, estos cuatro grupos acaparan el 97,6% del total de declarantes, o lo que es lo mismo, la práctica totalidad de los contribuyentes del Impuesto de Patrimonio declaran bienes de entre 300.000 euros y 6 millones de euros.

LAS GRANDES FORTUNAS

En la distribución de los datos por comunidades autónomas, de los 202.437 declarantes del Impuesto de Patrimonio en 2018, la mayor parte se concentran en cuatro regiones: Cataluña, con 77.397, que encabeza la lista a cierta distancia con la siguiente región, que es la Comunidad Valenciana, con 22.702 declarantes; seguida de Madrid (18.587) y Andalucía (18.380), ambas con una cifra muy parecida.

Por el contrario, Extremadura, con 1.226 declarantes por este impuesto, es la región donde hay un menor número de ‘ricos’; seguida de La Rioja, con 2.352 contribuyentes, y Cantabria, con un total de 2.974 declarantes.

En cambio, en la distribución por importe del patrimonio declarado, la clasificación regional cambia considerablemente, ya que en este caso Madrid encabeza el ranking, con un patrimonio medio declarado por contribuyente de 9,46 millones de euros.

EL ‘IMPERIO’ INDITEX

En la segunda posición se cuela Galicia, con un patrimonio medio de 5,4 millones, a pesar de que el número de contribuyentes por este impuesto en la región apenas llega a los 8.000, circunstancia que se explica por el domicilio en la Comunidad gallega del fundador y socio mayoritario de Inditex, Amancio Ortega, su mujer y sus hijos, que encabezan la lista Forbes de los más ricos de España.

La tercera plaza la ocupa Canarias, con un patrimonio medio declarado de 3,4 millones de euros, seguida de Cataluña, con 2,6 millones, lo que la convierte en la cuarta comunidad por importe declarado, aunque es la primera en cuanto al número de declarantes.

El Impuesto de Patrimonio se suprimió a partir del 1 de enero de 2008 y tras la crisis económica, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero lo recuperó en 2011, en principio temporalmente hasta el año 2013, pero el Ejecutivo de Mariano Rajoy y ahora el de Pedro Sánchez lo han mantenido y prorrogado sucesivamente.

La Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores (Uatae) cree que las cifras de autónomos del mes de agosto son «positivas si se atiende a que está siendo un año azotado por la pandemia y detrás de la estadística está el esfuerzo sobrehumano de los trabajadores por cuenta propia por aguantar».

Además, ha señalado que en estos datos también se recoge el alcance de las medidas de protección que se tomaron durante el confinamiento y que dieron resultado. Por lo que, ante una recuperación económica «más lenta y asimétrica de lo que se había previsto, es necesario tomar nuevas medidas de apoyo», según ha señalado la secretaria general de Uatae, María José Landaburu.

En general, sobre los datos totales de la Seguridad Social, Landaburu cree que sitúa al país en un escenario «de necesidad de reforzar el escudo social, pero en disposición ya de afrontar esa recuperación».

MEDIDAS DEA APOYO

«En un momento de tanta incertidumbre, constatamos como una buena noticia el esfuerzo de los trabajadores por cuenta propia por defender su trabajo y a la vez mantenemos la prudencia y evitamos cualquier triunfalismo porque ésta es una carrera de fondo y los autónomos siempre estamos en la cuerda floja», ha añadido.

Por último, ha insistido en que «hay que tomar medidas desde ya» y que estas pasan por la prórroga de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) de fuerza mayor como mínimo hasta diciembre y por la recuperación de la prestación extraordinaria por cese de actividad para los sectores más golpeados.

La Dirección General de Trabajo ha registrado y publicado el acuerdo sobre el registro de jornada de los trabajadores englobados en el convenio colectivo de las empresas de Grupo Santander (Santander Consumer, Hispamer Renting, Santander Consumer Renting y Transolver Finance), según publica este miércoles el Boletín Oficial del Estado (BOE).

El acuerdo alcanzado por la representación sindical y las empresas del Santander contempla la implantación de un sistema de registro diario de jornada que no supone alteración ni en la jornada ni en el horario de trabajo, ni en los descansos, pausas y otras interrupciones de trabajo de la plantilla.

Asimismo, debe ser «plenamente compatible» con las políticas internas orientadas a facilitar la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, así como la flexibilidad en la distribución del tiempo de trabajo, adecuación de jornada y prestación de servicios en modelo de teletrabajo.

MEJOR TELEMÁTICO

El sistema a implantar por las compañías será preferentemente telemático y deberá contemplar los elementos de seguridad necesarios para garantizar la objetividad, fiabilidad, trazabilidad y accesibilidad del registro y garantizar la imposibilidad de manipulación.

Los datos que deben registrarse son la hora de inicio de la jornada, la hora de finalización y el tiempo efectivo de trabajo, descontadas las pausas que no se consideren tiempo efectivo de trabajo. Sí tienen consideración de tiempo efectivo de trabajo el tiempo destinado a formación de carácter obligatorio, la asistencia a reuniones, las licencias retribuidas del convenio y los 15 minutos diarios de descanso obligatorio.

En cuanto a las horas extras –una práctica desaconsejable según las partes, salvo en supuestos excepcionales–, deberán contar para su realización con la autorización previa de la empresa y serán de carácter voluntario para los empleados.

Cualquier trabajador podrá acceder y descargar del sistema, en cualquier momento y de forma exclusiva su registro diario de jornada para consultar sus propios datos tal y como figuren en el registro. Además, la entidad debe facilitar a los sindicatos, con carácter mensual, el contenido del registro de jornada de las personas trabajadoras del centro de trabajo en el que ejerzan su representación.

Inflexion Private Equity Partners ha adquirido el 40% de Auxadi Contables & Consultores, de manera que la firma de inversión británica se incorpora al accionariado de Auxadi en calidad de socio minoritario.

Con esta inversión minoritaria, Inflexion apoyará a Auxadi en sus planes de crecimiento internacional, principalmente en Estados Unidos y Latinoamérica, a través de su experiencia en fusiones y adquisiciones.

Latham & Watkins ha prestado asesoramiento legal a Inflexion en la que ha sido su primera operación en España, llevada a cabo a través de su fondo Inflexion Partnership Capital Fund II.

Inflexion es una firma de inversión británica especializada en private equity con 6.043 millones de euros en activos bajo gestión y oficinas en Reino Unido, Estados Unidos, Brasil, China e India, que invierte en compañías en fase de expansión.

Auxadi es una compañía que ofrece soluciones flexibles de contabilidad, impuestos y nóminas en más de 50 jurisdicciones y que prevé cerrar 2020 con una facturación aproximada de 25,5 millones de euros.