El Grupo Parlamentario Popular ha presentado una proposición no de ley, para su debate en el Pleno del Congreso, para la puesta en marcha de un plan urgente de apoyo a la hostelería, con 14 medidas prioritarias, entre las que figuran la reducción del IVA aplicado al sector de la hostelería, la restauración y resto de empresas prestadoras de servicios turísticos al 4% como mínimo durante el año 2021 o la prórroga de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) hasta el próximo 31 de mayo.

Además, en el plan propuesto el PP recoge un «Plan Renove» por los cambios para adaptarse a la pandemia y ayudas directas al alquiler a autónomos y pymes.

En la exposición de motivos de la iniciativa, suscrita por la portavoz del Grupo, Cuca Gamarra, la secretaria general adjunta, Isabel Borrego, y el portavoz de Turismo, Agustín Almodóbar, se advierte de que si el Gobierno no pone en marcha las medidas propuestas «se ponen en peligro más de un millón de empleos».

Entre las medidas también figura el establecimiento de mecanismos de compensación en forma de financiación adicional a las comunidades autónomas por parte del Estado como consecuencia de medidas dirigidas al sector a fin de combatir la crisis de salud pública.

Además, se propone la ampliación hasta ocho años del plazo de amortización y extensión del periodo de carencia de los préstamos de la línea de liquidez del ICO Covid-19 por parte de pymes y autónomos y la exoneración de la obligación de cotizar a aquellos trabajadores autónomos que se vean obligados a suspender todas sus actividades como consecuencia de resoluciones dictadas para contener la expansión y propagación del virus durante el periodo de vigencia de las mismas.

También se insta a tomar las medidas pertinentes para asegurar que los contribuyentes pertenecientes al colectivo de trabajadores autónomos forzados a cesar su actividad durante la vigencia del estado de alarma, no tengan obligación de pagar impuestos durante ese mismo periodo afectado

IMPULSAR EL CONSUMO DIRECTO Y UN PLAN ESTRATÉGICO DE LA GASTRONOMÍA

Desde el PP se aboga por impulsar la creación, organización y ejecución de un programa dedicado a incentivar el consumo directo en productos, servicios y experiencias turísticas en toda la geografía española particularmente durante periodos de temporada baja, contribuyendo a desestacionalizar los destinos y contando con la colaboración de las Comunidades Autónomas, Diputaciones, Cabildos y Ayuntamientos.

En este sentido, desde el partido que encabeza Pablo Casado se propone la puesta en marcha de un ‘Plan Estratégico de la Gastronomía de España’ y el impulso de un paquete de reducciones, exenciones y bonificaciones de cuotas significativas de impuestos y tasas — IBI, IAE, tasas por recogida de basuras, tasas de terrazas, Impuestos sobre vehículos de tracción mecánica, tasas que graven pernoctaciones…–.

Entre las medidas, PP también propone el mantenimiento y ampliación de medidas en materia de aplazamiento de deudas tributarias y de Seguridad Social, el apoyo económico a la creación y desarrollo de programa específicos de implantación de sistemas digitales y la apuesta decidida y urgente por mejorar y reforzar la cualificación técnica y la capacidad de aportar valor de los profesionales de la industria.

La Comisión Europea ha autorizado este lunes el plan de 500 millones de euros del Gobierno para proteger al sector de los seguros de crédito en España, al considerar que se trata de una medida «necesaria, adecuada y proporcionada» en el contexto de la pandemia de coronavirus y en línea con las normas comunitarias sobre ayudas de Estado.

El seguro de crédito protege las ventas a crédito entre empresas privadas y ofrece al asegurado protección contra las pérdidas derivadas del impago de sus ventas a crédito. El valor total de las ventas a crédito aseguradas en España es de 200.000 millones de euros.

En un comunicado, el Ejecutivo comunitario ha explicado que el plan español busca «proteger a empresas que suministran bienes y servicios del riesgo de impago de sus clientes», al tiempo que ha explicad que «ha aumentado el riesgo de que loas aseguradoras no estén dispuestas a mantener su cobertura» dado el impacto «prolongado» de la crisis de la Covid-19.

«El esquema tiene el objetivo de asegurar que los seguros de crédito seguirán disponibles para todas las empresas, evitando la necesidad de que los compradores de bienes o servicios paguen por adelantando y, en consecuencia, reduciendo sus necesidades inmediatas de liquidez. Está diseñado para complementar los seguros privados», apuntan las autoridades comunitarias.

Bajo este programa, las aseguradoras privadas tendrán la posibilidad de elegir una cobertura pública de reaseguro de hasta el 60%, mientras que éstas y el estado compartirán de forma proporcional tanto riesgos como primas.

La Comisión Europea ha evaluado el plan y ha concluido que es «necesario, adecuado y proporcionado» para evitar una «perturbación grave» de la economía de un Estado miembro, así como que está en línea con el marco temporal de ayudas de Estado puesto en marcha por Bruselas a causa de la pandemia.

Los gobiernos de la Unión Europea activarán su plan para poner en marcha el fondo europeo de recuperación sin Hungría y Polonia si los gobiernos de estos dos países no dan «señales claras» de su voluntad para levantar el veto al paquete presupuestario en las próximas horas y, como muy tarde, este martes.

Según han explicado fuentes europeas, el escenario central es que Budapest y Varsovia finalmente accedan a desbloquear el presupuesto de la UE para los próximos siete años y el plan anticrisis de 750.000 millones de euros, pero este paso debe ocurrir pronto o el resto de Estados miembros «probablemente» activen una alternativa para seguir adelante sin ellos.

«Necesitamos tener señales claras de Hungría y Polonia hoy o mañana a más tardar, si no las tenemos probablemente tendremos que pasar al escenario ‘B'», han señalado las mismas fuentes en una semana clave para el futuro del fondo europeo.

Hungría y Polonia siguen rechazando el mecanismo que vincula el desembolso de ayudas europeas y el respeto al Estado de derecho por considerar que es arbitrario y, como protesta, se niegan a ratificar el Marco Financiero Plurianual (MFP) y los 750.000 millones para relanzar la economía.

La Comisión Europea está ya explorando las opciones legales que permitirían sacar adelante el fondo europeo sin el visto bueno de estas dos capitales, entre ellas un sistema de avales para que Bruselas pueda emitir deuda similar al instrumento contra el paro (SURE), un acuerdo intergubernamental como el que sostiene el MEDE o un sistema de «cooperación reforzada» que permite dejar de lado a los países que no quieran participar.

En cualquier caso, lo «deseable» en Bruselas es que Budapest y Varsovia se adhieran al resto de socios y levanten su veto, porque de lo contrario se podría avanzar con ellos con respecto al fondo de recuperación pero no con el presupuesto comunitario, que seguiría bloqueado.

En un escenario así, la UE se vería obligada a prorrogar el presupuesto de 2020 y aplicar un sistema en el que cada mes sólo se podrá gastar una doceava parte de las cuentas de este año. Además de conllevar importantes recortes (que Bruselas cifra en hasta 30.000 millones de euros), esto supondría que no se podrían comprometer pagos para todos los programas europeos para los que hay que renovar la base legal, lo que afecta a partidas como la Política de Cohesión, el nuevo programa de Salud y Erasmus.

Además, impediría al bloque poder comprometerse con un objetivo más ambicioso de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero para 2030, que pretende fijar en al menos un 55%, porque también quedaría bloqueado el Fondo de Transición Justa, uno de los principales instrumentos de la UE para cumplir sus metas climáticas.

La Federación Catalana de la Automoción (Fecavem) y el Gremio del Motor han asegurado que los concesionarios no se harán cargo de la subida del impuesto a los coches nuevos ante el fin de la moratoria para hacer efectivo este aumento en 2021, han informado en un comunicado este lunes.

Ambas organizaciones han recalcado que esto «no depende de ellos ni de su marca» y ha afirmado que, si el Gobierno del Estado desatiende las peticiones del sector, las emisiones de vehículos serán superiores.

Las entidades han recordado que estos impuestos no dependen de los concesionarios y que estos no se tienen que hacer cargo de los cambios en los impuestos que hacen las administraciones públicas.

El PSOE quiere que el Congreso recuerde a Airbus sus compromisos en materia de empleo, actividad industrial y el mantenimiento de las capacidades tecnológicas e industriales en España, ante la amenaza de un recorte en la plantilla superior a las bajas voluntarias y de despidos forzosos avanzado por la dirección de la compañía.

Así, en una proposición no de ley, a la que ha tenido acceso Europa Press, el PSOE apuesta por «velar por el cumplimiento de los compromisos explicitados por parte de Airbus con el Estado» y, por otro lado, «desarrollar todos los compromisos adquiridos» para impulsar la actividad en esta compañía y en las industrias auxiliares del sector.

Y es que, tal y como recuerdan en su iniciativa, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, suscribió un acuerdo el pasado 30 de julio con el consejero delegado de Airbus, Guillaume Faury, en el que el Ejecutivo anticipaba su ambición de «preservar las capacidades estratégicas de la industria española».

Concretamente, enumeran los socialistas, diseñar, certificar, producir y mantener un avión completo, participar de forma relevante en los aviones de ala fija, helicópteros y aviones no tripulados, mantener la vanguardia de tecnologías, la responsabilidad de la industria española en la parte posterior del fuselaje de aviones comerciales y mantener una participación relevante en programas especiales.

Con el acuerdo para el rescate de la industria aeroespacial, Airbus se comprometía a minimizar el impacto en los empleos en el país y buscar fórmulas y soluciones para las plantas con menor carga de trabajo, teniendo en cuenta su localización y todo ello en el ámbito de la negociación con los interlocutores sociales.

LA DIRECCIÓN VE «POCO PROBABLE» QUE BASTE CON BAJAS VOLUNTARIAS

Y es que el pasado mes de septiembre, Faury advirtió de que la compañía podría verse obligada a recurrir a despidos forzosos, hablando de la necesidad de «adaptar» su plan de reducción de costes.

En una carta interna dirigida a los empleados, el consejero delegado anunció que veía «poco probable» que las salidas voluntarias acordadas fueran «suficientes» y avanzaba la necesidad de realizar ajustes en la plantilla ante el descenso de ingresos por la pandemia de Covid y su consiguiente crisis.

El pasado junio, la compañía anunció un recorte de 15.000 empleos en todo el mundo antes del verano de 2021, de los que al menos 900 serían de bases españolas, ante una caída de la producción del 40% como consecuencia de la pandemia. A esto se suma un plan de recortes anteriormente anunciado para su segmento de Defensa y Espacio, donde planea recortar 2.664 empleos, 772 de ellos en España.

COMPROMISO PARA UN PLAN TECNOLÓGICO

Entre las medidas acordadas en el acuerdo suscrito en julio con la compañía, el Gobierno se comprometía a impulsar un Plan Tecnológico Aeronáutico (PTA), ligado a los Fondos de Recuperación de la Unión Europea, que será gestionado por la Agencia Española de Innovación (CDTI), dotado con una asignación presupuestaria de 25 millones en 2020, 40 millones en 2021, 80 millones en 2022 y 40 millones en 2023.

En total, 185 millones en cuatro años, a las que deben sumarse otras medidas y las ayudas parcialmente reembolsables (APRs), cuyo volumen disponible puede superar los 50 millones de euros. En su conjunto, se estima que estas ayudas movilizarán proyectos por un importe superior a los 150 millones anuales.

La banca europea ha decidido devolver de forma anticipada 5.134,61 millones de euros al Banco Central Europeo (BCE) procedentes del segundo programa de operaciones de financiación a largo plazo con objetivo específico (TLTRO-II), que tuvieron lugar entre 2016 y 2017, según informaron las entidades al instituto emisor.

La decisión de devolver estos fondos se produce menos de una semana antes de que el BCE adjudique la penúltima ronda del programa TLTRO-III. En la última ronda, celebrada en septiembre, el instituto emisor cerró la ronda con peticiones de liquidez por valor de 174.464,05 millones. Desde que dio comienzo el programa, los bancos han pedido casi 1,7 billones de euros.

El BCE también celebra el próximo jueves su reunión ordinaria de política monetaria, la última que tendrá lugar este año. En ella se presentarán sus proyecciones macroeconómicas trimestrales y, en función de ellas, el BCE decidirá si ajusta sus instrumentos como respuesta a la crisis económica. Sobre la mesa está la posibilidad de extender el plazo de vencimiento su programa de compras de activos contra la pandemia (PEPP) o incluso elevar su cuantía, situada en 1,35 billones.

Desde la cuarta subasta del programa, se aplican las condiciones más ventajosas hasta la fecha para las operaciones de liquidez. En abril, el BCE decidió mejorar su remuneración, por lo que el tipo de interés a aplicar es 50 puntos básicos inferior al tipo medio aplicado en las operaciones de refinanciación. Esto significa que los bancos le cobrarán un 0,5% al BCE por el dinero que le pidan prestado en el marco de estas operaciones, ya que el tipo de interés de referencia está situado en el 0%.

Además, para aquellas entidades cuyos préstamos elegibles superen un valor de referencia, el tipo aplicado a las TLTRO-III es inferior. En concreto, se puede situar hasta 50 puntos básicos por debajo del tipo medio de la tasa de facilidad de depósito vigente durante cada ronda TLTRO. De forma efectiva, esto se traduce en que los bancos cobrarán hasta un 1% por pedir prestado al BCE, ya que la facilidad de depósito está situada en el -0,5%.

Las exportaciones chinas registraron un crecimiento interanual del 21,1% en el mes de noviembre, el mayor incremento desde 2018, lo que amplía a seis meses consecutivos la tendencia positiva de las ventas de China al exterior, según los datos en dólares publicados por la Oficina Nacional de Aduanas.

En concreto, las exportaciones chinas en noviembre sumaron 268.070 millones de dólares (221.426 millones de euros), un 13% más que en octubre y un 21,1% más que en noviembre de 2019, lo que supone el mayor crecimiento interanual del dato desde febrero de 2018.

En el caso de las compras al exterior, las importaciones de China alcanzaron en noviembre los 192.650 millones de dólares (159.129 millones de euros), un 7,8% más que en octubre y un 4,5% más que un año antes.

De este modo, el superávit comercial de China se situó en noviembre en 75.430 millones de dólares (62.305 millones de euros).

En los once primeros meses de 2020, las exportaciones chinas sumaron 2,31 billones de dólares (1,9 billones de euros), un 2,5% por encima de la cifra correspondiente al mismo periodo de 2019, mientras que las importaciones alcanzaron los 1,85 billones de dólares (1,53 billones de euros), un 1,6% menos.

El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha apuntado que el Gobierno abordará en un próximo Consejo de Ministros la lucha contra los desahucios, señalando que el Ejecutivo está trabajando en el ajuste de las cuestiones jurídicas, así como en la implicación de otras administraciones a la hora de abordar el problema.

«No creo que nos dé tiempo porque esta semana es un poco complicada con los días festivos y seguramente habrá que abordarlo en el próximo (Consejo)», ha apuntado Ábalos en declaraciones a TVE.

En este sentido, el ministro ha señalado que el Gobierno está trabajando en «algunas cuestiones jurídicas para que tengan eficacia y toda la validez», añadiendo que se está intentando vincular a otras administraciones competentes.

«Son políticas de Estado porque implican a todas las administraciones», ha subrayado.

En el ámbito de los desahucios, el ministro ha expresado la necesidad de afrontar «una situación dramática» y ha recordado España tiene una gran debilidad en políticas de vivienda pública tras muchos años de abandono en torno a la efectividad de este derecho constitucional.

En este sentido, Ábalos ha hecho hincapié en la necesidad de buscar una solución que equilibre y trabajar en garantizar el derecho a la vivienda, trabajando en la creación de un parque de vivienda pública en España, sobre todo en alquiler.

Asimismo, el ministro ha descartado cualquier competencia al respecto en el seno del Gobierno de coalición. «Nosotros no estamos planteándoos ningún escenario electoral», ha afirmado, por lo que ha indicado que lo que importa el resultado y «como es un Gobierno de coalición son soluciones de coalición».

Bankia concedió un total de 32.127 millones de euros en nueva financiación a particulares y empresas entre enero y octubre de 2020, casi un 80% más que en el mismo periodo del ejercicio anterior, con más de 244.400 operaciones de crédito, según datos de la entidad.

Del total, 28.487 millones de euros correspondieron a la financiación de empresas, pymes y autónomos, más del doble que un año antes, con la firma de más 76.300 operaciones, gracias al impulso de los créditos con aval del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para hacer frente a la pandemia del coronavirus.

De su lado, la nueva financiación para adquisición de vivienda creció un 9%, hasta 2.565 millones de euros, con más de 21.000 operaciones. De la cifra global de financiación hipotecaria, 2.405 millones correspondieron a crédito a particulares, un 9,6% más que un año antes, en algo más de 19.700 operaciones.

Por otra parte, el crédito al consumo se redujo un 51,8% frente a un año antes, con 1.075 millones de euros y 147.000 operaciones firmadas.

La casa de análisis Autonomous ha decidido mantener una recomendación «neutral» con precio objetivo de 0,39 euros para las acciones del Sabadell, después de la ruptura de las negociaciones entre la entidad catalana y BBVA de cara a una potencial fusión, destacando la credibilidad del nuevo plan de ajuste de costes del banco en España, aunque ha advertido de que abordar el problema de baja rentabilidad de la entidad pasaría por la venta de la filial británica TSB e incluso la subsidiaria en México.

«Mantenemos nuestro precio objetivo de 0,39 euros y nuestra recomendación neutral», ha señalado la firma de análisis en una nota. «Si bien creemos que la reestructuración de costes española es creíble, la rentabilidad dependerá de una reestructuración exitosa del Reino Unido», ha apuntado, añadiendo que se puede lograr con acciones corporativas, a pesar de considerar «difícil convencerse sobre los niveles de valoración de TSB».

Autonomous ha señalado que el impacto sobre la valoración de una venta en el Reino Unido depende en gran medida del precio, «que es muy incierto», apuntando, por su parte, una valoración para TSB de unos 300 millones de euros. » No estamos seguros de qué le atribuye el mercado, dado que sigue siendo poco rentable a corto plazo», ha advertido.

«Nuestros cálculos de ventas de TSB sugieren que podría venderse a 0,25 veces el valor contable sin destruir el capital del grupo (aunque significaría una reducción del -15% en el TBV)», ha señalado la casa de análisis, para la que tal operación «cerraría un capítulo costoso para el banco pero, más positivamente, significaría la salida de un negocio que solo puede arrojar un rendimiento de alrededor del 3% incluso después de haber explotado su potencial de reestructuración orgánica».

Sobre esta cuestión, la analista especula sobre si las noticias sobre el interés de capital privado significan que una venta de TSB podría estar más cerca de lo que se piensa y se pregunta por qué la entidad anunciaría una actualización estratégica para el primer trimestre de 2021 si solo se trata de un plan de ajuste de los costes en España y de comunicar que las filiales en Reino Unido y México están a la venta.