El PSOE y Unidas Podemos han alcanzado este martes un acuerdo en el seno del Gobierno de coalición que supone luz verde para el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2022, y que incluye un pacto para impulsar de una vez la Ley de vivienda, tras meses de retraso.
Según ha informado la Secretaría de Estado de Comunicación, los dos socios de gobierno han cerrado su acuerdo esta misma mañana, si bien de momento no han ofrecido más detalles del resultado de sus negociaciones ni del contenido de ambos proyectos.
El PSOE y Unidas Podemos comenzaron en verano a negociar el detalle de las nuevas cuentas y, en ese contexto, los ‘morados’ volvieron a poner sobre la mesa la necesidad de aprobar ya la ley de vivienda, con la regulación de los alquileres incluida, como condición para dar su apoyo a las cuentas públicas, al igual que ya hicieron el año pasado.
La ley de vivienda llevaba encallada unos meses debido a las discrepancias en su contenido entre ambos socios de gobiernos. Tanto el antiguo ministro de Transportes, José Luis Ábalos, como Ione Belarra, ministra de Derechos Sociales no encontraban el punto común para sacar adelante dicha ley. Mientras que los socialistas abogaban por otorgar incentivos fiscales a los propietarios, los morados apostaban por regular los alquileres, algo a lo que los socialistas se oponían.
Pero sin embargo, con la entrada de la nueva ministra de Trabajo, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, se abría una posibilidad de entendimiento. La ministra aprovechó la ley de alquiler catalana para regular su precio en Gavà durante 5 años, cuando era alcaldesa de la localidad. Incluso llegó a solicitar al Área Metropolitana de Barcelona el declarar a Gavà como área con mercado de vivienda tenso.
Curiosamente, hace un mes el mismo Partido Socialista recurrió dicha ley de alquiler catalana ante el Tribunal Constitucional, pero no pedía su suspensión. En su momento, el exministro Ábalos justificó el recurso en que, debido al informe negativo de la Comisión de Garantías Estatutarias de Cataluña, “es imposible no recurrir. La anticonstitucionalidad es tan evidente que no se puede pasar por alto” destacó Ábalos.
