El anticipo de las ayudas europeas que podrá pedir España en 2021 se limitará a unos 6.000 millones de euros si el Gobierno mantiene su renuncia a solicitar los préstamos los préstamos del fondo europeo de recuperación, como consta en el borrador de plan de recuperación presentado hace días por el presidente Pedro Sánchez.
Según diversas fuentes, la negativa del Gobierno a pedir por ahora una parte de los créditos a su disposición con cargo al plan europeo de reconstrucción económica impide que las autoridades españolas puedan acceder a un adelanto equivalente al 10% de todo el dinero asignado a España. Es decir, 14.400 millones de los aproximadamente 144.000 millones que en total están disponibles.
A pesar de ello, el Ejecutivo confía en que a lo largo del próximo año lleguen a España los 25.000 millones de euros del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, (RFF, por sus siglas en inglés), además de otros 2.000 millones de euros en fondos regionales procedentes del programa React-EU.
El reglamento sobre el funcionamiento del RRF –principal instrumento del fondo de recuperación– estipula que los Estados miembros podrán pedir un anticipo equivalente al 10% de las transferencias que tienen asignadas y, «si procede», al 10% del préstamo que hayan solicitado.
A España le corresponden aproximadamente 59.000 millones de euros en subvenciones directas a través de este programa y el Gobierno ya ha anticipado que pedirá todas ellas entre 2021 y 2023. Por lo tanto, podrá solicitar el 10% de esta cantidad ya en 2021, que sería de 5.900 millones (la cifra aumentará al tener en cuenta precios corrientes y no precios de 2018, que se utilizaron en la negociación del fondo).
Además, cada Estado miembro puede solicitar préstamos con un valor de hasta el 6,8% de su renta nacional bruta de 2019, lo que significa que España tiene la posibilidad de pedir créditos por un importe de hasta 84.770 millones de euros desde que entre en vigor el RRF y hasta el 31 de agosto de 2023.
Pero el plan desvelado hace dos semanas por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, excluye por el momento la posibilidad de que España pida algún préstamo a Bruselas. En consecuencia, no podrá recurrir a esa parte del anticipo, que podría alcanzar en su horquilla más alta los 8.500 millones.
«Sólo puedes recibir un anticipo de la cantidad que se te ha asignado. Si no solicitas nada del componente de préstamos, entonces no puedes recibir nada», han confirmado fuentes comunitarias preguntadas sobre esta interpretación de las normas.
Los países europeos podrán pedir un préstamo en cualquier momento antes de agosto de 2023 aunque no lo hayan hecho antes, pero no está claro si hacerlo después da derecho a optar a un nuevo anticipo. Aunque fuera así y España lo hiciera, este adelanto no llegaría antes de que finalizase 2021.
El reglamento que regirá el funcionamiento del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia todavía se encuentra en fase de negociaciones entre los Estados miembros y también en el Parlamento Europeo, pero las mismas fuentes descartan que la redacción de esa parte de la normativa esté en cuestión.
Con todo, el Gobierno confía en que a lo largo del 2021 lleguen a España los 25.000 millones del que prevé incluir en los Presupuestos Generales del Estado, por lo que confía en que pueda recibir unos 19.000 millones de euros con desembolsos distintos al anticipo.
Esto exige –además de que las complicadas negociaciones a nivel europeo concluyan lo antes posible– que el plan español sea aprobado durante la primera mitad del año y que posteriormente se cumplan los requisitos necesarios para desbloquear los primeros pagos.
Preguntado precisamente este miércoles por el hecho de que algunos Estados miembros hayan anunciado que por ahora no pedirán préstamos, el comisario de Presupuesto, Johannes Hahn, ha mostrado su confianza en que estos países «reflexionen» porque las condiciones de los créditos europeos «son mucho más favorables» que las que ofrece el mercado.
Sobre el caso concreto de España, el austriaco ha asegurado que no ha contactado con la vicepresidenta económica del Gobierno, Nadia Calviño, pero ha subrayado que con su experiencia en las instituciones comunitaria será «muy consciente» de todos los «aspectos y elementos» del RRF.
