El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo de España y el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes de la República Dominicana han firmado varios acuerdos para el fomento y promoción de la digitalización en el sector industrial.

Al acto de firma han asistido el secretario general de Industria y Pyme español, Raül Blanco, y el ministro de Industria dominicano, Víctor Orlando Bisonó.

Para el secretario general de Industria, Raúl Blanco, «este acuerdo supone reconocer el importante papel que juega la industria 4.0 en el desarrollo y crecimiento económico de ambos países, y pone en valor los retos y oportunidades asociados a la digitalización industrial, sobre todo en pequeñas y medianas empresas».

El Memorando de Entendimiento recoge diferentes áreas de cooperación para incrementar el valor añadido industrial, la cualificación del empleo en el sector, y el desarrollo de soluciones digitales para la industria.

Además, reconoce la colaboración en buscar soluciones para la Covid-19 a través de la digitalización. Se creará un Comité Conjunto sobre Industria 4.0 para poner en marcha estas medidas, aprobar proyectos conjuntos y estudiar la evolución de los mismos.

Además, el Ministerio de Industria español, a través de la Escuela de Organización Industrial (EOI), ha firmado con el Ministerio de Industria dominicano un acuerdo marco para la promoción y fomento de programas formativos, asistencia técnica y proyectos que contribuyan al desarrollo económico y social de la República Dominicana.

Dentro del acuerdo marco, se han suscrito cuatro convenios específicos para impartir cuatro programas formativos por parte de EOI en el país caribeño: Programa de capacitación en producción más limpia y Economía circular (112 horas), Programa superior en Transformación Digital (50 horas), Curso en gestión de la Calidad y Reingeniería de procesos (80 horas), Programa ejecutivo en Dirección de proyectos (90 horas).

Los programas son de modalidad online y están dirigidos a la capacitación de profesionales dominicanos en competencias y habilidades relacionadas con la economía circular, la trasformación digital o la calidad, sectores de futuro en los que EOI es especialista y constituyen su columna vertebral, ha explicado Blanco.

El Libro Beige de la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos ha advertido de una lenta recuperación en términos de empleo en varios distritos estadounidenses dadas las preocupaciones sanitarias de los empleados por la pandemia, que ha llevado a las empresas a adoptar esquemas de trabajo más flexibles.

Así, se ha observado un aumento del empleo generalizado donde las empresas de industrias han sido las que más contrataciones han registrado pese a los despidos contabilizados. Aún así, la publicación también recoge que empresas de varios distritos les ha resultado «más fácil contratas a trabajadores».

De hecho, el documento recoge que varias empresas han reportado costes adicionales por el despliegue de medidas sanitarias, como equipos de protección personal, equipos de higiene, así como el despliegue de la tecnología necesarios para el trabajo remoto.

El Libro Beige constata que en algunos casos los salarios llegaron a niveles normales, aunque lo más común ha sido un aumento ligero de las retribuciones en todos los distritos, debido a la dificultad de las empresas para encontrar trabajadores, sobre todo en casos de trabajadores de alta demanda.

De su lado, la publicación ha observado un aumento de la actividad económica generalizado, aunque con un ritmo de crecimiento modesto, observándose diferencias en la reactivación entre los diferentes sectores de actividad.

Así, los mercados de vivienda residencial continuaron experimentando una demanda constante de viviendas nuevas y de segunda mano, así como una mayor solicitud de hipotecas registrada por los bancos.

Por el contrario, las condiciones para el ‘real estate’ se deterioraron en muchos distritos, con la excepción del espacio industrial donde la actividad de construcción y el alquiler se mantuvo estable.

Las grandes empresas tributaron a un tipo efectivo sobre el resultado contable en el Impuesto de Sociedades del 6,6% en el año 2018, lo que supone 1,1 puntos porcentuales menos que el ejercicio anterior, mientras que las medianas empresas lo hicieron al 15,04% y las pequeñas al 15,7%, lo que supone un 0,6% menos y un 3,42% menos, respectivamente. De esta forma, la media total se situó en el 9,49%, frente al 10,73% del año previo.

Así se desprende de las cuentas anuales consolidadas del Impuesto sobre Sociedades, la estadística publicada este miércoles por la Agencia Tributaria, que contiene la información consolidada de las empresas individuales no integradas en grupos, que declaran en el modelo 200, y los grupos consolidados, que lo hacen en el modelo 220.

La estadística refleja que las grandes empresas pagaron un tipo efectivo del 6,6% en el Impuesto de Sociedades, si bien con notables diferencias dentro de las mismas, ya que aquellas con más de 5.000 trabajadores abonaron solo un tipo del 3,28%, por debajo de aquellas con entre 2.500 y 5.000 (9,72%), entre 1.000 y 2.500 (7,71%) entre 500 y 1.000 (14,3%) y entre 250 y 500 empleados (11,39%) en todos los casos por debajo del ejercicio anterior.

El tipo efectivo del 6,6% que pagan las grandes empresas está muy por debajo de lo que asumen el resto, ya que las medianas abonan más del doble, con un tipo del 15,04%, las pequeñas el 15,7% y las microempresas el 14,65%. Por su parte, las empresas sin asalariados pagan un tipo efectivo del 7,61%.

Este es el tipo que pagaron teniendo en cuenta los beneficios, pero adoptando la base imponible, las grandes compañías pagaron un 19,82%, también por debajo de lo que asumieron las empresas de mediano tamaño (21,66%), las pequeñas (23,18%) y las microempresas (23,19%).

Como media, las sociedades españolas pagaron en el ejercicio 2018 un tipo efectivo del 9,49% sobre el beneficio, un porcentaje que se eleva al 21,48% si se extrapola a la base imponible.

El acuerdo programático del Gobierno de coalición contemplaba un tipo mínimo del 15% en Sociedades a partir del cual no se podrán aplicar deducciones dirigido a «grandes corporaciones» y que no afectará a pequeñas y medianas empresas, si bien la crisis del Covid-19 ha llevado al Ejecutivo a postergar la reforma fiscal «en profundidad.

LOS BANCOS PAGAN UN TIPO DEL 4,45%

Por tipo de empresa, las 197 entidades de crédito (bancos) pagaron un tipo efectivo del 4,45% sobre el beneficio en el Impuesto de Sociedades, frente al 17,23% que abonaron las 284 aseguradoras y el tipo del 9,76% del más de millón y medio de empresas no financieras existentes en España.

Por sectores, las empresas de servicios sociales y personales y de ocio son las que afrontaron un mayor tipo (18,1%), seguidas por las compañías de comercio y comunicaciones (10,66%), industria, energía y agricultura (10,03%), construcción y actividades inmobiliarias (10,15%), y actividades financieras y servicios a empresas (6,44%).

Por cifra de negocios, los tipos efectivos que abonan las empresas van desde el 6,02% de las compañías que facturan hasta 50 millones de euros, hasta el 5,47% que abonan las empresas con una cifra de negocios superior a los 1.000 millones de euros.

El tipo más alto lo asumen las compañías con una facturación de entre dos millones y tres millones de euros, con un tipo del 21,29%.

En cuanto a la dimensión de las compañías por número de trabajadores, las más numerosas son las microempresas (726.229), que representan el 46,6% del total de más de 1,5 millones de empresas registradas en España.

A continuación se sitúan las empresas sin asalariados (696.129), equivalentes al 44,6% del total; las pequeñas empresas (126.666), que suponen el 8,1%; las medianas (6.062), el 0,38% del total; y las 3.553 empresas de mayor tamaño, que representan solo el 0,2% del empresariado español.

Gobierno, sindicatos y empresarios han acordado este miércoles en la mesa del diálogo social para abordar la conocida como ley de ‘riders’ que la normativa no se centre solo en este colectivo de trabajadores, sino que abarque a todos los falsos autónomos.

«La mesa no se va a ceñir a los ‘riders’, sino que se aspira a establecer una regulación para evitar la proliferación del fraude laboral a través de plataformas digitales», ha apostillado CCOO en declaraciones tras el encuentro.

Los interlocutores sociales volverán a reunirse con el Ejecutivo el próximo miércoles por la tarde con propuestas concretas. En el encuentro de hoy se ha debatido el marco general de la situación por la que atraviesan estos trabajadores y será a partir de la semana que viene cuando se debatirán las propuestas.

En un comunicado conjunto, UGT y CCOO han saludado el consenso alcanzado entre las diversas partes representadas en la mesa de concertación social en relación a la necesidad de avanzar en una normativa de ámbito laboral que regule el trabajo que se desarrolla a través de plataformas digitales.

De hecho, han señalado que ambas organizaciones sindicales van a trabajar en una propuesta que impida la utilización de la tecnología para el ocultamiento de relaciones laborales con el objetivo de «garantizar los derechos tanto individuales como colectivos establecidos en el marco laboral al conjunto de los trabajadores, también cuando desarrollan su actividad a través de plataformas digitales y se presentan los elementos definitorios de una relación laboral.

Desde el Ministerio de Yolanda Díaz han valorado la reunión como «muy positiva y productiva». De hecho, han apuntado que el encuentro de hoy era «distinto», ya que lo que quería el Gobierno era escuchar las diferentes alternativas y propuestas legislativas de los agentes sociales para construir a partir de esto la legislación.

La negociación sobre la nueva ley se está celebrando tan solo unos días después de que el Tribunal Supremo declarase a los ‘riders’ de Glovo como falsos autónomos, según lo decidió el Pleno de la Sala Cuarta, que estableció la relación existente entre los repartidores y la empresa, calificando su naturaleza de laboral, en línea con lo que han venido defendiendo Trabajo y los sindicatos.

Según el alto tribunal, Glovo es una empresa que presta servicios de recadería y mensajería fijando las condiciones esenciales para la prestación de dicho servicio, al tiempo que es titular de los activos esenciales para la realización de la actividad.

Para ello, explicaba el Supremo, se sirve de repartidores que no disponen de una organización empresarial propia y autónoma, los cuales prestan su servicio insertados en la organización de trabajo del empleador.

El pasado mes de junio el Ministerio de Trabajo y Economía Social inició la tramitación de esta nueva ley mediante su consulta pública, con el fin de regular el trabajo por cuenta propia y ajena a través de plataformas tecnológicas.

El departamento de Yolanda Díaz considera que el uso de medios tecnológicos o digitales no puede «desvirtuar» la naturaleza de la actividad prestada, ni todas las actividades prestadas con el apoyo de instrumentos digitales responden a los mismos presupuestos ni tienen el mismo objetivo.

El Ministerio siempre ha defendido que los nuevos modelos de negocio on line deben estar sometidos «a las mismas reglas» que los modelos de negocio clásicos para «equiparar» los modelos de producción clásicos o tradicionales y los nuevos modelos tecnológicos o informáticos.

De ahí surgió la necesidad, según Trabajo, de articular «de manera segura y con las certezas necesarias», una realidad económica nueva que debe garantizar la protección de quienes son trabajadores, aún cuando puedan prestar servicios de un modo que se aparta del tradicional (trabajo esporádico, sin lugar físico determinado, sin horario establecido, etc.), pero que están «sometidos al control» de la prestación y a un poder informático y tecnológico de nivel superior sobre los procesos y los resultados.

En este sentido, Trabajo asegura en el texto sometido a consulta que la cobertura y protección de las personas trabajadoras por cuenta ajena a través de estos modelos de negocio es «capital», puesto que la distinción entre trabajadores por cuenta ajena y trabajadores por cuenta propia lleva consigo la aplicación de regímenes jurídicos distintos basados en el reconocimiento de situaciones subjetivas concretas.

GARANTIZAR UN SALARIO MÍNIMO Y UN TIEMPO DE TRABAJO MÁXIMO

En concreto, el departamento de Díaz quiere asegurar para estos trabajadores la garantía de un salario cuyo sueldo viene determinado por una norma legal, un tiempo de trabajo máximo junto a periodos mínimos de descanso, derechos asociados a la extinción del contrato de trabajo, el derecho a unas condiciones de trabajo seguras y saludables o el ejercicio de derechos colectivos con las garantías de indemnidad precisas, entre otras.

«Se trata de proporcionar una regulación suficiente que dé respuestas adecuadas al fenómeno descrito aclarando la existencia de auténticas relaciones subordinadas y dependientes prestadas dentro del círculo rector y organizativo de la empresa», subraya Trabajo, que añade que la nueva norma trata también de evitar el «uso desproporcionado de soluciones judiciales a veces contradictorias», con la inseguridad jurídica y la desprotección que esto genera para los trabajadores afectados.

El Parlament catalán ha aprobado este miércoles un decreto ley por el que se aprueba posponer al 2021 la puesta en marcha del impuesto sobre las emisiones de dióxido de carbono de los vehículos de tracción mecánica, así como el aplazamiento del pago del impuesto sobre estancias en establecimientos turísticos, dada la crisis económica y social por el Covid-19.

El decreto se ha aprobado con el voto favorable de JxCat y ERC, el ‘no’ de los comuns, el PSC y la CUP y la abstención de Cs y el PP.

El vicepresidente y conseller de Economía y Hacienda de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonès, en relación con el impuesto del dióxido de carbono (CO2), ha reafirmado el compromiso «esencial e ineludible» del Govern en profundizar en la fiscalidad medioambiental, pero cree que dada la situación de pandemia lo conveniente es aplazar su puesta en marcha.

«Dada esta situación nueva que no se preveía cuando se creó el impuesto, debemos dejar para un poco mas adelante, para el año que viene, la aplicación de este impuesto. Con la caída de la actividad, no es razonable hacerlo», ha dicho e insiste que esta medida supondrá que el Govern deje de ingresar aproximadamente unos 74 millones de euros.

Por otro lado, en relación con la tasa turística, Aragonès ha dicho que el decreto supondrá que los propietarios de alojamientos turísticos puedan solicitar el aplazamiento o fraccionamiento del pago del impuesto «correspondiente a la temporada de invierno de 2019 y la del verano de 2020».

«En este caso se pospone el ingreso, pero la recaudación efectivamente se producirá, y por lo tanto no supone una pérdida de recaudación para el Govern», ha aclarado.

POLÍTICAS MEDIOAMBIENTALES

El diputado de Cs Martí Pachamé ha dicho que desde su formación apoyan el decreto ley no porque estén de acuerdo con estos impuestos, sino porque «alivia ni que sea momentáneamente la presión fiscal en estos momentos que es más necesario que nunca».

Por el PSC, la diputada Alícia Romero ha manifestado su rechazo al decreto porque, a su juicio, se tendría que mantener la aplicación del impuesto de las emisiones de vehículos porque «tanta emergencia es la crisis por el coronavirus como la crisis climática».

El diputado David Cid (comuns) ha argumentado su ‘no’ al decreto porque cree que no se tendría que aplazar el impuesto de CO2, y añade: «Tenemos la sensación de que si no tuviéramos elecciones el 14 de febrero, no estaríamos debatiendo este decreto».

La ‘cupaire’ Natàlia Sànchez ha tildado de despropósito este decreto porque en un momento de emergencia climática en aumento y «en el que es necesario dotar a las arcas públicas y potenciar el transporte público, el Govern potencia el coche para moverse».

PRESIÓN FISCAL

Por el PP el diputado Santi Rodríguez ha señalado que este decreto supone la quinta modificación del impuesto sobre emisiones –«que todavía no se ha puesto en marcha»– e insinúa, igual que los comuns, que podría tener relación con la proximidad de las elecciones.

Para el republicano Lluís Salvadó el aplazamiento del pago de la tasa turística es «adecuado y selectivo» ya serán aplazamientos puntuales y para establecimientos que lo soliciten, y del impuesto del CO2 pide no poner en duda que es una medida coyuntural por la pandemia.

Por JxCat, Jordi Munell ha contestado a los comuns sobre el fomento del transporte público: «Hay 28.000 millones de déficit de inversiones en infraestructuras por parte del Estado a Cataluña, y aquí estamos discutiendo aplazar unos 70 millones», en referencia a los 74 millones de euros que dejará de percibir el Govern al aplazar el impuesto de emisiones

La Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) rebate la postura del Gobierno sobre el IVA de las mascarillas y afirma que la aplicación de un IVA superreducido del 0% a este producto es «compatible» con la normativa tributaria europea.

Tras las declaraciones de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en las que aludió al reglamento europeo para explicar la imposibilidad de bajar el tipo del IVA aplicable a la venta de mascarillas, los asesores fiscales consideran que la ministra quiso referirse a la Directiva 2006/112, del Impuesto sobre el Valor Añadido, que regula las disposiciones que rigen el funcionamiento de este impuesto en el ámbito comunitario.

Así, los asesores explican que dicha directiva incluye en su anexo III una serie de bienes y servicios a los que los Estados miembros podrán aplicar los tipos reducidos del IVA vigentes en sus territorios, como por ejemplo, los productos farmacéuticos utilizados normalmente para el cuidado de la salud y la prevención de enfermedades, así como los equipos médicos, los aparatos y demás instrumental utilizado normalmente para aliviar o tratar determinadas deficiencias físicas.

En el caso de España, Aedaf asegura que dichos tipos podrían ser «tanto el 10% como el 4%» y recuerda la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que, ante la «laxitud» de España a la hora de aplicar los tipos reducidos a las entregas de material sanitario, sirvió para aclarar aquellos supuestos en los que resulta de aplicación el tipo reducido a las entregas de material sanitario.

Los expertos tributarios afirman que lo que señaló el Tribunal es que debe siempre seguirse una interpretación estricta en cuanto al uso de dicho material, pudiendo aplicar el tipo reducido únicamente cuando dicho uso sea exclusivamente para diagnosticar, tratar, aliviar o prevenir enfermedades.

Y agregan que, «teniendo en cuenta las circunstancias en las que nos encontramos, podríamos afirmar que, a priori, el objetivo del uso de la mascarilla es la prevención de enfermedades y, en consecuencia, la entrega de las mismas podría beneficiarse de la aplicación de los tipos reducidos del IVA vigentes en España (10% e incluso 4%). No obstante, entendemos que justificar el encaje las mascarillas entre los bienes a los que, por estar incluidos en el Anexo III de la Directiva del IVA, es posible aplicarles un tipo puede llegar a ser problemático».

«Para ser totalmente justos, sería posible argumentar que las mascarillas pueden tener diferentes usos más allá de la prevención del contagio de enfermedades», añadían.

Aedaf propone así «adoptar una posición pragmática, en línea de la adoptada por otros Estados miembros como Portugal, Italia, Francia y Alemania, a la hora de acordar que la venta de mascarillas puede beneficiarse de tipos reducidos del IVA».

De hecho, recuerda que existe una propuesta del año 2018 de la Comisión Europea para modificar la estructura de los tipo del IVA, dando una mayor flexibilidad a los Estados miembros para determinar los tipos aplicables en sus respectivos territorios y permitiendo que existan hasta cinco tipos del IVA distintos, incluido un tipo del 0%.

La propuesta está pendiente de aprobación pero apuntan que en la práctica supone que los Estados miembros pueden aplicar tipos reducidos a las entregas de bienes siempre que esas modificaciones se encuentren en la línea de la propuesta pendiente de aprobación.

Para Aedaf, aprobar la aplicación de un tipo reducido a la entrega de mascarillas estaría en esa línea, puesto que «no hay que olvidar que la finalidad de la aplicación de los tipos reducidos de IVA no es otra que disminuir el coste para el consumidor final de determinados bienes esenciales como pueden ser las mascarillas.

A su juicio, el Gobierno de España debería establecer un coste de las mascarillas que sea accesible para todos los ciudadanos y consideramos que esto puede hacerlo a través de una bajada del tipo del IVA aplicable a su entrega.

Por todo ello, Aedaf considera que existe margen de actuación para reducir los tipos del IVA aplicables a las entregas del mascarillas del tipo general del 21% actual al tipo reducido del 10% o del 4%, porque existe la posibilidad de argumentar que el uso de las mascarillas es el de prevenir el contagio de una enfermedad en cuyo caso la aplicación de los tipos reducidos sería «procedente de acuerdo con la actual redacción de la directiva».

También pide la bajada porque se encuentra en curso una propuesta legislativa en virtud de la cual los Estados miembros tendrán libertad para establecer los tipos del IVA sin mayores restricciones» y, en este contexto, insiste en que la Comisión Europea ha manifestado que no exigirá «ningún tipo de responsabilidad a los países que decidan comenzar a ponerla en práctica».

Aedaf propone esta segunda opción, que podría incluso permitir la aplicación de un tipo del 0%, al ser «más pragmática y haberse demostrado que funciona en otros Estados miembros».

La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha reconocido que la digitalización «es una urgencia y una prioridad» para el Gobierno de España

Calviño ha sido la encargada de clausurar el 14ENISE Spirit de forma telemática, donde ha señalado que España cuenta «con una hoja de ruta -España Digital 2025-, que permitirá impulsar la transformación de nuestra estructura más inclusiva y sostenible».

En este sentido, ha señalado que eventos como este «son un punto de colaboración» para empresas, profesionales y expertos, ya que tienen un doble objetivo como «es incrementar las capacidades en seguridad digital y fomentar una red de expertos en ciberseguridad».

Además, ha recordado que los incidentes cibernéticos «causan daño en sí mismos y suponen un impacto negativo», cuando en las cuestiones de digitalización «la confianza es clave» por ser tan relevante en estos años y que «será aún más en las próximas décadas».

Apoyándose en datos ofrecidos por el Foro Económico Mundial ha explicado que en 2022 «el 55 por ciento del PIB Global estará digitalizado» y esta situación supondrá «un riesgo para la seguridad digital que exige seguir trabajando para proteger a todos en el ciberespacio».

La ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital ha indicado que la ciberseguridad «no entiende de fronteras» y ha manifestado la necesidad de «trabajar de forma coordinada» en dos esferas diferentes como «son la interna y la oportunidad económica que representa este sector».

Asimismo, ha destacado que el Gobierno de España «se toma muy en serio» la ciberseguridad y lo muestra «trabajando en la línea telefónica 017, el centro de operaciones de ciberseguridad o el apoyo a estos emprendedores de este sector.

También, ha dejado patente que quieren que España «sea uno de los países más ciberseguros» y ha avanzado que el Incibe reforzará su actuación «para incrementar las capacidades de ciberseguridad, fomentar el desarrollo empresarial y potenciar la visibilidad internacional.

LEÓN, CANDIDATA AL CENTRO EUROPEO DE CIBERSEGURIDAD

En esta línea, ha incidido en «fomentar la participación pública» y apostar por «crear un mecanismo de ayuda al sector privado» y que suponga un beneficio mutuo en cuanto a la ciberseguridad se refiere.

Como ejemplo ha puesto la presentación de León por parte del Gobierno de España como candidata a albergar el Centro Europeo de Competencia Industrial, Tecnológica y de Investigación en Ciberseguridad.

Una iniciativa que ha calificado como «un proyecto de país» con el objetivo de «mejorar las capacidades de ciberseguridad de toda Europa« y donde ha explicado se cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de León y la Junta de Castilla y León.

El anticipo de las ayudas europeas que podrá pedir España en 2021 se limitará a unos 6.000 millones de euros si el Gobierno mantiene su renuncia a solicitar los préstamos los préstamos del fondo europeo de recuperación, como consta en el borrador de plan de recuperación presentado hace días por el presidente Pedro Sánchez.

Según diversas fuentes, la negativa del Gobierno a pedir por ahora una parte de los créditos a su disposición con cargo al plan europeo de reconstrucción económica impide que las autoridades españolas puedan acceder a un adelanto equivalente al 10% de todo el dinero asignado a España. Es decir, 14.400 millones de los aproximadamente 144.000 millones que en total están disponibles.

A pesar de ello, el Ejecutivo confía en que a lo largo del próximo año lleguen a España los 25.000 millones de euros del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, (RFF, por sus siglas en inglés), además de otros 2.000 millones de euros en fondos regionales procedentes del programa React-EU.

El reglamento sobre el funcionamiento del RRF –principal instrumento del fondo de recuperación– estipula que los Estados miembros podrán pedir un anticipo equivalente al 10% de las transferencias que tienen asignadas y, «si procede», al 10% del préstamo que hayan solicitado.

A España le corresponden aproximadamente 59.000 millones de euros en subvenciones directas a través de este programa y el Gobierno ya ha anticipado que pedirá todas ellas entre 2021 y 2023. Por lo tanto, podrá solicitar el 10% de esta cantidad ya en 2021, que sería de 5.900 millones (la cifra aumentará al tener en cuenta precios corrientes y no precios de 2018, que se utilizaron en la negociación del fondo).

Además, cada Estado miembro puede solicitar préstamos con un valor de hasta el 6,8% de su renta nacional bruta de 2019, lo que significa que España tiene la posibilidad de pedir créditos por un importe de hasta 84.770 millones de euros desde que entre en vigor el RRF y hasta el 31 de agosto de 2023.

Pero el plan desvelado hace dos semanas por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, excluye por el momento la posibilidad de que España pida algún préstamo a Bruselas. En consecuencia, no podrá recurrir a esa parte del anticipo, que podría alcanzar en su horquilla más alta los 8.500 millones.

«Sólo puedes recibir un anticipo de la cantidad que se te ha asignado. Si no solicitas nada del componente de préstamos, entonces no puedes recibir nada», han confirmado fuentes comunitarias preguntadas sobre esta interpretación de las normas.

Los países europeos podrán pedir un préstamo en cualquier momento antes de agosto de 2023 aunque no lo hayan hecho antes, pero no está claro si hacerlo después da derecho a optar a un nuevo anticipo. Aunque fuera así y España lo hiciera, este adelanto no llegaría antes de que finalizase 2021.

El reglamento que regirá el funcionamiento del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia todavía se encuentra en fase de negociaciones entre los Estados miembros y también en el Parlamento Europeo, pero las mismas fuentes descartan que la redacción de esa parte de la normativa esté en cuestión.

Con todo, el Gobierno confía en que a lo largo del 2021 lleguen a España los 25.000 millones del que prevé incluir en los Presupuestos Generales del Estado, por lo que confía en que pueda recibir unos 19.000 millones de euros con desembolsos distintos al anticipo.

Esto exige –además de que las complicadas negociaciones a nivel europeo concluyan lo antes posible– que el plan español sea aprobado durante la primera mitad del año y que posteriormente se cumplan los requisitos necesarios para desbloquear los primeros pagos.

Preguntado precisamente este miércoles por el hecho de que algunos Estados miembros hayan anunciado que por ahora no pedirán préstamos, el comisario de Presupuesto, Johannes Hahn, ha mostrado su confianza en que estos países «reflexionen» porque las condiciones de los créditos europeos «son mucho más favorables» que las que ofrece el mercado.

Sobre el caso concreto de España, el austriaco ha asegurado que no ha contactado con la vicepresidenta económica del Gobierno, Nadia Calviño, pero ha subrayado que con su experiencia en las instituciones comunitaria será «muy consciente» de todos los «aspectos y elementos» del RRF.

La asociación Hostelería Madrid ha asegurado este miércoles que la situación económica de las empresas hosteleras de Madrid capital es «mala o muy mala» para el 71 por ciento de ella, mientras que el 21,4 por ciento ha sostenido que tendrá que cerrar porque factura menos del 80 por ciento que el año anterior.

Según los datos del ‘Informe sobre el Estado de la Hostelería de la Comunidad de Madrid’ que muestra la situación de las empresas en la región durante el mes de octubre, el 25,4 por ciento de las empresas han calificado su situación financiera de «mala» y el 46,4 por ciento de «muy mala».

Entre las causas que afectan a la «crisis de las empresas», los empresarios han destacado la gestión deficiente de la crisis por parte de la clase política, en un 81,3 por ciento; las restricciones de actividad en las pymes de hostelería, en un 70 por ciento; seguido el cierre a las 23 horas (63,7%), la limitación de aforo en sala (63,5%) y el alarmismo que se genera en los medios (61,6%).

Hostelería Madrid recoge que las medidas que las empresas consideran más importantes para apoyar a las pymes son las ayudas al alquiler (82,7%) y la rebaja del IVA a la hostelería (77,7%). También, la ampliación de los ERTE más allá del 31 de enero (72%) y la ampliación de los plazos de devolución de los créditos ICO (64,6%).

Los empresarios también han valorado la gestión de las diversas administraciones ante la crisis del Covid-19. El que sale peor parado es el gobierno central, con una gestión considerada como ‘desastrosa’ por parte del 67,6 por ciento de los empresarios de Madrid», ha sostenido la organización.

DATOS EN MUNICIPIOS

Por otro lado, las empresas de hostelería ubicadas en otros municipios de la Comunidad de Madrid han considerado que tienen una situación financiera también «mala» (45,5%) y «muy mala» (36,3%), pero ninguna afirma estar en la situación de tener que cerrar.

En cuanto a las principales causas, los empresarios destacan también en primer lugar la gestión deficiente de la crisis por parte de la clase política (95,4%) y las restricciones de actividad en las pymes de hostelería (72,7%), seguido de la preocupación ciudadana por la crisis sanitaria (45,4%).

En relación a las medidas más importantes para apoyar a las pymes, destacan las ayudas al alquiler (76,2%) y la rebaja del IVA de la hostelería (68,2%). Además, un 72,7 por ciento de empresarios de hostelería de otros municipios madrileños han considerado «desastrosa» la gestión del Gobierno central.

En este sentido, el director de Hostelería Madrid, Juan José Blardony, ha asegurado que «queda más que demostrado que el sector hostelero no se ha sentido apoyado».

«Para nosotros, las pymes de hostelería que levantamos nuestras persianas cada día para apenas cubrir gastos, necesitamos que las administraciones conozcan los obstáculos que debemos superar para poder salir adelante. Los empresarios han reconocido que una de las medidas que más afectan a su actividad es el cierre a las 23 horas junto con la limitación del aforo en sala y la suspensión de la barra», ha añadido.